Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 980009 de 18 de Abril de 2002

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 18 de Abril de 2002
  • Núm. Resolución: 980009

Resumen

Se alega la nulidad de los actos dictados al haberlo sido por órgano incompetente y al tratarse de un incremento de patrimonio no justificado el utilizado para el ejercicio de derecho de retracto, y la improcedencia de la sanción impuesta. Se desestima el recurso. La Sección de IRPF y Patrimonio es competente para dictar confirmación de propuesta inspectora y correspondiente liquidación. No se acredita, como aduce la actora, que las cantidades provinieran de préstamos de tres sociedades, ni con las declaraciones de las mismas, ni con su contabilidad, ni con la existencia de fondos en sus cajas, por tanto no se considera justificado ese incremento de patrimonio. Procede la sanción por infracción de omisión al ocultar datos a la Administración que dan lugar a que actúe la Inspección.

Cuestión

1º Competencia de la Sección de IRPF y Patrimonio para la tramitación de Actas de Inspección. 2º Incrementos de patrimonio no justificados.

Contestación

Examinado escrito presentado por Doña (?), con D.N.I. número (?) y domicilio en (...) (Navarra), en relación con liquidación derivada de Acta de Inspección levantada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 1993.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Inspección de la Hacienda de Navarra se iniciaron actuaciones tendentes a la comprobación y, en su caso, regularización de la situación tributaria del sujeto pasivo en relación con el Impuesto y año de referencia, derivando en el Acta suscrita en disconformidad número (...), que contenía la correspondiente propuesta inspectora.

SEGUNDO.- A la vista de dicha propuesta, del informe ampliatorio de la Inspección y de las alegaciones presentadas por los interesados, vino a dictarse por el Jefe de la Sección gestora acto administrativo confirmatorio de la dicha propuesta, girándose a continuación la oportuna liquidación. Y contra dichos actos administrativos vienen ahora los interesados a interponer reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico-Administrativo Foral, mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda de (...) de enero de 1998, completado con otro de (...) de marzo de 2000 tras la puesta de manifiesto del expediente, alegando la nulidad de los actos dictados, al haberlo sido por órgano manifiestamente incompetente, señalando que no se produce en el presente supuesto incremento no justificado de patrimonio y oponiéndose a la imposición de la correspondiente sanción.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Tribunal Económico-Administrativo Foral para el conocimiento y resolución de la reclamación económico-administrativa interpuesta, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 154 y 155 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y artículos 18 y 19 del Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, habiendo sido formulado el recurso dentro de plazo y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- Alega en primer lugar la interesada que son nulos el acto administrativo confirmatorio de la propuesta inspectora contenida en el Acta y la liquidación que se gira con motivo de dicha confirmación, y ello porque la Sección de Renta y Patrimonio es incompetente para el dictado de tales actos administrativos. Ciertamente, el artículo 34.9 del Reglamento de la Inspección de la Hacienda de Navarra prevé que será la Oficina Gestora la que a la vista del acta, del informe ampliatorio y en su caso, de las alegaciones que el sujeto pasivo formule, dicte el acto administrativo correspondiente. Pues bien: el hecho de que no se identifique por el recurrente la Oficina Gestora a que se alude en dicho precepto con la Sección de I.R.P.F. y Patrimonio es una pura cuestión terminológica sin mayor trascendencia. La Oficina Gestora de cada Impuesto es aquella que se encarga de las operaciones relacionadas con la gestión de dicho impuesto, y la gestión del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas se halla encomendada precisamente a la Sección de I.R.P.F. y Patrimonio. En efecto: el Decreto Foral 184/1995, de 3 de agosto, por el que se establece la estructura orgánica del Departamento de Economía y Hacienda, señala en su artículo 37 que la Sección de los Impuestos sobre la Renta de las Personas Físicas y sobre el Patrimonio es competente tanto para ?la tramitación de Actas de Inspección y Resoluciones del Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria? como para el desarrollo de todas aquellas funciones ?relativas a la gestión de los mencionados Impuestos que le atribuyan las disposiciones en vigor o le sean encomendadas por la Dirección General de Hacienda?. Con ello queda, a nuestro juicio, suficientemente acreditada la competencia de la Sección de I.R.P.F. y Patrimonio para el dictado de los actos administrativos objeto de impugnación.

TERCERO.- Entrando ya en el fondo del asunto, han de tenerse en cuenta las circunstancias siguientes: mediante escritura autorizada por Don (?), Notario de Pamplona, el (...) de julio de 1993 la ahora recurrente ejercitó el derecho de retracto que como copropietaria de diversos inmuebles le otorgaba la ley, adquiriendo una participación indivisa del 20 por ciento de dos naves industriales, para lo cual hubo de satisfacer a la sociedad ?(...)? la cantidad de 21.862.500 pesetas, cantidad que, según se establece en la estipulación segunda de la escritura, la citada sociedad recibió en dicho acto confiriendo a la interesada carta de pago de la misma. No quedando justificado el origen de los citados fondos satisfechos por la interesada a la sociedad ?(?)?, consideró la Inspección que se daba el supuesto de hecho previsto en el artículo 44 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, según el cual ?tendrán la consideración de incrementos no justificados de patrimonio los bienes o derechos cuya tenencia, declaración o adquisición no se corresponda con la renta o patrimonio declarados por el sujeto pasivo.? El citado artículo continúa señalando: ?Los incrementos no justificados de patrimonio tendrán la consideración de renta del periodo impositivo respecto del que se descubran y se integraran en la base liquidable regular. No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, cuando pueda probarse que dichos bienes o derechos proceden de otros rendimientos del sujeto pasivo o de la reinversión de otros activos patrimoniales del mismo, se procederá a la regularización de la situación tributaria que corresponda según la naturaleza de estos hechos imponibles, sin perjuicio de la prescripción.?

Alega la recurrente, por su parte, que los fondos destinados al pago del retracto ejercitado le fueron facilitados por las sociedades ?(...)?, ?(...)? y ?(...)?, de las que era socio el padre de la recurrente, siendo posteriormente devueltos por la interesada. Solicita por su parte que, como prueba de dicho extremo, se aporten copias de las declaraciones del Impuesto sobre Sociedades presentadas por las citadas sociedades entre los años 1988 y 1998. Este Tribunal considera innecesaria dicha prueba dado que, consultados los archivos informáticos del Departamento de Economía y Hacienda en los que constan las citadas declaraciones, nada vienen a acreditar sobre la veracidad de las alegaciones realizadas por la interesada, máxime cuando, según las declaraciones realizadas, la operación no fue en ningún momento contabilizada.

En relación con la cuestión debatida, la interesada carecía del importe de 21.862.500 pesetas que tuvo que satisfacer a la sociedad ?(?)?, según resulta de los extractos de las cuentas bancarias de que era titular la misma. Por otra parte y en cuanto a que dicho importe fuera facilitado por las tres sociedades antes citadas, según consta en diligencia de (?) de agosto de 1997 suscrita por el representante de la recurrente, las operaciones de ?préstamo? y devolución de los fondos con que fue pagado el retracto ejercitado no fueron contabilizados por las mismas. Tampoco aparece en los extractos bancarios aportados disposición de cantidad alguna por parte de la recurrente en favor de las sociedades ?prestamistas? que, aislada o conjuntamente, ascendiera a la referida cantidad de 21.862.500 pesetas, tal y como viene a acreditarse en el informe ampliatorio realizado por las inspectoras actuantes. Y, por último, señalar que la existencia de fondos suficientes en las cajas de las sociedades pretendidamente ?prestamistas? según los balances del ejercicio cerrado el 31 de diciembre de 1993 no acreditan que las mismas hubiesen efectivamente facilitado fondos a la interesada para realizar el pago del retracto, en especial teniendo en cuenta que el préstamo tuvo que hacerse no más tarde del (?) de julio de 1993, fecha en la que, según la escritura de retracto, se realizó el pago, y que la devolución de los fondos prestados debería haberse efectuado, probablemente, en el año 1994 (es razonable pensar que la recurrente, que tuvo que acudir a dinero ajeno para ejercitar el derecho de retracto, no dispusiera de fondos para devolver el mismo hasta haber cobrado el precio de la venta de una de las naves industriales, lo que tuvo lugar el (?) de febrero de 1994), por lo que, precisamente, a 31 de diciembre de 1993 la cantidad supuestamente prestada no estaría en la caja de las sociedades prestamistas.

CUARTO.- Otra de las alegaciones realizadas por la recurrente es la referente al importe real de la operación, que la misma cifra en 18.755.126 pesetas como consecuencia de la existencia de unos gastos de 3.107.374 pesetas. Frente a esta alegación debe señalarse que, según consta expresamente en la escritura de retracto, ?fue precio de dicha venta (la realizada por la anterior copropietaria, Doña (?), en favor de la sociedad ?(?)?) la cantidad de VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTAS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTAS PESETAS, que la parte compradora entregó a la vendedora con anterioridad a dicho acto?, mientras que la estipulación Segunda establece: ?La Compañía Mercantil ?(?)?, por medio de su representante, consiente el retracto y recibe en este acto de Doña (?) el importe del precio, VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTAS SESENTA Y DOS MIL QUINIENTAS PESETAS, por cuya suma le confiere carta de pago.? Nada se recoge, por tanto, en la escritura en relación con posibles gastos realizados por la recurrente, ni, por otra parte, la realización de tales gastos supondría obstáculo alguno para considerar que el importe efectivamente satisfecho por la recurrente (bien lo fuera a la sociedad, bien a terceras personas) fue el citado de 21.862.500 pesetas, circunstancia por la cual consideramos también innecesaria la práctica de prueba alguna en relación con este aspecto.

QUINTO.- Por último, en cuanto a la imposición de sanción por importe del 10 por ciento de la cuota descubierta, tal y como se señala en la Resolución de la Sección gestora del Impuesto de (?) de noviembre de 1997, el artículo 43 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por Decreto Foral Legislativo 212/1986, de 3 de octubre, al que se remite en materia infracciones y sanciones la Disposición Transitoria Primera de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, considera como infracciones de omisión ?las que tiendan a ocultar a la Administración, total o parcialmente, el valor de la base o el hecho imponible, concurriendo alguna de las siguientes circunstancias: a) Que la falta de presentación de las declaraciones dé lugar a que actúe la Inspección.? Tal circunstancia es la que se produce en el presente supuesto, siendo, por tanto, procedente la imposición de la sanción prevista en el artículo 46.2 del mismo Texto Refundido. Y no puede admitirse la objeción de haber sido impuesta la misma sin procederse a la apertura de expediente distinto o independiente del instruido para la comprobación e investigación de la situación tributaria del sujeto infractor, pues tal requisito no ha sido exigido por el ordenamiento tributario navarro hasta la entrada en vigor de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, sin que pueda ampararse tal exigencia, como solicita la recurrente, ni en el artículo 134 de la Ley 30/1992 (de aplicación meramente subsidiaria en el ámbito tributario), ni en el 34 de la Ley 1/1998 (que no entró en vigor hasta más de cinco meses después del otorgamiento de las actas)

Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por Doña (?) contra Resolución del Jefe de la Sección de IRPF y Patrimonio, de (?) de noviembre de 1997, y subsiguiente liquidación derivada de Acta suscrita en disconformidad por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 1993, confirmándose dichos actos en sus propios términos.

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Acta de inspección
Derecho de retracto
Retracto
Actos confirmatorios
Omisión
Incompetencia manifiesta
Acto administrativo impugnado
Prestamista
Copropietario
Carta de pago
Persona física
Fondo del asunto
Participación indivisa
Período impositivo
Impuesto sobre sociedades
Base liquidable
Cuentas bancarias
Práctica de la prueba

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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