Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 980284 de 02 de Marzo de 2001

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 02 de Marzo de 2001
  • Núm. Resolución: 980284

Resumen

Solicita el recurrente, tras un primer recurso presentado dentro de plazo en el que se planteaba una cuestión que fue estimada, la admisión de otras cuestiones ya tratadas en la declaración que había sido objeto de recurso anterior. Se inadmite por extemporaneidad, sin entrar en el fondo del asunto, ya que si se produjo algún error, éste lo fue no de hecho sino de Derecho subsanable vía recurso en el plazo de un mes desde su notificación formal. La actividad impugnatoria no se produjo en plazo.

Cuestión

Inadmisión por extemporaneidad.

Contestación

En examen de recurso interpuesto por la Compañía (?) contra exigencia de recargo en liquidación por Impuesto sobre Sociedades del período impositivo cerrado en 31 de diciembre de 1995.

ANTECEDENTES DE HECHO

Se trata, en el caso, de recargo impuesto por retraso en el cumplimiento del deber de autoliquidar, en relación con los dichos Impuesto y período impositivo por parte de la recurrente, y que acabó cifrándose en la cantidad de 10.179 pesetas. Y la Compañía da en formular frente a ello el presente recurso aduciendo lo que entiende convenir a su interés de que se suprima el dicho recargo-sanción por autoliquidación extemporánea.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Ha de declararse por este Organo en primer lugar su competencia, por razón de la materia y de la naturaleza del acto impugnado (artículo 2.1.a. de su Reglamento), para conocer del presente recurso, el cual, por su parte, ha sido formulado por persona dotada de legitimación activa al efecto, al venir directamente afectada por el acto impugnado.

2.- Se ofrece aquí con peculiares características la cuestión de si se produjo o no la interposición en plazo de correspondiente recurso, a cuyo respecto entiende la Sección gestora que, habiéndosele notificado a la empresa en 9 de mayo de 1997 una primera liquidación provisional en la cual no se admitía compensación de bases imponibles negativas de ejercicios anteriores, se cifraba un correspondiente importe de esa exacción parafiscal que es el recargo para la Cámara de Comercio y se agregaba recargo-sanción por retraso en la autoliquidación del Impuesto, venía a suceder que tras ello la empresa impugnaba dicha autoliquidación pero sólo en punto a aquel extremo de compensación de bases imponibles negativas, y que, habiéndose estimado por la Sección esa pretensión (única pretensión) de la interesada, con producción de una subsiguiente liquidación provisional, ya luego no cabía (por razón de extemporaneidad) interponer un nuevo recurso a propósito de otros puntos del contenido del acto liquidatorio, el cual, en cuanto a ellos, había quedado firme. Así pues, que la nueva reclamación (relativa ésta al recargo-sanción por retraso en el cumplimiento del deber de autoliquidar) había de rechazarse por razón de extemporaneidad. Pues bien: con referencia a todo lo dicho se advierte la necesidad de dejar sentadas algunas cosas en situaciones cuales las siguientes. En el supuesto de que la primera de las liquidaciones provisionales del caso no hubiese contenido la partida del dicho recargo por incumplimiento del deber de autoliquidar en tiempo oportuno y tal partida hubiese aparecido en la segunda de las liquidaciones provisionales y precisamente tras haberse dado aquel recurso de la empresa sobre materia distinta, tal situación sería insostenible por representar un claro supuesto de "reformatio in peius". No es ese, sin embargo, el supuesto que aquí se plantea, puesto que ya en la primera de las liquidaciones provisionales (antes, pues, de la primera impugnación habida en el caso) se contenía esa correspondiente partida de recargo-sanción, arreglada en su cuantía a correspondiente primera cuantía de cuota tributaria, dado el carácter porcentual que el dicho recargo reviste. Pues bien: en el presente caso resulta que la Sección gestora, tras haberse notificado la primera liquidación provisional en 9 de mayo de 1997 y haberse interpuesto correspondiente reclamación por la empresa interesada, vino a producir, con evidente celeridad, la nueva liquidación provisional en 28 de mayo de 1997. Y ciertamente si dentro del plazo de un mes se hubiesen dado aquella notificación de la primera liquidación, la subsiguiente reclamación y la aún posterior reclamación (precedida ésta o no de una segunda liquidación provisional), nada significaría que la primera reclamación se hubiese ceñido a un solo punto del acto liquidatorio y la segunda reclamación a otro distinto: en cualquier caso estaríamos ante dos escritos complementarios que se integrarían en la unidad de una sola reclamación por exigirlo así cualquier criterio de pura lógica jurídica (y ello dejando aparte las exigencias propias de una coincidente justicia material). Y todo ello con independencia de estar en tales casos ante algo diferente de ese bien previsto instituto jurídico formal de desdoblamiento de un recurso en un escrito de mera interposición del tal y otro de formalización de correspondientes alegaciones. Pero, dicho lo anterior, resulta que en el presente caso la notificación de la primera liquidación se produjo, según resulta de los datos del expediente, no en 14 de mayo de 1997 sino en 9 de mayo de 1997, de suerte que cuando en 11 de junio de 1997 se presentó el escrito en que por primera vez la empresa se oponía al repetido recargo-sanción, había transcurrido ya el plazo de un mes establecido para la interposición de correspondientes recursos. En fin: ha de tenerse presente que si la Sección gestora incurrió en algún error en punto a la imposición del dicho recargo-sanción (no se afirma, sin embargo, que ello hubiera ocurrido), un tal hipotético error sería calificable no como de hecho sino como de Derecho, ya que para poder hablar de error de hecho se precisa la concurrencia de las dos circunstancias consistentes en que, por una parte, el tal resulte patente a la vista de documentos obrantes en el expediente en el momento en que se dictó el acto administrativo impugnado, y, por otra parte, que ese referido error resulte detectable sin necesidad de interpretar e interrogar, ni siquiera mínimamente, la correspondiente normativa tributaria o de otra índole aplicable al punto concreto a que el interesado se refiera. Y como eso no es predicable del presente caso, ya que para la determinación de si resultaba imponible o no el dicho recargo se hacía preciso examinar la normativa tributaria atinente a la materia, no cabe estar al correspondiente plazo de cinco años (o, si acaso, al limitado que resultase de la aplicación del artículo 106 de la Ley general procedimental) para la corrección de los meros errores de hecho (aritméticos o materiales), sino que resulta aplicable en todo su rigor y perentoriedad aquel plazo de un mes contado desde el propio día en que la notificación del acto (primer acto liquidatorio de la Sección gestora) se produjo. Y, así, habiéndose efectuado esa impugnación extemporáneamente (según lo visto), ha de mantenerse la decisión de inadmitir correspondiente recurso por razón de extemporaneidad.

Y, en virtud de ello, este Organo, en sesión celebrada el día de la fecha arriba indicada, acuerda mantener el dicho criterio de inadmisión de recurso interpuesto por la Compañía (?) a propósito de pretensión formulada en punto a recargo-sanción que a la empresa le fue aplicado en las sucesivas liquidaciones provisionales que la correspondiente Sección gestora le practicó por Impuesto sobre Sociedades del año 1995, con lo que ha de mantenerse la propia decisión denegatoria de la dicha Sección.

Liquidación provisional del impuesto
Período impositivo
Retraso en el cumplimiento
Compensación de bases imponibles negativas
Fondo del asunto
Impuesto sobre sociedades
Legitimación activa
Autoliquidaciones tributarias
Reformatio in peius
Cuota tributaria
Celeridad
Error de hecho
Acto administrativo impugnado

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