Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 980304 de 22 de Marzo de 2001

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 22 de Marzo de 2001
  • Núm. Resolución: 980304

Resumen

Recurre la compañía frente a Providencia de apremio, dictada por la Sección de Recaudación Ejecutiva, derivada de sanción en materia de transportes. Se desestima el recurso puesto que las infracciones graves prescriben a los dos años contados desde el día en que la infracción se hubiera cometido, ocurriendo en el caso que la notificación de la denuncia y de la incoación del expediente sancionador tuvo lugar en forma y plazo correctos.

Cuestión

Prescripción de sanción en materia de transportes.

Contestación

En examen de escrito de la Compañía ?(?)? contra Acuerdo dictado por la Sección correspondiente del Servicio de Recaudación de la Hacienda de Navarra en relación con procedimiento de apremio y posterior embargo.

ANTECEDENTES DE HECHO

Tras habérsele impuesto a la dicha Compañía por el Departamento de Obras Públicas, Transportes y Comunicaciones del Gobierno de Navarra una sanción en materia de transportes, vino a ocurrir que, ante la falta de pago oportuno de dicha sanción, se produjo su exigencia en vía de apremio. Frente a la correspondiente Providencia de apremio dictada al respecto, la Compañía interpuso reclamación ante la Sección de Recaudación Ejecutiva, que la desestimó. Y al respecto dio la empresa en formular recurso que resultó encaminado a este Organo de Resolución Tributaria.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Resulta, pues, que el recurso de la interesada terminó por llegar a este Organo de Resolución Tributaria, que, según acabó por proclamar el Gobierno de Navarra mediante Acuerdo adoptado el 10 de mayo de 1999, parece ser el competente para la resolución de los recursos planteados contra actuaciones y resoluciones de la Recaudación Ejecutiva y no precisamente tan sólo las referidas a materia tributaria. Dicho lo anterior, ocurre que, habiéndose dado, como se ha visto, inicio en el caso al correspondiente procedimiento ejecutivo con dictado de Providencia de Apremio, ha de verse que, según lo establecido en el artículo 99 del Reglamento General de Recaudación, en lo que se refiere a Recaudación en vía de apremio, la virtualidad de una Providencia de tal carácter puede decaer en el caso de haberse producido ya el pago de la correspondiente deuda, en el caso de haberse producido la prescripción extintiva de dicha deuda, en el de haberse concedido un aplazamiento, en el de haberse incurrido en defecto formal en el título expedido para la ejecución, o bien en el de anulación, suspensión o falta de notificación en debida forma del acto liquidatorio, que en el presente caso lo es el acto por el que se imponga una sanción y de ello resulte la obligación de su pago. De todos los dichos motivos de oposición a una Providencia de apremio cabe detenerse en el presente caso en un supuesto examinable de oficio, es decir, en primer lugar en el de si se dio o no la prescripción de la correspondiente ?deuda?, y en segundo lugar en el de (cuestión planteada por la Compañía interesada) si se produjo o no la debida notificación del acto ?liquidatorio?, o, por mejor decir, del acto de imposición de la concreta sanción económica de que se trata. Pues bien: por lo que se refiere a la prescripción de la correspondiente ?deuda?, ha de distinguirse entre lo que es prescripción extintiva de la infracción y lo que representa prescripción extintiva de la sanción propiamente dicha; es decir, por un lado la prescripción de la punición y por otro la prescripción de la ejecución de la penalidad impuesta. Y así ocurre en el presente caso que, por lo que se refiere a la infracción de que se trata, ya la Disposición Adicional Undécima de la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y de Orden Social, con excepción de lo relativo a las infracciones leves, efectuó el reenvío de la materia a la Ley general procedimental, con plazos más largos que los antes establecidos por la Ley de Ordenación de los Transportes Terrestres. Y habrá de procederse ahora a hacer pormenorizadamente el señalamiento de todos los hechos y circunstancias con alguna influencia interruptora de la prescripción extintiva en el caso. Pues bien: según el artículo 132 de la dicha Ley general procedimental, las infracciones graves prescriben a los dos años contados desde el día en que la infracción se hubiera cometido. Y ocurre aquí que la notificación de la denuncia y de la incoación de expediente sancionador tuvo lugar de forma que ni con mucho llegó a agotarse ese tiempo (expediente (?)/96, habiéndose producido dicha notificación en (?) de 1996); y que, proseguida la tramitación del expediente, éste culminó con la imposición de sanción mediante Orden Foral, que, a su vez, fue notificada en (?) de 1996, de todo lo cual resulta no haberse producido la prescripción de la infracción del caso. Y, por otra parte, ese acto de imposición de sanción devino firme en su momento, al no haber sido impugnado en alzada ante el Gobierno de Navarra en el plazo de un mes, según lo que en la propia notificación de aquella Orden Foral venía a señalársele a la empresa. Y, así, siendo que el plazo de prescripción de las sanciones ha de comenzar a contarse desde el día siguiente a aquel en que adquiera firmeza la resolución por la que se impuso la sanción (en definitiva, pues, el tal plazo de prescripción de la sanción del caso hubo de comenzar en (?) de 1996), resulta también aplicable, con referencia a la dicha prescripción de la sanción impuesta, lo establecido en aquel mismo artículo 132 de la Ley General procedimental, de suerte que, tratándose de sanción por infracción grave, el dicho plazo de prescripción era el de dos años a contar desde la señalada fecha de adquisición de firmeza del acto por el que la dicha sanción se impuso. Y es claro que antes del transcurso de dicho plazo de dos años se inició correspondiente actuación ejecutiva de cobro de la sanción por parte de la Sección de Recaudación Ejecutiva mediante apremio al cual se refiere la Compañía interesada en escrito presentado en correspondiente Registro en (?) de 1997. En fin, con independencia de las posteriores actuaciones que adicionalmente haya llevado a cabo la Sección de Recaudación Ejecutiva, es claro que en esta vía de recurso ya no entra en juego un plazo de prescripción como el dicho de dos años, relativo estrictamente a lo que es expediente sancionador; no reza, pues, al respecto lo establecido por el Tribunal Supremo en Sentencia de 27 de mayo de 1992, por ejemplo, que bien claramente se está refiriendo a otro muy diferente campo que es el de la tardanza que pueda darse en la resolución de recursos planteados contra actos de imposición de unas tales sanciones; y a cuyo respecto la dicha Sentencia viene a señalar que no cabe en modo alguno trasladar a la vía administrativa de resolución de recursos los especiales plazos de prescripción establecidos a los solos efectos de perseguir la infracción cometida, y ello porque ?no cabe configurar la vía de recurso como una prolongación del expediente administrativo sino como un plano supraordenado al expediente conducente a la revisión de los actos que pusieron fin al mismo?. Y si esto es así en cuanto a la tramitación de los recursos que se hubiesen planteado a propósito de la imposición de correspondientes sanciones, más claro aún resulta que tampoco sería aplicable aquí ese plazo de prescripción de la sanción (de dos años) que pretendiese contarse a raíz de la interposición del presente recurso contra actuaciones de cobro de la sanción del caso. Y ya por último claro queda que no se dio aquí la falta de notificación de correspondientes actos, en cuya pretendida falta de notificación viene a querer escudarse la Compañía recurrente.

Y, en virtud de ello, este Organo, en sesión celebrada el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar recurso interpuesto por la Compañía ?(?)? contra Acuerdo dictado por la Sección correspondiente del Servicio de Recaudación de la Hacienda de Navarra, cuyos pronunciamientos han de mantenerse, dándose así por buena la exigencia coactiva llevada a cabo a propósito de sanción impuesta a la empresa en materia de transportes terrestres (expediente (?)/96).

Providencia de apremio
Procedimiento de apremio
Prescripción extintiva
Expediente sancionador
Plazo de prescripción
Realización forzosa
Obras públicas
Falta de notificación
Forma de los actos administrativos
Transporte terrestre
Inicio expediente administrativo
Tramitación del expediente

Real Decreto 939/2005 de 29 de Jul (Reglamento General de Recaudación) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 210 Fecha de Publicación: 02/09/2005 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2006 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

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