Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 980407 de 22 de Junio de 2001

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 22 de Junio de 2001
  • Núm. Resolución: 980407

Resumen

Solicita el recurrente la anulación de la exigencia de recargo de apremio por falta de comunicación previa de la liquidación modificativa, así como la anulación de dicha liquidación. Examina el Órgano cuales son los requisitos para poder acudir a la notificación edictal, estimándose el recurso, al señalar que no se han dado en el caso los requisitos de haber publicado a su vez en el tablón de edictos del Ayuntamiento, ni haberse publicado en los lugares destinados a ello por la Hacienda Foral.

Cuestión

Nulidad de apremio por no cumplir con los requisitos para acudir a la notificación edictal.

Contestación

Examinado escrito presentado por Doña (?), con D.N.I. nº (?) y domicilio en (?) (Navarra), en relación con actuaciones llevadas a cabo por la Sección de Recaudación Ejecutiva con motivo de impago de deudas tributarias por Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 1994.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La ahora recurrente presentó su reglamentaria declaración-liquidación (número (...)/94) por el Impuesto y año referido el día (...) de 1995, resultando de la misma la cantidad a devolver de 214.609 pesetas. Por la Sección gestora del Impuesto se practicó, con posterioridad a la devolución del importe declarado, liquidación provisional modificativa de la autoliquidación presentada que supuso una minoración de la cantidad a devolver de 165.000 pesetas. Ante la falta de ingreso de esa cantidad devuelta en exceso, procedió la Administración Tributaria de Navarra a exigirla a través de la oportuna Providencia de apremio, con exigencia de recargo de tal carácter y de intereses de demora.

SEGUNDO.- Contra dichas actuaciones vino la interesada a interponer correspondiente recurso, dándose lugar a la desestimación del mismo mediante Resolución del Jefe de la Sección de Procedimientos Especiales y Asistencia Jurídica. Y contra dicha Resolución viene ahora a interponer recurso de alzada ante este Organo mediante escrito presentado en la Delegación del Gobierno en Navarra el día (...) de 1998 y con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda de (...) de 1998, insistiendo en sus pretensiones de anulación de la exigencia de recargo de apremio por falta de comunicación previa de la liquidación modificativa, así como la anulación de dicha liquidación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Organo para el conocimiento y resolución del recurso de alzada interpuesto, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 1º y 2º de su Reglamento aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de Navarra de 19 de junio de 1981, habiendo sido formulado el recurso dentro de plazo y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- En relación con la solicitud de la recurrente en el sentido de que se anule el procedimiento de apremio iniciado, hay que señalar lo siguiente. Habiéndose dado inicio en el caso al correspondiente procedimiento ejecutivo con dictado de Providencia de apremio, ha de verse que, según lo establecido en el artículo 99 del Reglamento General de Recaudación de Tributos, aplicable en Navarra en lo que se refiere a recaudación en vía de apremio, la virtualidad de una Providencia de apremio (y el entero procedimiento de esta naturaleza) ha de decaer en el caso de haberse producido ya el pago de la deuda tributaria, en el de haberse producido la prescripción extintiva de dicha deuda, en el de haberse concedido un aplazamiento de pago, en el de haberse incurrido en defecto formal en el título expedido para la ejecución o bien en el de anulación, suspensión o falta de notificación en debida forma del acto liquidatorio. De todos los dichos motivos de oposición a la Providencia de apremio habremos de detenernos en el presente caso en el supuesto, aducido por la interesada, de si se produjo o no, en debida forma, la notificación del acto liquidatorio. Pues bien: se da la circunstancia de que, según consta en correspondiente cédula de notificación, no se pudo practicar por "ausente en horas de reparto", y tras ello se procedió a publicar un correspondiente Edicto en el Boletín Oficial de Navarra de (...) de 1996. Sobre este particular ha de verse que la notificación por Edictos o por anuncios sólo ha de ser admisible cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes: que el interesado en el procedimiento sea desconocido, que se ignore su domicilio por haber dejado el que inicialmente figurase en el expediente, que se ignore su paradero por cualquier motivo o que, intentada la notificación personal, no se hubiera podido practicar, pero, naturalmente, siempre que ello (esa imposibilidad de notificación) quede suficientemente acreditado en el expediente, como así también, en su caso, han de quedar cabalmente acreditadas las otras circunstancias que se han mencionado como habilitadoras del recurso a la notificación por anuncios o edictos. Un tal modo de notificación ha de tener un papel puramente subsidiario respecto de las notificaciones personalmente hechas. En este sentido, el Tribunal Constitucional, en Sentencia de 6 de noviembre de 1995, referente al ámbito judicial pero aplicable también con toda evidencia al administrativo, señala que "la notificación edictal, que no es en sí misma inconstitucional, (...) sólo (es) posible como remedio último de comunicación", y que "estas condiciones que debe reunir el emplazamiento por edictos conllevan la exigencia de una específica diligencia que supone el agotamiento de todas aquellas modalidades capaces de asegurar el mayor grado la recepción por su destinatario de la notificación a realizar (...) debiendo agotar todas las formas racionalmente posibles de comunicación personal antes de pasar a la meramente edictal". Y en el mismo sentido ya había venido a pronunciarse ese mismo Tribunal en Sentencia de 2 de diciembre de 1998. En definitiva, que ha de extremarse el intento de utilizar todos los medios establecidos por la normativa para notificar correspondientes actos administrativos antes de recurrir a la notificación por Edictos mediante su publicación en correspondiente Boletín Oficial, y cuyo acendrado intento de notificación personal resulta especialmente exigible teniendo en cuenta que los datos publicados en el Boletín Oficial en estos casos son de carácter muy reservado, de modo que ha de evitarse en lo posible su divulgación. Y aun estando a circunstancia de haberse dado verdadera imposibilidad de notificación personal en el caso, habría de verse que lo que tras ello procedería en un tal supuesto (artículo 59.2 de la Ley general procedimental) sería que el subsiguiente medio de notificación se produjese "por medio de anuncios en el tablón de edictos del Ayuntamiento de su último domicilio y en el Boletín Oficial del Estado, de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, según cuál sea la Administración de la que proceda el acto a notificar y el ámbito territorial del Organo que lo dictó". Es decir, que la dicha Ley establece no como opciones de una alternativa sino como medios de notificación que han de darse concurrentemente el de la publicación en Diario Oficial y el de la exposición de anuncios en tablón de edictos del Ayuntamiento. Y ello condice con lo proclamado por el Tribunal Supremo (así en sentencia de 18 de marzo de 1995); y sin que, por tanto, el primero de esos medios pueda servir para orillar el empleo del segundo y viceversa. Y a título ilustrativo puede verse cómo en ámbito tributario de régimen común se halla establecido (artículo 105 de la Ley General Tributaria) que en los casos en que no se haya podido realizar la notificación al interesado habiéndolo intentado por dos veces (véase que dicha normativa no hace distinción a ese respecto entre notificaciones intentadas a través del Servicio de Correos y notificaciones intentadas a través de agente notificador propio), se recurrirá a citar al interesado o a su representante (por medio de anuncios que se publicarán en pertinente Boletín Oficial) para recibir correspondiente notificación por comparecencia personal, habiendo de realizarse asimismo publicación en los lugares destinados al efecto en las Delegaciones y Administraciones a que corresponda el último domicilio conocido; y quedando en fin, a juicio del Gobierno la determinación de supuestos en que las notificaciones se efectúen exclusivamente a través del Boletín Oficial del Estado, sin perjuicio de su publicación en aquellos lugares destinados al efecto en las Delegaciones y Administraciones de referencia. Pues bien: en el presente caso no se produjo aquella publicación de anuncios (ex artículo 59.4 de la Ley general procedimental) en tablón de edictos del Ayuntamiento; y tampoco resulta haberse producido, de otro modo (ex artículo 105 de la Ley General Tributaria) aquella publicación en lugares destinados por la Hacienda Foral al modo de las Delegaciones y Administraciones de régimen común. Y ya por último ha de señalarse que en lo que hace a la circunstancia subsanadora (a que se refieren con distinto propósito tanto la Sección de Recaudación Ejecutiva como la ahora recurrente) del transcurso de seis meses, sólo si estuviésemos ante una notificación personalmente hecha a la interesada y que conteniendo el texto íntegro del acto hubiese omitido algún otro requisito tendríamos que el transcurso de ese plazo de seis meses vendría a convalidar la notificación practicada. Pero aquí precisamente no nos encontramos ante una notificación personalmente hecha en verdad a la recurrente, por lo que no cabe hablar de notificación que cobrase eficacia por el transcurso de un tal plazo. En fin, que no puede tenerse por practicada en debida forma la final notificación que se pretende haber sido hecha de correspondiente acto liquidatorio en el caso. Y, así, queda anulada la Providencia de apremio dictada en el caso y el procedimiento ejecutivo seguido a resultas de la misma.

TERCERO.- Ahora bien, en cuanto a las alegaciones que realiza la recurrente contra la liquidación provisional dictada, las mismas no pueden ser estimadas en el presente recurso, y en especial la referente a la justificación documental de los gastos de enfermedad, justificación cuya ausencia motivó la liquidación modificativa, puesto que, pese a decirse expresamente en el escrito de recurso que "Adjunto factura de dichos gastos ascendientes a 1.100.000 pts.", lo cierto es que no obra en el expediente la citada factura, por lo que debemos seguir considerando que los gastos de enfermedad no están adecuadamente justificados.

Y, en virtud de ello, este Organo, en sesión celebrada el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar recurso interpuesto por Doña (?) contra exigencia de pago en vía de apremio de deuda tributaria correspondiente a Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas del año 1994, habiendo de anularse la Providencia de apremio dictada en el caso y procederse a la correcta notificación de la liquidación provisional modificativa por el Impuesto y año referido.

Providencia de apremio
Recargo de apremio
Comunicación previa
Procedimiento de apremio
Liquidación provisional del impuesto
Deuda tributaria
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Declaraciones-autoliquidaciones
Modelo 564. Impuesto sobre Hidrocarburos
Intereses de demora
Acto administrativo impugnado
Realización forzosa
Pago de la deuda tributaria
Prescripción extintiva
Falta de notificación
Forma de los actos administrativos
Paradero
Ascendientes
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