Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 980777 de 17 de Mayo de 2002

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 17 de Mayo de 2002
  • Núm. Resolución: 980777

Resumen

Se solicita la anulación de liquidación practicada. Se desestima el recurso. Los actos administrativos son válidos mientras no se anulen por la jurisdicción contenciosa, por lo que procede la liquidación practicada pendiendo resolución de recurso contencioso-administrativo; estando, a su vez, la misma bien motivada al dar cumplida respuesta a las alegaciones formuladas por la interesada. Se declara la competencia de la Sección gestora para la práctica de la liquidación ya que no se dicta previa comprobación e investigación sino consecuencia de un procedimiento de revisión. No procede la deducción por creación de empleo de años anteriores, puesto que se denegó tal posibilidad en el ejercicio de origen. Y no cabe el acogimiento de ciertos elementos a la Reserva Especial para Inversiones al no quedar, según la normativa contable y civil, dentro del término "maquinaria e instalaciones", ni el turismo adquirido, del concepto de vehículo industrial.

Cuestión

1º Liquidaciones practicadas pendiendo resolución de recurso contencioso-administrativo. 2º Competencia de la Sección gestora para la práctica de liquidaciones y motivación de las mismas. 3º Deducción por creación de empleo de años anteriores. 4º Elementos acogibles a la Reserva Especial para Inversiones.

Contestación

Visto escrito presentado por Don (?) en representación de la Compañía Mercantil "(?)", con C.I.F. (?) y domicilio en (?), en relación con liquidaciones provisionales practicadas por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios cerrados en 31 de diciembre de 1992, 31 de diciembre de 1993, 31 de diciembre de 1994 y 31 de diciembre de 1995.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La ahora recurrente presentó sus reglamentarias declaraciones-liquidaciones por el Impuesto y ejercicios en referencia en su momento oportuno.

SEGUNDO.- Practicadas liquidaciones provisionales modificativas de las primitivas declaraciones-liquidaciones y tras alguna vicisitud impugnatoria que dio lugar a su rechazo por la Sección gestora, viene ahora la representación de la interesada a interponer reclamación económico-administrativa ante este Tribunal mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda, de (...) de septiembre de 1998, señalando que una de las cuestiones que da lugar a la práctica de las liquidaciones impugnadas es la práctica de deducciones por creación de empleo procedentes de ejercicios anteriores (concretamente, en su inicio, del de 1988), dado que en el aquellos ejercicios no se dio cuota suficiente para la práctica de las mencionadas deducciones; que aunque la cuestión fue resuelta en sentido negativo para la reclamante por el Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria en Acuerdo de 16 de marzo de 1998, dicho Acuerdo no era firme, puesto que fue objeto de recurso contencioso-administrativo ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra; que, por tanto, ante la pendencia de la cuestión, la Sección gestora no debería haber procedido a la práctica de las liquidaciones ahora impugnadas; que la Sección gestora no es competente para la práctica de las liquidaciones impugnadas, ya que ello exigiría la realización de actividades de comprobación e investigación, que están reservadas a la Inspección; que las liquidaciones practicadas son nulas, puesto que no se han consignado en ellas los elementos esenciales que permitirían una adecuada defensa de los intereses de la reclamante; que, por otro lado, se han excluido de la posibilidad de acogerse a la Reserva Especial para Inversiones determinados activos, decisión con la que no se halla conforme la reclamante, puesto que los equipos de fax y fotocopiadora deben ser tenidos como equipos para procesos de información y no como mobiliario, como sostiene la Sección gestora, la instalación de control de entrada y tarificador deben ser tenidas como instalaciones y no como mobiliario, y que la adquisición de determinados vehículos (en concreto, de un Audi A4, un Opel Frontera y un Land Rover) ha de ser tenida como adquisición de vehículos industriales a los efectos de su acogimiento a la Reserva Especial para Inversiones. Por todo ello, solicita sean anuladas las liquidaciones impugnadas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Tribunal para el conocimiento y resolución de la reclamación económico-administrativa interpuesta, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 154 y 155 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y 18 y 19 del Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, habiendo sido formulada en tiempo hábil y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- La primera de las alegaciones efectuadas por la interesada en su escrito de recurso ha perdido ya su virtualidad, y ello debido a los acontecimientos que se han producido entre la práctica de las liquidaciones impugnadas y la resolución de la presente reclamación. En efecto: la interesada sostiene que teniendo su origen las liquidaciones impugnadas en disputa acerca de la procedencia de la deducción por creación de empleo correspondiente al ejercicio 1988, deducción que por insuficiencia de cuota no pudo practicarse en aquel ejercicio y que hubo de diferirse hasta los ejercicios cuyas liquidaciones son objeto de controversia, sucedía que los actos administrativos desestimatorios de su pretensión se hallaban pendientes de resolución de recurso contencioso-administrativo interpuesto ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Navarra. Pues bien: dicho recurso ha sido resuelto en sentido desestimatorio de las pretensiones de la interesada mediante Sentencia de 20 de enero de 2001, por lo que parecería que ya no es siquiera necesario entrar en el examen de esta alegación. Sin embargo, conviene resolver lo relativo a si la Sección gestora tenía posibilidad de dictar las liquidaciones impugnadas hallándose pendiente la resolución del recurso contencioso-administrativo, por si de ello pudiera derivar la anulación de tales liquidaciones. En este sentido, ha de indicarse que la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común señala que "los actos de las Administraciones Públicas sujetos al Derecho Administrativo se presumirán válidos y producirán efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se disponga otra cosa" (artículo 57.1). Ello da lugar a que dictado el acto liquidatorio correspondiente al ejercicio 1988 y resuelto en vía administrativa el correspondiente recurso en sentido contrario a los intereses de la ahora reclamante, tal acto liquidatorio hubiera de reputarse válido mientras no fuera anulado por la jurisdicción contencioso-administrativa, por lo que ejerciendo influencia sobre los ejercicios 1992 a 1995 (en la medida en que no cabía la práctica de deducciones procedentes de ejercicios anteriores por insuficiencia de cuota) quedaba plenamente justificada la práctica de liquidaciones, que ha de tenerse, por tanto, como ajustada a Derecho.

TERCERO.- Respecto de la alegación de la interesada en el sentido de ser incompetente la Sección gestora para la práctica de liquidaciones por haber invadido las competencias propias del Servicio de Inspección, poco ha de añadirse a lo expuesto a lo ya dicho por el Tribunal Superior de Justicia de Navarra en su Sentencia de 20 de enero de 2001, dictada en resolución del recurso interpuesto contra la liquidación que da origen a los "restos" de deducción cuya aplicación pretende el sujeto pasivo. En resumen, dicha Sentencia establece, en lo que hace a esta concreta cuestión de la competencia de la Sección gestora para la práctica de la liquidación, que "en el caso que ahora nos ocupa no nos hallamos propiamente ni ante una comprobación formal previa a la liquidación ni, desde luego, ante una actuación o procedimiento de comprobación e investigación, sino ante una diligencia probatoria cursada en el correspondiente procedimiento de revisión", de tal modo que "discutiéndose ante la Administración la procedencia o no de la "deducción por creación de empleo procedente de ejercicios anteriores" ... era totalmente procedente, lógica y jurídicamente, que el órgano competente para resolver el recurso ... requiriese a la actora, como trámite previo a la resolución del mismo, la aportación de la documentación acreditativa de que ostentaba el derecho a gozar de la deducción en liza, todo ello de acuerdo con lo que en relación con la prueba establece el art. 114.1 de la LGT, a tenor del cual "tanto en el procedimiento de gestión como en el de resolución de reclamaciones, quien haga valer su derecho deberá probar los hechos normalmente constitutivos del mismo". Y es más, si tal competencia de la Sección gestora ha de serle atribuida en el ámbito del procedimiento de revisión, como hace la Sentencia parcialmente transcrita, con cuánta más razón ha de atribuírsele en cuanto al previo procedimiento de práctica de liquidación provisional con base en los propios datos y documentos que obren o debieran obrar juntamente con la declaración-liquidación.

CUARTO.- Aduce la interesada, por otro lado, que las liquidaciones practicadas no se hallaban debidamente motivadas. Pues bien: independientemente de que la Administración Tributaria tuviera o no obligación de motivar las liquidaciones que ahora se impugnan, es evidente que tal objeción es absolutamente infundada, puesto que, en lo que hace a la deducción por creación se señala en el reverso de las propias liquidaciones que las mismas se fundan en el Acuerdo del Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria ratificado por el Gobierno de Navarra en 20 de abril de 1998, Acuerdo en el que se ofrecía cumplida respuesta a las alegaciones formuladas por la interesada en relación con la deducción por creación de empleo objeto de controversia. Y por lo que se refiere a la minoración de la reducción en la base imponible fundada en dotación a la Reserva Especial para Inversiones, se ofrece la debida explicación en liquidación correspondiente al año 1994, con la particularidad de que en la respuesta al recurso planteado ante la Sección gestora se ofrece todavía un mayor detalle acerca de las razones que llevan a la Administración a la rectificación de las liquidaciones por lo que se refiere a este concreto concepto. No puede, pues, decirse que las liquidaciones del caso y, en general, la actuación de la Administración, provoquen indefensión en la reclamante.

QUINTO.- Por lo que se refiere a la cuestión de fondo, esto es, la procedencia de que la interesada se aplique "restos" de deducción por creación de empleo fundados en pretendido incremento de plantilla habido en ejercicio anterior, nos remitimos íntegramente al contenido de aquel Acuerdo del Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria de 16 de marzo de 1998 y a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra de 20 de enero de 2001, cuya transcripción omitimos por ser pronunciamientos conocidos por la interesada, evitando así inútiles reiteraciones. Es más: habiéndose denegado la posibilidad de que se practique la deducción en el ejercicio de origen, difícilmente puede pretenderse la aplicación de "restos" de deducción fundados en aquel ejercicio, ya que tales restos, sencillamente, no existen.

SEXTO.- Y en lo que hace a lo relativo a los elementos acogibles a la Reserva Especial para Inversiones, ha de indicarse que cuestión de similares características a la aquí planteada, al menos en parte, se resolvió mediante Acuerdo del Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria de 14 de mayo de 1998, que fue luego objeto de impugnación ante la jurisdicción contencioso-administrativa, dando lugar a la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Navarra, de 9 de febrero de 2001. Lógicamente, la posterior exposición habrá de ser los criterios fijados tanto en el mencionado Acuerdo como en la Sentencia.

SEPTIMO.- Entre los beneficios fiscales recogidos en la Ley Foral 12/1993, de 12 de noviembre, de apoyo a la inversión y a la actividad económica y otras medidas tributarias, figura una medida de política fiscal que permite que cuando por las entidades sujetas al Impuesto sobre Sociedades se destinen a la reserva especial para inversiones parte de sus beneficios obtenidos en cada ejercicio cerrado entre el 1 de enero de 1993 y el 31 de diciembre de 1997, dichas entidades practiquen una reducción de la base imponible de un 60 por ciento del importe de dicho beneficio contable destinado a la mencionada reserva, siempre y cuando, claro está, el importe de dicha reserva se materialice en determinados tipos de bienes que marca la propia Ley Foral 12/1993. Concretamente, el artículo 3º.1.4º de dicha Ley Foral establece los bienes en que ha de materializarse la inversión:

a) Edificaciones de carácter industrial, así como los terrenos sobre los que se hallen enclavadas.

b) Maquinaria e instalaciones.

c) Vehículos industriales.

d) Equipos para procesos de información.

e) Utillajes tales como plantillas y moldes utilizados con carácter permanente para fabricación en serie.

Como bien se puso de manifiesto en anteriores Acuerdos del Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria, la interpretación del contenido de algunas de estas categorías no es pacífica (puede interpretarse conforme a criterios de carácter civilístico, mercantil o contable). No obstante, no debe olvidarse que el artículo 23.1 de la Ley General Tributaria establece que "las normas tributarias se interpretarán conforme a los criterios admitidos en Derecho", lo que, conforme a la más autorizada doctrina, excluye la utilización de criterios de carácter económico en la interpretación de las normas tributarias. En definitiva: se trata de determinar cuál es el sentido que debe darse a la expresión "maquinaria e instalaciones", que aparece en la norma antes transcrita, puesto que no hay coincidencia de pareceres entre la Administración Tributaria y la entidad recurrente.

OCTAVO.- Si nos atenemos a las definiciones que contiene el Plan General de Contabilidad, nos encontramos con que el inmovilizado (género en el que se incardinan las categorías objeto de controversia) comprende los elementos del patrimonio destinados a servir de forma duradera en la actividad de la empresa. El género inmovilizado se subdivide, a su vez, en inmovilizado material e inmaterial, hallándose constituido el primero de los subgéneros por todos aquellos bienes tangibles, inmuebles, muebles o semovientes, que estén incorporados efectivamente al patrimonio del sujeto pasivo. Por último, entre las cuentas que integran el inmovilizado material se hallan las de construcciones e instalaciones. La primera de ellas (que se identifica en el Plan General de Contabilidad con el número 221) acoge en su seno las edificaciones en general, cualquiera que sea su destino. En el mismo subgrupo relativo al inmovilizado material se integra la cuenta 222 ("Instalaciones técnicas") bajo la que se incluyen las unidades complejas de uso especializado en el proceso productivo, que comprenden: edificaciones, material, piezas o elementos, incluidos los sistemas informáticos que, aun siendo separables por naturaleza, están ligados, de forma definitiva, para su funcionamiento y sometidos al mismo ritmo de amortización, especificándose, además, en la definición de dicha cuenta que se incluirán, asimismo, los repuestos o recambios válidos exclusivamente para este tipo de instalaciones. Por último, en el contenido de la cuenta 225 ("Otras instalaciones") se incluye el conjunto de elementos ligados de forma definitiva para su funcionamiento y sometidos al mismo ritmo de amortización, distintos de los señalados en la cuenta 221, juntamente con los repuestos o recambios válidos exclusivamente para este tipo de instalaciones. No debe olvidarse, por otro lado, que en las Normas de Valoración del Plan General de Contabilidad se dice que formarán parte del precio de adquisición o coste de producción de las construcciones, además de todas aquellas instalaciones y elementos que tengan carácter de permanencia, las tasas inherentes a la construcción y los honorarios facultativos de proyecto y dirección de obra (letra b de la Norma 3ª). Por otro lado, la letra h) de la misma Norma 3ª dispone que los costes de renovación, ampliación o mejora de los bienes de inmovilizado material sean incorporados al activo como mayor valor del bien, en la medida en que supongan un aumento de su capacidad, productividad o alargamiento de su vida útil, y siempre que sea posible conocer o estimar razonablemente el valor neto contable de los elementos que, por haber sido sustituidos, deban ser dados de baja del inventario.

NOVENO.- Pero no por el hecho de haber citado aquí la normativa contable debemos olvidarnos del contenido de la normativa civil, singularmente en lo que se refiere al concepto de los inmuebles por accesión. En efecto, el Código Civil en su artículo 334.3º dice que ha de atribuirse el carácter de bien inmueble a "todo lo que esté unido a un inmueble de una manera fija, de suerte que no pueda separarse de él sin quebrantamiento de la materia o deterioro del objeto" y, paralelamente, la Ley 347 del Fuero Nuevo dice que "son bienes inmuebles las fincas y los derechos sobre las mismas, así como, salvo prueba en contrario, todo lo que a ellas se halla inseparablemente unido y los accesorios que se destinan a su servicio". Así que no podemos sino coincidir con el Tribunal Superior de Justicia de Navarra cuando en Sentencia de 9 de febrero de 2001, y en resolución de idéntica cuestión a la aquí planteada, dice que las "inversiones realizadas en obras de construcción y albañilería, falsos techos y revestimientos, instalaciones eléctricas, fontanería, acristalamientos, honorarios profesionales y licencia de obras, pintura de las obras y cerramientos en madera o metálicos (...) deben considerarse realizadas que forman parte de, en este caso, edificaciones no industriales y ello porque tales inversiones se realizan sobre elementos que no tienen sustantividad propia, que están al servicio del propio inmueble (al que quedan incorporados de manera inseparable y permanente) y no al servicio propio de la actividad, lo que determina su consideración de inmueble por accesión".

DECIMO.- Dicha Sentencia de 9 de febrero de 2001 hace también referencia a la inclusión o no en el concepto de maquinaria de inversiones tales como las realizadas en "redes y aparatos de telefonía, estanterías, mostradores, armarios, mesas, sillas, felpudos, persianas, telefax, fotocopiadoras, equipos de microfilm, destructoras de documentos, encuadernadoras, plegadoras de papel, programas informáticos...", llegándose a la conclusión de que dichos elementos forman parte de lo que ha de entenderse por mobiliario, categoría que no se halla incluida entre las que se enumeran en el artículo 3º.1.4º de la Ley Foral 12/1993, y que habilitan para la práctica de la reducción debatida. "Así, en particular, debe reputarse como mobiliario en sentido vulgar (estanterías, mostradores, armarios, mesas, sillas, felpudos, persianas...), como equipos genéricos de oficina y, por ende, como mobiliario conforme al Plan General Contable (redes y aparatos de telefonía, telefax, fotocopiadoras, equipos de microfilm, destructoras de documentos, encuadernadoras, plegadoras de papel...) y, en particular, como activo fijo inmaterial, los programas informáticos". Ello conduce a la desestimación de la pretensión de la interesada en este primer aspecto relacionado con la Reserva Especial para Inversiones.

UNDECIMO.- Por último, procede determinar qué haya de entenderse por vehículo industrial a los efectos de la aplicación del beneficio fiscal examinado. Nuevamente, ni la propia Ley Foral 12/1993, ni la normativa del Impuesto sobre Sociedades (a cuyos sujetos pasivos parece ir especialmente encaminada esta Reserva Especial para Inversiones) nos ofrecen un concepto de vehículo industrial. Y ante tal deficiencia parece lo más razonable acudir, en primer lugar, a la propia normativa fiscal (es decir, a otros tributos) para ver si hallamos un concepto de vehículo industrial. Y la única referencia que en la normativa tributaria hallamos respecto del concepto "vehículo industrial", la encontramos en el Impuesto sobre el Valor Añadido. Así, el apartado 25 del número 3 del artículo 21 de la Ley 30/1985, de 2 de agosto, del Impuesto sobre el Valor Añadido, en la redacción dada a este precepto por el artículo 3º. Sexto del Real Decreto-Ley 7/1988, de 29 de diciembre, ya definía vehículo automóvil industrial como "todo vehículo a motor apto para circular por carretera que, por sus características y equipamiento, resulte adecuado y esté efectivamente destinado al transporte, con o sin remuneración, de más de nueve personas, incluido el conductor, o de mercancías, así como para otros usos especiales distintos del transporte". Y posteriormente, el artículo 57.2 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido, venía a recoger un concepto de vehículo automóvil industrial casi idéntico al anterior: "todo vehículo a motor apto para circular por carretera que, por sus características y equipamiento, resulte adecuado y esté efectivamente destinado al transporte, con o sin remuneración, de más de nueve personas, incluido el conductor, o de mercancías, así como para otros usos industriales distintos del transporte". Y con todo ser ésta una redacción casi idéntica a la anterior es muy reveladora de cara a la determinación del significado de la expresión "vehículo industrial", que es lo que pretendemos obtener con todo este estudio. Obsérvese que el precepto últimamente transcrito habla de "otros usos industriales distintos del transporte", con lo que conceptúa como uso industrial al transporte, lo que nos lleva a concluir que cabe una amplísima interpretación del concepto "vehículo industrial", incluyéndose aquí no sólo el destinado a su utilización dentro del recinto donde se desarrolle la actividad económica (v. gr., una carretilla elevadora), sino todo aquel otro vehículo destinado en exclusiva -eso sí- al desarrollo de la actividad empresarial. Abundando en una tal interpretación del concepto de "vehículo industrial" ha de tomarse en consideración el contenido del artículo 3 de la Ley 39/1997, de 8 de octubre, por la que se aprueba el programa PREVER para la modernización del parque de vehículos automóviles, el incremento de la seguridad vial y la protección del medio ambiente, en relación con los números 23 y 26 del anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Dicho artículo 3 prevé la posibilidad de que determinados sujetos pasivos se deduzcan "de la cuota íntegra del Impuesto sobre Sociedades o de la cuota íntegra del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas el importe de las bonificaciones otorgadas a los compradores y, en su caso, a los arrendatarios financieros, de vehículos industriales nuevos de menos de 6 toneladas de peso máximo autorizado que justifiquen que han dado de baja para el desguace otro vehículo industrial de menos de 6 toneladas de peso máximo autorizado (...), cuando concurran las siguientes condiciones: (...)

b) Que tanto el vehículo nuevo como el vehículo para el desguace deberán estar comprendidos en los números 23 y 26 del anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo, por el que se aprueba el texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (...)".

Así que sin mayor esfuerzo puede concluirse que entre los vehículos industriales se hallan los mencionados en los señalados números 23 y 26 cuyo contenido es el siguiente:

"23. Camión.- Automóvil concebido y construido para el transporte de cosas. Se excluye de esta definición la motocicleta de tres ruedas, concebida y construida para el transporte de cosas, cuya tara no exceda de 400 kilogramos.

26. Vehículo mixto.- Automóvil especialmente dispuesto para el transporte, simultáneo o no, de mercancías y personas hasta un máximo de nueve incluido el conductor, y en el que se puede sustituir eventualmente la carga, total o parcialmente, por personas mediante la adición de asientos".

Pues bien: tratándose en el caso de la pretensión de acoger a la Reserva Especial para Inversiones la adquisición de vehículos de las marcas y modelos Audi A4, Opel Frontera y Land Rover, es evidente que tales vehículos no pueden ser calificados como vehículos industriales, de acuerdo con la definición de dicho concepto que se ha ofrecido con anterioridad, sino que más bien tales automóviles han de ser calificados como "turismos", según la definición que de los mismos hace el número 22 del mismo anexo del Real Decreto Legislativo 339/1990, de 2 de marzo. Por tanto, tampoco puede atenderse la pretensión de la interesada en este concreto punto.

Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por la representación de la Compañía Mercantil "(?)" contra liquidaciones provisionales practicadas por el Impuesto sobre Sociedades correspondientes a los ejercicios cerrados en 31 de diciembre de 1992, 31 de diciembre de 1993, 31 de diciembre de 1994 y 31 de diciembre de 1995, confirmándose dichas liquidaciones en todos sus extremos.

Reservas especiales
Inversiones
Liquidación provisional del impuesto
Acogimiento
Impuesto sobre sociedades
Inmovilizado material
Jurisdicción contencioso-administrativa
Deducciones por creación de empleo
Falta de competencia
Acto administrativo impugnado
Automóviles de turismo
Beneficios fiscales
Modelo 564. Impuesto sobre Hidrocarburos
Declaraciones-autoliquidaciones
Actividades económicas
Bienes inmuebles
Indefensión
Cuestiones de fondo
Impuesto sobre el Valor Añadido
Actividades empresariales
Accesión
Reducción de la base imponible
Disminución de la base imponible
Mercancías
Valor de los bienes
Valor neto contable
Licencia de obras
Cuota íntegra
Honorarios profesionales
Prueba en contrario
Inventarios
Activo no corriente
Circulación de vehículos
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Protección medioambiental
Arrendatario
Bonificaciones
Motocicletas

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RDLeg. 339/1990 de 2 de Mar (Texto articulado de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 63 Fecha de Publicación: 14/03/1990 Fecha de entrada en vigor: 03/04/1990 Órgano Emisor: Ministerio Del Interior

Ley 30/1992 de 26 de Nov (Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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