Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 980851 de 11 de Diciembre de 2000

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 11 de Diciembre de 2000
  • Núm. Resolución: 980851

Resumen

Recurre el interesado liquidaciones practicadas por los conceptos de formalización escrituraria de hipoteca en garantía de préstamo, subrogación hipotecaria y segunda entrega de edificación. El Órgano inadmite por extemporaneidad. En este caso, no se incurrió en error de hecho, patente y que requiera interpretación de la norma, ni tampoco se trata de ingresos indebidos. Sino que, se trata de error de Derecho. Así, resulta aplicable el plazo de un mes para interponer recurso. En cuanto a las notificaciones que se hicieron a presentador de documentos, deben tenerse por determinantes. Por tanto, de los datos que obran en el expediente se desprende que el recurso se formuló extemporáneamente y no procede conocer del fondo.

Cuestión

1º) Extemporaneidad de recurso de alzada. 2º) Notificación a presentador de documentos.

Contestación

En examen de recurso interpuesto por la Compañía ?(XXX)? contra liquidaciones practicadas por Ac-tos Jurídicos Documentados por los conceptos de formalización escrituraria de hipoteca en garantía de préstamo, subrogación hipotecaria y segunda entrega de edificación.

ANTECEDENTES DE HECHO

Por escritura notarial de (?) de diciembre de 1997 se formalizó contrato de concesión de crédito en cuenta corriente a favor de la Compañía y por parte de la Caja (?); y mediante otra escritura de la misma fecha se produjo la venta, a la recurrente y por parte de ?(YYY)?, de bien inmueble, dándose junto con ello la subrogación de la recurrente en la posición de prestatario en préstamo hipotecario. Al respecto la Sección gestora del Impuesto practicó sendas liquidaciones (números (?), (?) y (?), todas ellas de 1998), dándose lugar a unas deudas de respectivamente 100.683 pesetas, 102.229 pesetas y 167.761. Y frente a ellas viene la Compañía a interponer el presente recurso aduciendo que le resultaba de aplicación en el caso una bonificación del 99 por ciento de correspondientes cuotas al tratarse de una Sociedad Anónima Laboral que cumplía los requisitos al respecto establecidos por la Disposición Adicional Segunda de la Ley Foral 22/1997, de 30 de diciembre.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

1.- Ha de declararse por este Organo en primer lugar su competen-cia, por razón de la materia y de la naturaleza del acto impugnado (artículo 2º.1.a. de su Reglamento), para conocer del presente recurso, el cual, por otra parte, ha sido formulado por persona dotada de legitimación activa al efecto, al venir afectada en sus intereses por los actos impugnados y habiendo actuado mediante representación adecuada al efecto.

2.- Dicho lo anterior, ha de señalarse que aún existe otro indispensable presupuesto procedimental de admisión de un recurso, cuyo presupuesto consiste en el examen de si en el caso de que se trate se ha producido la correspondiente actividad impugnatoria en el plazo establecido al efecto. Y a este respecto ha de decirse que si en las liquidaciones ahora impugnadas se incurrió en algún error (no se afirma que así hubiera sido) el tal hipotético error habría de calificarse como de Derecho y no como de hecho, dado que la detec-ción de ese su-puesto error requeriría la interpretación y aplicación de normas jurídicas; en efecto, de orden netamente ju-rídico es la determinación de si en el caso se dio o no un hecho imponible contemplado por la norma a efectos de bonificación de cuota y sobre todo si se cumplían o no los requisitos y condiciones que la normativa establece al respecto. En efecto, ello exigiría subsumir unos determinados ele-mentos fácti-cos de la realidad en el presupuesto de hecho descrito al respecto en la normativa, lo cual sig-nifica efectuar unas determinaciones calificadoras en las que se re-quiere la invocación, interpretación y aplicación de las correspondientes normas jurídico-tributarias. Así pues, queda claro que no es de aplicación al caso el mero procedimiento de devolu-ción por errores de hecho (aritméticos o materiales) que se regula en los artí-culos 176 y siguientes del Reglamento del Impuesto. No cabe tampoco aplicar (en un intento de exhaustivo exa-men de posibilidades procedimentales en favor de la Compañía interesada) el articu-lo 144.d del Reglamento del Impuesto, que esta-blece que el derecho a la devo-lución de los ingresos indebidos prescribe a los cinco años (cuatro años a partir de 1 de julio de 1999) desde que se efec-tuó el in-greso que indebido se repute. En efecto, ya en general ha de tenerse en cuenta que el procedimiento de devolu-ción de ingresos indebidos tiene que referirse estric-tamente o bien a supuestos en que se haya decla-rado ya el derecho a tal devolución en el caso concreto de que se trate y con contemplación, por tan-to, específica del mismo ( en cuyo caso se convierte en un simple procedi-miento de ejecución de resoluciones administrativas o de senten-cias judiciales); o bien a supuestos en que se haya producido un error de hecho que por el propio pro-cedi-miento autónomo de devolución venga a ser señalado, en cuyo caso el tal procedimiento no es de naturaleza di-ferente del de rectificación de errores de hecho; o bien, por último (y de conformidad con lo señalado en Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de mayo de 1.971), a supuestos en que lo acontecido haya sido la produc-ción de un ingreso originado en un acto nulo de pleno derecho o que infrinja manifiesta-mente la ley. Y espe-cialmente por lo que se refiere a la normativa del Im-puesto, el articulo 144.d del Regla-mento del Impuesto, relativo a esa hipotética devolu-ción de ingresos inde-bidos, ha de ponerse en relación con aquel mismo arti-culo 176 ya citado más arriba, el cual se refiere a devolución de ingresos indebidos por error de hecho, como equivocación aritmética al practi-car la liquida-ción o señalamiento de tipo de gravamen que con evi-dencia no corresponda al concepto liquidado, o dupli-cación de pago de la deuda tributaria, a cuyos supues-tos podría agregarse el ya dicho de reconocimien-to por parte de la Administración del carácter de inde-bido de un ingreso; el dicho artículo 144.d del Regla-mento del Impuesto no puede conectarse indiscriminadamente con el derecho que el contribuyente pretenda a la devolución de cualesquiera ingresos que el mismo juzgue indebidos, pues tal interpretación con-duciría al absurdo de pro-ducir en todos los casos (tam-bién en aquellos en que no puede hablarse, por e-jemplo, de error de hecho) la in-utilidad del perentorio plazo de impugnación estable-cido por la normativa en relación con la materia que en las liquidaciones venga determi-nada por la interpreta-ción y por la aplicación de las correspondientes normas jurídico-tributarias. Y es que, como se señala en Sen-tencia del Tribunal Supre-mo de 13 de mayo de 1.988, "... una cosa es lo que vul-garmente se entiende por ingreso indebido y otra muy distinta lo que técnica-mente constituye esa figura". Y cualquiera que sea en el caso el fundamento de la pretensión de devolución, el tal ha de relacionarse con pretendido error de de-recho, como se ha visto, pues el contrario error de hecho es aquel que resulta evidente a la vista de los documentos obrantes en el expediente ya en su momento (cuando se dictó el acto administrativo -aquí liquida-ción tributaria- que se pre-tenda aquejado de error), y ello tal como tiene señala-do el Tribunal Su-premo en Sentencias de 8 de julio de 1.982 y 20 de ju-lio de 1.984; y además, natu-ralmente, se requiere que la de-tección de tal error de hecho re-sulte independiente de cualquier criterio in-terpretati-vo acerca de normativa tributaria (o de otra índole) aplicable. En definitiva, que como se ha señalado hasta la saciedad, si es que en el presente caso se dio error en la prác-tica de las dichas liquidaciones, el tal habría de califi-carse como de derecho y para su corrección había de estarse a la necesidad de interpo-sición de recurso en plazo, siendo éste, de conformidad con lo que se señala en el artí-culo 178.2 del Reglamen-to del Impuesto, de un mes con-tado desde el día si--guiente al de notificación del acto liquidatorio que se pretenda impugnar. Pues bien: de los datos del expediente se desprende que ha de enten-derse producida la notifica-ción y el conoci-miento de las liquidaciones en 16 de enero de 1998 (la número (?) de 1998) y en 18 de febrero de 1998 (las números (?) y (?) de 1998), con el añadido (aquí ciertamente inútil) de haberse efectuado el ingreso de correspondientes cuotas en respectivamente 20 de enero y 23 de febrero de 1998 y de haberse efectuado en 30 de junio de 1998 la aprobación de cuentas del ejercicio 1997, de cuya aprobación dependía el cumplimiento del requisito de haber de destinar al Fondo Especial de Reserva, en el ejercicio en que se produzca el hecho imponible por el Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, el 25 por ciento de los beneficios obtenidos. Y con todo ello resulta que la primera impugnación al respecto se produjo en 20 de agosto de 1998. En fin, aún cabría preguntarse, a efectos de tomar aquellas correspondientes notificaciones como determinantes de la fecha de comienzo del plazo para recurrir, cuál haya de ser la relevancia atribuible al hecho de que esas notificaciones se hicieron a presentador, en su día, de correspondientes documentos. Pues bien: a ese respecto ha de verse lo siguiente. Cierto es que, según la normativa general de procedimiento administrativo, para que una notificación de un acto administrativo haya de surtir efectos con relación a un contribuyente es indispensable que la tal se haga personalmente a éste o a alguna de las personas que el artículo 59.2 de la Ley procedimental general y las disposiciones complementarias señalan como posibles sustitutas para recibir la notificación, o bien, por último, a un representante que el contribuyente señale expresa y específicamente a tal objeto; y que no vale admitir como buena una notificación hecha simplemente a una tercera persona que se haya limitado a efectuar gestiones ante la Administración. La representación que el artículo 24 de la anterior Ley de Procedimiento Administrativo y el artículo 32.3 ?in fine? de la actual Ley procedimental general presumen que ostenta el que gestiona intereses privados ante la Administración se limita a los actos y gestiones de mero trámite, entre los cuales, por razón de las consecuencias fatales de las notificaciones en orden a cómputo de plazos de impugnación y a la misma posibilidad de recurrir, no pueden encontrarse precisamente las recepciones de notificación de actos recurribles. En definitiva, que según el sistema informante de la dicha normativa general de procedimiento, si para impugnar los actos liquidatorios (definitorios de obligaciones del contribuyente) se exige acreditar la representación de éste, igualmente (dejando aparte las personas a que se refiere el citado artículo 59.2) habrá de exigirse acreditar esa representación para la recepción de las notificaciones de esos actos definitorios, cuales son los liquidatorios de deuda tributaria. Ahora bien, lo anterior (ya se ha dicho) con carácter general, pues, por lo que concretamente se refiere al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales o al de Sucesiones o al de Actos Jurídicos Documentados, los tales son los únicos Tributos en que se halla establecida una figura (la del presentador del documento) a la que la norma atribuye expresamente tan gran virtualidad y poderío de gestión que la señala como específico y cualificado mandatario del contribuyente. Así, por determinación expresa de la normativa, el tal desempeña especialmente la función de, en su caso, cumplir la obligación que, según el artículo 40 de la Norma del Parlamento Foral de 17 de marzo de 1981, pesa en principio sobre los sujetos pasivos en cuanto a presentación de los documentos comprensivos de los correspondientes hechos imponibles o a formulación de eventual declaración sustitutiva. Y en congruencia con ese asignado papel que el presentador del documento ostenta en el ámbito de estos Impuestos, el tal viene señalado también, por determinación asimismo de la normativa del Impuesto, como persona apta para recibir la correspondiente notificación. En efecto, se establece (apartado 3 del dicho artículo 40 de la Norma básica del Impuesto, cuyo apartado se agregó por Ley Foral 12/1992, de 20 de octubre) que ?el presentador del documento tendrá, por el solo hecho de la presentación, el carácter de mandatario de los obligados al pago del Impuesto, y todas las notificaciones que se le hagan en relación con el documento que haya presentado, así como las diligencias que suscriba, tendrán el mismo valor y producirán iguales efectos que si se hubieran entendido con los propios interesados?, como, con especial referencia al propio ordenamiento tributario de Navarra (en la similar configuración de la materia que en tiempos pasados se contenía en la normativa anterior a la citada), vino a señalar Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1988. Y es que no podía ser de otra forma, ya que, siendo así que, según aquel artículo 40 de la Norma básica del Impuesto, recae primariamente sobre los sujetos pasivos la obligación de presentar los correspondientes documentos, la dejación de ese cumplimiento en manos de la figura de un presentador hace que el sujeto pasivo no pueda venir favorecido por consideración alguna de indefensión subsiguiente. A mayor abundamiento, ocurre que el artículo 150 del Reglamento del Impuesto establece en general que ?los Notarios que autoricen cualquier documento sujeto al pago del Impuesto consignarán en el mismo (...) el plazo dentro del cual están obligados los interesados a presentarlo a liquidación, así como la afección de los bienes al pago del Impuesto correspondiente a las transmisiones que de ellos se hubieran realizado y las responsabilidades en que incurran en el caso de no efectuar la presentación?. Así que, teniendo en cuenta que la Compañía del caso hubo de resultar avisada por el Notario de su obligación de presentar el documento, es evidente que la normativa no puede haber querido que la pasividad de esa Compañía, correlativa a la actuación de un presentador, se vea beneficiada con la posibilidad de poder tachar luego de nulas y sin valor ni efecto algunos las notificaciones de referencia, hechas a tal presentador. En definitiva, que resulta claro que en la formulación del presente recurso no se respetó aquel plazo de un mes establecido al efecto, sino que la tal se llevó a cabo extemporáneamente; y de tal suerte, este Organo ha de abstenerse del conocimiento del fondo del asunto, ante la falta de tan ineludible presupuesto procedimental como es el de actividad impugnatoria en plazo.

Y en virtud de ello, este Organo, en sesión celebrada el día de la fecha arriba indicada, acuerda inadmitir, por razón de extemporaneidad, recurso interpuesto por la Compañía ?(XXX)? contra liquidaciones (números (?), (?) y (?), de 1998) practicadas por Actos Jurídicos Documentados y por los conceptos de formalización escrituraria de hipoteca en garantía de préstamo, subrogación hipotecaria y segunda entrega de edificación.

Error de hecho
Ingresos indebidos
Subrogación en la hipoteca
Hipoteca
Bonificaciones
Error de derecho
Cuenta corriente
Subrogación
Préstamo hipotecario
Bienes inmuebles
Prestatario
Contrato de hipoteca
Sociedad anónima laboral
Legitimación activa
Subsanación de errores
Reintegro de prestación indebida
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Devolución de ingresos indebidos
Pago de la deuda tributaria
Pago de impuestos
Mandatario
Inicio de plazo
Fondo especial de reserva
Cómputo de plazo
Actos jurídicos documentados
Deuda tributaria
Recepción de la notificación
ITPYAJD (Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados)
Cumplimiento de las obligaciones
Declaración sustitutiva
Responsabilidad
Afección de bienes
Indefensión
Fondo del asunto

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