Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 980979 de 25 de Septiembre de 2002

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 25 de Septiembre de 2002
  • Núm. Resolución: 980979

Resumen

Sociedades vinculadas: prestación de servicios; valoración a valor de mercado. La propuesta inspectora minora en los distintos ejercicios el importe de los gastos deducibles. Sanción: procedente. SE DESESTIMA.

Cuestión

Sociedades vinculadas y valoración a valor de mercado. Sanción: procedente.

Contestación

Examinados escritos presentados por Don HHH en representación de la sociedad "GGG", con C.I.F. número A-ZZ-ZZZZZZ y domicilio en CCC (Navarra), en relación con liquidaciones derivadas de Actas de Inspección levantadas por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 1992 a 1996.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Inspección de la Hacienda de Navarra se iniciaron actuaciones tendentes a la comprobación y, en su caso, regularización de la situación tributaria del sujeto pasivo en relación con el Impuesto y años de referencia, derivando en Actas, suscritas en disconformidad, números (...) a (...), que contenían la correspondiente propuesta inspectora.

SEGUNDO.- A la vista de dicha propuesta, del informe ampliatorio de la Inspección y de las alegaciones presentadas por los interesados, vino a dictarse por el Jefe de la Sección gestora acto administrativo confirmatorio de la dicha propuesta, girándose a continuación las oportunas liquidaciones. Y contra dichos actos administrativos viene ahora la entidad interesada a interponer reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico-Administrativo Foral mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda, de (...) de diciembre de 1998, completado con otro de (...) de marzo de 2000, oponiéndose a la valoración realizada por el Servicio de Inspección de las prestaciones de servicios recibidas y a la imposición de sanción por su conducta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Tribunal Económico-Administrativo Foral para el conocimiento y resolución de la reclamación económico-administrativa interpuesta, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 154 y 155 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y artículos 18 y 19 del Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, habiendo sido formulado el recurso dentro de plazo y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- El artículo 12 del Texto Refundido de las disposiciones del Impuesto sobre Sociedades establecía: "3. No obstante lo dispuesto en los números anteriores, cuando se trate de operaciones entre sociedades vinculadas, su valoración a efectos de este Impuesto se realizará de conformidad con los precios que serían acordados en condiciones normales de mercado entre partes independientes." A estos efectos, según dispone el apartado 5 del mismo artículo "se entenderá que existe vinculación entre dos sociedades cuando participen directa o indirectamente, al menos en el 25 por 100, en el capital social de otra o cuando, sin mediar esta circunstancia, una sociedad ejerza en otra funciones que impliquen el ejercicio del poder de decisión." En el presente caso, la sociedad "FFF", poseedora del 75 por ciento del capital social de la ahora recurrente, prestó a la misma diversos servicios durante los ejercicios a que se concreta la inspección, servicios que conforme a la normativa citada deberían ser valorados a valor de mercado. Como consecuencia de tal valoración, la propuesta inspectora minora en los distintos ejercicios el importe de los gastos deducibles, minoración a la que se opone la entidad recurrente.

Alega, en primer lugar la recurrente que los servicios recibidos son más amplios que los que la inspección ha tenido en cuenta a efectos de determinar el presunto valor de mercado. En relación con dicha cuestión, aportó la recurrente ya en su momento copia del contrato suscrito entre ambas sociedades, en el que se recogen como servicios a prestar los de dirección y gestión de la empresa, servicios contables, servicios legales y fiscales y servicios laborales, detallándose el contenido de los mismos. Por su parte, los inspectores actuantes requirieron a diversos profesionales los datos necesarios para determinar el valor de mercado de operaciones relativas a prestación de diversos servicios fiscales, laborales y contables. En primer lugar, se observa una notable similitud entre las operaciones que en los citados campos fiscal, laboral y contable se incluyen en el contrato aportado y los que se describen en los requerimientos remitidos por los inspectores actuantes. Por otra parte, no viene a acreditarse por la entidad recurrente la pretendida mayor extensión de los servicios percibidos dado que las facturas aportadas no especifican el contenido de los mismos, limitándose a un genérico "servicios prestados durante el mes de XXX de 199X" (salvo en la factura número (...), de (...) de junio de 1995, en la que se incluye una partida "servicios prestados por D. BBB por preparación de la presentación a Concurso de (...)", de donde podemos deducir que tales operaciones sólo fueron objeto de prestación en dicha ocasión), teniendo en cuenta que el propio contrato suscrito establece que la entidad "FFF" se compromete a prestar ciertos servicios "en la medida de sus posibilidades. En caso de que no fuera posible su prestación directa de parte de EEE ("FFF"), ésta se encargará de la intermediación en la prestación de los mismos así como su contratación". Tampoco aparece recogido en el contrato las actividades de "cesión de espacio físico" a que se hace referencia en el escrito de recurso como uno de los contenidos de los servicios prestados. Del mismo modo, se recoge en el informe ampliatorio elaborado por la inspección la existencia de honorarios satisfechos a "AAA" por diversos servicios de asesoramiento legal prestados a la entidad recurrente durante los años inspeccionados. Por otra parte, se recoge también en el informe ampliatorio la existencia de gastos generados por la remuneración de los miembros del Consejo de Administración, quienes razonablemente asumirán las funciones de representación de la entidad recurrente, sin que sea obstáculo para ello el que los integrantes de dicho Consejo no residan en Navarra. Y, en cuanto a la inexistencia de persona alguna con poderes de representación de la entidad, en el mismo recurso se adjunta escritura de otorgamiento de poder en la que interviene el Doctor DDD "en nombre y representación" de la entidad ahora recurrente y en la que expresamente se recoge que "la representación de la Sociedad en juicio y fuera de él corresponde al Consejo de administración, en la forma dispuesta en los Estatutos, y se extenderá a todos los actos comprendidos en el objeto social" (artículo 18 de los Estatutos); y la misma persona aparece como representante de la entidad en el contrato de servicios pactado. De acuerdo con todo lo anterior, debemos desestimar esta primera alegación realizada por la entidad recurrente.

TERCERO.- Se opone en segundo lugar la recurrente al importe tomado por los actuarios para determinar el valor de los servicios prestados. A tal efecto se ha tomado el valor de las partidas correspondientes a "Auditoría de Cuentas, Contabilidad y asesoría fiscal, Asesoría laboral y Mantenimiento informático" soportado por una empresa competidora de la inspeccionada y con un volumen de negocios y número de empleados superior en un 50% al de "GGG" durante el año 1996. Señala la recurrente que respecto de dicho importe no se ha tenido en cuenta la posibilidad de fluctuaciones en cantidad o en precio a lo largo de los años. Pues bien, en relación con dicha cuestión hemos de tener presente, en primer lugar, que la inspección ha tomado como valor de referencia el correspondiente a una empresa dedicada a la misma actividad (en consecuencia, de similar configuración y necesidades) y de volumen notablemente superior, cifra notablemente superior a las demás valoraciones que han tenido a su disposición los inspectores actuantes. Así mismo, en cuanto a la posible fluctuación en el coste de los servicios, siendo la tendencia general que los precios aumenten y no que disminuyan, no parece incorrecta la actuación de la inspección al tomar el importe correspondiente al año 1996, último de los inspeccionados, y aplicarlo a todos ellos, desde el ejercicio 1992. Y, consultados los datos obrantes en poder de la Administración y de acuerdo con las propias declaraciones del impuesto presentadas, tampoco se aprecian fluctuaciones que pudieran justificar una variación en el importe de gastos admitido en lo relativo a personal, volumen de negocios, etc. Así pues, debemos considerar correcta la valoración de gastos realizada por los inspectores actuantes en relación con los servicios prestados por "FFF" a la entidad ahora recurrente.

CUARTO.- Se opone también la recurrente en su escrito a la sanción impuesta como consecuencia de la calificación de la actuación realizada como infracción tributaria de omisión al entender que no concurre el elemento intencional para la aplicación de las sanciones. En este sentido ha de tenerse presente que la normativa aplicable considera infracciones de omisión las actuaciones que tiendan a ocultar el valor exacto de la base imponible, circunstancia que se da en el presente caso en que, como señala el informe de la inspección, "los precios convenidos escapan a cualquier tipo de medida razonable" y en el que no puede alegarse la existencia de diferencia en los criterios de interpretación de las normas, sino mera corrección del importe de los gastos deducibles aplicados.

QUINTO.- Por último, en cuanto a la solicitud a pronunciamiento por parte de la Junta Arbitral prevista en el artículo 45 del Convenio Económico, tal solicitud excede de las competencias de este Tribunal, la cual se limita al conocimiento de las impugnaciones económico-administrativas y la adopción de las propuestas de resolución oportunas.

Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por la representación de la Compañía Mercantil "GGG" contra liquidaciones provisionales derivadas de Actas de Inspección levantadas por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente a los ejercicios 1992 a 1996, confirmándose dichas liquidaciones en sus propios términos.

Valor de mercado
Prestación de servicios
Impuesto sobre sociedades
Gastos deducibles
Capital social
Acta de inspección
Actos confirmatorios
Acto administrativo impugnado
Consejo de administración
Poseedor
Poder de representación
Contratos de servicios
Objeto social
Omisión
Auditoría de cuentas
Infracciones tributarias
Liquidación provisional del impuesto

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