Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 990162 de 25 de Septiembre de 2002

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 25 de Septiembre de 2002
  • Núm. Resolución: 990162

Resumen

Especiales Gasóleo. Tractor con gasóleo tipo B. Levantamiento de Sanción. Responsabilidad del conductor, no de la entidad propietaria del tractor que se encontraba arrendado. Resultado de los análisis de las muestras de carburante. Proporcionalidad de la sanción impuesta. SE DESESTIMA.

Cuestión

Impuestos Especiales: gasóleo bonificado en tractor arrendado

Contestación

Visto escrito presentado por Don BBB en representación de la Compañía Mercantil "AAA", con C.I.F. BZZZZZZZZ y domicilio en (...) (Navarra), en relación con sanción impuesta con motivo de infracción contra la normativa de Impuestos Especiales.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante acta de denuncia suscrita en 12 de agosto de 1998 por la Unidad Fiscal de la 3ª Compañía de la Guardia Civil de (...) se constata que por el vehículo tractor (...), matrícula NA-(...)-VE, de titularidad de la SAT CCC y conducido por Don BBB, se estaba utilizando gasóleo tipo B.

SEGUNDO.- Habiéndose ofrecido a la SAT CCC el correspondiente trámite de alegaciones, ésta manifiesta que el vehículo implicado en la comisión de la infracción se hallaba arrendado a la Compañía Mercantil "AAA", por lo que, en todo caso es esta última Compañía la responsable de la indebida utilización de gasóleo bonificado. Ello dio lugar al sobreseimiento del expediente respecto de dicha SAT CCC, incoándose a continuación expediente sancionador respecto de la ahora reclamante.

TERCERO.- Habiéndose ofrecido a la ahora reclamante el correspondiente trámite de alegaciones, el procedimiento administrativo culminó con la imposición de sanción, mediante Resolución del Jefe de la Sección de Impuestos Especiales y Tasas, de 27 de noviembre de 1998, por entender que con la comisión de dicha conducta se habría producido infracción de la normativa vigente en materia de Impuestos especiales, ya que el vehículo citado en el expositivo anterior no está autorizado a utilizar ese tipo de combustible.

CUARTO.- Y contra dicho acto administrativo viene ahora la interesada a interponer reclamación económico-administrativa ante este Tribunal mediante escrito depositado en Oficina de Correos en (...) de enero de 1999, señalando que la reclamante desconoce todos y cada uno de los hechos que se le imputan, lo que da lugar a una evidente indefensión; que se ha atentado contra el principio "ne bis in idem", básico en materia sancionadora, puesto que se han iniciado dos distintos procedimientos para sancionar una misma conducta (uno a la SAT anteriormente indicada y otro a la reclamante); que, asimismo, se ha atentado contra el principio de individualización de la infracción y de la sanción, ya que nadie puede ser imputado, responsabilizado o castigado por infracciones cometidas por otro; que bien pudo ser que en el caso existiesen el depósito de carburante restos de gasóleo bonificado empleado por la empresa arrendadora, mezclándose con el combustible que repostó la ahora reclamante; que la sanción impuesta atenta contra el principio de proporcionalidad. Solicita, por tanto, sea levantada la sanción impuesta o, subsidiariamente, sea rebajada a 50.000 pesetas.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Tribunal para el conocimiento y resolución de la reclamación económico-administrativa interpuesta, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 154 y 155 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y 18 y 19 del Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, habiendo sido formulada en tiempo hábil y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- Difícilmente puede argumentarse que la Compañía Mercantil recurrente desconociera los hechos que se le imputan, puesto que aun habiéndose consignado en el Acta de denuncia que la titular del vehículo era la SAT CCC (y que luego resultó no ser la infractora, por haber arrendado el vehículo a la ahora reclamante), aparece como conductor del vehículo Don BBB, a la sazón representante de la ahora recurrente. Y es claro que dicho conductor suscribió el acta y formuló, incluso, las siguientes alegaciones: "Que no sabía que para realizar esta labor hacía falta llevar el gasóleo A. Que el ser un tractor agrícola se podía utilizar el gasóleo tipo B". Y a dicho conductor se le entregó, sin duda, copia del acta, que, de momento, él entregó a la SAT CCC, puesto que dicha SAT la adjuntó a las alegaciones que formuló con el fin de verse exonerada de responsabilidad. Luego malamente puede alegarse indefensión, puesto que la ahora reclamante tuvo en todo momento conocimiento de los hechos denunciados, a través de su representante en esta fase del procedimiento de revisión.

TERCERO.- Tampoco puede argumentarse que con la imposición de la sanción del caso se haya atentado contra el principio "ne bis in idem", básico y fundamental en materia sancionadora. Como bien señala la reclamante en su escrito, lo único que sucede en el caso es que se incoaron dos procedimientos sancionadores por los mismos hechos, pero olvida señalar que el primero de ellos fue sobreseído, por haberse exonerado de responsabilidad a la entidad inicialmente imputada. No puede afirmarse, pues, que la Administración esté sancionando repetidamente la misma conducta, puesto que obra en el expediente Resolución del Jefe de la Sección de Impuestos Especiales y Tasas, de 16 de diciembre de 1998, por la que se viene a exonerar de responsabilidad a la entidad SAT CCC. Y como apoyo argumental cabe emplear precisamente la jurisprudencia citada por la interesada en su reclamación, ya que lo que veda el principio "ne bis in idem" es la duplicación de sanciones derivadas de distintos procedimientos respecto de un hecho (vid. Sentencia del Tribunal Constitucional 159/1985), situación que, como hemos dicho, no concurre en el presente caso.

CUARTO.- Tampoco puede argumentarse que con la imposición de esta sanción se haya vulnerado el principio de individualización de la infracción y de la sanción. De acuerdo con las letras b) y c) de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, "a efectos de la imputación de la responsabilidad por la comisión de estas infracciones, tendrán la consideración de autores: (...)

b) Los titulares de vehículos autopropulsados, embarcaciones y maquinarias que utilicen o contengan en sus depósitos carburantes no autorizados expresamente para su funcionamiento, aun cuando los mismos no sean conducidos o patroneados por el propio titular, salvo en los supuestos contemplados en la letra siguiente de este apartado y en el apartado 3.

c) Los arrendatarios de los vehículos y embarcaciones a que se refiere la letra anterior, cuando medie contrato de alquiler sin conductor o patrón, si la infracción se descubriere en el período comprendido entre la fecha del contrato y la devolución de la maquinaria, vehículo o embarcación a su titular".

Como puede verse, la infracción es perfectamente imputable a la reclamante en su calidad de arrendataria del vehículo (vid. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Granada de 15 de marzo y 12 de julio de 1999), sin que pueda achacarse a la Administración, como ya se ha dicho con anterioridad, que haya incurrido en violación del principio sancionador "ne bis in idem", puesto que lo prohibido no es la incoación de distintos procedimientos sancionadores acerca de unos mismos hechos, sino que de ellos derive más de una sanción por esos hechos, siendo así que en el caso sólo se ha impuesto una sanción.

QUINTO.- Alega la reclamante que por el mero hecho de que Don BBB condujese el vehículo en el momento de la denuncia, no puede presumirse la responsabilidad de la reclamante en la comisión de la infracción, puesto que bien pudo ser que en el momento de la denuncia quedasen en el depósito del carburante restos del combustible que había sido previamente repostado por la entidad arrendadora. Pues bien: tampoco puede admitirse tal alegación, puesto que desde el momento en que la reclamante comenzó a beneficiarse de la utilización del vehículo (a través del contrato de arrendamiento) debió preocuparse del gasóleo restante que quedaba en el depósito, procediendo a su extracción para el caso de que el vehículo fuera a ser utilizado en labores que no permitían la utilización de gasóleo bonificado. Y es que, como tienen reiteradamente dicho los Tribunales Superiores de Justicia, este tipo de infracciones pueden sancionarse aun a título de simple negligencia, cual es el caso (vid. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 24 y 29 de noviembre de 2000, Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 15 de mayo y 25 de octubre de 2000, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Granada de 12 de julio de 1999, Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 23 de julio de 1997, 5 de febrero de 1998, 28 de enero, 11 y 17 de febrero y 25 de marzo de 1999, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Sevilla de 19 de marzo de 1999, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la La Rioja de 9 de enero de 1998).

Y por lo que se refiere al hecho de que el análisis de las muestras no es significativo porque podían quedar restos de gasóleo bonificado en el depósito (como ya se ha indicado con anterioridad), lo cierto es que a la vista del análisis efectuado respecto de las muestras, no queda duda alguna de que "el producto analizado contiene el trazador y el colorante del gasóleo B".

Es más: el representante de la reclamante se contradice ahora respecto de las alegaciones que efectuó en el momento de la denuncia. En efecto: parece que en este momento viene a decir que no sabía que en el depósito del carburante pudiera haber gasóleo B, imputando la responsabilidad a la empresa arrendadora del vehículo, mientras que en el momento de la denuncia parecía ser bien consciente de que estaba utilizando gasóleo, puesto que manifestó "que no sabía que para realizar esta labor hacía falta llevar el gasóleo A" y que "al ser un tractor agrícola se podía utilizar el gasóleo tipo B". Todo ello nos lleva a desestimar su pretensión en este concreto punto.

SEXTO.- Por último, alega la interesada que con la imposición de sanción de 300.000 pesetas se atenta contra el principio de proporcionalidad en la imposición de sanciones, ya que no se han tenido en cuenta circunstancias tales como la inexistencia de resistencia, negativa u obstrucción por parte del sujeto infractor a la acción investigadora de la Administración, la escasa capacidad contributiva del infractor, la escasa cantidad de carburante no autorizado que había en el depósito del vehículo al tiempo de la denuncia (con lo que el daño producido a la Administración es mínimo), el hecho de que no haber cometido nunca antes una infracción de este tipo y la falta de culpabilidad en la comisión de la infracción, como ya se ha expuesto en Fundamentos de Derecho anteriores. Denuncia, además, que la Administración no ha concretado los criterios de graduación que ha aplicado para imponer la sanción; pues se ha limitado a realizar una remisión al artículo 119 del Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprobó el Reglamento de lmpuestos Especiales.

Frente a tal alegación ha de oponerse, precisamente y para empezar, el contenido del artículo 119 del Reglamento de Impuestos Especiales a que alude la reclamante, y cuyo tenor literal es el siguiente:

"1. Las sanciones a imponer a los autores en virtud de lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley se graduarán conforme a los criterios del artículo 82 de la Ley General Tributaria que resulten de aplicación, atendiendo, en su caso, a la concurrencia de infracciones cometidas mediante maquinaria, vehículos o embarcaciones de que sea titular una misma persona. Las sanciones a imponer por cada infracción no podrán ser inferiores a los importes y períodos que a continuación se señalan, en atención a la potencia del motor de la maquinaria, vehículo o embarcación con que se ha cometido la infracción:

a) En motores de hasta 10 CV de potencia fiscal, 100.000 pesetas de multa y un mes de inmovilización de la maquinaria vehículo o embarcación.

b) En motores de más de 10 hasta 25 CV de potencia fiscal, 300.000 pesetas de multa y dos meses de inmovilización de la maquinaria vehículo o embarcación.

c) En motores de más de 25 hasta 50 CV de potencia fiscal, 600.000 pesetas de multa y tres meses de inmovilización de la maquinaria vehículo o embarcación.

d) En motores de más de 50 CV de potencia fiscal, 1.000.000 pesetas de multa y un cuatro meses de inmovilización de la maquinaria vehículo o embarcación.

2. Lo dispuesto en el apartado 1 anterior se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 4 del artículo 55 de la Ley".

Partimos, pues, de la base de que en el presente caso que teniendo el vehículo una potencia fiscal de 36,34 CV, ni siquiera ha llegado a imponerse la sanción mínima que correspondía según el criterio de graduación expuesto anteriormente (no puede hablarse, pues, de atentado contra el principio de proporcionalidad, según señala la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 8 de abril de 1999), y no ha de procederse a la elevación de la misma por no incurrir en prohibida "reformatio in peius". Y esto parecería bastar ya para desechar la alegación de la reclamante, puesto que la Administración se ha ajustado en todo momento (incluso, imponiendo sanción inferior a la prevista) al criterio de graduación marcado en la norma (vid., por similitud, el contenido de la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Granada de 22 de marzo de 1999, que viene a decir que no se incurre en falta de motivación de la sanción impuesta, cuando ésta se impone en su grado mínimo posible, atendiendo a la potencia fiscal del vehículo). Pero ha de permitírsenos hacer algunos comentarios acerca de la alegación de la recurrente, por si pudieran resultar aún más ilustrativos acerca de lo ajustado a Derecho de la actuación de la Administración en este concreto punto.

A) Como ya hemos dicho con anterioridad, la conducta del interesado es no sólo típica, sino que, además, es culpable, toda vez que a tenor de lo dispuesto en el artículo 77 de la Ley General Tributaria, las infracciones son sancionables incluso a título de simple negligencia, circunstancia esta última que, al concurrir en el caso que se somete a nuestra consideración, determina la confirmación de la infracción (vid. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de La Rioja de 9 de enero de 1998, Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 5 de febrero de 1998 y 28 de enero, 11 y 17 de febrero, 25 de marzo y 30 de noviembre de 1999, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Granada de 12 de julio de 1999, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Murcia de 11 de mayo de 2000, Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Aragón de 22 de noviembre de 2000 y Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de las Islas Baleares de 31 de mayo de 2001).

B) Respecto de los demás criterios y circunstancias a que alude la reclamante y que podrían dar lugar a la modulación de la sanción, ha de indicarse que fijándose en el artículo 119 del Reglamento de los Impuestos Especiales unas sanciones mínimas en función de la potencia fiscal del vehículo implicado en la infracción, estas circunstancias, caso de concurrir lo harían en perjuicio del sujeto infractor, con lo que de ello sólo podría venir a derivarse finalmente un agravamiento de la sanción a imponer, pero nunca a minorarla (vid. artículo 82 de la Ley General Tributaria), puesto que, de otro modo, se estarían violando esos mínimos a que alude el artículo 119 (vid. Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Granada de 12 de julio de 1999). Con todo, véase que en el presente supuesto la Administración ha impuesto una sanción que queda incluso por debajo del límite que marca el artículo 119.1.c).

En particular, el hecho de haberse cometido con anterioridad esta misma infracción da lugar, en determinadas circunstancias, a que la sanción se agrave, de conformidad con lo previsto en el artículo 55.5 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre. Por otro lado, la concurrencia de buena o mala fe es irrelevante a la hora de graduar las sanciones a imponer con motivo de la comisión de este tipo de infracciones (Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Granada de 13 de julio de 1998). Además, remitiéndose el artículo 119 del Reglamento de los Impuestos Especiales, antes transcrito, a los criterios de graduación del artículo 82 de la Ley General Tributaria, hay que tener en cuenta que tras la reforma de este último precepto por la Ley 25/1995, de 20 de julio, ha desaparecido como criterio modulador de las sanciones tributarias el de la capacidad económica del sujeto infractor (que sí se incluía, sin embargo, en la anterior redacción dada a este precepto por la Ley 10/1985, de 26 de abril). Por último, aun cuando se entendiera que la Administración no ha concretado debidamente los criterios de graduación (y ello por haberse producido la simple remisión al artículo 119 del Reglamento de los Impuestos Especiales), ello acarrearía simplemente la imposición de la sanción en su grado mínimo, pero teniendo siempre en cuenta la potencia fiscal del vehículo implicado (vid. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Extremadura de 5 de febrero de 1998 y 28 de enero, 11 y 17 de febrero, 25 de marzo y 30 de noviembre de 1999, 31 de enero de 2000 -tres- y 8 de marzo de 2000). Por todo ello, ha de declararse acomodada a Derecho la Resolución impugnada.

Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por la representación de la Compañía Mercantil "AAA" contra Resolución del Jefe de la Sección de Impuestos Especiales y Tasas, de 27 de noviembre de 1998, por la que vino a imponerse a la interesada sanción de 300.000 pesetas con motivo de utilización indebida de gasóleo bonificado por el vehículo tractor (...), matrícula NA-(...)-VE, confirmándose dicha Resolución en sus propios términos.

Impuestos especiales
Responsabilidad
Comisiones
Embarcaciones
Principio non bis in idem
Arrendador
Indefensión
Arrendatario
Responsabilidad de los conductores
Expediente sancionador
Acto administrativo impugnado
Exoneración de la responsabilidad
Violación
Contrato de arrendamiento
Reformatio in peius
Mala fe
Sanciones tributarias
Capacidad económica

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 1165/1995 de 7 de Jul (Reglamento de los Impuestos Especiales) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 179 Fecha de Publicación: 28/07/1995 Fecha de entrada en vigor: 01/10/1995 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

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