Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 990492 de 30 de Abril de 2003

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 30 de Abril de 2003
  • Núm. Resolución: 990492

Resumen

Inclusión en el Plan de Inspección: improcedencia del examen de la cuestión, por ser los Planes de Inspección reservados y confidenciales. Estimación indirecta: justificación de valores de los signos, índices o módulos insuficiente, por lo que el expediente debe retrotaerse al momento preciso para que tal extremo se justifique debidamente. Estimación objetiva: lo mismo, en cuanto a la falta de justificación del incremento de la superficie del local en que se desarrolla la actividad empresarial. Deducciones por inversión en vivienda habitual: falta de fundamentación legal, por lo que debe igualmente producirse la retrotracción del expediente para que se realice tal fundamentación. SE ESTIMA EN PARTE.

Cuestión

1º) Carácter reservado de los Planes de Inspección. 2º) Necesidad de que en la propuesta inspectora se justifiquen debidamente sus proposiciones.

Contestación

Visto escrito presentado por don CCC en representación de don BBB y doña AAA, con D.N.I. números ZZ.ZZZ.ZZZ y YY.YYY.YYY, respectivamente, en relación con liquidaciones derivadas de Actas suscritas en disconformidad por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los años 1993 a 1996, ambos inclusive.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por la Inspección de la Hacienda de Navarra se iniciaron actuaciones tendentes a la comprobación y, en su caso, regularización de la situación tributaria de los sujetos pasivos en relación con el Impuesto y años de referencia, derivando en las Actas suscritas en disconformidad números (...) a (...), ambas inclusive.

SEGUNDO.- A la vista de las Actas, del informe ampliatorio y de las alegaciones formuladas por los interesados, dio la Sección gestora en dictar acto administrativo parcialmente confirmatorio de la propuesta inspectora, girándose simultáneamente las oportunas liquidaciones. Y contra todos estos actos administrativos vienen ahora los interesados a interponer reclamación económico-administrativa ante este Tribunal mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda, de (...) de julio de 1999, señalando que los actos impugnados son nulos de pleno derecho con base en los artículos 54 y 62.b) y e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y ello porque iniciada la inspección respecto de don BBB y al detectarse que éste no realizaba la actividad de albañilería que suponía la Inspección, el procedimiento inspector se amplió a su cónyuge por actividad distinta de aquélla que había dado lugar a la iniciación de dicho procedimiento inspector; que tal actitud de la Inspección supone contravención de lo previsto en el artículo 5 del Reglamento de la Inspección, ya que la actuación del inspector actuante no viene dada por la ejecución de los Planes de Inspección; que el hecho de que los cónyuges hubieran efectuado su declaración eligiendo la modalidad de tributación conjunta no impide que debieran realizarse citaciones individuales para cada uno de los cónyuges; que se ha conculcado lo previsto en el artículo 26.b) del Reglamento de la Inspección (de similar tenor al artículo 145.b) de la Ley General Tributaria), según el cual las actas deben contener los elementos esenciales del hecho imponible y su atribución al sujeto pasivo, puesto que el inspector actuante no ha razonado en el acta ni los hechos ni las circunstancias que condujeron a la estimación efectuada, ni tampoco las causas que le han llevado a la elección de los índices empleados; que respecto de los rendimientos derivados de la vivienda habitual, tampoco se han puesto de manifiesto los hechos y demás circunstancias que han llevado a las conclusiones alcanzadas por la Inspección; que tampoco se ha razonado por la Inspección la causa por la que ha venido a incrementarse la superficie del local en que se desarrolla la actividad; que concurren, asimismo, otras irregularidades que dan lugar a la nulidad de pleno derecho de todo lo actuado. Solicitan, pues, sea declarada la nulidad de pleno derecho de los actos impugnados.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Tribunal para el conocimiento y resolución de la reclamación económico-administrativa interpuesta, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 154 y 155 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y 18 y 19 del Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, habiendo sido formulada la reclamación en tiempo hábil y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- El primer motivo de impugnación que esgrimen los recurrentes se basa en el contenido de los artículos 54, 62.1.b) y e) de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, por haberse extendido indebidamente el procedimiento inspector a la esposa del sujeto inicialmente inspeccionado sin ajustarse al contenido del Plan de Inspección.

Como bien dicen los reclamantes en su escrito, el artículo 5º del Reglamento de la Inspección de Hacienda de Navarra, aprobado por Acuerdo de la Diputación Foral de 27 de agosto de 1981 y por Decreto Foral 6/1983, de 3 de marzo, establece textualmente que "a la Inspección corresponderá la ejecución de los planes de Inspección aprobados por la Dirección de Hacienda a propuesta de la Subdirección de Hacienda". Pues bien: con base en dicho precepto los reclamantes denuncian que iniciada la inspección respecto de don BBB y no hallando motivos para la prosecución del procedimiento inspector respecto del mismo con fundamento en el desarrollo de una supuesta actividad de albañilería, se extendió la inspección a doña AAA (esposa del anterior) por una simple diligencia suscrita por la Inspectora actuante en 27 de octubre de 1997, llevándose a cabo la inspección respecto de actividad distinta de la que inicialmente fue objeto de investigación, lo que contravendría todo el procedimiento (previo a la actuación inspectora propiamente dicha) de elaboración de los Planes de Inspección.

Al resolver acerca de la cuestión planteada, hay que lamentar la parquedad del Reglamento de la Inspección vigente en el tiempo en que se desarrollaron las actuaciones de inspección que dieron lugar a los actos administrativos ahora impugnados, respecto de algunas cuestiones de vital importancia para el desarrollo del procedimiento de inspección. En concreto, a la fundamental cuestión de la elaboración y caracteres de los Planes de Inspección sólo se dedica en dicho Reglamento el mencionado artículo 5º, cuyo contenido es muy escaso, como ahora se verá. En efecto: en dicho precepto nada se dice acerca de los caracteres predicables de los Planes de Inspección, cuando lo cierto es que, al menos, se debería haber caracterizado a los Planes de Inspección como reservados y ajenos a cualquier tipo de publicidad (como, por cierto, ha venido a hacer con posterioridad el artículo 10.4 del Reglamento de la Inspección Tributaria de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 152/2001, de 11 de junio), puesto que "lo contrario dejaría inerme a la Inspección de Hacienda, por cuanto enterados los contribuyentes que van a ser objeto en el año de que se trata de actuaciones de comprobación e investigación procederían inmediatamente a presentar las correspondientes declaraciones complementarias o las principales no presentadas, lo cual equivaldría a una permanente "amnistía" fiscal de las sanciones" (Sentencia del Tribunal Supremo de 20 de octubre de 2000, citada, a su vez, por otras del mismo Tribunal de 17 de febrero y 24 de octubre de 2001, por la del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León/Burgos de 18 de octubre de 2002, por la Resolución del Tribunal Económico-Administrativo Central de 19 de diciembre de 2001). Y no se puede achacar, en este caso, que estemos aplicando supletoriamente normativa estatal donde existía una laguna normativa del ordenamiento tributario foral, puesto que, como dice la Sentencia del Tribunal Supremo antes citada, la propia lógica del sistema impone la conclusión del carácter reservado de los Planes de Inspección. Ello da lugar a que, "como corolario lógico de la reserva y confidencialidad de los Planes desagregados de la Inspección, (?) la Inspección Tributaria no está obligada a notificar a los contribuyentes el hecho de su inclusión en un Plan concreto de Inspección" (vid. Sentencia citada), por lo que no han de tomarse en consideración las alegaciones formuladas por los interesados en relación con su inclusión en el Plan de Inspección y, menos aún, las relativas a la ampliación de la Inspección a una actividad económica distinta de la inicialmente investigada, puesto que iniciada la Inspección respecto de un sujeto pasivo ha de abarcar cuantos hechos y circunstancias tengan trascendencia tributaria respecto del concepto o conceptos tributarios y período o períodos impositivos que estén siendo objeto de investigación. Es más, del examen del expediente se deriva que a ambos sujetos pasivos se les notificó la iniciación de las actuaciones inspectoras (a Don BBB, a través de la comunicación-citación de 14 de octubre de 1997 y a su esposa ?en la persona de su representante? por medio de la diligencia suscrita en 27 de octubre de 1997). Todo ello conduce a la desestimación de este primer motivo de impugnación.

TERCERO.- A continuación, los reclamantes impugnan las liquidaciones emitidas por vulneración del artículo 26.b) del Reglamento de la Inspección (de similar tenor al artículo 145.b) de la Ley General Tributaria), en particular porque, a juicio de los reclamantes, no se han incluido en las Actas (como contenido esencial o mínimo exigible de las mismas) los elementos esenciales del hecho imponible y su atribución a los sujetos pasivos. Ahora bien: dicho precepto debe complementarse con lo previsto en el artículo 34.5 del propio Reglamento de la Inspección de la Hacienda de Navarra que establece que "en las actas en discrepancia se expresarán con el detalle que sea preciso los hechos y sucintamente los fundamentos de derecho en que se base la regularización que se proponga, sin perjuicio de desarrollarse posteriormente, en informe ampliatorio, a realizar por el inspector actuante, dichos fundamentos" y con el contenido del artículo 38.2 de la Ley Foral 19/1986, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1987, que establece las menciones que ha de contener el informe ampliatorio que debe acompañar a las actas cuando la base imponible se determine a través del régimen de estimación indirecta. Es decir que en un supuesto de estimación indirecta, como el que nos ocupa, basta con que en las actas aparezca sucintamente la justificación de la aplicabilidad de dicho régimen de estimación indirecta y el resultado (base imponible) derivado de la aplicación de dicho régimen, siempre y cuando en el posterior informe ampliatorio se justifiquen de forma más detallada tanto los presupuestos habilitantes para la aplicación del régimen de estimación indirecta como todos aquellos datos y elementos que conduzcan a la fijación de la base imponible.

A) Por lo que se refiere a la justificación de la aplicabilidad del régimen de estimación indirecta al caso, ha de verse que en el acta correspondiente al año 1993 se dice taxativamente que "los sujetos pasivos no han aportado contabilidad de ningún tipo", aportándose sólo "un libro de ventas, un libro de compras, gastos y bienes de inversión y un libro de inventarios con apuntes al 31 de diciembre de 1993 como los únicos realizados", mientras que en las de los años 1994, 1995 y 1996 se dice, tras volverse a afirmar que los sujetos pasivos no han aportado contabilidad de ningún tipo ni libro registro alguno, que solamente "se aportaron facturas de compras y de gastos y el consumo eléctrico anual". Junto a lo anterior, y ya en el informe ampliatorio, la Inspección pone de manifiesto que "se aportaron (por los interesados) facturas de ingresos numeradas del 101 al 127, correspondientes todas ellas al año 1993, y diversas facturas de compras y gastos de los años 1993 a 1996", añadiéndose en el informe que tras el cruce de los datos facilitados por los sujetos pasivos "con los datos facilitados por terceros de su relación (con) la sociedad irregular, obrantes en este departamento u obtenidos directamente por esta Inspección a través de diversas gestiones, se comprobó que los importes resultantes de las facturas de compras aportadas, eran sustancialmente menores que los que obraban en poder de esta Inspección".

Pues bien: la Inspección se apoya, sin duda, en el contenido del artículo 38.1 de la Ley Foral 19/1986, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1987, para, a la vista de los datos anteriores, justificar la aplicabilidad al caso de la estimación indirecta. Dicho precepto establece que "cuando la falta de presentación de declaraciones o las presentadas por los sujetos pasivos no permitan a la Administración Tributaria de Navarra el conocimiento de los datos necesarios para la estimación completa de las bases imponibles o de los rendimientos, o cuando aquellos ofrezcan resistencia, excusa o negativa a la actuación inspectora o incumplan sustancialmente sus obligaciones contables, las bases o rendimientos se determinarán en régimen de estimación indirecta".

De hecho, la pura omisión de parte de las compras efectuadas por el ente del que formaban parte los interesados ya habilitaría, de suyo, para la aplicación del régimen de estimación indirecta en la medida en que se habría producido una ocultación de datos que impide la exacta determinación del rendimiento derivado de la actividad. En efecto: aun cuando el ente inspeccionado no estuviese obligado (desde el punto de vista fiscal) a llevar una contabilidad ajustada a las disposiciones del Código de Comercio, lo cierto es que en el año 1993, al utilizarse el método de estimación objetiva por coeficientes para determinar el rendimiento neto de la actividad, sí debía cumplimentar un libro de ventas e ingresos, otro de compras y gastos y otro de bienes de inversión (vid. apartados Dos, Cinco y Seis del artículo 64 del Decreto Foral 209/1992, de 8 de junio, por el que se aprueba el Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas), libros que no se llevaron adecuadamente por cuanto, como pone de manifiesto la Inspección, recabada información de los proveedores del ente inspeccionado, se concluye que dicho ente realizó compras por un importe superior al que resulta de los datos aportados por los integrantes de dicho ente. A tal conclusión se llega a través de los datos consignados por los reclamantes en su autoliquidación, ya que en ella hicieron constar unas compras efectuadas por el ente y consumidas en el período impositivo de 1993, de 10.456.515 pesetas, siendo así que la Inspección descubrió que las compras efectuadas en dicho año 1993 ascendieron a 15.717.314 pesetas. Es más: ninguna explicación se viene a ofrecer por los interesados respecto de la anormal situación de haberse producido unas compras que ascienden a los mencionados 15.717.314 pesetas frente a unas ventas declaradas de 13.622.464 pesetas, limitándose en sus escritos de alegaciones y de reclamación a hacer una genérica alegación acerca de pretendida indefensión por no haberse consignado ni en las actas ni en el informe ampliatorio los razonamientos que llevan a mantener la conclusión de la aplicabilidad del régimen de estimación indirecta. En este sentido, no hay que olvidar que, por ejemplo, el Tribunal Económico-Administrativo Central, en Resolución de 12 de febrero de 1997, basó la aplicabilidad del régimen de estimación indirecta en la "incongruencia manifiesta entre los ingresos declarados y contabilizados por el reclamante y los que debieran resultar de los consumos de productos según la información manifestada por el mismo" y que el mismo órgano administrativo, en Resolución de 22 de febrero de 1996, vino a considerar aplicable dicho régimen dada la "incongruencia probada entre las operaciones registradas y las que deberían resultar del conjunto de sus adquisiciones, gastos y demás elementos considerados". Por otro lado, hay que añadir que entre los documentos anexos al informe ampliatorio de la Inspección y que, sin duda, fueron exhibidos durante el plazo legalmente establecido a fin de que los interesados pudieran formular sus oportunas alegaciones a las Actas, se hallan los faxes remitidos por "(...)", "(...)", "(...)" y la documentación entregada por "(...)" en cumplimiento del deber de colaboración con la Hacienda de Navarra y en relación con las operaciones que dichas empresas realizaron con el ente inspeccionado en calidad de proveedores suyos, documentos en los que se basan las operaciones de fijación del volumen de compras efectuado por la interesada, con lo que no puede admitirse la alegación de indefensión por desconocimiento del origen del dato de las compras efectuadas por el ente inspeccionado.

B) Respecto de los años 1994, 1995 y 1996, hay que indicar que la Inspección no empleó el método de estimación indirecta para la fijación de las bases imponibles, sino el de estimación objetiva mediante signos, índices o módulos, que fue el inicialmente utilizado por el sujeto pasivo y era el que correspondía en el caso en virtud de lo establecido en las Ordenes Forales del Consejero de Economía y Hacienda 1185/1993, de 17 de diciembre, 1228/1994, de 22 de diciembre y 1/1996, de 8 de enero. Difícilmente puede alegarse indefensión por falta de motivación en el empleo de este método de determinación de la base imponible, cuando fue precisamente éste el empleado por los sujetos pasivos en sus declaraciones-liquidaciones.

CUARTO.- Una vez hallada suficiente la justificación acerca del empleo por la Inspección de los distintos métodos de determinación de la base imponible a los que se ha aludido, hay que pasar a examinar si se hallan suficientemente justificados los concretos índices y datos empleados por la Inspección para la determinación de las bases imponibles.

A) Empezando por el año 1993, en el que se emplea la estimación indirecta, hay que empezar por ver que la Inspección utilizó un ratio o índice Beneficio neto/Ventas. Pues bien: alegan los interesados que no se explicitan por la Inspección las causas que le han llevado al empleo de este índice y no de otro. Hay que partir de la base de que la Inspección tiene plena libertad ?dentro del método de estimación objetiva? para elegir entre las distintas alternativas que vienen a ofrecérsele. Así han venido a reconocerlo los Tribunales de Justicia (vid. Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Asturias de 24 de julio de 2001, del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña de 20 de septiembre de 1996 y del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha de 22 de marzo de 1999) con fundamento en la redacción del artículo 50 de la Ley General Tributaria, que es muy similar a la del artículo 38.1 de la Ley Foral 19/1986, de 26 de diciembre, de Presupuestos Generales de Navarra para el ejercicio de 1987: "(?) las bases o rendimientos se determinarán en régimen de estimación indirecta utilizando para ello cualquiera de los siguientes métodos: (?)". No es de extrañar, entonces, que dado lo escaso de los datos facilitados por los interesados (no hay que olvidar que no se aportaron, ni mucho menos, todas las facturas de ingresos correspondientes al año 1993 y que el dato de las compras efectuadas por el ente inspeccionado facilitado por los reclamantes no era fiable, al haberse confrontado con otros facilitados por los proveedores del ente inspeccionado), la Inspección hubiese de acudir al índice Beneficio Neto/Ventas, una vez determinadas éstas últimas, a su vez, a través del índice Ventas/Compras, puesto que se veía de forma casi inexorable abocada a ello.

Es más, habiéndose aportado por los interesados fotocopia del estudio en el que figuran los índices empleados por la Inspección, resulta del mismo que tanto el índice Ventas/Compras como el índice Beneficio Neto/Ventas son los más adecuados para obtener los rendimientos derivados del negocio de la forma más acomodada a la realidad. En efecto: vemos como tanto uno como otro están colocados en el primer lugar en cuanto a nivel de calidad en relación con otros índices que en el mismo estudio figuran.

Ahora bien: a la vista de dicho estudio hay que concluir que la Inspección no justificó de forma adecuada el porqué del empleo de los correspondientes ratios en los valores finalmente elegidos. Concretamente, la Inspección utiliza dentro del índice Ventas/Compras su valor medio (esto es, 1,43), pero ocurre que este es el valor medio entre otros dos, uno máximo y otro mínimo. Por otro lado, se emplea el valor máximo respecto del ratio Beneficio Neto/Ventas (20,19 por ciento), cuando lo cierto es que existen otros dos valores de ese índice (el medio y el mínimo). Pues bien: en ningún caso ha venido a exponer la Inspección el porqué de la elección de esos concretos valores. En este sentido, es abundante la doctrina del Órgano de Informe y Resolución en Materia Tributaria acerca de este particular. Por ejemplo, en Acuerdo de 26 de marzo de 1997 ya se dijo "que debe ponerse de manifiesto, al menos en el informe ampliatorio, el lugar del que se extraen los señalados índices, para que puedan ser objeto del oportuno contraste". De lo anterior se extrae la lógica consecuencia de que resultará asimismo procedente expresar en el informe ampliatorio si el índice empleado lo ha sido en su valor máximo, medio o mínimo así como las razones que hayan llevado a la utilización de ese concreto valor, puesto que, de otro modo, el sujeto inspeccionado carece de los datos suficientes como para poder ejercer una adecuada defensa. Habrá de procederse, pues, a la anulación de la liquidación girada respecto del año 1993 con correlativa retrotracción del expediente hasta el momento de confección de un nuevo informe ampliatorio en el que habrán de hacerse constar los extremos a los que más arriba se ha hecho alusión.

B) Por lo que se refiere a la motivación de los cálculos efectuados respecto de la determinación de la base imponible en régimen de estimación objetiva mediante signos, índices y módulos en relación con los años 1994, 1995 y 1996, ha de verse que centrándose las alegaciones de los interesados en el hecho de no haberse justificado por la Inspección el incremento de la superficie del local en que se desarrolla la actividad (132 metros cuadrados) respecto del declarado por los interesados (100 metros cuadrados), no podemos sino compartir los argumentos de los interesados, puesto que ni en las Actas ni en el informe ampliatorio se ha dado por parte de la Inspección explicación alguna acerca del origen de ese dato. En este sentido, ha de recordarse aquí que el contenido del artículo 114.1 de la Ley General Tributaria ("Tanto en el procedimiento de gestión como en el de resolución de reclamaciones, quien haga valer su derecho deberá probar los hechos constitutivos del mismo") vincula tanto a la Administración Tributaria como a los contribuyentes, como se encarga de recordar repetidamente la doctrina más autorizada, ya que la presunción de legalidad de los actos administrativos no debe entenderse como presunción de veracidad de los hechos que constituyen su presupuesto. Ello habrá de dar lugar a la anulación de las liquidaciones emitidas por los años 1994, 1995 y 1996, habiendo de retrotraerse el expediente hasta el momento de emisión del informe ampliatorio en el que habrá de justificarse la superficie del local en que se desarrolló por la Inspección y que se consignó por la Inspección en las mencionadas Actas.

QUINTO.- Por último, denuncian los interesados que en el Acta correspondiente al año 1996 se han cometido irregularidades respecto de la modificación de las deducciones relacionadas con la adquisición de su vivienda habitual en ese año 1996. En concreto, denuncian que no se han incluido los fundamentos legales de dicha modificación. Pues bien: hay que poner de manifiesto, en primer lugar, que en el Acta correspondiente al año 1996 se contiene una muy detallada descripción de los hechos acaecidos con motivo de la adquisición de dicha vivienda, descripción que por sí sola revela que no existía la debida congruencia entre la parte del precio de la vivienda beneficiable con las citadas deducciones y el importe del préstamo obtenido para la financiación de esa parte del precio, lo que habría de dar lugar, lógicamente, a la rectificación de las deducciones practicadas por los reclamantes. Sin embargo, no es menos cierto que el artículo 34.5 del Reglamento de la Inspección de la Hacienda de Navarra dice expresamente que "en las actas en discrepancia se expresarán con el detalle que sea preciso los hechos y sucintamente los fundamentos de derecho en que se base la regularización que se proponga, sin perjuicio de desarrollarse posteriormente, en informe ampliatorio, a realizar por el inspector actuante, dichos fundamentos". Pues bien: ni en el acta ni en el informe ampliatorio se contiene referencia alguna a los fundamentos jurídicos en que se basa esta concreta regularización, por lo que, sin perjuicio de lo dicho en el Fundamento de Derecho anterior respecto del nuevo informe ampliatorio que ha de confeccionarse respecto de este año 1996 en punto a justificación de la superficie del local en que se desarrolló la actividad llevada a cabo por los interesados, ha de darse cumplimiento en el acta y en el informe ampliatorio a lo dispuesto en el transcrito artículo 34.5 del Reglamento de la Inspección respecto de esta regularización realizada en las deducciones derivadas de inversión en vivienda habitual.

Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar en parte la reclamación económico-administrativa interpuesta por la representación de don BBB y doña AAA contra liquidaciones por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los años 1993 a 1996, ambos inclusive, derivadas de Actas suscritas en disconformidad números (...) a (...), ordenándose la anulación de las antedichas liquidaciones y la retrotracción de las actuaciones con el alcance a que se alude en cada caso en la fundamentación del presente Acuerdo.

Estimación indirecta
Procedimiento inspector
Inspección tributaria
Estimación objetiva
Nulidad de pleno derecho
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Actividad inspectora
Actividades empresariales
Deducción inversión vivienda habitual
Vivienda habitual
Período impositivo
Tributación conjunta
Indefensión
Acto administrativo impugnado
Proveedores
Bienes de inversión
Amnistía fiscal
Declaración complementaria
Determinación de la base imponible
Actividades económicas
Libro registro
Sociedad irregular
Inventarios
Rendimientos netos
Omisión
Ocultación
Liquidación girada
Presunción de legalidad de los actos administrativos
Inversión en vivienda habitual
Liquidación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Presunción de certeza

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

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Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 27/11/1992 Fecha de entrada en vigor: 27/02/1993 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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