Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 990634 de 22 de Enero de 2003

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 22 de Enero de 2003
  • Núm. Resolución: 990634

Resumen

Se solicita sea respetada la opción del recurrente a derivar el porcentaje correspondiente a la financiación de gastos militares a otros fines, motivada por su condición de persona objetora de conciencia. Se desestima el recurso. Una cosa es la posibilidad de sustituir las obligaciones militares personales por otras prestaciones sociales, pero la defensa nacional es un deber genérico que afecta a todos los ciudadanos, que rebasa el ámbito de lo puramente militar, y que en virtud del principio de contribución de todos al sostenimiento de los gastos públicos, no puede verse exonerado.

Cuestión

No exoneración de la contribución al deber genérico de la defensa nacional.

Contestación

Visto escrito presentado por doña (?), con D.N.I. número (?) y domicilio en (...) (Navarra), en relación con liquidación provisional girada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 1997.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- La ahora recurrente presentó su reglamentaria declaración-liquidación (número (...)) por el Impuesto y año de referencia el (?) de junio de 1998.

SEGUNDO.- Presentada liquidación provisional modificativa de la primitiva declaración-liquidación y tras alguna vicisitud impugnatoria que dio lugar a su rechazo por la Sección gestora, viene ahora la interesada a interponer reclamación económico-administrativa ante este Tribunal mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda, de (...) de junio de 1999, insistiendo en su pretensión de que sea respetada su opción a derivar el porcentaje correspondiente a la financiación de gastos del Ministerio de Defensa a favor a una ONG, motivada por su condición de persona objetora de conciencia respecto de los gastos militares.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Tribunal Económico-Administrativo Foral para el conocimiento y resolución de la reclamación económico-administrativa interpuesta, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 154 y 155 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y artículos 18 y 19 del Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, habiendo sido formulada la reclamación por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- Ciertamente el artículo 30.2 de la Constitución establece la posibilidad de que se sustituyan las obligaciones militares por otras prestaciones sociales. Ahora bien, ha de tenerse presente que la defensa nacional es un deber genérico que afecta a todos los nacionales y que no queda reducido al campo de lo estrictamente militar, como antes ocurría, sino que ahora guarda relación con el global ámbito de una función del Estado; es un derecho-deber de participación ciudadana en una función del Estado que rebasa el ámbito de lo puramente militar. Quiere decirse con ello que una cosa son las concretas obligaciones militares (prestaciones forzosas de actividad de carácter personal) y otra el genérico deber de la defensa, que, bajo la dirección del Gobierno, corresponde a todos los ciudadanos. Por eso la Constitución prevé que excepcionalmente puedan darse supuestos de exoneración del cumplimiento de aquellas obligaciones militares de carácter personal, por ejemplo, en el caso de la llamada objeción de conciencia, en que por probados motivos de índole religiosa, ética, filosófica, humanitaria, etc., se produce la negativa a prestar el servicio militar, previéndose asimismo la posibilidad de que al respecto ese servicio venga sustituido por otro tipo de prestación personal de interés social o cívico. Pero lo que no cabe es exonerar del genérico deber de la defensa nacional traducido aquí en la obligatoria participación (mediante la correspondiente prestación de contenido económico en que el tributo consiste) en el levantamiento de las cargas públicas y, más precisamente, entre ellas las que el ahora recurrente pretende eludir. Esa contribución de todos al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con la capacidad económica de cada uno es precisamente lo que se establece en el siguiente artículo 31 del texto constitucional, que, a estos efectos, hace alusión a un sistema tributario justo basado en el principio de igualdad, el cual exige que la disparidad de la carga contributiva dependa de la capacidad tributaria, la cual se mide fundamentalmente por la capacidad económica pero no por las distintas ideas que puedan sustentarse sobre cualquier materia. Y es claro que esa contribución a las cargas públicas no viene a vulnerar ninguno de los preceptos constitucionales ni de, por ejemplo, los pactos internacionales, pues aquélla deja a salvo los derechos a la libertad de pensamiento, conciencia, ideas e ideología y de su expresión y manifestación, al libre desarrollo de la personalidad, etc. Y en nada atenúa o desvirtúa lo dicho el que, según lo dispuesto en la normativa, una parte (expresada en porcentaje) de las cuotas del Impuesto correspondiente al año de que se trata fuese aplicable a concretas finalidades tales como el sostenimiento económico de la Iglesia Católica u otros determinados fines de interés social aunque pueda decirse que ello rompe con el viejo principio de indiscriminación absoluta (salvo excepción del artículo 23 de la Ley General Presupuestaria) en la aplicación de los recursos a los distintos empleos, sin embargo esas concretas aplicaciones, presupuestariamente establecidas por correspondientes Leyes de Presupuestos, obviamente no suponen detraer cantidades de otras aplicaciones, que, como son los gastos del Ministerio de Defensa, figuran previstas en los Presupuestos, que es lo que la reclamante pretendía en el caso. Y este criterio, que ha venido siendo mantenido desde largo tiempo atrás, no sólo por este Tribunal sino también por su predecesor Organo de Informe y Resolución en Materia Tributaria, se ve refrendado, por ejemplo, ya por Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de mayo de 1988 y, posteriormente, por Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Galicia de 9 de junio de 1994.

Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por doña (?), contra liquidación provisional practicada por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente al año 1997, confirmándose dicha liquidación en sus propios términos.

Liquidación provisional del impuesto
Declaraciones-autoliquidaciones
Modelo 564. Impuesto sobre Hidrocarburos
Ciudadanos
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Acto administrativo impugnado
Capacidad económica
Interés social
Objeción de conciencia
Servicio militar
Principio de igualdad
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