Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 990699 de 30 de Abril de 2003

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 30 de Abril de 2003
  • Núm. Resolución: 990699

Resumen

Se solicita el abono de intereses por retraso en la devolución del saldo a favor de la interesada, alegado que ya cumplió presentando su declaración en plazo en el modelo estatal. Se estima el recurso. Se mantiene la obligación de presentar las autoliquidaciones en modelos aprobados por la Administración a cuya normativa ha de ajustar su declaración la entidad en cuestión. Al tener que tributar la misma conjuntamente en ambos territorios, se le aplicará la normativa correspondiente a la de su domicilio fiscal. Estando éste en territorio de régimen común, la interesada obró correctamente. Y al haberse producido la devolución en fecha que ha sobrepasado el plazo de 6 meses, resulta procedente el abono de los intereses de demora.

Cuestión

Administración en la que presentar la autoliquidación una entidad que tributa conjuntamente.

Contestación

Examinado escrito presentado por la representación de la sociedad ?(?)?, con C.I.F. (?) y domicilio en (...), en relación con solicitud de abono de intereses como consecuencia de pretendido retraso de la Administración en la devolución de saldo favorable por el Impuesto sobre Sociedades correspondiente al ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1997.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Presentó la interesada la declaración-liquidación correspondiente al Impuesto y ejercicio de referencia (número (...)) en impreso propio de la Administración Tributaria de la Comunidad Foral en (?) de abril de 1999. A dicha declaración-liquidación se le acompañaba fotocopia de impreso propio de la Administración Tributaria del Estado que había sido remitido por correo certificado a la Administración de la Comunidad Foral de Navarra en (?) de julio de 1998. De la dicha declaración-liquidación resultaba un saldo favorable a la interesada de (...) pesetas.

SEGUNDO.- Mediante escrito remitido por correo certificado en (?) de abril de 1999 solicitaba la entidad ahora recurrente el abono de intereses de demora respecto de las cantidades que no habían sido devueltas a su debido tiempo. Tal solicitud fue desestimada por Resolución de la Sección del Impuesto sobre Sociedades notificada el (?) de agosto de 1999. Y contra dicha Resolución viene ahora la interesada a interponer reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico-Administrativo Foral mediante escrito depositado en Oficina de Correos en (?) de septiembre de 1999, en el que viene a señalarse que, a su juicio, ya cumplió con presentar su declaración-liquidación en el modelo de la Hacienda estatal, por lo que debe tenerse como fecha de presentación la de aquel momento y no la de presentación en impreso propio de la Administración Tributaria de la Comunidad Foral, por lo que procede el abono de los correspondientes intereses por demora en la devolución del saldo a su favor que resulta de dicha declaración-liquidación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Tribunal Económico-Administrativo Foral para el conocimiento y resolución de la reclamación económico-administrativa interpuesta, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 154 y 155 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y artículos 18 y 19 del Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, habiendo sido formulado el recurso dentro de plazo y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- El artículo 86 de la Ley Foral 24/1996, de 30 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades (y en similares términos el artículo 145 de la Ley 43/1995, de 27 de diciembre, del Impuesto sobre Sociedades), establece: ?1. Cuando la suma de los pagos a cuenta a que se refiere el artículo 74 supere el importe de la cuota resultante de la autoliquidación presentada en el plazo establecido al efecto y la Administración Tributaria no hubiera practicado liquidación provisional dentro de los seis meses siguientes al término del plazo para la presentación de la declaración, el Departamento de Economía y Hacienda vendrá obligado a devolver de oficio en el mes siguiente el exceso ingresado sobre la cuota autoliquidada, sin perjuicio de la práctica de las liquidaciones provisionales ulteriores que pudieran resultar procedentes.

2. Cuando se hubiera practicado la liquidación provisional a que se refiere el número anterior y la cuota resultante de la misma sea inferior a la suma de los pagos a cuenta previstos en el artículo 74, el Departamento de Economía y Hacienda procederá a devolver de oficio, en el plazo de un mes, el exceso ingresado sobre dicha cuota.

El importe de la devolución no podrá exceder, en ningún caso, de la cuantía de las retenciones e ingresos a cuenta practicados, pago fraccionado y cuota pagada por las sociedades sometidas al régimen de transparencia fiscal.

3. Transcurrido el plazo para efectuar la devolución sin haber tenido lugar ésta, el sujeto pasivo podrá solicitar por escrito que le sean abonados intereses de demora en la forma dispuesta en el artículo 24 de la Ley Foral 8/1988, de 26 de diciembre, de la Hacienda Pública de Navarra?.

En el presente caso se plantea el problema de determinar si la presentación de la autoliquidación por parte de la entidad ahora recurrente lo fue dentro del plazo previsto para ello y si, consecuentemente, había transcurrido el plazo para la práctica de la devolución de oficio en el momento en que se produjo la inicial solicitud de abono de intereses. Y tales cuestiones dependen, a su vez, de la obligatoriedad de presentar las autoliquidaciones del Impuesto en modelo aprobado por la Comunidad Foral o en modelo estatal. Y en relación con este problema, el Órgano de Informe y Resolución en Materia Tributaria ha venido a mantener en múltiples ocasiones la obligación de presentar las correspondientes autoliquidaciones en modelos aprobados por la Administración a cuya normativa ha de ajustar su declaración la entidad en cuestión, y así por ejemplo, en Acuerdo de 1 de julio de 1999, ratificado por el Gobierno de Navarra en su sesión de 6 de septiembre de 1999, y en relación con el mismo ejercicio de 1997, establece:

?Ciertamente el artículo 17.2 del Convenio Económico suscrito entre el Estado y la Comunidad Foral de Navarra en 31 de Julio de 1990 dispone que tributarán conjuntamente a ambas Administraciones (la estatal y la foral de Navarra) los sujetos pasivos que operen en ambos territorios y cuyo volumen total de operaciones en el ejercicio anterior hubiere excedido de trescientos millones de pesetas, y ello cualquiera que sea el lugar en que tengan su domicilio fiscal. Y por otra parte, como bien señala la Compañía recurrente, el artículo 16.2 del dicho Convenio Económico establece que "las entidades que tributen conjuntamente a ambas Administraciones aplicarán la normativa correspondiente a la Administración de su domicilio fiscal (en el presente caso, de entidad con domicilio social y fiscal en territorio de régimen común, será aplicable la normativa del Estado). Y no haciéndose en el dicho Convenio precisión o restricción alguna respecto de estar refiriéndose exclusivamente a la normativa de carácter material, ha de entenderse que dicha proclamación es omnicomprensiva, y abarca también los aspectos puramente formales, como son los de presentación, en su caso, de las correspondientes declaraciones tributarias en modelos aprobados por el Estado. Es toda la normativa estatal, en su integridad, la que habrá de aplicarse: Ley 43/1995 y, en el caso, Orden de5 de marzo de 1998, por la que se aprueba el modelo 200 de declaración tributaria. Y ello es lógico, porque si han de aplicarse en estos casos las normas estatales de carácter sustantivo, razonablemente ha de pensarse que quien mejor pudo extraer, a efectos de declaración tributaria, las necesidades formularias que han de recogerse en una tal declaración lo habrá sido el propio Estado, que a los efectos y en relación con el ejercicio de 1997 aprobó ese modelo 200. Otra cosa sería (pero esto ya es hablar en términos que eventualmente podrían afectar al caso por mor de un principio de generalidad) que si a la hora de practicar liquidación provisional revisora de la correspondiente autoliquidación, la Administración Foral echase en falta determinados datos, requiriese del sujeto pasivo la aportación de los tales. El problema, en fin, no se plantea en términos de confrontación entre una Orden Ministerial y una Orden Foral, pues cada una de ellas ha de quedar reconducida a sus propios términos o ámbito. El problema se cifra simplemente en si la interpretación que la Sección gestora hizo del alcance de la Orden Foral 55/1998 se ajustaba o no a lo prevenido en el Convenio Económico; y visto está que no, pues, señalándose en éste (artículo 20) que " los sujetos pasivos que deban tributar a ambas Administraciones presentarán en la Delegación de Hacienda que corresponda y en la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, dentro de los plazos y con las formalidades reglamentarias, los documentos que determinen las disposiciones vigentes y las declaraciones-liquidaciones procedentes, esas declaraciones-liquidaciones procedentes (también su modo de formulación) habrán de ser las determinadas por la normativa del Estado, según el sentido que ha de extraerse (como se ha visto) del artículo 16.2 del Convenio Económico, y que contradice la pretendida apoyatura de la Orden Foral en el artículo 17.2 del mismo, que la resolución impugnada de la Sección gestora entendía que se daba; una adecuada interpretación, pues, del conjunto de la normativa obligaría a restringir la genérica (y tal vez distraída) declaración que se contiene en el apartado Segundo.2 de la dicha Orden Foral (referencia e invocación de aquel artículo 17 del Convenio) y considerar fuera del alcance de tal declaración el supuesto de tributación conjunta que se contempla en el apartado 2 de este último artículo 17 del Convenio, dejando reducida la aplicación de la repetida Orden Foral al solo supuesto de los sujetos pasivos que hayan de tributar exclusivamente a Navarra.?

Pues bien: según ello, la interesada obró correctamente al presentar su declaración-liquidación en el impreso determinado en la normativa de régimen común, por lo que ha de tenerse como fecha de presentación la del (?) de julio de 1998. Al haberse producido la devolución en fecha que ha sobrepasado ampliamente el plazo de siete meses (seis meses para la práctica de la liquidación provisional y un mes más para la devolución) marcado en el artículo 86.1 de la Ley Foral reguladora del Impuesto, resulta procedente el abono de intereses de demora por el perjuicio causado al sujeto pasivo con el retraso en la dicha devolución.

Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda estimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por la representación de la Compañía Mercantil ?(?)? contra Resolución de la Sección del Impuesto sobre Sociedades denegatoria de solicitud de abono de intereses respecto de saldo favorable a la interesada por el Impuesto sobre Sociedades y ejercicio cerrado en 31 de diciembre de 1997, ordenándose su anulación y debiendo abonarse a la interesada intereses de demora tomando como base el dicho saldo y hasta la fecha en que se produjo la devolución.

Declaraciones-autoliquidaciones
Modelo 564. Impuesto sobre Hidrocarburos
Impuesto sobre sociedades
Intereses de demora
Liquidación provisional del impuesto
Domicilio fiscal
Pagos a cuenta
Administración Tributaria del Estado
Declaraciones Tributarias
Acto administrativo impugnado
Modelo 200. Impuesto sobre Sociedades e Impuesto sobre la Renta de no Residentes
Fraccionamientos de pago
Retenciones e ingresos a cuenta
Tributación conjunta
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