Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 990766 de 30 de Abril de 2003

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 30 de Abril de 2003
  • Núm. Resolución: 990766

Resumen

Se solicita el levantamiento de sanción por utilización de gasóleo no autorizado, alegando la falta de ratificación de la denuncia y el no transporte por el tractor de objeto alguno. Se desestima el recurso. Para que proceda dicha utilización es necesario el uso del vehículo en agricultura, no en labores agrícolas como las del caso (transporte de escombros desde una obra hasta una escombrera) que no estén directamente conectadas con el cultivo de la tierra, ya que si no, se estaría alterando la naturaleza de la actividad agrícola. Asimismo, es irrelevante que el tractor se encontrara vacío en el momento de la denuncia, pues lo importante es que la infracción había sido cometida y reconocida por el propio autor. Y la falta de ratificación de la denuncia carece de valor invalidante, pues la misma nada añadiría, ya que no existen datos nuevos relevantes, amén de la presunción de veracidad de las denuncias de los Agentes de la autoridad.

Cuestión

Empleo de los vehículos en la agricultura para la utilización de gasóleo bonificado.

Contestación

Visto escrito presentado por don (?), con D.N.I. número (?) y domicilio en (...) (Navarra), en relación con sanción impuesta con motivo de infracción contra la normativa de Impuestos Especiales.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Mediante acta de denuncia número (...) suscrita por parte de la Comandancia de Navarra de la Guardia Civil, (...), se constata que por el vehículo Tractor Ebro, matrícula (...), de titularidad del reclamante, se estaba utilizando gasóleo tipo B.

SEGUNDO.- Habiéndose ofrecido al interesado el correspondiente trámite de alegaciones, el procedimiento administrativo culminó con la imposición de sanción, mediante Resolución del Jefe de la Sección de Impuestos Especiales, sobre Primas de Seguros y Tasas, de (?) de septiembre de 1999, por entender que con la comisión de dicha conducta se habría producido infracción de la normativa vigente en materia de Impuestos Especiales, ya que el vehículo citado en el expositivo anterior no está autorizado a utilizar ese tipo de combustible en las circunstancias que concurrían en el caso.

TERCERO.- Y contra dicho acto administrativo viene ahora el interesado a interponer reclamación económico-administrativa ante este Tribunal mediante escrito con fecha de entrada en los registros de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, de (...) de octubre de 1999, señalando que en el momento de la denuncia el remolque enganchado al tractor alimentado por el gasóleo bonificado no transportaba objeto alguno, como puede aclarar la propia fuerza denunciante; que en modo alguno puede interpretarse que el recurrente haya reconocido los hechos que se le imputan, puesto que no existe en el expediente ratificación de la fuerza denunciante, lo que da lugar a la nulidad de pleno derecho del procedimiento incoado. Solicita, pues, sea anulada la Resolución impugnada, con correlativo levantamiento de la sanción impuesta.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Tribunal para el conocimiento y resolución de la reclamación económico-administrativa interpuesta, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 154 y 155 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y 18 y 19 del Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, habiendo sido formulada la reclamación en tiempo hábil y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- Desde su redacción original y pasando por las sucesivas modificaciones que ha venido padeciendo, el artículo 54.2 de la Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales, ha venido exigiendo para la utilización de gasóleo bonificado en el ámbito de la agricultura la concurrencia de dos requisitos: su empleo en tractores y maquinaria agrícola y la realización con dichos artefactos de tareas agrícolas. Así, dicho precepto, en su redacción original hablaba de ?los motores de tractores y maquinaria utilizados en agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura?. A partir de la modificación operada en dicho precepto por la Ley 42/1994, de 30 de diciembre, se autorizó la utilización de gasóleo bonificado a ?los motores de tractores y maquinaria agrícola utilizados en agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura?, redacción que permaneció tras la entrada en vigor de la Ley 50/1998, de 30 de diciembre. Por último, con la Ley 14/2000, de 29 de diciembre, la autorización quedó circunscrita a ?los motores de tractores y maquinaria agrícola, autorizados para circular por vías públicas y terrenos públicos, empleados en agricultura, incluida la horticultura, ganadería y silvicultura?. Véase que las normas ni siquiera hablan de labores o tareas agrícolas como hemos llegado a decir en un principio, sino que se refieren lisa y llanamente a empleo o utilización de tractores y maquinaria agrícola en agricultura. Y de conformidad con lo que dice el Diccionario de la Real Academia Española, agricultura no es ni más ni menos que la ?labranza o cultivo de la tierra?, sin que puedan acogerse bajo esta denominación tareas que no estén directamente conectadas con el cultivo de la tierra. Es más: cuando el legislador concede la autorización para la utilización de gasóleo bonificado está pensando en beneficiar estrictamente a la agricultura; si hubiera querido otra cosa hubiera reflejado legalmente la autorización de utilización de gasóleo bonificado para aquellas otras tareas que se hallasen indirectamente conectadas con el cultivo o labranza de la tierra. De la misma opinión es el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Sevilla, quien en su Sentencia de 16 de febrero de 2000 dice lo siguiente: ?La conservación de los canales, desagües y carreteras de las tierras de arrozal no pueden considerarse que constituyan uso agrícola, pues, como dice el señor Abogado del Estado, estaríamos extendiendo el concepto de uso agrícola más allá de lo que es propio. Llega a decir que la producción de tractores, dado que éstos sólo se usan en agricultura, también sería un uso agrícola a los efectos de consumo de gasóleo ?B?. No podemos, por una parte, interpretar extensivamente las exenciones tributarias y, de otra, no alterar la naturaleza de la actividad agrícola hasta el punto de llevarla a conclusiones absurdas. Las normas exigen no sólo una interpretación jurídica, sino que dicha interpretación nos lleve a una solución razonable del problema examinado, sin que en ningún supuesto podamos caer en el absurdo, lo que ocurriría de considerar uso agrícola el gasóleo ?B? consumido por la maquinaria que arregla los caminos de tierra de los arrozales, o que también pueda usar gasóleo ?B? el camión del distribuidor de abonos que suministre los mismos a los socios de la Comunidad de Regantes actora?.

En el caso que se somete a nuestra consideración el tractor realizaba labores de transporte de escombros desde una obra hasta una escombrera. Ello no es, en sí, agricultura, según hemos definido ese término con anterioridad, puesto que la actividad de transporte de escombros no puede identificarse con cultivo o labranza de la tierra. En particular, y razonando del mismo modo que en la Sentencia antes transcrita, la admisión de la premisa anterior nos habría de conducir al absurdo de admitir también, por ejemplo, la utilización de gasóleo bonificado en un tractor de titularidad de empresa dedicada a la construcción que se hubiese hallado efectuando el transporte indicado.

TERCERO.- Pero ha de hacerse especial referencia a dos alegaciones que efectúa el interesado en su escrito de reclamación. En la primera dice que ?en el momento de la denuncia el alegante no realizaba transporte de cosa alguna ya que el remolque que iba enganchado al Tractor marca Ebro matrícula (...) estaba vacío. Ello lo puede corroborar la propia fuerza denunciante mediante informe ampliatorio de la denuncia. Asimismo el conductor del vehículo en el momento de la denuncia también puede atestiguar que en el momento de la denuncia no transportaba nada?. Y en la segunda afirma que ?en modo alguno puede interpretarse que el recurrente ha reconocido los hechos implícitamente toda vez que no existe en el expediente de ratificación de la fuerza denunciante y por tanto el procedimiento sería nulo de pleno derecho?.

Respecto de las anteriores alegaciones hay que indicar lo siguiente:

A) En el acta de denuncia la fuerza denunciante hizo constar que la infracción consistía en ?transportar escombros desde una obra hasta una escombrera? a lo que el conductor, dando por supuesta, sin duda, la veracidad del hecho anterior, opuso que ?desconocía el hecho fraudulento y que es un caso puntual, por ser una obra en casa de un familiar?. El hecho de que el remolque del tractor se hallase lleno o vacío en el momento de la denuncia resulta, pues, irrelevante: lo relevante es que la infracción se había producido, reconociéndose la comisión de la infracción por el propio conductor del vehículo (es decir, existe prueba confesoria derivada de tal reconocimiento), quien firmó el acta, sin que conste que su voluntad se hubiese hallado viciada (por error, coacción, etc.) al tiempo de la firma.

B) Por lo que se refiere a la posible trascendencia de la falta de ratificación de la denuncia presentada por la Guardia Civil, hay que ver que las Sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía/Sevilla de 16 de marzo de 1999 y 11 de enero de 2002 no atribuyen valor invalidante alguno a la falta de tal ratificación de la denuncia.

A ello hemos de añadir nosotros que en el presente caso tal ratificación de la denuncia nada vendría a añadir a los hechos denunciados en un primer momento: la observación de la infracción consistente en utilización de gasóleo bonificado en vehículo que, aunque es un tractor, no se estaba destinando a labores agrícolas.

Por otro lado, no podemos olvidar que no nos hallamos ante la denuncia de una infracción de tráfico, a la que resultaría de aplicación el contenido de la Ley de Seguridad Vial y demás disposiciones que la desarrollan. E incluso para aquellos supuestos de denuncias de infracciones contra la normativa reguladora de la seguridad vial, el Tribunal Superior de Justicia de Murcia en su Sentencia de 20 de noviembre de 2002 ha dejado dicho que ?no es preceptiva en todo caso la ratificación de la denuncia por el Agente que la formula, pues el art. 12.2 del Reglamento dispone que de las alegaciones del denunciado, salvo que no aporten datos nuevos o distintos de los inicialmente constatados por el denunciante, se dará traslado a éste, para que informe en el plazo máximo de quince días. Por tanto cuando el interesado no ha hecho alegaciones frente a la denuncia o no ha aportado datos nuevos o distintos de los constatados por el denunciante, o si ha limitado a alegar defectos formales del procedimiento sobre los que nada puede aportar el denunciante, no es necesario que éste ratifique la denuncia, ni emita el informe a que se refiere dicho precepto?.

Pero insistimos en que el pronunciamiento jurisdiccional anterior se refiere a infracción en materia de tráfico, siendo así que en el presente caso nos hallamos ante una infracción de la normativa de Impuestos Especiales. En este sentido, ha de verse que la tramitación de los expedientes sancionadores en materia de infracciones contra la normativa de los Impuestos Especiales se regula en el artículo 121 del Real Decreto 1165/1995, de 7 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de los Impuestos Especiales, precepto que en ningún caso prevé la ratificación de la denuncia, sino que, a lo sumo, ?el instructor podrá recabar los informes y actuaciones complementarias que estime oportunos? (apartado 3). Bajo esta previsión tendría cabida la posibilidad de que el instructor recabase de la fuerza denunciante nuevo informe cuando le cupiese alguna duda acerca de los hechos denunciados, pero dejando siempre tal posibilidad al arbitrio del instructor (obsérvese que la norma dice taxativamente podrá). Sin embargo, como ya hemos dicho con anterioridad, en el presente caso ese pretendido hecho nuevo de hallarse vacío el remolque enganchado al tractor ninguna trascendencia tendría a efectos de la apreciación de la infracción cometida.

No hay que olvidar, por último la presunción de veracidad predicable de las denuncias de los Agentes de la autoridad sobre los hechos en ella expuestos, y cuya consecuencia (la apreciación de la existencia de la infracción) no ha venido a ser desvirtuada por el reclamante. La prueba de la inexistencia de la infracción hubiera exigido demostrar que el conductor del vehículo no realizó las manifestaciones que se contienen en el acta de denuncia o que las realizó por error o en contra de su voluntad, lo que supondría tanto como imputar alguna clase de delito a los agentes de la autoridad que denunciaron el hecho (falsedad en documento público, amenazas, coacciones, etc.). Sin embargo, tal demostración no se ha producido, siendo así que el elemento básico y fundamental del que arranca todo el expediente sancionador es precisamente la manifestación del conductor del vehículo, que no ha venido a ser desmentida.

Por todo ello, ha de desestimarse la presente reclamación.

Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por don (?) contra Resolución del Jefe de la Sección de Impuestos Especiales, sobre Primas de Seguros y Tasas, de (?) de septiembre de 1999, por la que vino a imponerse sanción de 300.000 pesetas y precintado e inmovilización del vehículo Tractor Ebro, matrícula (...), por un período de dos meses, confirmándose dicha Resolución en sus propios términos.

Impuestos especiales
Cultivos
Automóviles de turismo
Actividad agrícola
Comisiones
Agente de la autoridad
Presunción de certeza
Acto administrativo impugnado
Nulidad de pleno derecho
Actividades de refuerzo y/o extraescolares
Comunidad de regantes
Titularidad de empresa
Coacciones
Voluntad
Expediente sancionador
Infracciones de tráfico
Tramitación del expediente
Falsedad documental
Amenazas
Documento público

Real Decreto 1165/1995 de 7 de Jul (Reglamento de los Impuestos Especiales) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 179 Fecha de Publicación: 28/07/1995 Fecha de entrada en vigor: 01/10/1995 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

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