Resolución de Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra, 990851 de 07 de Mayo de 2003

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  • Órgano: Tribunal Economico Administrativo Comunidad Foral de Navarra
  • Fecha: 07 de Mayo de 2003
  • Núm. Resolución: 990851

Resumen

La recurrente solicita la exención de la prestación percibida en concepto de ayuda familiar por hijo minusválido. Se desestima el recurso. No encaja dentro de las previsiones de la ley pues no se trata de una prestación reconocida por la Seguridad social sino por el Gobierno de Navarra, y se prohibe el empleo de la analogía para extender el ámbito de las exenciones, quedando así bien claras las prestaciones que se quieren eximir de tributación. Además, aunque la finalidad de ambas sea la misma, el fondo monetario del que emanan y los requisitos para su disfrute son distintos entre sí. Finalmente, este tribunal no tiene competencia para apreciar la constitucionalidad de este precepto.

Cuestión

Prestaciones por ayuda familiar por hijo minusválido exentas de tributación.

Contestación

Visto escrito presentado por don (?), con D.N.I. número (?) y domicilio en (...) (Navarra), en relación con tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los años 1996 a 1998.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- El ahora recurrente presentó, de forma conjunta con su esposa, sus reglamentarias declaraciones-liquidaciones por el Impuesto y años de referencia en oportuno plazo.

SEGUNDO.- Posteriormente vino a solicitar de la Sección gestora del Impuesto la reforma de dichas autoliquidaciones con el fin de que le fuese admitida la exención de la prestación percibida del Gobierno de Navarra, en concepto de ayuda familiar, por tener a su cargo a su hijo minusválido don (?), y de que, como consecuencia de dicha modificación, se le procediese a efectuar la devolución de "las cantidades retenidas desde la fecha de concesión" de la citada ayuda familiar. La Sección gestora del Impuesto rechazó tal pretensión mediante Resolución de (?) de noviembre de 1999.

CUARTO.- Y frente a dicha Resolución viene ahora el interesado a interponer reclamación económico-administrativa ante este Tribunal Económico-Administrativo Foral, mediante escrito con fecha de entrada en el Departamento de Economía y Hacienda de (?) de diciembre de 1999, insistiendo en sus pretensiones sobre la base de que "la prestación por "ayuda familiar por hijo disminuido físico o psíquico" contemplada?. tiene naturaleza similar a la prestación "por hijo a cargo" regulada en la Ley General de la Seguridad Social de 20 de junio de 1994".

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Ha de declararse la competencia de este Tribunal para el conocimiento y resolución de la reclamación económico-administrativa interpuesta, dada la naturaleza del acto administrativo impugnado, en virtud de lo que disponen los artículos 154 y 155 de la Ley Foral 13/2000, de 14 de diciembre, General Tributaria, y 18 y 19 del Reglamento del recurso de reposición y de las impugnaciones económico-administrativas de la Administración de la Comunidad Foral de Navarra, aprobado por Decreto Foral 178/2001, de 2 de julio, habiendo sido formulada en tiempo hábil y por persona debidamente legitimada al efecto.

SEGUNDO.- La prestación del caso tiene su fundamento en lo establecido en los artículos 50.1.e) del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, y 30.e) del Decreto Foral 158/1984, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Provisional de retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra.

Por tanto, lo primero que debemos hacer es ver si el caso es subsumible en el supuesto de exención previsto en la letra k) del artículo 10 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, supuesto que se añade, con efectos desde el 1 de enero de 1997, por el artículo 1º.Tres de la Ley Foral 22/1997, de 30 de diciembre. Dicho precepto establece la exención de "las prestaciones familiares por hijo a cargo reguladas en el Capítulo IX del Título II del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio". Una primera lectura del precepto ya nos llevaría a la conclusión de que la ayuda familiar que se somete a nuestra consideración no encaja en lo dispuesto en el trascrito artículo 10.k), puesto que no se trata de prestación reconocida por entidad gestora de la Seguridad Social. Hay que recordar, en este sentido, que el artículo 23.3 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria (según redacción dada por la Ley 25/1995, de 20 de julio) prohíbe el empleo de la analogía "para extender más allá de sus términos estrictos el ámbito del hecho imponible o el de las exenciones o bonificaciones"; y es que, como así ha sido reconocido en reiterada jurisprudencia, la relación de rentas exentas de tributación contenida en el artículo 10 de la Ley Foral 6/1992 se trata de una enumeración cerrada, que no cabe ampliar o extender por analogía. Todavía cabría apreciar si la redacción de este precepto viola el principio constitucional de igualdad, y ello por entender que el hecho de que este tipo de prestaciones las abone la Seguridad Social o las satisfaga el Gobierno de Navarra a sus funcionarios no ha de condicionar la aplicación de la exención. Sin embargo, entre las competencias de este Tribunal no se halla la de apreciar la constitucionalidad de las normas; es tarea ésta que corresponde exclusivamente al Tribunal Constitucional, dado el sistema de jurisdicción concentrada que rige en nuestro ordenamiento jurídico. Véase que, por ejemplo, ya el Tribunal Constitucional hubo de pronunciarse (en Sentencia 134/96, de 22 de julio) sobre la inconstitucionalidad de exenciones reconocidas respecto de determinados tipos de pensiones en la medida en que tales exenciones sólo se reconocían respecto de aquellos que se hallasen sometidos al régimen de la Seguridad Social.

Con todo, hemos de reconocer que, a nuestro juicio, no se daría esa absoluta identidad entre las prestaciones por hijo a cargo reconocidas en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social y las ayudas familiares satisfechas por el Gobierno de Navarra, y ello porque, aun cuando la finalidad perseguida con unas y otras prestaciones sea la misma (subvenir a la especial carga económica que supone el cuidado y atención de un hijo minusválido), sucede, en primer lugar, que las ayudas familiares del Gobierno son conceptos puramente retributivos dentro del salario del funcionario, mientras que en el caso de las prestaciones por hijo a cargo previstas en el Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social, nos hallamos ante cantidades que proceden del sistema de previsión social. Por tanto, el fondo monetario del que emanan las prestaciones comparadas ya es radicalmente diferente (de un lado, los Presupuestos Generales de Navarra, que se nutren, fundamentalmente, de tributos, y del otro, los Presupuestos de la Seguridad Social, a los que se allegan las cotizaciones de todos los sometidos al régimen de la Seguridad Social), lo que da lugar a que la naturaleza jurídica de una y otra prestación haya de ser distinta, impidiéndose con ello la absoluta identificación de las prestaciones a los efectos del reconocimiento de la exención. Y a partir de ahí, veríamos que si comparamos el contenido de los artículos 180 y 181 del Texto Refundido de la Ley General de la Seguridad Social (que regulan lo relativo a la prestación por hijo a cargo en su modalidad contributiva) con el de los artículos 50.1.e) del Decreto Foral Legislativo 251/1993, de 30 de agosto, por el que se aprueba el Estatuto del Personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra, y 30.e) del Decreto Foral 158/1984, de 4 de julio, por el que se aprueba el Reglamento Provisional de retribuciones del personal al servicio de las Administraciones Públicas de Navarra (que regulan la ayuda familiar controvertida), ocurre que la normativa propia de la Seguridad Social exige una serie de requisitos para el disfrute de la prestación, que no se exigen en el caso de las ayudas familiares reconocidas por el Gobierno de Navarra. Ello lleva a desestimar la pretensión del interesado por este concreto motivo.

TERCERO.- Procede finalmente determinar si sería posible reconducir la exención del caso a lo preceptuado en la letra j) del artículo 10 de la Ley Foral 6/1992, de 14 de mayo (y que reconoce la exención de "las cantidades percibidas de instituciones públicas con motivo del acogimiento de personas mayores de 65 años o afectadas por minusvalías en el grado reglamentariamente determinado"), reconducción que había sido efectuada tanto por el Órgano de Informe y Resolución Tributaria como por este Tribunal en numerosas ocasiones en relación con prestaciones por hijo a cargo satisfechas por la Seguridad Social. Pues bien: ha de verse que la interpretación que en aquellos Acuerdos se hacía acerca del mencionado artículo 10.j) tenía su razón de ser porque en aquellos momentos (con anterioridad al 1 de enero de 1997) no existía la letra k) del artículo 10, antes transcrita. Esto es, al no existir un precepto concreto que eximiese de gravamen determinado tipo de prestaciones, parecía razonable realizar una interpretación extensiva del contenido de la letra j) del artículo 10. Sin embargo, en el momento presente no queda justificada tal interpretación extensiva de esa norma, puesto que el legislador ya ha dejado bien claro cuáles son las prestaciones de este género que quiere eximir de tributación.

Y, en consecuencia, este Tribunal, en sesión celebrada en el día de la fecha arriba indicada, acuerda desestimar la reclamación económico-administrativa interpuesta por don (?) contra Resolución de los órganos de gestión del Impuesto en relación con tributación por el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondiente a los años 1996 a 1998, confirmando dicha Resolución en todos sus extremos.

Discapacitados
Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Constitucionalidad
Prestación por hijo o menor acogido a cargo
Falta de competencia
Acto administrativo impugnado
Regímenes de la Seguridad social
Prestaciones por menores o familiares a cargo
Entidades Gestoras de la Seguridad Social
Bonificaciones
Minusvalía
Acogimiento
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