Resolución Vinculante de ...zo de 2005

Última revisión
18/03/2005

Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V0434-05 de 18 de Marzo de 2005

Tiempo de lectura: 5 min

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Órgano: Dirección General de Tributos

Fecha: 18/03/2005

Num. Resolución: V0434-05


Normativa

Ley 58/2003, artículo 43.1.f)

Cuestión

1. ¿Es de aplicación al artículo 56 de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas?
2. ¿En qué momento debe solicitarse el certificado a la empresa contratista?
3. Consecuencias de la falta de presentación del certificado.

Descripción

Con la entrada en vigor el 1 de julio de 2004 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y en virtud del artículo 43.1.f), se articula un sistema de responsabilidad tributaria que alcanza a los contratantes por razón de ciertas obligaciones fiscales de sus contratistas y subcontratistas.

Contestación


1. La letra f) del apartado 1, del artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, establece que serán responsables subsidiarios:

"f) Las personas o entidades que contraten o subcontraten la ejecución de obras o la prestación de servicios correspondientes a su actividad económica principal, por las obligaciones tributarias relativas a tributos que deban repercutirse o cantidades que deban retenerse a trabajadores, profesionales u otros empresarios, en la parte que corresponda a las obras o servicios objeto de la contratación o subcontratación.

La responsabilidad prevista en el párrafo anterior no será exigible cuando el contratista o subcontratista haya aportado al pagador un certificado específico de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias emitido a estos efectos por la Administración tributaria durante los 12 meses anteriores al pago de cada factura correspondiente a la contratación o subcontratación.

La responsabilidad quedará limitada al importe de los pagos que se realicen sin haber aportado el contratista o subcontratista al pagador el certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, o habiendo transcurrido el período de doce meses desde el anterior certificado sin haber sido renovado.

La Administración tributaria emitirá el certificado a que se refiere este párrafo f), o lo denegará, en el plazo de tres días desde su solicitud por el contratista o subcontratista, debiendo facilitar las copias del certificado que le sean solicitadas.

La solicitud del certificado podrá realizarse por el contratista o subcontratista con ocasión de la presentación de la declaración del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas o del Impuesto sobre Sociedades a que esté obligado. En este caso, la Administración tributaria emitirá el certificado o lo denegará con arreglo al procedimiento y en los plazos que se determinen reglamentariamente."

2. La Resolución 2/2004, de 16 de julio, de la Dirección General de Tributos, relativa a la responsabilidad de los contratistas o subcontratistas regulada en el artículo 43 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, señala:

"(?) el concepto "actividad económica principal" a que se refiere el artículo 43, apartado 1, letra f), de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, ha de ser analizado de manera singular en cada supuesto en el que eventualmente sea de aplicación el citado precepto, debiendo utilizarse en su definición los conceptos de actividad propia e indispensable, sin que pueda excluirse a priori, con carácter general, que dentro de dicho concepto de "actividad económica principal" se incorporen las de carácter complementario a las que integran el ciclo productivo.

(?) habrá de tenerse en cuenta, como complemento de lo anterior en la búsqueda de la concreción en cada caso del alcance del concepto "actividad económica principal" a que se ha hecho referencia, el concepto de objeto social, como definidor, a priori, de dicha actividad.
(?)"

En relación con la primera cuestión, el artículo 56 del Real Decreto Legislativo 2/2000, de 16 de junio, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, establece:

"Artículo 56. Contratos menores.

En los contratos menores, que se definirán exclusivamente por su cuantía de conformidad con los artículos 121, 176 y 201, la tramitación del expediente sólo exigirá la aprobación del gasto y la incorporación al mismo de la factura correspondiente que reúna los requisitos reglamentariamente establecidos y en el contrato menor de obras, además, el presupuesto de las obras, sin perjuicio de la existencia de proyecto cuando normas específicas así lo requieran.

Estos contratos no podrán tener una duración superior a un año, ni ser objeto de prórroga ni de revisión de precios."

Por lo tanto, habrá que estar a lo dispuesto en el contrato suscrito, por cuanto si el objeto del contrato supone la realización de la actividad que debería ser realizada por el consultante por pertenecer a su ámbito de actividad propia, no cabe, en principio, excluir la aplicación de lo dispuesto en la letra f) del apartado 1 del artículo 43 de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre.

No obstante, a las actuaciones de contratación o subcontratación de obras y servicios de las entidades públicas en el marco de las competencias ejercidas directamente en el ámbito de Derecho público no les es aplicable el supuesto de responsabilidad del artículo 43.1.f) de la Ley General Tributaria, ya que en las actuaciones realizadas por cualquier ente público en el ejercicio de potestades administrativas el elemento determinante de la actuación no es el económico sino la consecución de finalidades de interés público.

En lo que respecta a la segunda cuestión, el certificado deberá ser exigido antes de efectuar el pago de la obra o servicio y deberá ser emitido por la Administración tributaria durante los doce meses anteriores al pago de cada factura correspondiente a la contratación o subcontratación.

Por último, ante la falta de presentación del certificado la responsabilidad quedará limitada al importe de los pagos que se realicen sin haber aportado el contratista o sucontratista al pagador el certificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias o habiendo transcurrido el período de doce meses desde el anterior certificado sin haber sido renovado.

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