Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V0641-12 de 27 de Marzo de 2012

Normativa

LIRPF. Ley 35/2006, artículo 14.

Cuestión

- Imputación temporal de las cantidades percibidas por sentencia judicial.
- Tratamiento fiscal de las cantidades reclamadas y que fueron declaradas en años anteriores.
- Deducibilidad de los gastos de abogado y procurador.

Descripción

En el año 2008 el consultante pasó a situación de jubilado forzoso percibiendo, en consecuencia, la correspondiente pensión del INSS.
Recurrida la resolución de su jubilación obtiene en el año 2011 sentencia firme favorable a su recurso, ordenando su reingreso a su puesto de trabajo hasta septiembre de 2009, esto es, se modifica su fecha de jubilación efectiva trasladándola del 1 de noviembre de 2008 al 27 de septiembre de 2009.
En dicho año 2011 percibe la liquidación salarial del periodo noviembre 2008 a septiembre de 2009. Asimismo, se le reclaman judicialmente las pensiones percibidas durante este periodo.

Contestación

En la medida en que las cantidades percibidas en virtud de resolución judicial corresponden a retribuciones dejadas de percibir, debe calificarse como rendimiento del trabajo, de acuerdo con lo establecido en el artículo 17.1 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio, (BOE de 29 de noviembre).
La imputación temporal de las rentas se recoge en el artículo 14 de la Ley 35/2006, que en su apartado 1 establece como regla general para los rendimientos del trabajo su imputación al período impositivo en que son exigibles por el perceptor. Ahora bien, junto con esta regla general el apartado 2 incluye unas reglas especiales de imputación temporal, reglas de las que procede mencionar aquí las recogidas en las letras a) y b) y que, respectivamente, establecen lo siguiente:
"a) Cuando no se hubiera satisfecho la totalidad o parte de una renta, por encontrarse pendiente de resolución judicial la determinación del derecho a su percepción o su cuantía, los importes no satisfechos se imputarán al período impositivo en que aquélla adquiera firmeza.
b) Cuando por circunstancias justificadas no imputables al contribuyente, los rendimientos derivados del trabajo se perciban en períodos impositivos distintos a aquéllos en que fueron exigibles, se imputarán a éstos, practicándose, en su caso, autoliquidación complementaria, sin sanción ni intereses de demora ni recargo alguno. Cuando concurran las circunstancias previstas en el párrafo a) anterior, los rendimientos se considerarán exigibles en el período impositivo en que la resolución judicial adquiera firmeza.
La autoliquidación se presentará en el plazo que media entre la fecha en que se perciban y el final del inmediato siguiente plazo de declaraciones por el impuesto."
La aplicación de la normativa expuesta al supuesto planteado nos lleva a la siguiente conclusión sobre la imputación de las percibidas a que da lugar la sentencia judicial como consecuencia del reconocimiento del retraso de su situación de jubilado:
- Procederá imputar al período impositivo en el que la resolución judicial haya adquirido firmeza (2011) los rendimientos que abarcan hasta la fecha de la resolución judicial. No obstante, en el presente caso no resultará aplicable la reducción del 40 por 100 que el artículo 18.2 de la Ley del Impuesto establece para los rendimientos del trabajo con período de generación superior a dos años y que no se obtengan de forma periódica o recurrente, pues el periodo de generación de los rendimientos que se satisfacen es inferior al dos años (1/11/2008 – 27/09/2009).
Por lo que respecta a la devolución de los importes indebidamente percibidos procede indicar que tal devolución no tiene incidencia en la declaración o declaraciones del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas correspondientes a los ejercicios en que aquella se realice. El hecho de tratarse de unos importes indebidamente percibidos, no exigibles —por tanto— por el consultante, y que deben ser reintegrados al pagador, comporta que su incidencia en la liquidación del Impuesto tenga lugar en las correspondientes a los ejercicios en que se declararon como ingreso.
Por tanto, la regularización de la situación tributaria (excluyendo los importes declarados e indebidamente percibidos) podrá efectuarse instando el consultante la rectificación de las autoliquidaciones, tal como establece el artículo 120.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE del día 18):
"Cuando un obligado tributario considere que una autoliquidación ha perjudicado de cualquier modo sus intereses legítimos, podrá instar la rectificación de dicha autoliquidación de acuerdo con el procedimiento que se regule reglamentariamente.
Cuando la rectificación de una autoliquidación origine una devolución derivada de la normativa del tributo y hubieran transcurrido seis meses sin que se hubiera ordenado el pago por causa imputable a la Administración tributaria, ésta abonará el interés de demora del artículo 26 de esta ley sobre el importe de la devolución que proceda, sin necesidad de que el obligado lo solicite.
A estos efectos, el plazo de seis meses comenzará a contarse a partir de la finalización del plazo para la presentación de la autoliquidación o, si éste hubiese concluido, a partir de la presentación de la solicitud de rectificación.
Cuando la rectificación de una autoliquidación origine la devolución de un ingreso indebido, la Administración tributaria abonará el interés de demora en los términos señalados en el apartado 2 del artículo 32 de esta Ley".
Finalmente, respecto a la imputación temporal de los gastos en concepto de defensa jurídica que se han producido como consecuencia de las diferentes actuaciones judiciales, su consideración de deducibles de los rendimientos íntegros del trabajo, que recoge el artículo 19.2.e) de la Ley del Impuesto, con el límite de 300 euros anuales, nos lleva a la regla general de imputación que al respecto establece el artículo 14.1 de la Ley del Impuesto:
"Los ingresos y gastos que determinan la renta a incluir en la base del impuesto se imputarán al período impositivo que corresponda, de acuerdo con los siguientes criterios:
a) Los rendimientos del trabajo y del capital se imputarán al período impositivo en que sean exigibles por su perceptor.
(…)".
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.