Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V1722-16 de 19 de Abril de 2016

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  • Órgano: SG de Impuestos sobre el Consumo
  • Fecha: 19 de Abril de 2016
  • Núm. Resolución: V1722-16

Normativa

Ley 37/1992 art. 20-Uno-18º-k)- 79

Cuestión

1. Si dichos servicios pueden considerarse independientes a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido.
2. Exención del servicio de recepción, transmisión y ejecución de órdenes.
3. Base imponible en el servicio de asesoramiento.

Descripción

Una entidad financiera presta servicios asesoramiento en la inversión en fondos de inversión así como servicios de recepción, transmisión y ejecución de órdenes relativas a inversión en instituciones de inversión colectiva.

Contestación

1.- De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20, apartado uno, número 18 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), según redacción dada al mismo por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (BOE de 30 de octubre), en vigor desde 31 de octubre, estarán exentas, entre otras, las siguientes operaciones financieras:

"k) Los servicios y operaciones, exceptuados el depósito y la gestión, relativos a acciones, participaciones en sociedades, obligaciones y demás valores no mencionados en las letras anteriores de este número, con excepción de los siguientes:

a') Los representativos de mercaderías.

b') Aquellos cuya posesión asegure de hecho o de derecho la propiedad, el uso o el disfrute exclusivo de la totalidad o parte de un bien inmueble, que no tengan la naturaleza de acciones o participaciones en sociedades.

c') Aquellos valores no admitidos a negociación en un mercado secundario oficial, realizadas en el mercado secundario, mediante cuya transmisión, se hubiera pretendido eludir el pago del impuesto correspondiente a la transmisión de los inmuebles propiedad de las entidades a las que representen dichos valores, en los términos a que se refiere el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores."

El artículo 20.Uno.18º de la Ley 37/1992 constituye la transposición al derecho interno de lo dispuesto por el artículo 135, letra f) de la Directiva 2006/112/ CE, de 28 de noviembre, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. De acuerdo con el precepto comunitario, "los Estados miembros eximirán las operaciones siguientes:

(…)

f) las operaciones, incluida la negociación, pero exceptuados el depósito y gestión, relativas a acciones, participaciones en sociedades o asociaciones, obligaciones y demás títulos-valores, con excepción de los títulos representativos de mercaderías y los derechos o títulos enunciados en el apartado 2 del artículo 15.".

2.- En el escrito de consulta se plantea si el servicio de asesoramiento en la inversión en fondos de inversión puede ser considerado independiente del servicio de recepción, transmisión y ejecución de órdenes de los clientes teniendo en cuenta que ambos se regulan en contratos separados y que la decisión de ejecutar las órdenes recae exclusivamente en el cliente.

Esta cuestión ha sido objeto de estudio por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (el Tribunal, en lo sucesivo). En efecto, en la sentencia de fecha 19 de julio de 2012, recaída en el asunto C-44/11, Deutsche Bank AG, el Tribunal se plantea la naturaleza financiera de los servicios de gestión de carteras a clientes inversores.

En un primer momento, el Tribunal examina la naturaleza del servicio de gestión de carteras concluyendo que el mismo resulta de la combinación de un servicio de análisis y de supervisión de los activos del cliente inversor, por una parte, y una prestación de compra y venta de títulos propiamente dicha, por otra.

Posteriormente, el Tribunal analiza si estos servicios que comprenden la gestión discrecional de carteras constituyen una única prestación económica siendo los unos accesorios de los otros. Así, en sus apartados 22 a 29 concluye lo siguiente:

"22      En vista de estas consideraciones y con el fin de proporcionar una respuesta útil al órgano jurisdiccional remitente, debe considerarse que, mediante su segunda cuestión, ese órgano jurisdiccional solicita, en esencia, que se califique a efectos del IVA el servicio de gestión de carteras controvertido en el litigio principal –actividad remunerada consistente en que un sujeto pasivo decide, conforme a su propio criterio, sobre la compra y la venta de títulos-valores y ejecuta dichas decisiones comprando y vendiendo los títulos-valores– y que se determine, en particular, si esa actividad debe considerarse una única prestación económica.

23      Al tener en cuenta, conforme a la jurisprudencia citada en el apartado 18 de la presente sentencia, todas las circunstancias en las que se desarrolla ese servicio de gestión de carteras, resulta que, esencialmente, éste constituye una combinación de una prestación de análisis y de supervisión de los activos del cliente inversor, por una parte, y una prestación de compra y venta de títulos propiamente dicha, por otra.

24      Es cierto que esos dos elementos del servicio de gestión de carteras pueden prestarse por separado. En efecto, un cliente inversor puede desear únicamente un servicio de asesoramiento y optar por decidir y ejecutar él mismo las operaciones de inversión. A la inversa, el cliente inversor que prefiere tomar él mismo las decisiones de inversión de valores y, de manera más general, estructurar y supervisar sus activos, sin realizar los actos de venta o de compra, puede recurrir a un intermediario para este último tipo de operaciones.

25      Sin embargo, el cliente inversor medio, en el marco de un servicio de gestión de carteras como el efectuado por Deutsche Bank en el litigio principal, busca justamente la combinación de esos dos elementos.

26      Como señaló la Abogado General en el punto 30 de sus conclusiones, no serviría de nada a los inversores, en el marco del servicio de gestión de carteras, decidir la mejor opción de compra, venta o retención de títulos-valores si no se diera efecto a dicha decisión. Del mismo modo, tampoco tendría sentido la decisión de comprar o vender, o de no hacerlo, sin conocimientos especializados y un análisis previo del mercado.
27 En el marco del servicio de gestión de carteras objeto del litigio principal, esos dos elementos no sólo son inseparables, sino que, además, deben situarse en el mismo plano. En efecto, ambos son indispensables para realizar la prestación global, de modo que no es posible considerar que uno constituye la prestación principal y el otro la prestación accesoria.

28 Por consiguiente, ha de considerarse que esos elementos se encuentran tan estrechamente ligados que objetivamente forman una sola prestación económica cuyo desglose resultaría artificial.

29 Habida cuenta de lo anterior, procede responder a la segunda cuestión que un servicio de gestión de carteras, como el controvertido en el litigio principal –concretamente una actividad remunerada consistente en que un sujeto pasivo decide, conforme a su propio criterio, sobre la compra y la venta de títulos-valores y ejecuta dichas decisiones comprando y vendiendo los títulos-valores–, está compuesto por dos elementos que se encuentran tan estrechamente ligados que forman objetivamente una sola prestación económica.".

Del criterio del Tribunal resulta que en los servicios de gestión discrecional de carteras, el servicio de asesoramiento y de recepción, transmisión y ejecución de órdenes es una única prestación económica.

Lo que procede plantearse, a continuación, es si a los servicios objeto de consulta se les puede extender dicho criterio aun no siendo servicios de gestión discrecional de carteras. En definitiva, si se trata de una prestación única o de dos servicios que se deben calificar de forma independiente.

R>El análisis de la accesoriedad de los servicios controvertidos debe realizarse desde la perspectiva de un inversor medio (una persona con un capital disponible para invertir pero sin tiempo o sin los conocimientos necesarios para manejarlo adecuadamente por sí mismo) y plantearse si, en ese supuesto, ambos servicios constituyen una única prestación.

Parece evidente que los dos servicios cuestionados por su propia naturaleza no son tan indivisibles que no se puedan ofrecer de forma independiente.

De esta forma, un inversor que desee conocer cómo gestionar su cartera de la manera más eficiente pero que, además, esté dispuesto a realizar las operaciones por sí mismo, podría contratar un servicio de asesoramiento y después tomar las decisiones por su cuenta. A la inversa, un inversor que decida directamente las compras y ventas de valores que desea hacer y cuándo, pero quiera evitarse la molestia de realizar las operaciones, podía contratar a un intermediario sólo para este último fin. A diferencia de esas dos situaciones, el contrato de gestión ofrecido por la consultante, según se describe el escrito de consulta, está destinado a quienes buscan un único servicio comprensivo de ambas operaciones.

Por otra parte, aunque se puedan ofrecer por separado, ambos servicios carecen de utilidad e forma totalmente aislada. En efecto, es difícil decidir la mejor opción de compra, venta o retención de títulos-valores si no se ejecutase dicha decisión. Por su parte, efectuar (u omitir, según proceda) ventas y compras de estos títulos-valores sin un proceso de decisión racional e informado sería puramente aleatorio.

Por tanto, la decisión de comprar o vender, o de no hacerlo, está tan íntimamente relacionada con la acción u omisión asesoradas que ambas se confunden en un mismo servicio cuando, como en el supuesto planteado en el escrito de consulta, sea prestado por un mismo empresario o profesional.

Por eso, es perfectamente lógico y generalizado que un inversor que carezca de los recursos necesarios para hacerlo por sí mismo encargue tanto la decisión como su ejecución a un tercero con experiencia en este tipo de inversiones.

El mero hecho de que el contrato tipo del consultante especifique un porcentaje separado para ambos servicios no cambia su calificación como servicio único. Así lo ha declarado el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en su sentencia Bog y otros, de 10 de marzo de 2011, en donde concluyó que "la existencia de una operación única es independiente de si la empresa de catering emite una sola factura que recoja todos los elementos o de si, por el contrario, emite una factura separada por la entrega de las comidas" (apartado 57 de la sentencia).

En definitiva se puede concluir que la prestación de un servicio de asesoramiento junto con un servicio de recepción, transmisión y ejecución de órdenes constituye una operación única a efectos del Impuesto cuyo desglose efectuado por el mismo empresario o profesional resultaría artificial.

2.- Una vez considerado como una única prestación económica, es preciso analizar si la prestación de tal servicio puede quedar exenta del Impuesto en los términos del 20, apartado uno, número 18 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), según redacción dada al mismo por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (BOE de 30 de octubre), en vigor desde 31 de octubre, estarán exentas, entre otras, las siguientes operaciones financieras:

"k) Los servicios y operaciones, exceptuados el depósito y la gestión, relativos a acciones, participaciones en sociedades, obligaciones y demás valores no mencionados en las letras anteriores de este número, con excepción de los siguientes:

a') Los representativos de mercaderías.

b') Aquellos cuya posesión asegure de hecho o de derecho la propiedad, el uso o el disfrute exclusivo de la totalidad o parte de un bien inmueble, que no tengan la naturaleza de acciones o participaciones en sociedades.

c') Aquellos valores no admitidos a negociación en un mercado secundario oficial, realizadas en el mercado secundario, mediante cuya transmisión, se hubiera pretendido eludir el pago del impuesto correspondiente a la transmisión de los inmuebles propiedad de las entidades a las que representen dichos valores, en los términos a que se refiere el artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores."

El artículo 20.Uno.18º de la Ley 37/1992 constituye la transposición al derecho interno de lo dispuesto por el artículo 135, letra f) de la Directiva 2006/112/ CE, de 28 de noviembre, relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido. De acuerdo con el precepto comunitario, "los Estados miembros eximirán las operaciones siguientes:

(…)

f) las operaciones, incluida la negociación, pero exceptuados el depósito y gestión, relativas a acciones, participaciones en sociedades o asociaciones, obligaciones y demás títulos-valores, con excepción de los títulos representativos de mercaderías y los derechos o títulos enunciados en el apartado 2 del artículo 15;"

Esta cuestión también fue resuelta por el Tribunal que en la citada setnencia Deutsche Bank en sus apartados 39 a 46 concluyó lo siguiente:

"39 Si bien las prestaciones de compra y venta de títulos pueden estar comprendidas en el ámbito de aplicación del artículo 135, apartado 1, letraf), de la Directiva 2006/112, no sucede lo mismo, en cambio, con las prestaciones de análisis y supervisión de los activos, ya que estas últimas prestaciones no suponen necesariamente la realización de operaciones que pueden crear, modificar o extinguir los derechos y obligaciones de las partes sobre títulos-valores.

40 Deutsche Bank y la Comisión Europea consideran que la esencia del servicio de gestión de carteras controvertido en el litigio principal reside en la operación activa de compra y venta de títulos-valores y que, por esta razón, dicha prestación debe estar exenta de IVA conforme al artículo 135, apartado 1, letraf), de la Directiva 2006/112. El Finanzamt y los Gobiernos alemán, neerlandés y del Reino Unido estiman, por su parte, que se trata, más bien, de una prestación de análisis y vigilancia, a la que no resulta aplicable la exención prevista en esa disposición.

41 Sin embargo, del apartado 27 de la presente sentencia se deduce que no es posible considerar que los elementos que integran este servicio constituyen uno una prestación principal y el otro una prestación accesoria. En efecto, estos elementos deben situarse en el mismo plano.

42 A este respecto, es jurisprudencia reiterada que los términos empleados para designar las exenciones previstas en el artículo 135, apartado 1, de la Directiva 2006/112 han de interpretarse estrictamente, dado que constituyen excepciones al principio general de que el IVA se percibe por cada prestación de servicios efectuada a título oneroso por un sujeto pasivo (véanse, en particular, las sentencias de 20 de noviembre de 2003, Taksatorringen, C-8/01, Rec.p.I-13711, apartado 36, y DTZ Zadelhoff, antes citada, apartado20).

43 De este modo, debido a que, a efectos del IVA, dicho servicio sólo puede considerarse en su conjunto, no puede estar comprendido en el ámbito de aplicación del artículo 135, apartado 1, letraf), de la Directiva2006/112.

(…)

46 En vista de cuanto antecede, procede responder a la primera cuestión que el artículo 135, apartado 1, letrasf) o g), de la Directiva 2006/112 debe interpretarse en el sentido de que la gestión de carteras, como la controvertida en el litigio principal, no está exenta de IVA conforme a dicha disposición."

De acuerdo con todo lo anterior, este Centro directivo considera que los servicios de asesoramiento de inversiones, junto con la ejecución del mismo, en las condiciones señaladas, no quedan exentos del Impuesto, debiéndose repercutir el Impuesto por la prestación de tales servicios.

R>3.- Una última cuestión se refiere al cálculo de la base imponible del servicio de asesoramiento, y en particular, si la base imponible del mismo se puede disminuir con el importe de las retrocesiones pagadas por los fondos de inversión en los que se invierta.

La comisión por retrocesión es la cantidad que cada fondo de inversión abona a la entidad consultante por la comercialización de dicho vehículo de inversión y supone una parte de la comisión de gestión que se cobra al cliente, inversor final.

La entidad consultante tiene previsto retroceder dicha comisión al cliente final y se plantea si, en tal caso, reduciría la base imponible del servicio prestado.

El artículo 78 de la Ley del Impuesto sobre el Valor Añadido dispone lo siguiente:

"La base imponible del Impuesto estará constituida por el importe total de la contraprestación de las operaciones sujetas al mismo procedente del destinatario o de terceras personas.

(…)

Tres. No se incluirán en la base imponible:

1º. Las cantidades percibidas por razón de indemnizaciones, distintas de las contempladas en el apartado anterior que, por su naturaleza y función, no constituyan contraprestación o compensación de las entregas de bienes o prestaciones de servicios sujetas al Impuesto.

2º. Los descuentos y bonificaciones que se justifiquen por cualquier medio de prueba admitido en derecho y que se concedan previa o simultáneamente al momento en que la operación se realice y en función de ella."

Por tanto, el importe del servicio de asesoramiento deberá ser el fijado por las partes como contraprestación pudiéndose ser objeto de minoración si previa o simultáneamente al momento de la operación se concede un descuento como consecuencia de la inversión en determinados fondos de inversión (retrocesión de la comisión).

Por otra parte, si con posterioridad al devengo de la prestación del servicio la consultante decide efectuar un descuento a su cliente en la cuantía de la retrocesión que percibe del fondo de inversión, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 80.Uno de la Ley 37/1992 que establece que:

"Uno. La base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en los artículos 78 y 79 anteriores se reducirá en las cuantías siguientes:

(…)

2º. Los descuentos y bonificaciones otorgados con posterioridad al momento en que la operación se haya realizado siempre que sean debidamente justificados.".

4.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Inversor
Impuesto sobre el Valor Añadido
Título-valor
Prestación económica
Mercado secundario de valores
Fondos de inversión
Operaciones financieras
Fraude
Pago de impuestos
Bienes inmuebles
Mercado de Valores
Mercancías
Opción de compra
Entidades financieras
Instituciones de inversión colectiva
Empresario individual
Comisiones
Inversión de valores
Omisión
Contraprestación
Prestación de servicios
A título oneroso
Bonificaciones
Inversiones
Entrega de bienes
Comercialización
Medios de prueba

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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