Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V1856-14 de 11 de Julio de 2014

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  • Órgano: SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas
  • Fecha: 11 de Julio de 2014
  • Núm. Resolución: V1856-14

Normativa

Ley 20/1990, de 19 de diciembre, arts. 1, 6, 7 y 13

Cuestión

1º) Si la consultante puede considerarse como una cooperativa fiscalmente protegida o especialmente protegida.

2º) Si sería de aplicación alguna de las causas de pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida contempladas en el artículo 13 de la Ley 20/1990 y, en concreto, la prevista en el párrafo segundo del apartado 10 del citado artículo.

3º) Si sería compatible el régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas y la aplicación de los incentivos fiscales previstos en la Ley 20/1990.

Descripción

La consultante es una cooperativa madrileña, formada por 96 socios, que ostenta la propiedad de un edificio de 96 viviendas y sus correspondientes anejos, sin que ninguna de las viviendas supere los 135 metros cuadrados de superficie.

La actividad de la entidad consiste en la explotación en régimen de alquiler de la totalidad del inmueble. Las 96 viviendas se encuentran arrendadas u ofrecidas en arrendamiento. Para el desarrollo de esta actividad la cooperativa dispone de un local destinado a la explotación del referido negocio y un empleado contratado a jornada completa para el desarrollo de dicha actividad. De estas 96 viviendas más de la mitad se encuentran arrendadas a terceros no socios (cooperativistas).

La consultante está acogida al régimen especial de entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas previsto en el capítulo III del título VII del TRLIS.

Contestación

De acuerdo con lo dispuesto en la disposición final segunda del texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Sociedades (en adelante TRLIS), aprobado por Real Decreto Legislativo 4/2004, de 5 de marzo (BOE de 11 de marzo):

"1. Las cooperativas tributarán de acuerdo con lo establecido en la Ley 20/1990, de 19 de diciembre, sobre Régimen Fiscal de Cooperativas."

El artículo 6.1 de la Ley 20/1990, de 19 de diciembre (BOE de 20 de diciembre) sobre régimen fiscal de las cooperativas, establece:

"1. Serán consideradas como cooperativas protegidas, a los efectos de esta Ley, aquellas Entidades que, sea cual fuere la fecha de su constitución, se ajusten a los principios y disposiciones de la Ley General de Cooperativas o de las Leyes de Cooperativas de las Comunidades Autónomas que tengan competencia en esta materia y no incurran en ninguna de las causas previstas en el artículo 13."

Del precepto anterior se establecen dos requisitos para poder tener la consideración de cooperativa fiscalmente protegida, consistentes en, por una parte, ajustarse a lo dispuesto en la normativa reguladora aplicable a la cooperativa en cuestión, y, por otra, no incurrir en ninguno de los supuestos que determinan la pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida.

En el presente supuesto la norma sustantiva aplicable sería la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid. Por tanto, la consultante para poder tener la consideración de cooperativa fiscalmente protegida debe ajustarse a lo dispuesto en dicha norma. No obstante, se trataría de circunstancias de hecho que deberían ser probadas por cualquier medio de prueba admitido en Derecho ante los órganos competentes en materia de comprobación de la Administración Tributaria.

En relación con las causas que determinan la pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida, el artículo 13 de la Ley 20/1990 prevé:

Será causa de pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida incurrir en alguna de las circunstancias que se relacionan a continuación:

1. No efectuar las dotaciones al Fondo de Reserva Obligatorio y al de Educación y Promoción, en los supuestos, condiciones y por la cuantía exigida en las disposiciones cooperativas.

2. Repartir entre los socios los Fondos de Reserva que tengan carácter de irrepartibles durante toda la vida de la Sociedad y el activo sobrante en el momento de su liquidación.

3. Aplicar cantidades del Fondo de Educación y Promoción a finalidades distintas de las previstas por la Ley.

4. Incumplir las normas reguladoras del destino del resultado de la regularización del balance de la cooperativa o de la actualización de las aportaciones de los socios al capital social.

5. Retribuir las aportaciones de los socios o asociados al capital social con intereses superiores a los máximos autorizados en las normas legales o superar tales límites en el abono de intereses por demora en el supuesto de reembolso de dichas aportaciones o por los retornos cooperativos devengados y no repartidos por incorporarse a un Fondo Especial constituido por acuerdo de la Asamblea general.

6. Cuando los retornos sociales fueran acreditados a los socios en proporción distinta a las entregas, actividades o servicios realizados con la Cooperativa o fuesen distribuidos a terceros no socios.

7. No imputar las pérdidas del ejercicio económico o imputarlas vulnerando las normas establecidas en la Ley, los Estatutos o los acuerdos de la Asamblea general.

8. Cuando las aportaciones al capital social de los socios o asociados excedan los límites legales autorizados.

9. Participación de la cooperativa, en cuantía superior al 10 por 100, en el capital social de Entidades no cooperativas. No obstante, dicha participación podrá alcanzar el 40 por 100 cuando se trate de Entidades que realicen actividades preparatorias, complementarias o subordinadas a las de la propia cooperativa.

El conjunto de estas participaciones no podrá superar el 50 por 100 de los recursos propios de la cooperativa.

R>El Ministerio de Economía y Hacienda podrá autorizar participaciones superiores, sin pérdida de la condición de cooperativa fiscalmente protegida, en aquellos casos en que se justifique que tal participación coadyuva al mejor cumplimiento de los fines sociales cooperativos y no supone una vulneración de los principios fundamentales de actuación de estas Entidades.

10. La realización de operaciones cooperativizadas con terceros no socios, fuera de los casos permitidos en las leyes, así como el incumplimiento de las normas sobre contabilización separada de tales operaciones y destino al Fondo de Reserva Obligatorio de los resultados obtenidos en su realización.

Ninguna cooperativa, cualquiera que sea su clase, podrá realizar un volumen de operaciones con terceros no socios superior al 50 por ciento del total de las de la cooperativa, sin perder la condición de cooperativa fiscalmente protegida.

A los efectos de la aplicación del límite establecido en el párrafo anterior, se asimilan a las operaciones con socios los ingresos obtenidos por las secciones de crédito de las cooperativas procedentes de cooperativas de crédito, inversiones en fondos públicos y en valores emitidos por empresas públicas.

11. Al empleo de trabajadores asalariados en número superior al autorizado en las normas legales por aquellas cooperativas respecto de las cuales exista tal limitación.

12. La existencia de un número de socios inferior al previsto en las normas legales, sin que se restablezca en un plazo de seis meses.

13. La reducción del capital social a una cantidad inferior a la cifra mínima establecida estatutariamente, sin que se restablezca en el plazo de seis meses.

14. La paralización de la actividad cooperativizada o la inactividad de los órganos sociales durante dos años, sin causa justificada.

15. La conclusión de la empresa que constituye su objeto o la imposibilidad manifiesta de desarrollar la actividad cooperativizada.

16. La falta de auditoría externa en los casos señalados en las normas legales."

Por tanto, en la medida en que la cooperativa consultante no incurriera en ninguna de las circunstancias anteriores y se ajustara a lo dispuesto en la Ley 4/1999, de 30 de marzo, de Cooperativas de la Comunidad de Madrid, podría tener la consideración de cooperativa fiscalmente protegida.

En la consulta se pone de manifiesto que la consultante tiene como actividad la explotación de viviendas en régimen de arrendamiento, teniendo más de la mitad de las viviendas de su propiedad arrendadas a terceros. Por tanto, en la medida que los ingresos derivados del arrendamiento de viviendas a terceros sea superior al 50% del total de los ingresos de la cooperativa, esta no podrá tener la consideración de fiscalmente protegida, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 13.10 de la Ley 20/1990.

En el supuesto de que los ingresos derivados del arrendamiento de viviendas a terceros fuera inferior al 50% de los ingresos totales de la cooperativa consultante y se cumplieran el resto de requisitos previstos en la Ley 20/1999, dicha cooperativa podría tener la consideración de fiscalmente protegida. En este caso, cabría plantearse la posibilidad de que la misma pudiera beneficiarse de los incentivos previstos para las cooperativas especialmente protegidas. Al respecto el artículo 7 de la misma ley dispone: "Se considerarán especialmente protegidas y podrán disfrutar, con los requisitos señalados en esta Ley, de los beneficios tributarios establecidos en los artículos 33 y 34, las cooperativas protegidas de primer grado de las clases siguientes:

a) Cooperativas de Trabajo Asociado.

b) Cooperativas Agrarias.

c) Cooperativas de Explotación Comunitaria de la Tierra.

d) Cooperativas del Mar.

e) Cooperativas de Consumidores y Usuarios.

En cuanto a las cooperativas de segundo y ulterior grado se estará a lo dispuesto en el artículo 35."

Por otra parte, el artículo 144 de la Ley 4/1999 establece:

1. Son aquellas que, tienen por objeto procurar exclusivamente a sus socios viviendas o locales, edificaciones e instalaciones complementarias; mejorar, conservar y administrar dichos inmuebles y los elementos comunes; crear y prestar los servicios correspondientes, pudiendo también realizar la rehabilitación de viviendas, locales y otras edificaciones e instalaciones destinadas a ellos.

(…)

2. Las Cooperativas de Viviendas podrán adquirir, parcelar y urbanizar terrenos y, en general, desarrollar cuantas actividades y trabajos sean necesarios para el cumplimiento de su objeto social.

3. La propiedad o el uso y disfrute de las viviendas y locales podrán ser adjudicados o cedidos a los socios mediante cualquier título admitido en derecho, ya sea para uso habitual o permanente, ya sea para descanso o vacaciones, ya sean destinadas a residencias para personas de la tercera edad o disminuidas. Cuando la Cooperativa retenga la propiedad de las viviendas o locales, los Estatutos establecerán las normas a que han de ajustarse tanto su uso y disfrute por los socios como los demás derechos y obligaciones de éstos y de la Cooperativa, pudiendo prever y regular la posibilidad de cesión o permuta del derecho de uso y disfrute de la vivienda o local con socios de otras Cooperativas de Viviendas que tengan establecida la misma modalidad.

4. Las Cooperativas de Viviendas podrán enajenar o arrendar a terceros, no socios, los locales comerciales y las instalaciones y edificaciones complementarias de su propiedad. La Asamblea General acordará el destino del importe obtenido por enajenación o arrendamiento de los mismos.

R>Asimismo, para enajenar viviendas en caso necesario, podrán estas Entidades acogerse al régimen autorizatorio de operaciones con terceros previsto en el artículo 58 de la presente Ley, acompañando a la solicitud una memoria justificativa de los precios propuestos para estas operaciones.

(…)".

De los hechos manifestados en el escrito de la consulta se desprende que la consultante tiene la consideración de cooperativa de viviendas de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 144 de la Ley 4/1999.

Por tanto, en la medida en que las cooperativas de viviendas no tienen la consideración de especialmente protegidas, con arreglo a lo previsto en el artículo 7 de la Ley 4/1999, la cooperativa consultante no podrá disfrutar de los beneficios establecidos para este tipo de cooperativas.

Por último, dado que la consultante no tiene la consideración de cooperativa fiscalmente protegida, no procede contestar el resto de cuestiones planteadas.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Sociedad cooperativa
Capital social
Entidades dedicadas al arrendamiento de viviendas
Fondo de reserva
Aportaciones de socios o propietarios
Beneficios fiscales
Aportaciones sociales
Jornada completa
Impuesto sobre sociedades
Socio de la cooperativa
Medios de prueba
Ejercicio económico
Reembolso
Número de socios
Órganos sociales
Reducción de capital social
Trabajador por cuenta ajena
Cooperativas de crédito
Empresa pública
Inversiones
Permuta
Objeto social
Edificaciones complementarias
Cooperativa de explotación comunitaria
Cooperativa de consumidores y usuarios
Residencia
Cooperativas agrarias
Cooperativa de trabajo asociado
Elementos comunes
Consumidores y usuarios
Local comercial
Vacaciones

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RDLeg. 4/2004 de 5 de Mar (TR. de la ley del impuesto sobre sociedades) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 61 Fecha de Publicación: 11/03/2004 Fecha de entrada en vigor: 12/03/2004 Órgano Emisor: Ministerio De Hacienda

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