Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V2195-09 de 02 de Octubre de 2009

TIEMPO DE LECTURA:

  • Órgano: SG DE OPERACIONES FINANCIERAS
  • Fecha: 02 de Octubre de 2009
  • Núm. Resolución: V2195-09

Normativa

OM 15/12/99 AP 5-3, 6; OM EHA/1674/2006; OM EHA/3290/2008 art. 19; RD 1309/2005 art. 20-2; RD 1776/2004 DA

Cuestión

Aplicación del régimen previsto en la disposición adicional única del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes en el supuesto de comercialización transfronteriza de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva españolas por establecimientos o sucursales en el extranjero de entidades residentes en España.

Descripción

El artículo 20.2 del Reglamento de la Ley 35/2003 regula la comercialización de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva españolas en otros países a través de entidades legalmente habilitadas en éstos para realizar dicha actividad, mediante el registro de los valores en la entidad gestora o sociedad de inversión española a nombre del comercializador por cuenta de sus clientes.
La disposición adicional única del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes y su normativa de desarrollo establecen un procedimiento especial de acreditación de la identidad y residencia de los inversores no residentes en instituciones de inversión colectiva españolas canalizados mediante dicho procedimiento de comercialización, aunque referido a comercializadores residentes en el extranjero.

Contestación

La disposición adicional única del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto 1776/2004, de 30 de julio (en adelante, RIRNR) y la Orden de desarrollo, EHA/1674/2006, de 24 de mayo, contienen la regulación, a efectos de la aplicación de las exenciones previstas en el texto refundido de la Ley del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, aprobado por el Real Decreto Legislativo 5/2004, de 5 de marzo, o de las exenciones o tipos limitados resultantes de un Convenio para evitar la doble imposición suscrito por España, de un régimen especial de acreditación de la identidad y residencia de determinados inversores no residentes que, sin mediación de establecimiento permanente en territorio español, inviertan en acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva españolas a través de entidades comercializadoras residentes en el extranjero, las cuales, en virtud de contrato suscrito con la entidad gestora o sociedad de inversión española, figuran en los registros de éstas últimas como partícipes o socios por cuenta de sus clientes no residentes.
En concreto, el apartado 1 de la citada disposición adicional única señala:
"1. Lo establecido en esta disposición adicional resultará de aplicación cuando, conforme a lo dispuesto en el artículo 20 del Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre, las sociedades gestoras o, en su caso, las sociedades de inversión, reguladas en la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, registren en cuentas globales a nombre de entidades intermediarias residentes en el extranjero la comercialización transfronteriza por tales entidades de acciones o participaciones de las instituciones de inversión colectiva que aquellas gestionen o, en el caso de sociedades de inversión, de sus propias acciones."
En el apartado 2 de la misma norma se establece la aplicación del citado régimen especial de acreditación de la identidad y residencia de los inversores no residentes, disponiendo:
"2. La utilización de cuentas globales por entidades comercializadoras residentes en el extranjero supondrá que la acreditación de la identidad y residencia de los accionistas o partícipes no residentes se realice mediante la remisión, por la entidad comercializadora, de las certificaciones y de las relaciones previstas en el apartado 3, de acuerdo con el procedimiento que determine el Ministro de Economía y Hacienda."
El contenido de este régimen se encuentra en los apartados 3.c) y 5 de la misma disposición adicional y en la mencionada Orden EHA/1674/2006.
De acuerdo con las citadas normas, la entidad comercializadora debe cumplir las siguientes obligaciones:
1º. Remitir a la entidad gestora o, en su caso, a la sociedad de inversión, con ocasión de la percepción de beneficios distribuidos por la institución o de reembolsos o transmisiones de sus participaciones o acciones, determinadas certificaciones acerca de la residencia de los perceptores o transmitentes, en la forma y con la información que, para cada caso, se detalla en la Orden EHA/3290/2008, de 6 de noviembre, y en la Orden de 15 de diciembre de 1999, por las que se aprueban respectivamente los modelos 216 y 296, y 117 y 187, que recogen las modificaciones realizadas por la Orden EHA/1674/2006.
2º. Remitir a la Administración tributaria española, en nombre de la entidad gestora o de la sociedad de inversión, la relación individualizada de los partícipes o accionistas perceptores de los beneficios distribuidos o transmitentes de las participaciones o acciones, así como una relación anual individualizada de sus clientes con su posición inversora en la institución de inversión colectiva, de igual modo, en la forma y plazos y con el contenido previsto en la Orden EHA/1674/2006.
3º. Comunicar a la entidad gestora o a la sociedad de inversión, en la forma, plazos y con los datos señalados en la citada Orden, el cumplimiento de las obligaciones de remisión a la Administración tributaria de las anteriores relaciones informativas.
La citada disposición adicional única del RIRNR establece, además, determinados requisitos que debe reunir la comercialización transfronteriza de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva españolas mediante cuenta global, para que resulte aplicable el régimen especial; en particular, las prohibiciones de incluir en dichas cuentas acciones o participaciones pertenecientes a personas que tengan su residencia fiscal en España o a establecimientos permanentes de no residentes situados en territorio español y acciones o participaciones a nombre de otro intermediario por cuenta de terceros.
Asimismo, la misma norma fiscal dispone la expresa constancia en los contratos de comercialización de los citados requisitos y de las obligaciones de certificación y de información fiscal que debe asumir la entidad comercializadora, así como de las responsabilidades de carácter tributario que se derivan para la entidad gestora o sociedad de inversión y el efecto de resolución del contrato, en los casos de incumplimiento por el comercializador de tales requisitos y obligaciones.
Por otra parte, el artículo 20.2 del Reglamento de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de instituciones de inversión colectiva, aprobado por el Real Decreto 1309/2005, de 4 de noviembre (en adelante RIIC), establece lo siguiente:
"2. Las acciones o participaciones de las IIC españolas podrán ser comercializadas en otros países a través de las entidades legalmente habilitadas en estos para la realizar la actividad de comercialización. No obstante, la SGIIC no se eximirá de su responsabilidad, en ningún caso, por la realización de estas actividades por la entidad comercializadora.
La comercialización deberá cumplir los siguientes requisitos:
a) En el registro de accionistas o partícipes de la IIC española, los accionistas o partícipes canalizados a través de la entidad comercializadora deberán figurar a nombre de esta, por cuenta de sus clientes.
b) La entidad comercializadora comunicará, según la frecuencia con la que la IIC atienda la suscripción o adquisición y el reembolso o transmisión de sus participaciones o acciones, a la IIC española o, en su caso, a la correspondiente SGIIC el saldo de suscripciones y de reembolsos o transmisiones producidos, y abonará o solicitará el abono de la diferencia. Con la misma periodicidad y a los efectos de determinación del número mínimo de accionistas o partícipes de la IIC, deberá comunicar a la IIC española o, en su caso, a la correspondiente SGIIC el número de accionistas o partícipes canalizados a través de ella.
c) En los contratos que se celebren entre la IIC española, o la SGIIC en su caso, y la comercializadora deberá establecerse que sea esta la que remita, o ponga a disposición de los accionistas o partícipes canalizados a través de ella, los documentos informativos que, conforme a la legislación aplicable, tengan derecho a recibir.
d) En estos contratos deberá establecerse que sea la comercializadora la que remita a la CNMV toda la información, en relación con los accionistas o partícipes de la IIC canalizados a través de aquella, que, conforme a la normativa española, deba remitir la SGIIC a dicha autoridad. Si la entidad comercializadora incumpliera estas obligaciones, automáticamente la SGIIC se reputará responsable de dicho incumplimiento ante las autoridades españolas, ante las que el contrato carecerá de toda validez a partir del incumplimiento. Todo ello sin perjuicio de las infracciones y sanciones que resultaran pertinentes de conformidad con lo dispuesto en la ley.
e) Los residentes españoles no podrán ser accionistas o partícipes de IIC españolas a través de comercializadores extranjeros. Sin perjuicio de las infracciones y sanciones que, en su caso, resultaran pertinentes, las SGIIC resultarán responsables de dicho incumplimiento, y dicho contrato carecerá de toda validez ante las autoridades españolas a partir del momento del incumplimiento.
La CNMV podrá establecer el contenido mínimo de los contratos señalados con anterioridad y fijar los modelos de contratos, en su caso. En todo caso, en el contrato de comercialización deberá figurar necesariamente una cláusula que establezca su resolución cuando se produzca el incumplimiento de las obligaciones previstas en esta disposición por parte de la entidad comercializadora. El contrato de comercialización quedará sin efecto a partir del momento en que la sociedad gestora o la sociedad de inversión tengan constancia por cualquier medio de dicho incumplimiento."
Este artículo contiene, por tanto, una regulación sustantiva, de carácter financiero, de la comercialización transfronteriza de participaciones o acciones de instituciones de inversión colectiva españolas, a través de entidades distintas de la propia sociedad gestora o sociedad de inversión, mediante el denominado sistema de cuenta global, es decir, mediante el registro en la entidad gestora o sociedad de inversión de las acciones y participaciones pertenecientes a los partícipes o accionistas canalizados a través de la entidad comercializadora a nombre de esta última, por cuenta de aquellos.
En relación con el alcance de la aplicación de las previsiones establecidas en el citado artículo 20.2, este Centro Directivo solicitó informe a la Dirección General del Tesoro y Política Financiera, la cual en su escrito de contestación de 30 de diciembre de 2008, manifiesta los siguientes criterios, de interés en relación con la cuestión planteada:
En primer lugar, respecto de la expresión del primer párrafo "entidades legalmente habilitadas en estos para realizar la comercialización", indica el citado Centro Directivo que incluye tanto a las entidades residentes en el país de comercialización "como a las entidades españolas que actúen, dentro del ámbito comunitario, mediante pasaporte (en este caso la comercializadora podría ser tanto una sociedad gestora de IIC como una empresa de servicios de inversión o una entidad de crédito autorizada para llevar a cabo esta actividad)". Ello implica que dicha comercialización puede ser realizada tanto por "entidades que sean residentes en el país de comercialización (incluidas las filiales de entidades españolas) como por entidades españolas distintas de la propia sociedad gestora o sociedad de inversión que haciendo uso de su pasaporte comercialicen fondos y sociedades de inversión de otra entidad española mediante sucursal (libertad de establecimiento)".
Señala asimismo dicho Centro Directivo que "en cuanto a los requisitos para que las entidades autorizadas en España realicen la comercialización en el exterior, únicamente se requiere la obtención del pasaporte ante la correspondiente autoridad española".
En segundo lugar, en relación con el segundo párrafo del artículo 20.2 del RIIC que establece que "la comercialización deberá cumplir los siguientes requisitos"; señala la Dirección General del Tesoro y Política Financiera que "el cumplimiento de los requisitos regulados en el artículo 20.2 se aplica por igual en ambos casos (comercialización por entidad residente en el propio país de comercialización como por entidad española que actúa en dicho país con pasaporte) pues en el mismo no se hace ninguna distinción entre ambos supuestos, siendo asimismo patente que la voluntad del legislador es el cumplimiento obligatorio de todos los requisitos enumerados en dicho apartado para poder realizar la comercialización".
En tercer lugar, en relación con el requisito de la letra e) del artículo 20.2 del RIIC que establece que "los residentes españoles no podrán ser accionistas o partícipes de IIC españolas a través de comercializadores extranjeros", concluye el mencionado Centro Directivo en su informe que "el artículo 20.2 se aplica en las mismas condiciones a todas la entidades legalmente habilitadas en el país en cuestión para realizar la comercialización", y que "asimismo, a todas las entidades se les exige el cumplimiento de todos los requisitos establecidos en dicho apartado 2 y, entre ellos, el establecido en la letra e). Por tanto, la referencia realizada en esta letra e) a "comercializadores extranjeros" ha de leerse conjuntamente con el primer párrafo del apartado 2 y, por ende, interpretarse en un sentido amplio como toda "entidad legalmente habilitada en el país de comercialización para realizar dicha actividad".
A la vista de los criterios anteriores puede concluirse que el artículo 20.2 del RIIC permite que la comercialización transfronteriza de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva españolas pueda ser llevada a cabo no solo por entidades residentes en el país de comercialización, sino también, tratándose de países pertenecientes a la Unión Europea, por entidades españolas (distintas de la propia sociedad gestora de la institución o sociedad de inversión) que, pudiendo realizar la actividad de comercialización de estos valores conforme a su autorización, cuenten con pasaporte comunitario y, en consecuencia, en virtud de la libertad de establecimiento, mediante sucursal en el país de comercialización.
Además, en cualquiera de estos casos, la comercialización ha de efectuarse imperativamente mediante el procedimiento y con cumplimiento de todos los requisitos exigidos en el artículo 20.2 del RIIC, lo que implica que el comercializador, ya sea una entidad extranjera residente en el país de comercialización o una sucursal en dicho país de una entidad española que opere en uso de su pasaporte comunitario, será quien necesariamente deba figurar en los registros de la entidad gestora o sociedad de inversión española como poseedor de las acciones o participaciones de la institución de inversión colectiva comercializada, por cuenta de sus terceros clientes.
En consecuencia, será también dicha entidad comercializadora quien, igualmente figure, ante la entidad gestora o sociedad de inversión, como transmitente o adquirente de los valores y como perceptora de los beneficios que distribuya la institución, por cuenta de sus clientes.
Partiendo de esta igualdad de tratamiento, señalada por la Dirección General del Tesoro y Política Financiera en su informe, en la exigencia del cumplimiento de la totalidad de los requisitos que el artículo 20.2 del RIIC establece para poder realizar la comercialización transfronteriza de acciones o participaciones de instituciones de inversión colectiva españolas, tanto por entidades residentes en el país de comercialización como por sucursales en el mismo de entidades españolas que operen en virtud de pasaporte comunitario, cabe realizar las siguientes consideraciones:
El régimen sustantivo de comercialización transfronteriza mediante cuenta global del artículo 20.2 del RIIC, y el procedimiento especial de acreditación de la identidad y residencia en el caso de esta forma de comercialización, contenido en la disposición adicional única del RIRNR, fueron incorporados a nuestro ordenamiento simultáneamente por el mismo Real Decreto 1309/2005, por el que se aprobó el citado RIIC.
Con anterioridad al Real Decreto 1309/2005, la acreditación de la residencia a efectos de las exenciones internas o resultantes de convenios para evitar la doble imposición o de la práctica de retención a los tipos de gravamen limitados previstos en estos últimos, aplicables, en su caso, a las rentas obtenidas en España por no residentes sin establecimiento permanente procedentes de instituciones de inversión colectiva, seguía en todo caso el régimen general previsto en la normativa del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, que se concreta, de acuerdo con las Órdenes EHA/3290/2008, de 6 de noviembre, y de 15 de diciembre de 1999, por las que se aprueban respectivamente los modelos de declaración 216 y 296, y 117 y 187, en la aportación a la entidad pagadora (entidad gestora o sociedad de inversión) por cada uno de los accionistas o partícipes de un certificado de residencia expedido por la autoridad fiscal del país de residencia.
Por tanto, se puede subrayar que la disposición adicional única del RIRNR nace ligada a la forma de comercialización transfronteriza regulada en el artículo 20.2 del RIIC, para arbitrar un procedimiento que, teniendo en cuenta las particularidades que presenta la operativa a través de cuenta global a nombre de un intermediario comercializador, posibilite la aplicación de las exenciones o la práctica de las retenciones procedentes, sin necesidad de tener que acudir en todos los casos al régimen general de certificación de la residencia fiscal de los perceptores o transmitentes.
De entre estas particularidades, la más destacable es el desconocimiento por la entidad gestora o sociedad de inversión de los datos correspondientes a los inversores canalizados a través de la entidad comercializadora, ya que es únicamente esta entidad quien figura en el registro de partícipes o accionistas de la institución como tenedora de los valores por cuenta de terceros y quien, en consecuencia, percibe los beneficios que la institución distribuya y realiza las transmisiones o reembolsos y suscripciones.
Esta interposición de la entidad comercializadora entre la entidad gestora o sociedad de inversión y los partícipes o accionistas no residentes tiene consecuencias en el ámbito financiero, ya que el RIIC hace recaer sobre dicha entidad comercializadora tanto las obligaciones de información a éstos últimos como la remisión al organismo supervisor español de toda la información relativa a los accionistas o partícipes canalizados a través de ella que conforme a la normativa reguladora de las instituciones de inversión colectiva deba proporcionarse, manteniendo, no obstante, en sede de la entidad gestora, las responsabilidades que puedan derivarse por el incumplimiento de tales obligaciones y ello, cabe indicar, aun cuando el comercializador fuera una sucursal en el país de comercialización de una entidad española que actúe en uso de su pasaporte comunitario.
A nivel tributario, la disposición adicional única del RIRNR y la citada Orden EHA/1674/2006 de desarrollo, también trasladan al comercializador el cumplimiento de las obligaciones de certificación de la residencia a efectos de la aplicación de las exenciones o retenciones al tipo previsto en un convenio para evitar la doble imposición por la entidad gestora o sociedad de inversión (si bien, limitando estos efectos a los contribuyentes residentes en el mismo país de residencia del comercializador), y de las obligaciones de información a la Administración tributaria acerca de las operaciones de cada inversor no residente integrado en la cuenta global, aunque, igualmente, manteniendo también en sede de la entidad gestora o sociedad de inversión española las responsabilidades de carácter tributario por los posibles incumplimientos del comercializador.
Este procedimiento especial tiene su justificación precisamente en la propia operativa resultante del régimen de comercialización transfronteriza mediante cuenta global, de forma que al ser el comercializador el que realiza todas las operaciones de sus clientes ante la entidad gestora o sociedad de inversión española, y ser, por tanto, quien posee el correspondiente desglose interno de las posiciones de valores pertenecientes a sus clientes y de la identificación de los mismos, la norma fiscal, como complemento a las previsiones de la norma financiera, y con el fin de no desvirtuar dicha forma de comercialización, sitúa en la figura del comercializador la acreditación de la residencia frente ante la entidad obligada a practicar la retención correspondiente, así como las obligaciones de información a la Administración tributaria española de los datos individualizados relativos a sus clientes y de las rentas, operaciones y, en su caso, retenciones soportadas por éstos.
El alcance de este procedimiento viene señalado en el preámbulo de la Orden EHA/1674/2006, en el que se indica:
"Este procedimiento especial se establece a dos efectos. En primer lugar, para justificar la práctica de retenciones o ingresos a cuenta, cuando se aplique un límite de imposición fijado en un Convenio para evitar la doble imposición, o cuando no se practique retención por aplicación de la normativa interna o convenida y sólo se aplicará en los supuestos de contribuyentes que sean residentes en el mismo país que la comercializadora cuando con este país España haya suscrito un Convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información. No obstante, lo anterior, en cualquier caso se podrá aplicar, con determinadas particularidades, el régimen general de justificación de la práctica de retenciones o ingresos a cuenta cuando se aplique un límite de imposición inferior al tipo de gravamen interno, o cuando no se practique retención por aplicación de la normativa interna o convenida a efectos de retenciones.
En segundo lugar, aún cuando no se aplique un tipo limitado inferior al interno no una exención al practicar la retención, a través de este procedimiento la entidad comercializadora acredita ante el obligado a retener que las rentas obtenidas por todos sus clientes tributan en el ámbito del Impuesto sobre la Renta de no Residentes, rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente.
El procedimiento se basa en un certificado de residencia fiscal de carácter global, sin identificación de los contribuyentes, emitido por la entidad comercializadora extranjera, que ésta deberá enviar a la entidad gestora o sociedad de inversión con ocasión de la percepción de beneficios o de reembolsos o transmisiones de participaciones o acciones de instituciones de inversión colectiva y que servirá como documento acreditativo de la residencia fiscal a los efectos señalados en los párrafos anteriores."
De acuerdo con lo anterior, la certificación del comercializador sólo acredita ante la entidad gestora o sociedad de inversión la residencia a efectos de la aplicación de exenciones o tipos limitados de un Convenio para evitar la doble imposición respecto de los contribuyentes que sean residentes en el mismo país de residencia del comercializador y siempre que dicho país tenga suscrito con España un Convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información.

el resto de los casos dicha certificación servirá para acreditar la retención procedente, quedando a salvo la posibilidad de acudir al procedimiento general (aportación ante la entidad pagadora española de un certificado de residencia expedido por la autoridad fiscal del país de residencia del inversor) cuando se trate de inversores no residentes canalizados mediante la cuenta global que invoquen su derecho a la aplicación de una exención interna o convenida o un tipo inferior fijado en un Convenio para evitar la doble imposición.
Una vez descrito sucintamente el alcance del procedimiento especial regulado en la disposición adicional única del RIRNR, ha de indicarse que de acuerdo con lo previsto en el artículo 12.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria "las normas tributarias se interpretarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 3 del Código Civil", el cual señala que "las normas se interpretarán en el sentido propio de sus palabras, en relación con el contexto, los antecedentes históricos y legislativos y la realidad social del tiempo en que han de ser aplicadas, atendiendo fundamentalmente al espíritu y finalidad de aquéllas".
En este sentido cabe subrayar que una interpretación de la aplicación de la disposición adicional única del RIRNR y de la Orden EHA/1674/2006 ceñida literalmente a entidades comercializadoras residentes en el país de comercialización supondría para las sucursales de entidades españolas en el país de comercialización que realicen dicha actividad en uso de su pasaporte comunitario, de hecho, unas mayores exigencias de requisitos formales a la hora de la acreditación de la residencia de los inversores residentes en dicho país, ya que sería necesario la aportación a la entidad gestora o sociedad de inversión española del certificado de residencia emitido por la autoridad fiscal correspondiente de cada uno de estos inversores.
Ello colocaría a las mencionadas sucursales de entidades españolas en una situación de desventaja frente a las entidades residentes en el propio país de comercialización, las cuales pueden certificar, de forma global y sin identificación de los contribuyentes a los residentes en dicho país, y dificultaría de forma importante la aplicación del régimen financiero del artículo 20.2 del RIIC, que, por otra parte, tiene carácter imperativo, por parte de dichas sucursales.
Atendiendo a lo anterior y a que la disposición adicional única del RIRNR y la Orden EHA/1674/2006, persiguen un objetivo de simplificar, a efectos tributarios, el procedimiento de acreditación de la residencia de los inversores residentes en el país de comercialización, con el fin de facilitar la colocación transfronteriza de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva españolas por entidades localizadas en dicho país mediante el procedimiento de comercialización regulado en el artículo 20.2 del RIIC, cabe considerar que en la medida en que por aplicación de lo previsto en dicho artículo, esta comercialización pueda también ser efectuada por una sucursal de una entidad española en el país de comercialización habilitada en dicho país para realizar la citada actividad en virtud de su pasaporte comunitario, mediante el necesario cumplimiento de todos los requisitos establecidos en el mencionado precepto, pueden entenderse aplicables en relación con la comercialización de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva españolas realizada por dicha sucursal las previsiones contenidas en la disposición adicional única del RIRNR y en la Orden EHA/1674/2006.
En consecuencia, la entidad española que realice la comercialización de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva españolas a través de sucursal situada en el país de comercialización en uso de su pasaporte comunitario, además de cumplir los requisitos y obligaciones previstos en el artículo 20.2 del RIIC, será preciso que cumpla todas las previsiones contenidas en la disposición adicional única del RIRNR, debiendo entenderse, por tanto, aplicables a dicha sucursal los mismos requisitos y obligaciones de carácter fiscal exigibles a las entidades comercializadoras residentes en el extranjero, y originando en los casos de incumplimiento los efectos señalados en los apartados 3.d) y 6 de la citada disposición adicional única.
Por otra parte, teniendo en cuenta que una sucursal en el país de comercialización de una entidad residente en España carece de personalidad jurídica distinta de la de su casa central y por lo tanto no puede conceptuarse como una entidad residente en el país de comercialización, las previsiones contenidas en el artículo 19 de la Orden EHA/3290/2008, de 6 de noviembre, por la que se aprueban los modelos 216 y 296 y en el subapartado 3 del apartado quinto y apartado sexto de la Orden de 15 de diciembre de 1999 por la que se aprueba el modelo 187, relativas a entidades comercializadoras extranjeras residentes en el país de comercialización, deberán entenderse igualmente aplicables a la sucursal de la entidad española establecida en el país de comercialización.
A estos efectos, la información de los certificados que conforme a lo previsto en los mencionados preceptos de las citadas Órdenes deba emitir la entidad comercializadora deberá adaptarse en consecuencia con lo anterior y, por tanto, deberá contener la identificación expresa de la sucursal de la entidad residente en España y la dirección completa en el país en que dicha sucursal se encuentre situada.
Por otra parte, la obligación de remitir a la entidad gestora o a la sociedad de inversión de un certificado de residencia de la entidad comercializadora, prevista en los citados apartados, habrá de sustituirse por una certificación emitida por la propia sucursal de la entidad residente en España acreditativa de su condición de establecimiento de la casa central situado en el país de comercialización.
De igual forma, en relación con las obligaciones de suministro de información a la Administración tributaria española reguladas en el artículo 3 de la Orden EHA/1674/2006, de 24 de mayo, en el caso de una sucursal en el país de comercialización de una entidad residente en España, los datos identificativos del declarante habrán de estar referidos a la sucursal en cuestión, incluido el país en que la misma se encuentre establecida.
Por último ha de señalarse que el alcance de los certificados emitidos por la entidad comercializadora, a efectos de la acreditación de la residencia para la aplicación de las exenciones o tipos reducidos de un Convenio para evitar la doble imposición, cuando dicha entidad sea una sucursal situada en el país de comercialización de una entidad residente en España, que realice la actividad de comercialización de acciones y participaciones de instituciones de inversión colectiva españolas en dicho país en virtud de pasaporte comunitario, será el previsto en los preceptos anteriormente citados de las correspondientes Órdenes EHA/3290/2008, de 6 de noviembre y de 15 de diciembre de 1999, sin que difiera del alcance que tendría la certificación emitida por una entidad comercializadora residente en el mismo país, resultando, por tanto, eficaces dichos certificados para la aplicación de las referidas exenciones o tipo reducido que procedan, solo en relación con los inversores que sean residentes en el mismo país en que se encuentre establecida la sucursal que realice la comercialización y que además se trate de un país con el que España haya suscrito un Convenio para evitar la doble imposición con cláusula de intercambio de información.
Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Comercialización
Instituciones de inversión colectiva
Sociedad de inversión
Accionista
Residencia
Participaciones de instituciones de inversión colectiva
Impuesto sobre la Renta de no residentes
Pasaporte
Inversor
Responsabilidad
Reembolso
Convenios de doble imposición internacional
Establecimiento permanente
Expropiación especial
Comisión Nacional del Mercado de Valores
Cumplimiento de las obligaciones
Sociedades gestoras
Libertad de establecimiento
Residencia fiscal
Residencia fiscal en España
Resolución de los contratos
Incumplimiento de las obligaciones
Extranjero residente
Entidades de crédito
Servicio de inversión
Voluntad
Poseedor
Doble imposición
Tipos impositivos
Rentas obtenidas sin mediación de establecimiento permanente
Tipo reducido
Modelo 187. Operaciones de adquisicion y enajenacion de acciones y participaciones
Personalidad jurídica

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RDLeg. 5/2004 de 5 de Mar (TR. de la ley del impuesto sobre la renta de no residentes) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 62 Fecha de Publicación: 12/03/2004 Fecha de entrada en vigor: 13/03/2004 Órgano Emisor: Ministerio De Hacienda

Ley 35/2003 de 4 de Nov (Instituciones de Inversión Colectiva) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 265 Fecha de Publicación: 05/11/2003 Fecha de entrada en vigor: 05/02/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 1776/2004 de 30 de Jul (Reglamento del Impuesto sobre la Renta de no Residentes -IRNR-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 188 Fecha de Publicación: 05/08/2004 Fecha de entrada en vigor: 06/08/2004 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Hacienda

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