Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V2644-14 de 07 de Octubre de 2014

TIEMPO DE LECTURA:

  • Órgano: SG de Impuestos sobre las Personas Jurídicas
  • Fecha: 07 de Octubre de 2014
  • Núm. Resolución: V2644-14

Normativa

TRLIS / RD Legislativo 4/2004 ; art. 34.

Cuestión

Si la entidad consultante puede aplicar la bonificación establecida en el artículo 34.2 del TRLIS a los ingresos provenientes de las actividades citadas.

Descripción

La entidad consultante es una sociedad íntegramente participada por una Diputación Provincial que tiene por objeto, principalmente, la gestión del servicio provincializado, de la recogida, transporte y tratamiento de los residuos urbanos o municipales. La sociedad percibe por la realización de su objeto social contraprestaciones de los particulares y de los Ayuntamientos de la Provincia, así como otras que proceden de actividades accesorias, pero que se encuentran íntimamente ligadas con dicho objeto y como son las siguientes:

-compensación por colaboración ciudadana que percibe de una entidad sin ánimo de lucro que sufraga los extracostes relacionados con las actividades relacionadas con las recogidas selectivas de los envases y papel cartón que realizan las Entidades Locales, Diputaciones y otras Administraciones, en base a sus respectivos convenios de colaboración. Entre otras satisface una compensación económica por comunicación ciudadana por tener establecida la recogida de envases dentro de los Municipios de una Provincia.
-arrendamiento de maquinaria, tanto a una sociedad encargada de la gestión del tratamiento de los escombros, como a otra encargada de la gestión de los residuos de enseres y voluminosos.
-amortización de la inversión realizada en puntos limpios. Se trata de una inversión acometida por la entidad firmante en un determinado punto limpio y cuya financiación, a cargo de la primera, se acordó satisfacer mediante pagos semestrales durante 7 años.
-cánones de cesión de vehículos recolectores a sus contratistas y que se encargan de la recogida de residuos de diversas localidades
-canon de vertido, y canon de clausura y postclausura. La entidad tiene encomendada por la Diputación la gestión provincial de los escombros y restos de obras, residuos de construcción y demolición.
-canon de cesión de planta automática de envases por la gestión de la recogida selectiva de los envases y su valoración y reciclaje en planta propia. Los procesos de selección y valoración los tiene encomendados a una tercera empresa de la que recibe una contraprestación por el uso que hace de dicha planta.
-ingresos financieros.
-beneficios por enajenación de inmovilizado.

La entidad consultante aplica la deducción del artículo 34.2 del TRLIS a los ingresos que recibe directamente por la gestión de residuos sólidos urbanos.

Contestación

El artículo 34.2 del TRLIS establece:

"2. Tendrá una bonificación del 99 por ciento la parte de cuota íntegra que corresponda a las rentas derivadas de la prestación de cualquiera de los servicios comprendidos en el apartado 2 del artículo 25 o en el apartado 1.a), b) y c) del artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, de competencias de las entidades locales territoriales, municipales y provinciales, excepto cuando se exploten por el sistema de empresa mixta o de capital íntegramente privado.

La bonificación también se aplicará cuando los servicios referidos en el párrafo anterior se presten por entidades íntegramente dependientes del Estado o de las comunidades autónomas."

Del referido precepto se deduce la necesidad de que concurran una serie de circunstancias para que pueda aplicarse la bonificación:

a) Subjetivamente, sólo es aplicable a determinadas formas organizativas de prestación de los servicios de competencia de las entidades locales territoriales, municipales o provinciales. En particular, si el ente instrumental es una sociedad, la bonificación se aplicará sólo a aquellas sociedades mercantiles cuyo capital pertenezca íntegramente a la entidad local, municipal, provincial o al Estado o Comunidad Autónoma, es decir, en el caso de gestión directa de los servicios públicos.
b) Objetivamente, la cuota a bonificar debe proceder de ingresos derivados de la prestación de los servicios públicos municipales enumerados concretamente en el apartado 2, del artículo 25 y en el apartado 1, letras a) b) y c) del artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régimen Local.

Esta bonificación tiene su origen en la conveniencia de establecer fórmulas que permitan a los entes públicos de base territorial (fundamentalmente municipios) la prestación de las actividades y servicios de su competencia bajo fórmulas jurídicas más eficientes desde el punto de vista de su gestión y administración, sin perder por ello el beneficioso tratamiento fiscal que corresponde a este tipo de Administraciones (Estado, Comunidades Autónomas y entes locales). Desde este punto de vista, no habría ningún inconveniente para que se unieran varias entidades territoriales de las indicadas en el artículo 34.2 del TRLIS para que a través de determinados instrumentos jurídicos, como puede ser un consorcio, presten alguno de los servicios comprendidos en el ámbito de la bonificación establecida en el artículo mencionado.

En el supuesto objeto de consulta, el capital social de la consultante pertenece íntegramente a una Diputación Provincial, por lo que se considera cumplido el requisito subjetivo aludido, por cuanto que la prestación del servicio municipal no se realice por el sistema de empresa mixta o de capital íntegramente privado. No obstante, la mencionada bonificación sólo podrá aplicarse sobre las rentas obtenidas en la gestión directa del servicio público, de tal manera que no podrán ser base de bonificación las rentas que la entidad consultante obtenga por la prestación del servicio público a través de otra entidad, cuyo capital no pertenezca íntegramente a las entidades locales. Por lo que los rendimientos obtenidos por el consultante que derivan del canon de vertido, y canon de clausura y postclausura y del canon de cesión de planta automática de envases por la gestión de la recogida selectiva de los envases y su valoración y reciclaje en planta propia no pueden beneficiarse de la bonificación del artículo 34.2 del TRLIS (salvo que la titularidad de las entidades mercantiles que prestan el servicio de gestión de los residuos sólidos urbanos sea íntegramente pública).

Respecto al resto de actividades desarrolladas por la consultante, es necesario determinar si se encuentran incluidas en el artículo 25.2 o en letras a) b) y c) del apartado 1del artículo 36 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

Al respecto, dicho precepto establece lo siguiente:

ђ2. El Municipio ejercerá en todo caso como competencias propias, en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas, en las siguientes materias:

a) Urbanismo: planeamiento, gestión, ejecución y disciplina urbanística. Protección y gestión del Patrimonio histórico. Promoción y gestión de la vivienda de protección pública con criterios de sostenibilidad financiera. Conservación y rehabilitación de la edificación.

b) Medio ambiente urbano: en particular, parques y jardines públicos, gestión de los residuos sólidos urbanos y protección contra la contaminación acústica, lumínica y atmosférica en las zonas urbanas.

c) Abastecimiento de agua potable a domicilio y evacuación y tratamiento de aguas residuales.

d) Infraestructura viaria y otros equipamientos de su titularidad.
e) Evaluación e información de situaciones de necesidad social y la atención inmediata a personas en situación o riesgo de exclusión social.

f) Policía local, protección civil, prevención y extinción de incendios.

g) Tráfico, estacionamiento de vehículos y movilidad. Transporte colectivo urbano.

R>h) Información y promoción de la actividad turística de interés y ámbito local.

i) Ferias, abastos, mercados, lonjas y comercio ambulante.

j) Protección de la salubridad pública.

k) Cementerios y actividades funerarias.

l) Promoción del deporte e instalaciones deportivas y de ocupación del tiempo libre.

m) Promoción de la cultura y equipamientos culturales.

n) Participar en la vigilancia del cumplimiento de la escolaridad obligatoria y cooperar con las Administraciones educativas correspondientes en la obtención de los solares necesarios para la construcción de nuevos centros docentes. La conservación, mantenimiento y vigilancia de los edificios de titularidad local destinados a centros públicos de educación infantil, de educación primaria o de educación especial.

ñ) Promoción en su término municipal de la participación de los ciudadanos en el uso eficiente y sostenible de las tecnologías de la información y las comunicacionesҒ.

Por su parte, el artículo 36.1 de la Ley 7/1985 establece que:

"1. Son competencias propias de la Diputación o entidad equivalente las que le atribuyan en este concepto las leyes del Estado y de las Comunidades Autónomas en los diferentes sectores de la acción pública y, en todo caso, las siguientes:

a) La coordinación de los servicios municipales entre sí para la garantía de la prestación integral y adecuada a que se refiere el apartado a) del número 2 del artículo 31.

b) La asistencia y cooperación jurídica, económica y técnica a los Municipios, especialmente los de menor capacidad económica y de gestión. En todo caso garantizará en los municipios de menos de 1.000 habitantes la prestación de los servicios de secretaría e intervención.

c) La prestación de servicios públicos de carácter supramunicipal y, en su caso, supracomarcal y el fomento o, en su caso, coordinación de la prestación unificada de servicios de los municipios de su respectivo ámbito territorial. En particular, asumirá la prestación de los servicios de tratamiento de residuos en los municipios de menos de 5.000 habitantes, y de prevención y extinción de incendios en los de menos de 20.000 habitantes, cuando éstos no procedan a su prestación.

(…)"

La letra b) del apartado 2 del artículo 25 de la Ley 7/1985, recoge la materia de "gestión de los residuos sólidos urbanos" sobre la que el municipio ejercerá, en todo caso, competencias en los términos de la legislación del Estado y de las Comunidades Autónomas; por lo tanto, de acuerdo con los términos de la consulta, se entiende cumplido el requisito objetivo respecto a la actividad principal desarrollada por la consultante y respecto de los rendimientos derivados de las actividades relacionadas con la recogida selectiva de los envases y papel cartón.

En cuanto a los rendimientos obtenidos por la entidad consultante derivados de del arrendamiento de maquinaria, de la financiación de la inversión realizada en puntos limpios, cánones de cesión de vehículos recolectores a sus contratistas y los beneficios por enajenación de inmovilizado y tal y como establece el Tribunal Supremo en STS 7312/2011 pueden considerarse actividades auxiliares y complementarias a la actividad de ђgestión de los residuos sólidos urbanosҒ a la que se refiere el artículo 25.2 de la LRBRL.

En relación con los ingresos financieros, en este caso no se puede hablar de una renta derivada directamente de la prestación del servicio público ni necesaria para la misma, por lo tanto, no serán objeto de bonificación al no derivarse de la prestación de los servicios municipales a los que se refiere el artículo 34.2 TRLIS, salvo los rendimientos procedentes de la gestión de la tesorería ordinaria necesaria para la prestación de los servicios públicos locales bonificados, que pueden entenderse comprendidos dentro de las rentas derivadas de la propia prestación del servicio, por que recibirán el mismo tratamiento fiscal que el señalado anteriormente, es decir, entran dentro del ámbito de la bonificación siempre que se trate de excedentes derivados y que se afecten a la prestación de servicios bonificados.

La presente contestación se realiza conforme a la información proporcionada por el consultante, sin tener en cuenta otras circunstancias no mencionadas, que pudieran tener relevancia en la determinación del propósito principal de la operación proyectada, de tal modo que podría alterar el juicio de la misma, lo que podrá ser objeto de comprobación administrativa a la vista de la totalidad de las circunstancias previas, simultáneas y posteriores concurrentes en la operación realizada.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Bonificaciones
Residuos
Punto limpio
Contraprestación
Canon de vertido
Arrendamiento de maquinaria
Actividad accesoria
Entidades sin animo de lucro
Objeto social
Convenio de colaboración
Enajenación de inmovilizado
Compensación económica
Cuota íntegra
Servicios públicos municipales
Sociedades mercantiles
Entes públicos
Capital social
Viviendas de protección oficial
Disciplina urbanística
Estacionamiento de vehículos
Aguas residuales
Contaminación acústica
Abastecimiento de agua
Deporte
Ciudadanos
Educación primaria
Educación infantil
Educación especial
Centro docente
Solares
Incendios
Prestación de servicios públicos
Capacidad económica
Ingresos financieros
Prestación de servicios

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RDLeg. 4/2004 de 5 de Mar (TR. de la ley del impuesto sobre sociedades) DEROGADO

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 61 Fecha de Publicación: 11/03/2004 Fecha de entrada en vigor: 12/03/2004 Órgano Emisor: Ministerio De Hacienda

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