Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V3109-14 de 18 de Noviembre de 2014

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  • Órgano: SG de Impuestos sobre el Consumo
  • Fecha: 18 de Noviembre de 2014
  • Núm. Resolución: V3109-14

Normativa

Ley 24/1988. art. 108.

Cuestión

Aplicabilidad de la exención en el Impuesto sobre el Valor Añadido como segunda entrega de edificaciones, así como sujeción al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, tanto en su modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas como en la de Operaciones Societarias.

Descripción

La entidad consultante es propietaria de una nave industrial en la que ejerce su actividad y que fue promovida por ella misma en un solar de su propiedad hace más de diez años. Es su intención constituir junto con otras entidades una nueva sociedad de responsabilidad limitada, a la que aportaría esta nave.

Contestación

1.- El artículo 4 de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), establece lo siguiente:

"Uno. Estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen."

Dos. Se entenderán, en todo caso, realizadas en el desarrollo de una actividad empresarial o profesional:

a) Las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por las sociedades mercantiles, cuando tengan la condición de empresario o profesional.

b) Las transmisiones o cesiones de uso a terceros de la totalidad o parte de cualesquiera de los bienes o derechos que integren el patrimonio empresarial o profesional de los sujetos pasivos, incluso las efectuadas con ocasión del cese en el ejercicio de las actividades económicas que determinan la sujeción al Impuesto".

Por su parte, las letras a) y b) del apartado uno del artículo 5 de la misma Ley establece que "a los efectos de esta Ley, se reputarán empresarios o profesionales:

a) Las personas o entidades que realicen las actividades empresariales o profesionales definidas en el apartado siguiente de este artículo".

b) Las sociedades mercantiles, salvo prueba en contrario

Por último, el apartado dos, de este artículo 5, establece que "son actividades empresariales o profesionales las que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.".

Por tanto, tanto la consultante como la mercantil beneficiaria de la aportación tendrán la consideración de empresario o profesional a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido y estarán sujetas al mismo, con carácter general, las entregas de bienes y prestaciones de servicios efectuadas por ellas en el ámbito espacial de aplicación del Impuesto.


2.- Por otra parte, el artículo 19 de la Directiva 2006/112/CE del Consejo de 28 de noviembre de 2006 relativa al sistema común del impuesto sobre el valor añadido dispone que los Estados miembros están facultados para considerar que la transmisión de una universalidad total o parcial de bienes no suponga la realización de una entrega de bienes.

Dicha previsión comunitaria se ha plasmado en el supuesto de no sujeción contenido en el número 1º del artículo 7 de la Ley 37/1992 en virtud del cual:

"No estarán sujetas al Impuesto:

1º. La transmisión de un conjunto de elementos corporales y, en su caso, incorporales que, formando parte del patrimonio empresarial o profesional del sujeto pasivo, constituyan una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios, con independencia del régimen fiscal que a dicha transmisión le resulte de aplicación en el ámbito de otros tributos y del procedente conforme a lo dispuesto en el artículo 4, apartado cuatro, de esta Ley".

(…).".

La actual redacción del número 1º, del artículo 7 de la Ley supone la actualización de los supuestos de no sujeción de las transmisiones globales de patrimonio para adecuar la Ley 37/1992 a la jurisprudencia comunitaria establecida fundamentalmente por la Sentencia de 27 de noviembre de 2003, recaída en el Asunto C-497/01, Zita Modes Sarl.

En este sentido, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (El Tribunal, en adelante) señaló en el apartado 40 de la referida sentencia que "el concepto de «transmisión, a título oneroso o gratuito o bajo la forma de aportación a una sociedad, de una universalidad total o parcial de bienes» debe entenderse en el sentido que comprende la transmisión de un establecimiento mercantil o de una parte autónoma de una empresa, con elementos corporales y, en su caso, incorporales que, conjuntamente, constituyen una empresa o una parte de una empresa capaz de desarrollar una actividad económica autónoma, pero que no comprende la mera cesión de bienes, como la venta de existencias".

Por tanto, en el supuesto considerado será necesario determinar si los elementos transmitidos constituyen una unidad económica autónoma capaz de desarrollar una actividad empresarial o profesional por sus propios medios.


3.- De acuerdo con la información suministrada, va a ser objeto de transmisión una nave industrial. Esta transmisión no constituye una unidad económica autónoma en los términos establecidos en los apartados anteriores de esta contestación y tendrán la consideración de una mera cesión de bienes, constituyendo la entrega de un inmueble sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido.

No obstante lo anterior, tratándose de bienes inmuebles transmitidos que constituyan edificaciones, podría ser de aplicación lo establecido en el artículo 20.Uno.22º de la Ley, que dispone que estarán exentas del Impuesto:

"22º. A) Las segundas y ulteriores entregas de edificaciones, incluidos los terrenos en que se hallen enclavadas, cuando tengan lugar después de terminada su construcción o rehabilitación.

A los efectos de lo dispuesto en esta Ley, se considerará primera entrega la realizada por el promotor que tenga por objeto una edificación cuya construcción o rehabilitación esté terminada. No obstante, no tendrá la consideración de primera entrega la realizada por el promotor después de la utilización ininterrumpida del inmueble por un plazo igual o superior a dos años por su propietario o por titulares de derechos reales de goce o disfrute o en virtud de contratos de arrendamiento sin opción de compra, salvo que el adquirente sea quien utilizó la edificación durante el referido plazo. No se computarán a estos efectos los períodos de utilización de edificaciones por los adquirentes de los mismos en los casos de resolución de las operaciones en cuya virtud se efectuaron las correspondientes transmisiones.

Los terrenos en que se hallen enclavadas las edificaciones comprenderán aquellos en los que se hayan realizado las obras de urbanización accesorias a las mismas. No obstante, tratándose de viviendas unifamiliares, los terrenos urbanizados de carácter accesorio no podrán exceder de 5.000 metros cuadrados.

Las transmisiones no sujetas al Impuesto en virtud de lo establecido en el número 1º. Del artículo 7 de esta Ley no tendrán, en su caso, la consideración de primera entrega a efectos de lo dispuesto en este número.".

De acuerdo con el citado precepto, la aportación no dineraria por parte de la consultante de una nave industrial promovida por ella misma, después de haber utilizado dicha nave durante más de diez años, estará sujeta al Impuesto sobre el Valor Añadido pero exenta. Ello sin perjuicio de la posible renuncia a la aplicación de la exención en los términos establecidos en el artículo 20.Dos de la Ley:

"Dos. Las exenciones relativas a los números 20º, 21º y 22º del apartado anterior podrán ser objeto de renuncia por el sujeto pasivo, en la forma y con los requisitos que se determinen reglamentariamente, cuando el adquirente sea un sujeto pasivo que actúe en el ejercicio de sus actividades empresariales o profesionales y, en función de su destino previsible, tenga derecho a la deducción total del Impuesto soportado por las correspondientes adquisiciones.

Se entenderá que el adquirente tiene derecho a la deducción total cuando el porcentaje de deducción provisionalmente aplicable en el año en el que se haya de soportar el Impuesto permita su deducción íntegra, incluso en el supuesto de cuotas soportadas con anterioridad al comienzo de la realización de entregas de bienes o prestaciones de servicios correspondientes a actividades empresariales o profesionales.".


4.- Por lo que se refiere a la sujeción de la operación consultada al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, y en concreto a la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas, debe tenerse en cuenta lo señalado en el artículo 4.Cuatro de la Ley 37/1992:

"Cuatro. Las operaciones sujetas a este Impuesto no estarán sujetas al concepto "transmisiones patrimoniales onerosas" del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Se exceptúan de lo dispuesto en el párrafo anterior las entregas y arrendamientos de bienes inmuebles, así como la constitución o transmisión de derechos reales de goce o disfrute que recaigan sobre los mismos, cuando estén exentos del Impuesto, salvo en los casos en que el sujeto pasivo renuncie a la exención en las circunstancias y con las condiciones recogidas en el artículo 20.Dos.".

Así pues, en el caso de que la consultante renunciase a la exención recogida en el artículo 20.Uno.22º antes comentada, la operación se gravaría por el Impuesto sobre el Valor Añadido y no por la modalidad de Transmisiones Patrimoniales Onerosas.

De no producirse dicha renuncia, la operación estará exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido, y deberá analizarse la sujeción a las distintas modalidades del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.


5.- En lo que al Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados (en adelante ITP y AJD) y conforme con el informe emitido al efecto por la Subdirección General de Impuestos Patrimoniales, Tasas y Precios Públicos, es preciso tener en cuenta lo dispuesto en los siguientes preceptos del Texto Refundido del referido Impuesto, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre (BOE de 20 de octubre de 1993), así como en el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores:

"Artículo 1.

(…).

2. En ningún caso un mismo acto podrá ser liquidado por el concepto de transmisiones patrimoniales onerosas y por el de operaciones societarias.".

"Artículo 19.

1. Son operaciones societarias sujetas:

11. La constitución de sociedades, el aumento y disminución de su capital social y la disolución de sociedades.".

"Artículo 23.

Estará obligado al pago del impuesto a título de contribuyente y cualesquiera que sean las estipulaciones establecidas por las partes en contrario:

a) En la constitución de sociedades, aumento de capital, traslado de sede de dirección efectiva o domicilio social y aportaciones de los socios que no supongan un aumento del capital social, la sociedad.".

"Artículo 45.

Los beneficios fiscales aplicables en cada caso a las tres modalidades de gravamen a que se refiere el artículo 1 de la presente Ley serán los siguientes:

I. B Estarán exentas:

(…).

11.- La constitución de sociedades, el aumento de capital, las aportaciones que efectúen los socios que no supongan aumento de capital y el traslado a España de la sede de dirección efectiva o del domicilio social de una sociedad, cuando ni una ni otro estuviesen previamente situados en un Estado miembro de la Unión Europea.".

El artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores (BOE de 29 de julio de 1988) – en adelante, LMV –, en la redacción dada por la Ley 7/2012, de 29 de octubre, de modificación de la normativa tributaria y presupuestaria y de adecuación de la normativa financiera para la intensificación de las actuaciones en la prevención y lucha contra el fraude (BOE de 30 de octubre de 2012), establece:

"1. La transmisión de valores, admitidos o no a negociación en un mercado secundario oficial, estará exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido y del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

2. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en el apartado anterior las transmisiones de valores no admitidos a negociación en un mercado secundario oficial realizadas en el mercado secundario, que tributarán en el impuesto al que estén sujetas como transmisiones onerosas de bienes inmuebles, cuando mediante tales transmisiones de valores se hubiera pretendido eludir el pago de los tributos que habrían gravado la transmisión de los inmuebles propiedad de las entidades a las que representan dichos valores.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el párrafo anterior, se entenderá, salvo prueba en contrario, que se actúa con ánimo de elusión del pago del impuesto correspondiente a la transmisión de bienes inmuebles en los siguientes supuestos:

a) Cuando se obtenga el control de una entidad cuyo activo esté formado en al menos el 50 por ciento por inmuebles radicados en España que no estén afectos a actividades empresariales o profesionales, o cuando, una vez obtenido dicho control, aumente la cuota de participación en ella.

b) Cuando se obtenga el control de una entidad en cuyo activo se incluyan valores que le permitan ejercer el control en otra entidad cuyo activo esté integrado al menos en un 50 por ciento por inmuebles radicados en España que no estén afectos a actividades empresariales o profesionales, o cuando, una vez obtenido dicho control, aumente la cuota de participación en ella.

c) Cuando los valores transmitidos hayan sido recibidos por las aportaciones de bienes inmuebles realizadas con ocasión de la constitución de sociedades o de la ampliación de su capital social, siempre que tales bienes no se afecten a actividades empresariales o profesionales y que entre la fecha de aportación y la de transmisión no hubiera transcurrido un plazo de tres años.".

A la vista de los preceptos anteriormente transcritos se puede concluir:

- Que la operación planteada, aportación no dineraria en una ampliación de capital, constituye hecho imponible de la modalidad de operaciones societarias del ITP y AJD (artículo 19.1 del texto refundido).

- Que dicha ampliación de capital está exenta de la referida modalidad de operaciones societarias en virtud de lo dispuesto en el artículo 45.I.B.11 del texto refundido.

- Que, puesto que la operación planteada está sujeta, aunque exenta, por la modalidad de operaciones societarias, no lo estará por la de transmisiones patrimoniales onerosas, en virtud de lo dispuesto en el artículo 1.2 del texto refundido, que establece expresamente la incompatibilidad entre ambos conceptos. Y aunque el apartado 2 del artículo 1 no lo diga expresamente, ni exista otro precepto legal o reglamentario que así lo determine, en caso de que un mismo acto o contrato pudiera ser gravados por ambas modalidades, resultará de aplicación la modalidad de operaciones societarias, en razón a que la norma especial debe prevalecer respecto a la general de la transmisión.

- Que debe advertirse la posible aplicación del artículo 108 de la Ley del Mercado de Valores, si se procediese a la transmisión de los valores recibidos por las aportaciones de bienes inmuebles antes de que hubiera transcurrido el plazo de tres años entre la fecha de aportación y la de transmisión (apartado c) del segundo párrafo del citado precepto).

- Que, por último, debe indicarse que el sujeto pasivo beneficiario de la exención o no sujeción en la modalidad de operaciones societarias es la sociedad que amplia capital, no la consultante que, en su calidad de socio aportante en dicha ampliación, no tiene la consideración de obligado tributario.

En conclusión, la aportación no dineraria de un bien inmueble en una ampliación de capital constituye una operación sujeta a la modalidad de operaciones societarias de ITP y AJD y exenta de la misma, sin que constituya hecho imponible de la modalidad de transmisiones patrimoniales onerosas en virtud de la incompatibilidad entre ambas modalidades establecida en el apartado 2 del artículo 1.


6.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Impuesto sobre el Valor Añadido
Entrega de bienes
Actividades empresariales
Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados
Prestación de servicios
Actividades empresariales y profesionales
Transmisiones Patrimoniales Onerosas
Operaciones societarias
Empresario individual
Sociedades mercantiles
Patrimonio empresarial
A título oneroso
Bienes inmuebles
Actividades económicas
Cesión de bienes
Aumento de capital
Sociedad de responsabilidad limitada
Constitución de sociedades
Aportaciones no dinerarias
Establecimientos mercantiles
Mercado de Valores
Opción de compra
Dueño
Derechos reales
Obras de urbanización
Suelo urbanizado
Pago de impuestos
Capital social
Transmisiones de valores
Porcentaje de deducción
Mercado secundario de valores
Transmisión de derechos reales
Precios públicos
Cuota de participación
Estado miembro de la Unión Europea
Aportaciones de socios o propietarios
Aumento del capital social
Beneficios fiscales
Aportaciones sociales
Disolución de sociedades

Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 255 Fecha de Publicación: 24/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 13/11/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Economia Y Competitividad

LEY 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Directiva 2006/112/CE de 28 de Nov DOUE (Sistema común del IVA) VIGENTE

Boletín: Diario Oficial de la Unión Europea Número: 347 Fecha de Publicación: 11/12/2006 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2007 Órgano Emisor: Consejo De La Union Europea

Ley 7/2012 de 29 de Oct (Modificación de la normativa tributaria y presupuestaria para actuaciones contra el fraude) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 261 Fecha de Publicación: 30/10/2012 Fecha de entrada en vigor: 31/10/2012 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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