Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V3441-16 de 20 de Julio de 2016

TIEMPO DE LECTURA:

  • Órgano: SG de Impuestos sobre el Consumo
  • Fecha: 20 de Julio de 2016
  • Núm. Resolución: V3441-16

Normativa

Ley 37/1992 art. 4-Uno; 5-Uno-a); 11-Dos-15º; 20-Uno-9º-

Cuestión

Adecuación de la actuación de la consultante a la normativa vigente, tanto fiscal como la Ley 30/2015.

Descripción

La consultante entidad que organiza la formación profesional en empresas de acuerdo con lo previsto en la Ley 30/2015, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral.

Por su parte, la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo ha señalado que, a los efectos de la aplicación de dicha Ley, las entidades organizadoras se encargan de la contratación de las entidades impartidoras, recibiendo la facturación de las mismas que habrá de repercutir a la empresa bonificada sin incremento de coste alguno.

La consultante, desde la publicación de la Ley, viene contratando a las empresas impartidoras y estableciendo en sus cláusulas que son dichas empresas quienes deben llevar a cabo la facturación a la empresa bonificada por el servicio de formación que prestan, facturando la consultante exclusivamente por sus servicios como entidad organizadora, al considerar que facturar por servicios que ella misma no presta contravendría el Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación, aprobado por Real Decreto 1619/2012.

Contestación

1.- El artículo 4.Uno de la Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido (BOE de 29 de diciembre), dispone que “Estarán sujetas al Impuesto las entregas de bienes y prestaciones de servicios realizadas en el ámbito espacial del Impuesto por empresarios o profesionales a título oneroso, con carácter habitual u ocasional, en el desarrollo de su actividad empresarial o profesional, incluso si se efectúan en favor de los propios socios, asociados, miembros o partícipes de las entidades que las realicen.”.

El apartado tres del mismo artículo 4 aclara que la sujeción al Impuesto se produce “con independencia de los fines o resultados perseguidos en la actividad empresarial o profesional o en cada operación en particular.”.

El concepto de empresario o profesional se contiene en el artículo 5 de la misma Ley 37/1992. En particular, en su apartado uno, letra a), se establece que se reputarán empresarios o profesionales las personas o entidades que realicen actividades empresariales o profesionales, definidas éstas en el apartado dos del referido artículo 5 como aquéllas que impliquen la ordenación por cuenta propia de factores de producción materiales y humanos o de uno de ellos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de bienes o servicios.

Por otra parte, el artículo 11.Dos.15º de la Ley 37/1992 establece que tienen la consideración de prestaciones de servicios a efectos del Impuesto:

“15º. Las operaciones de mediación y las de agencia o comisión cuando el agente o comisionista actúe en nombre ajeno. Cuando actúe en nombre propio y medie en una prestación de servicios se entenderá que ha recibido y prestado por sí mismo los correspondientes servicios.”.

2.- En el caso objeto de la entidad consultante, ésta se encarga de la organización de formación profesional de empresas en el marco de lo establecido por la Ley 30/1995, por la que se regula el Sistema de Formación Profesional para el empleo en el ámbito laboral. Dicha Ley señala en su artículo 12:

“Artículo 12. Organización de la formación programada por las empresas para sus trabajadores.

1. La formación regulada en el artículo 9 podrá ser organizada por la propia empresa o bien encomendarse a organizaciones empresariales o sindicales, a estructuras paritarias constituidas en el ámbito de la negociación colectiva que cuenten con personalidad jurídica propia, a asociaciones de trabajadores autónomos y de la economía social o a otras entidades externas, incluidas las entidades de formación acreditadas y/o inscritas en el correspondiente registro habilitado por la Administración pública competente, a que se refiere el artículo 15.

2. Las entidades a las que las empresas encomienden la organización de la formación para sus trabajadores estarán obligadas a comunicar el inicio y finalización de las acciones formativas programadas bajo esta iniciativa ante la Administración cuando así lo acuerden con la empresa, debiendo asegurar, en todo caso, el desarrollo satisfactorio de las acciones formativas y de las funciones de seguimiento, control y evaluación, así como la adecuación de la formación realizada a la actividad empresarial.

Asimismo, las mencionadas entidades serán las que contraten a la entidad de formación acreditada y/o inscrita que imparta las acciones formativas, salvo en el caso de tratarse de la misma entidad.

Además de estas obligaciones y de las que puedan establecerse reglamentariamente, las citadas entidades deberán facilitar a las empresas para las que organicen la formación de sus trabajadores la documentación relacionada con la organización, gestión e impartición de las acciones formativas, así como la información necesaria para la correcta aplicación de las bonificaciones por parte de dichas empresas.

Asimismo, deberán someterse a las actuaciones de comprobación, seguimiento y control que realicen las Administraciones públicas competentes y los demás órganos de control, asegurando el desarrollo satisfactorio de dichas actuaciones.”.

Este Centro Directivo no puede pronunciarse sobre la interpretación y aplicación práctica de la Ley 30/2015, ni sobre si el esquema contenido en su artículo 12 e interpretado por la Fundación Estatal para la Formación en el Empleo es compatible con la figura de la mediación en nombre propio, en nombre ajeno o cualquiera de ambas indistintamente.

3.- No obstante lo anterior, en el caso de que la mediación por parte de la consultante se realizase en nombre propio, habrá de entenderse a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido que el mismo servicio que ha recibido de las empresas formadoras es el que ha prestado a sus empresas clientes, debiendo refacturar el servicio de formación profesional, que se encontrará sujeto al Impuesto sobre el Valor Añadido. En estas circunstancias, la entidad consultante deberá expedir y entregar factura a las empresas bonificadas destinatarias de la formación, con ocasión de la refacturación de los servicios recibidos por las empresas formadoras.

Por otra parte, debe tenerse en cuenta que, en relación con los servicios de formación profesional, puede resultar aplicable la exención prevista en el artículo 20, apartado uno, número 9º de la Ley 37/1992 que dispone lo siguiente:

“Uno. Estarán exentas de este Impuesto las siguientes operaciones:

(…)

9º. La educación de la infancia y de la juventud, la guarda y custodia de niños, incluida la atención a niños en los centros docentes en tiempo interlectivo durante el comedor escolar o en aulas en servicio de guardería fuera del horario escolar, la enseñanza escolar, universitaria y de postgraduados, la enseñanza de idiomas y la formación y reciclaje profesional, realizadas por Entidades de derecho público o entidades privadas autorizadas para el ejercicio de dichas actividades.

La exención se extenderá a las prestaciones de servicios y entregas de bienes directamente relacionadas con los servicios enumerados en el párrafo anterior, efectuadas, con medios propios o ajenos, por las mismas empresas docentes o educativas que presten los mencionados servicios.

La exención no comprenderá las siguientes operaciones:

a) Los servicios relativos a la práctica del deporte, prestados por empresas distintas de los centros docentes.

En ningún caso, se entenderán comprendidos en esta letra los servicios prestados por las Asociaciones de Padres de Alumnos vinculadas a los centros docentes.

b) Las de alojamiento y alimentación prestadas por Colegios Mayores o Menores y residencias de estudiantes.

c) Las efectuadas por escuelas de conductores de vehículos relativas a los permisos de conducción de vehículos terrestres de las clases A y B y a los títulos, licencias o permisos necesarios para la conducción de buques o aeronaves deportivos o de recreo.

d) Las entregas de bienes efectuadas a título oneroso.”.

Dicha exención está supeditada al cumplimiento de dos requisitos:

a) Un requisito subjetivo, es decir, que las citadas actividades sean realizadas por entidades de Derecho público o entidades privadas autorizadas para el ejercicio de dichas actividades.

La referencia a las entidades privadas autorizadas previsto en el artículo 20, apartado uno, número 9º de la Ley 37/1992, debe interpretarse, vista la jurisprudencia del Tribunal de Luxemburgo, en atención a la clase o naturaleza de las actividades desarrolladas por la entidad privada autorizada o centro de enseñanza en cuestión, de forma que dicho centro se considerará autorizado o reconocido, a efectos del Impuesto sobre el Valor Añadido, cuando sus actividades sean única o principalmente enseñanzas incluidas en algún plan de estudios que haya sido objeto del mencionado reconocimiento o autorización, bien sea por la legislación de la propia Comunidad o por la del Estado que resulte aplicable.

Asimismo, según doctrina reiterada de esta Dirección General, a efectos de la exención prevista en el artículo 20.Uno.9º de la Ley 37/1992, tendrán la consideración de centros educativos aquellas unidades económicas integradas por un conjunto de medios materiales y humanos ordenados con carácter de permanencia con la finalidad de prestar de manera continuada servicios de enseñanza.

A tales efectos, no es preciso que el centro educativo disponga de un local determinado en el que se realice materialmente la actividad la enseñanza, siendo suficiente con que cuente con un conjunto ordenado de medios materiales y humanos destinados a la prestación del servicio de enseñanza.

b) Un requisito objetivo. Como ha señalado el Tribunal de Justicia, la enseñanza es aquella actividad que supone la transmisión de conocimientos y de competencias entre un profesor y los estudiantes, acompañada, además, de un conjunto de otros elementos que incluyen los correspondientes a las relaciones que se establecen entre profesores y estudiantes y los que componen el marco organizativo del centro en el que se imparte la formación, siempre y cuando dichas actividades no revistan un carácter meramente recreativo.

La exención no será aplicable, a los servicios de enseñanza que versen sobre materias no incluidas en alguno de los planes de estudios de cualquiera de los niveles o grados del sistema educativo español.

La competencia para determinar si las materias que son objeto de enseñanza por un determinado centro educativo se encuentran o no incluidas en algún plan de estudios del sistema educativo a efectos de la aplicación de la mencionada exención, corresponde al Ministerio de Educación, Cultura y Deporte, o la Comunidad Autónoma correspondiente.

En el caso de que se cumplan los requisitos anteriores, tanto los servicios facturados por las empresas formadoras a la consultante, como los que ésta efectúe a las empresas bonificadas, incluirán el coste de la formación pero no la repercusión de cuota alguna por el Impuesto sobre el Valor Añadido al quedar exentas del Impuesto.

En el caso de que no se cumplan los requisitos anteriores, la formación objeto de consulta quedará gravada por el Impuesto sobre el Valor Añadido al tipo impositivo general del 21 por ciento.

4.- Por último, si la mediación por parte de la consultante se realizase en nombre ajeno, ésta constituirá una prestación de servicios de mediación sujeta y no exenta del Impuesto sobre el Valor Añadido.

En este caso, deberá facturar al destinatario de sus servicios de mediación el importe correspondiente a los servicios prestados, repercutiendo la cuota correspondiente del Impuesto sobre el Valor Añadido, al tipo general del 21 por ciento. Por otra parte, al no prestar en nombre propio los servicios de formación, éstos deberán ser facturados directamente por las empresas formadoras a las empresas bonificadas destinatarias de tales servicios.

5.- Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado 1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Formación profesional
Prestación de servicios
Impuesto sobre el Valor Añadido
Actividades empresariales
Fundaciones
Entrega de bienes
A título oneroso
Centro docente
Obligaciones de facturación
Empresario individual
Actividades empresariales y profesionales
Comisiones
Comisionista
Negociación colectiva
Personalidad jurídica
Bonificaciones
Deporte
Escuela infantil
Enseñanza de idiomas
Servicios de comedor escolar
Guarda y custodia
Residencia
Buque
Aeronaves
Tipo general
Tipo general del IVA

Ley General Tributaria (Ley 58/2003 de 17 de Dic) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 302 Fecha de Publicación: 18/12/2003 Fecha de entrada en vigor: 01/07/2004 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 30/2015 de 9 de Sep (Sistema de Formación Profesional para el empleo en ámbito laboral) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 217 Fecha de Publicación: 10/09/2015 Fecha de entrada en vigor: 11/09/2015 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 1619/2012 de 30 de Nov (Reglamento por el que se regulan las obligaciones de facturación) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 289 Fecha de Publicación: 01/12/2012 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2013 Órgano Emisor: Ministerio De Hacienda Y Administraciones Publicas

Ley 30/1995 de 8 de Nov (Ordenación y Supervisión de los Seguros Privados) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 268 Fecha de Publicación: 09/11/1995 Fecha de entrada en vigor: 10/11/1995 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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