Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V1515-25 de 19 de agosto de 2025

Cuestión

Si es posible aplicar la normativa autonómica de la Comunidad de Madrid en el ámbito del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, en particular, la bonificación del 99 por ciento prevista para las donaciones realizadas entre contribuyentes incluidos en los Grupos I y II (donaciones entre padres e hijos, cónyuges o ascendientes), cuando el donante tiene su residencia habitual en dicha Comunidad Autónoma y el donatario es no residente fiscal en España.

Normativa

Ley 22/2009 arts. 32 y 55

Ley 29/1987 arts. 3, 6, 7 y DA Segunda

Descripción

El consultante tiene su residencia habitual y fiscal en Australia desde el año 2016.

Su madre, que es residente habitual y fiscal en Madrid, ha sido titular de un inmueble

situado en la Comunidad de Madrid durante los últimos años. Recientemente ha realizado

la venta del mismo y, en consecuencia, ha recibido una suma de dinero que ha depositado

en una cuenta corriente de su titularidad abierta en una sucursal de una entidad de

crédito española situada en Madrid.

La madre del consultante tiene la intención de donarle, mediante escritura pública,

una parte del dinero obtenido de dicha venta.

Contestacion

El artículo 3.1.b) de la Ley 29/1987, de 18 de diciembre, del Impuesto sobre Sucesiones

y Donaciones (BOE de 19 de diciembre) ?en adelante, LISD? dispone que:

«Artículo 3. Hecho imponible.

1. Constituye el hecho imponible:

(?)

b) La adquisición de bienes y derechos por donación o cualquier otro negocio jurídico

a título gratuito, ?intervivos?.

(?)».

Por su parte, los artículos 6 y 7 de la LISD regulan la obligación personal y real

de contribuir en los siguientes términos:

«Artículo 6. Obligación personal.

1. A los contribuyentes que tengan su residencia habitual en España se les exigirá

el impuesto por obligación personal, con independencia de dónde se encuentren situados

los bienes o derechos que integren el incremento de patrimonio gravado.

2. Para la determinación de la residencia habitual se estará a lo establecido en las

normas del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.

3. Los representantes y funcionarios del Estado español en el extranjero quedarán

sujetos a este impuesto por obligación personal, atendiendo a idénticas circunstancias

y condiciones que las establecidas para tales sujetos pasivos en las normas del Impuesto

sobre la Renta de las Personas Físicas.».

«Artículo 7. Obligación real.

A los contribuyentes no incluidos en el artículo inmediato anterior se les exigirá

el impuesto, por obligación real, por la adquisición de bienes y derechos, cualquiera

que sea su naturaleza, que estuvieran situados, pudieran ejercitarse o hubieran de

cumplirse en territorio español, así como por la percepción de cantidades derivadas

de contratos de seguros sobre la vida cuando el contrato haya sido realizado con Entidades

aseguradoras españolas o se haya celebrado en España con Entidades extranjeras que

operen en ella.».

En el presente caso, el consultante, que será el donatario de la donación de dinero

proyectada, no es residente en España; por lo tanto, de acuerdo con los preceptos

transcritos, se le exigirá el impuesto sólo por la llamada obligación real, es decir,

exclusivamente por las donaciones que reciba en territorio español. A este respecto,

dado que el dinero a donar estará situado en España en el momento de la donación,

partiendo de esa premisa, el consultante estará sujeto al Impuesto sobre Sucesiones

y Donaciones por el concepto de donación.

En cuanto a las llamadas Comunidades Autónomas de régimen común (todas salvo las del

País Vasco y Navarra), la determinación de la Administración competente para la exacción

del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones se encuentra regulada en la Ley 22/2009,

de 18 de diciembre, por la que se regula el sistema de financiación de las Comunidades

Autónomas de Régimen Común y Ciudades con Estatuto de Autonomía y se modifican determinadas

normas tributarias (BOE de 19 de diciembre). En concreto en sus artículos 28 y 32,

que regulan un procedimiento con dos pasos. En primer lugar, determinación de si el

rendimiento corresponde a la Administración General del Estado o a alguna Comunidad

Autónoma y, en segundo lugar, determinación, en su caso, de cuál es la Comunidad Autónoma

a la que le corresponde.

Así, el primer paso en cuanto a las adquisiciones «inter vivos» se refiere se regula

en el artículo 32 de la Ley 22/2009, que establece la regla general de delimitación

en sus apartados 1 y 2.c), al disponer lo siguiente:

«Artículo 32. Alcance de la cesión y puntos de conexión en el Impuesto sobre Sucesiones

y Donaciones.

1. Se cede a la Comunidad Autónoma el rendimiento del Impuesto sobre Sucesiones y

Donaciones producido en su territorio.

2. Se considera producido en el territorio de una Comunidad Autónoma el rendimiento

del Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones de los sujetos pasivos residentes en España,

según los siguientes puntos de conexión:

a) En el caso del impuesto que grava las adquisiciones ``mortis causa´´ y las cantidades

percibidas por los beneficiarios de seguros sobre la vida que se acumulen al resto

de bienes y derechos que integran la porción hereditaria del beneficiario, en el territorio

donde el causante tenga su residencia habitual a la fecha del devengo.

b) En el caso del impuesto que grava las donaciones de bienes inmuebles, cuando éstos

radiquen en el territorio de esa Comunidad Autónoma.

A efectos de lo previsto en esta letra, tendrán la consideración de donaciones de

bienes inmuebles las transmisiones a título gratuito de los valores a que se refiere

el artículo 108 de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores.

c) En el caso del impuesto que grava las donaciones de los demás bienes y derechos,

en el territorio donde el donatario tenga su residencia habitual a la fecha del devengo.

(?).».

Por último, la disposición adicional segunda de la LISD dispone lo siguiente en la

letra e) de su apartado Uno.1:

«Disposición adicional segunda. Adecuación de la normativa del Impuesto a lo dispuesto

en la Sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de 3 de septiembre de

2014 (asunto C-127/12), y regulación de la declaración liquidación de los contribuyentes

que deban tributar a la Administración Tributaria del Estado.

Uno. Adecuación de la normativa del Impuesto a lo dispuesto en la Sentencia del Tribunal

de Justicia de la Unión Europea, de 3 de septiembre de 2014.

1. La liquidación del impuesto aplicable a la adquisición de bienes y derechos por

cualquier título lucrativo en los supuestos que se indican a continuación se ajustará

a las siguientes reglas:

(?)

e) En el caso de la adquisición de bienes muebles situados en España por donación

o cualquier otro negocio jurídico a título gratuito e ''inter vivos'', los contribuyentes

no residentes tendrán derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por

la Comunidad Autónoma donde hayan estado situados los referidos bienes muebles un

mayor número de días del período de los cinco años inmediatos anteriores, contados

de fecha a fecha, que finalice el día anterior al de devengo del impuesto.

(?)».

Conforme a la normativa expuesta, en el caso de transmisión ?inter vivos?, al tener

el dinero la consideración de bien mueble, el consultante, residente fiscal en Australia,

tendrá derecho a la aplicación de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma

donde haya estado situado el dinero un mayor número de días del periodo de los cinco

años inmediatos anteriores contados de fecha a fecha.

Por otra parte, al no ser el consultante residente en ninguna Comunidad Autónoma de

España y no existir punto de conexión con ninguna de ellas, tal y como establece el

artículo 32 de la Ley 22/2009, el organismo competente para la exacción del impuesto

es la Administración Central del Estado, esto es, la Agencia Estatal de Administración

Tributaria, en concreto, la Oficina Nacional de Gestión Tributaria, Departamento de

Sucesiones de no Residentes (Paseo Castellana 147 bajo, 28046, Madrid).

Por último, cabe señalar que la Comunidad Autónoma cuya normativa autonómica pueda

resultar de aplicación puede haber establecido normas sobre reducciones, escalas y

deducciones y bonificaciones. Estas normas, conforme a lo dispuesto en la disposición

adicional segunda de la LISD, pueden resultar aplicables, si el obligado tributario

opta por ello. A este respecto, cabe advertir que, si el obligado tributario ejercita

dicha opción, resultarán de aplicación todas las normas aprobadas por la comunidad

autónoma en cuestión, sin que el contribuyente pueda aplicar solo parte de ellas.

En tal caso, la competencia para contestar a cuestiones referentes a la aplicación

de dichas normas corresponderá a dicha Comunidad Autónoma, ya que la letra a) del

apartado 2 del artículo 55 de la Ley 22/2009, relativo al alcance de la delegación

de competencias a las Comunidades Autónomas en relación con la gestión y liquidación

de los tributos del Estado cedidos a aquéllas, dispone que:

«No son objeto de delegación las siguientes competencias: a) La contestación de las

consultas reguladas en el artículo 88 y 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,

General Tributaria salvo en lo que se refiera a la aplicación de las disposiciones

dictadas por la Comunidad Autónoma en el ejercicio de sus competencias.».

Por tanto, este Centro Directivo no puede pronunciarse sobre las cuestiones referentes

a las bonificaciones, que haya establecido la Comunidad Autónoma cuya normativa autonómica

pueda resultar de aplicación. Deberá dirigirse a dicha Comunidad para que le informen

sobre dicha cuestión.

CONCLUSIONES:

Primera: La donación dineraria que va a recibir el consultante, no residente en el

territorio español, estará sujeta a tributación en España por obligación real, siempre

que el dinero objeto de la donación esté situado en España en el momento de la realización

de dicho negocio jurídico.

Segunda: El consultante, residente fiscal en Australia, tendrá derecho a la aplicación

de la normativa propia aprobada por la Comunidad Autónoma donde haya estado situado

el dinero un mayor número de días del periodo de los cinco años inmediatos anteriores

contados de fecha a fecha. Al tratarse de una cuestión de hecho, este Centro directivo

no tiene competencias para determinarla.

Tercera: Al no ser el consultante residente en ninguna Comunidad Autónoma de España

y no existir punto de conexión con ninguna de ellas, el organismo competente para

la exacción del impuesto es la Administración Central del Estado, esto es, la Agencia

Estatal de Administración Tributaria, en concreto, la Oficina Nacional de Gestión

Tributaria, Departamento de Sucesiones de no Residentes (Paseo Castellana 147 bajo,

28046, Madrid).

Cuarta: Este Centro Directivo no puede pronunciarse sobre las cuestiones referentes

a las bonificaciones que haya establecido la Comunidad Autónoma cuya normativa autonómica

pueda resultar de aplicación. Deberá dirigirse a dicha Comunidad para que le informen

sobre dicha cuestión.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado

1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.