Resolución Vinculante de Dirección General de Tributos, V1839-25 de 13 de octubre de 2025

Cuestión

- Si puede aplicar el incremento de gasto deducible por trabajador activo con discapacidad, en 2023, y 2024. - Si los pagos realizados al abogado, pueden ser condiderados como gasto fiscamente deducible en su declaración de IRPF-2024, en virtud del artículo 19.2.e) de la LIRPF.

Normativa

LIRPF. Ley 35/2006, Art. 19.

Descripción

La consultante es orientadora y profesora desde 1966 en un colegio. Desde 1 de septiembre

de 2022, la consultante se encontraba en situación de incapacidad temporal (IT), que

ha ido prorrogándose durante todo 2023, y parte de 2024. El 5 de marzo de 2024, el

INSS le comunicó que le había iniciado de oficio un procedimiento de incapacidad

permanente (IP), pero mientras tanto, la consultante percibió de la Mutua del colegio,

las retribuciones correspondientes por IT, desde el 28 de febrero hasta el 3 de junio

de 2024.

Mediante Resolución del INSS de 27 de mayo de 2024, se le deniega a la consultante

la pensión de IP, extinguiéndose la situación de prolongación de efectos económicos

de la IT el 3 de junio de 2024. Contra dicha Resolución denegatoria, la consultante

interpuso ante el INSS, reclamación previa a la via jurisdiccional, recurriendo a

los servicios de un abogado. Como consecuencia de dicha Resolución del INSS denegatoria,

el Colegio le volvió a dar de alta en la Seguridad Social con fecha 4 de junio de

2024, y desde esa fecha la consultante volvió a trabajar para el Colegio, que empezó

a pagarle sus nóminas hasta el mes de septiembre de 2024, ya que el 22 de octubre

de 2024, el INSS le estimó a la consultante la reclamación previa, reconociéndole

la IP total con efectos desde el 27 de febrero de 2024. Al haber sido estimada la

reclamación previa, la consultante pagó el 5 de noviembre de 2024 al abogado sus honarios.

Por otro lado, la consultante, en fecha 24 de abril de 2024, solicitó al órgano competente

de su Comunidad Autónoma, el reconocimiento de grado de discapacidad, cuya solicitud

aún está en tramitación a fecha de presentación del escrito de consulta.

Contestacion

En primer lugar, aclarar que sólo se va a proceder a resolver las cuestiones planteadas

en su escrito de consulta en relación al ejercicio 2024, y no en relación a ejercicios

anteriores (2023), de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88.2 de la Ley 58/2003,

de 17 de diciembre, General Tributaria, que establece que las consultas han de ser

formuladas por los obligados tributarios antes de la finalización del plazo establecido

para el ejercicio de los derechos, la presentación de declaraciones o autoliquidaciones

o el cumplimiento de otras obligaciones tributarias.

- Trabajador activo con discapacidad

El artículo 19 de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta

de las Personas Físicas y de modificación parcial de las leyes de los Impuestos sobre

Sociedades, sobre la Renta de no Residentes y sobre el Patrimonio (BOE de 29 de noviembre),

en adelante LIRPF, establece lo siguiente:

"1. El rendimiento neto del trabajo será el resultado de disminuir el rendimiento

íntegro en el importe de los gastos deducibles.

2. Tendrán la consideración de gastos deducibles exclusivamente los siguientes:

a) Las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades generales obligatorias

de funcionarios.

b) Las detracciones por derechos pasivos.

c) Las cotizaciones a los colegios de huérfanos o entidades similares.

d) Las cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales, cuando la colegiación

tenga carácter obligatorio, en la parte que corresponda a los fines esenciales de

estas instituciones, y con el límite que reglamentariamente se establezca.

e) Los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios suscitados en

la relación del contribuyente con la persona de la que percibe los rendimientos, con

el límite de 300 euros anuales.

f) En concepto de otros gastos distintos de los anteriores, 2.000 euros anuales.

(?)

Tratándose de personas con discapacidad que obtengan rendimientos del trabajo como

trabajadores activos, se incrementará dicha cuantía en 3.500 euros anuales. Dicho

incremento será de 7.750 euros anuales, para las personas con discapacidad que siendo

trabajadores activos acrediten necesitar ayuda de terceras personas o movilidad reducida,

o un grado de discapacidad igual o superior al 65 por ciento.

Los gastos deducibles a que se refiere esta letra f) tendrán como límite el rendimiento

íntegro del trabajo una vez minorado por el resto de gastos deducibles previstos en

este apartado.?.

Por lo tanto, para la aplicación de la citada reducción como gastos deducibles en

concepto de trabajador activo discapacitado se requiere que concurran simultáneamente,

durante cualquier día del período impositivo, las siguientes circunstancias:

1. Ser trabajador en activo.

2. Tener el grado de discapacidad exigido, que deberá acreditarse conforme a lo previsto

en el artículo 72 del Reglamento del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas,

aprobado por el Real Decreto 439/2007, de 30 de marzo ( BOE de 31 de marzo), en adelante

RIRPF.

En este sentido, el Tribunal Económico?Administrativo Central, en Resolución de fecha

6 de noviembre de 2008 de Recurso Extraordinario de Alzada para la Unificación de

Criterio, se refiere al concepto de trabajador activo señalando que ?la expresión

?trabajador en activo? recogida en la normativa reguladora del Impuesto sobre la Renta

de las Personas Físicas no engloba a cualquier perceptor de rentas del trabajo sino

que, debe entenderse como aquél que percibe este tipo de rentas como consecuencia

de la prestación efectiva de sus servicios retribuidos, por cuenta ajena y dentro

del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica, denominada

empleador o empresario?.

Habida cuenta de que los criterios del TEAC recogidos en la citada Resolución de

fecha 6 de noviembre de 2008, vinculan a este Centro Directivo de conformidad con

el artículo 242 de la ya citada Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,

se concluye que si la consultante tiene la consideración de ?trabajador activo? en

algún día del período impositivo, es decir que percibe rendimientos del trabajo como

consecuencia de la prestación efectiva de sus servicios retribuidos, por cuenta ajena

y dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona, física o jurídica,

denominada empleador o empresario, y reconocido el grado de discapacidad exigido,

podrá aplicar el incremento de gasto deducible para trabajadores activos que sean

personas con discapacidad previsto en el artículo 19.2 de la LIRPF, rellenando para

ello las casillas que correspondan necesarias para la aplicación de dicho beneficio

fiscal.

A este respecto, hay que tener en cuenta que, el artículo 72 del Reglamento del Impuesto

sobre la Renta de las Personas Físicas, aprobado por el Real Decreto 439/2007, de

30 de marzo (BOE de 4 de agosto), establece en su apartado primero, que:

?1. A los efectos del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, tendrán la

consideración de persona con discapacidad aquellos contribuyentes con un grado de

minusvalía igual o superior al 33 por ciento.

El grado de minusvalía deberá acreditarse mediante certificado o resolución expedido

por el Instituto de Migraciones y Servicios Sociales o el órgano competente de las

Comunidades Autónomas. En particular, se considerará acreditado un grado de minusvalía

igual o superior al 33 por ciento en el caso de los pensionistas de la Seguridad Social

que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta o gran

invalidez y en el caso de los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida

una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Igualmente, se considerará acreditado un grado de minusvalía igual o superior al 65

por ciento, cuando se trate de personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente,

aunque no alcance dicho grado.

2. A efectos de la reducción por rendimientos del trabajo obtenidos por personas

con discapacidad prevista en el artículo 20.3 de la Ley del Impuesto, los contribuyentes

con discapacidad deberán acreditar la necesidad de ayuda de terceras personas para

desplazarse a su lugar de trabajo o para desempeñar el mismo, o la movilidad reducida

para utilizar medios de transporte colectivos, mediante certificado o resolución del

Instituto de Migraciones y Servicios Sociales o el órgano competente de las Comunidades

Autónomas en materia de valoración de las minusvalías, basándose en el dictamen emitido

por los Equipos de Valoración y Orientación dependientes de las mismas.?.

Del precepto señalado se deduce que la manera de acreditar el grado de discapacidad

es a través de los certificados expedidos al efecto por los servicios anteriormente

indicados, es decir, del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales o, en su caso,

del órgano competente de las Comunidades Autónomas, competentes en materia de valoración

de incapacidades.

Por otra parte, en cuanto a los pensionistas de la Seguridad Social, el precepto

en cuestión únicamente considera afectos de una discapacidad igual o superior al 33

por 100 a que tengan reconocida una pensión de incapacidad permanente total, absoluta

o gran invalidez y en el caso de los pensionistas de clases pasivas que tengan reconocida

una pensión de jubilación o retiro por incapacidad permanente para el servicio o inutilidad.

Igualmente, se considerará acreditado un grado de discapacidad igual o superior al

65 por ciento, cuando se trate de personas cuya incapacidad sea declarada judicialmente,

aunque no alcance dicho grado.

En el presenta caso, solamente en el período de tiempo comprendido entre el 4 de

junio y el 15 de septiembre de 2024, que se corresponde con el tiempo en que la consultante

estuvo trabajando en el colegio, concurren en su caso simultáneamente, las dos circunstancias

exigidas legalmente, que son, el ser trabajador en activo de acuerdo con el criterio

establecido en Resolución del TEAC de noviembre de 2008, y, además, tener el grado

de discapacidad exigido acreditado conforme a lo previsto en el artículo 72 del RIRPF,

por lo que se concluye que la consultante puede aplicar el incremento de gasto deducible

en concepto de trabajador activo discapacitado en su declaración de IRPF-2024, correspondiente

al número de días de dicho período en que concurran la dos circunstancias que se acaban

de señalar en el párrafo anterior.

A este respecto, hay que tener en cuenta la reciente Resolución del Tribunal Económico-Administrativo

Central de fecha 22 de abril de 2025 que, resolviendo un recurso extraordinario de

alzada para la unificación de criterio, fija el siguiente criterio:

?La aplicación de la minoración adicional de los rendimientos del trabajo de 3.500

euros ó de 7.750 euros, según el grado de discapacidad, que el art. 19.2 f) segundo

párrafo de la Ley 35/2006, en la redacción dada por la Ley 26/2014, de 27 de noviembre,

contempla en los casos en que el reconocimiento de la incapacidad de que se trate

tenga efectos en un determinado momento a lo largo del período impositivo, después

del inicio del mismo y antes de la fecha del devengo, no se ha de llevar a cabo prorrateando

el importe respectivo de 3.500 o 7.750 euros, sino que esa minoración adicional sólo

podrá proyectarse sobre los específicos rendimientos del trabajo obtenidos como trabajador

activo con discapacidad. Lo que supone que ese incremento de los gastos deducible

de hasta 3.500 euros ó 7.750 euros anuales (según el grado de discapacidad) podrá

como máximo dejar en cero el importe de esos rendimientos del trabajo obtenidos como

una persona con discapacidad que trabaja, pero nunca ir más allá, en el sentido de

que nunca podrán minorar los otros rendimientos del trabajo distintos que ese sujeto

haya podido obtener en el mismo año o ejercicio.?.

- Defensa jurídica

La determinación de los gastos deducibles de los rendimientos íntegros del trabajo

se recoge en el artículo 19.2 de la LIRPF, donde ?a este respecto? se establece lo

siguiente:

"2. Tendrán la consideración de gastos deducibles exclusivamente los siguientes:

a) Las cotizaciones a la Seguridad Social o a mutualidades generales obligatorias

de funcionarios.

b) Las detracciones por derechos pasivos.

c) Las cotizaciones a los colegios de huérfanos o entidades similares.

d) Las cuotas satisfechas a sindicatos y colegios profesionales, cuando la colegiación

tenga carácter obligatorio, en la parte que corresponda a los fines esenciales de

estas instituciones, y con el límite que reglamentariamente se establezca.

e) Los gastos de defensa jurídica derivados directamente de litigios suscitados en

la relación del contribuyente con la persona de la que percibe los rendimientos, con

el límite de 300 euros anuales.

f) En concepto de otros gastos distintos de los anteriores, 2.000 euros anuales.

(?).?.

Respecto a qué se entiende por defensa jurídica, este Centro Directivo considera

que tal concepto se delimita en torno a la intervención de profesionales del Derecho

que defienden los intereses del contribuyente (perceptor de rendimientos del trabajo)

en los desacuerdos o disconformidades que pueda tener con la persona de quien percibe

los rendimientos. Por tanto, solamente los honorarios de estos profesionales serán

los que se consideren incluidos en este concepto de gasto y siempre dentro del límite

de los 300 euros anuales.

Respecto a la imputación temporal de estos gastos, su consideración de deducibles

de los rendimientos íntegros del trabajo nos lleva a la regla general de imputación

que al respecto establece el artículo 14.1 de la Ley del Impuesto:

?Los ingresos y gastos que determinan la renta a incluir en la base del impuesto

se imputarán al período impositivo que corresponda, de acuerdo con los siguientes

criterios:

a) Los rendimientos del trabajo y del capital se imputarán al período impositivo

en que sean exigibles por su perceptor.

(?)?.

Conforme con esta configuración normativa, los gastos de defensa jurídica los deberá

imputar la consultante al período impositivo de su exigibilidad con el límite de 300

euros anuales, y ello con independencia de la imputación temporal que pudiera corresponder

a los ingresos reclamados.

Consecuencia de lo anterior, en la medida en que los gastos de abogado a los que

se refiere su escrito de consulta reúnen las circunstancias recogidas en la letra

e) anteriormente transcrita, dichos gastos tienen la consideración en su declaración

de IRPF-2024, de gasto deducible del rendimiento del trabajo (pudiendo deducirse también

el IVA incluido), con el límite, con otros gastos de defensa jurídica que pudieran

producirse, de 300 euros anuales, pudiendo resultar este tipo de rendimientos negativos

si la consultante no obtiene por este concepto ingresos íntegros que superen el gasto

abonado.

Lo que comunico a Vd. con efectos vinculantes, conforme a lo dispuesto en el apartado

1 del artículo 89 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General.