La abstención y recusación de las autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas

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La abstención y recusación de las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones se habrán de regir por lo establecido en el Art. 23-24 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre. El Diccionario del Español Jurídico de la RAE y del Consejo General de Poder Judicial define tales "instituciones" del siguiente modo:

Abstención: acto mediante el cual una autoridad o funcionario, juez o magistrado, llamado a conocer de un asunto se aparta de su conocimiento por tener alguna relación con el objeto de su conocimiento o por tener una relación con el objeto de aquel o con las partes que intervienen. (Por abstención administrativa habrá de entenderse, además, la "abstención debida a la concurrencia de interés personal en el asunto, relación de parentesco, amistad íntima o enemistad manifiesta, intervención como perito en el procedimiento, o por tener relación de servicio con la persona directamente interesada").

Recusación: solicitud de que se aparte de la tramitación de un asunto a una autoridad o funcionario público jurado, árbitro o perito, por existir una causa legal para ello.

 

A los efectos que nos tratan, la abstención se puede definir, siguiendo lo señalado por el Diccionario del Español jurídico de la RAE y del Consejo General del Poder Judicial, como aquel "acto mediante el cual una autoridad o funcionario, juez o magistrado, llamado a conocer de un asunto se aparta de su conocimiento por tener alguna relación con el objeto de su conocimiento o por tener una relación con el objeto de aquel o con las partes que intervienen", siendo la abstención administrativa, según la misma fuente, "la abstención debida a la concurrencia de interés personal en el asunto, relación de parentesco, amistad íntima o enemistad manifiesta, intervención como perito en el procedimiento, o por tener relación de servicio con la persona directamente interesada".

Desde el ámbito legal, la regulación de la abstención arranca de lo dispuesto en el apartado 1 del Art. 23 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, al señalar que "las autoridades y el personal al servicio de las Administraciones en quienes se den algunas de las circunstancias señaladas en el apartado siguiente se abstendrán de intervenir en el procedimiento y lo comunicarán a su superior inmediato, quien resolverá lo procedente”.

Las causas que dan lugar a ese conflicto de intereses son las establecidas en el apartado 2 del Art. 23 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, esto es:

  • Tener interés personal en el asunto de que se trate o en otro en cuya resolución pudiera influir la de aquél; ser administrador de sociedad o entidad interesada, o tener cuestión litigiosa pendiente con algún interesado.

  • Tener un vínculo matrimonial o situación de hecho asimilable y el parentesco de consanguinidad dentro del cuarto grado o de afinidad dentro del segundo, con cualquiera de los interesados, con los administradores de entidades o sociedades interesadas y también con los asesores, representantes legales o mandatarios que intervengan en el procedimiento, así como compartir despacho profesional o estar asociado con éstos para el asesoramiento, la representación o el mandato.

  • Tener amistad íntima o enemistad manifiesta con alguna de las personas mencionadas en el apartado anterior.

  • Haber intervenido como perito o como testigo en el procedimiento de que se trate.

  • Tener relación de servicio con persona natural o jurídica interesada directamente en el asunto, o haberle prestado en los dos últimos años servicios profesionales de cualquier tipo y en cualquier circunstancia o lugar.

Por su parte, los apdos. 3, 4 y 5 del Art. 23 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre disponen lo siguiente:

  • Los órganos jerárquicamente superiores a quien se encuentre en alguna de las circunstancias señaladas en el punto anterior podrán ordenarle que se abstengan de toda intervención en el expediente.

  • La actuación de autoridades y personal al servicio de las Administraciones Públicas en los que concurran motivos de abstención no implicará, necesariamente, y en todo caso, la invalidez de los actos en que hayan intervenido.

  • La no abstención en los casos en que concurra alguna de esas circunstancias dará lugar a la responsabilidad que proceda.

Por su parte la recusación, según el Diccionario del Español jurídico de la RAE y del Consejo General del Poder Judicial, es la "solicitud de que se aparte de la tramitación de un asunto a una autoridad o funcionario público jurado, árbitro o perito, por existir una causa legal para ello". Así, el  Art. 24 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre señala lo que se transcribe a continuación:

  • En los casos previstos en el Art. 23 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, podrá promoverse recusación por los interesados en cualquier momento de la tramitación del procedimiento.

  • La recusación se planteará por escrito en el que se expresará la causa o causas en que se funda.

  • En el día siguiente el recusado manifestará a su inmediato superior si se da o no en él la causa alegada. En el primer caso, si el superior aprecia la concurrencia de la causa de recusación, acordará su sustitución acto seguido.

  • Si el recusado niega la causa de recusación, el superior resolverá en el plazo de tres días, previos los informes y comprobaciones que considere oportunos.

  • Contra las resoluciones adoptadas en esta materia no cabrá recurso, sin perjuicio de la posibilidad de alegar la recusación al interponer el recurso que proceda contra el acto que ponga fin al procedimiento.

 

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Abstención
Recusación
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Enemistad manifiesta
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