Acciones y recursos previstos en el Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre

Bajo la denominación global de "Acciones y recursos", los Art. 61-64 ,Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre, integrantes del Capítulo III del Título VIII de la norma ("Régimen jurídico") se ocupan de abordar lo siguiente:

• Carácter de los actos y convenios regulados en la legislación urbanística (Art. 61 ,Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre)
  
  
• Acción pública (Art. 62 ,Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre)
  
  
• Acción ante tribunales ordinarios (Art. 63 ,Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre)
  
  
• Recurso contencioso-administrativo (Art. 64 ,Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre)

Por lo que respecta al primero de los puntos, esto es, el carácter de los actos y convenios regulados en la legislación urbanística el Art. 61 ,Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre dispone que "tendrán carácter jurídico administrativo todas las cuestiones que se suscitaren con ocasión o como consecuencia de los actos y convenios regulados en la legislación urbanística aplicable entre los órganos competentes de las Administraciones Públicas y los propietarios, individuales o asociados, o promotores de actuaciones de transformación urbanística, incluso las relativas a cesiones de terrenos para urbanizar o edificar".

En lo que respecta a la acción pública el Art. 62 ,Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre señala lo siguiente:

• Será pública la acción para exigir ante los órganos administrativos y los Tribunales Contencioso-Administrativos la observancia de la legislación y demás instrumentos de ordenación territorial y urbanística.
  
  
• Si dicha acción está motivada por la ejecución de obras que se consideren ilegales, podrá ejercitarse durante la ejecución de las mismas y hasta el transcurso de los plazos establecidos para la adopción de las medidas de protección de la legalidad urbanística.

En lo que concierne a la acción ante los tribunales ordinarios se indica que los propietarios y titulares de derechos reales, además de lo previsto en el artículo anterior, podrán exigir ante los tribunales ordinarios la demolición de las obras e instalaciones que vulneren lo dispuesto respecto a la distancia entre construcciones, pozos, cisternas, o fosas, comunidad de elementos constructivos u otros urbanos, así como las disposiciones relativas a usos incómodos, insalubres o peligrosos que estuvieren directamente encaminadas a tutelar el uso de las demás fincas Art. 63 ,Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre).

Finalmente, sobre el recurso contencioso-administrativo se dispone lo que se transcribe a continuación (Art. 64 ,Real Decreto Legislativo 7/2015, de 30 de octubre):

• Los actos de las entidades locales, cualquiera que sea su objeto, que pongan fin a la vía administrativa serán recurribles directamente ante la jurisdicción contencioso-administrativa.
  
  
• Los actos de aprobación definitiva de los instrumentos de ordenación territorial y de los de ordenación y ejecución urbanísticas, sin perjuicio de los recursos administrativos que puedan proceder, podrán ser impugnados ante la jurisdicción contencioso-administrativa, en los términos prevenidos por su legislación reguladora.