Actividad administrativa impugnable en el orden Contencioso-Administrativo, según la Ley 29/1998, de 13 de julio,

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A la actividad administrativa inpugnable en vía Contencioso-Administrativa se dedican los Art. 25-30 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, precpetos integrantes del Capítulo I del Título II de la norma. Así, el recurso contencioso-administrativo es admisible en relación con las disposiciones de carácter general y con los actos expresos y presuntos de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos. También es admisible el recurso contra la inactividad de la Administración y contra sus actuaciones materiales que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en la Ley.

 

Los Art. 25-30 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, integrantes del Capítulo I del Título II de esta norma, se ocupan de tratar la "actividad administrativa impugnable" en el orden contencioso-administrativo:

  • Las disposiciones de carácter general (recurso directo contra disposiciones de carácter general o reglamentos, Cfr. Apartado 1 del Art. 25 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

  • Actos que se produzcan en aplicación disposiciones de carácter general que se entiendan no conformes a Derecho (recurso indirecto contra disposiciones de carácter general o reglamentos, cfr. Apartado 1 del Art. 26 ,Ley 29/1998, de 13 de julio). La falta de impugnación directa de una disposición general o la desestimación del recurso que frente a ella se hubiera interpuesto no impiden la impugnación de los actos de aplicación con fundamento en lo dispuesto anteriormente; esto es así en la medida en que ambas formas de impugnación son independientes y pueden utilizarse de forma indistinta (Cfr. Apartado 2 del Art. 26 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

  • Los actos expresos y presuntos (silencio administrativo o inactividad formal) de la Administración pública que pongan fin a la vía administrativa, ya sean definitivos o de trámite, si estos últimos deciden directa o indirectamente el fondo del asunto, determinan la imposibilidad de continuar el procedimiento, producen indefensión o perjuicio irreparable a derechos o intereses legítimos (Cfr. Apartado 1 del Art. 25 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

  • La inactividad (material) de la Administración en los términos establecidos en la ley (Cfr. Apartado 2 del Art. 25 ,Ley 29/1998, de 13 de julio). Así, cuando la Administración, en virtud de una disposición general que no precise de actos de aplicación o en virtud de un acto, contrato o convenio administrativo, esté obligada a realizar una prestación concreta en favor de una o varias personas determinadas, quienes tuvieran derecho a ella pueden reclamar de la Administración el cumplimiento de dicha obligación. Si en el plazo de tres meses desde la fecha de la reclamación, la Administración no hubiera dado cumplimiento a lo solicitado o no hubiera llegado a un acuerdo con los interesados, éstos pueden deducir recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración (Apartado 1 del Art. 29 ,Ley 29/1998, de 13 de julio). Por su parte, cuando la Administración no ejecute sus actos firmes podrán los afectados solicitar su ejecución, y si ésta no se produce en el plazo de un mes desde tal petición, podrán los solicitantes formular recurso contencioso-administrativo, que se tramitará por el procedimiento abreviado regulado en el artículo Art. 78 ,Ley 29/1998, de 13 de julio (apdo. 2 del Art. 29 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

  • Las actuaciones materiales de la Administración que constituyan vía de hecho, en los términos establecidos en la ley (Cfr. Apartado 2 del Art. 25 ,Ley 29/1998, de 13 de julio). En este caso (de vía de hecho),  el interesado podrá formular requerimiento a la Administración actuante, intimando su cesación. Si dicha intimación no hubiere sido formulada o no fuere atendida dentro de los diez días siguientes a la presentación del requerimiento, podrá deducir directamente recurso contencioso-administrativo (Art. 30 ,Ley 29/1998, de 13 de julio).

Por su parte, el Art. 27 ,Ley 29/1998, de 13 de julio dispone lo siguiente:

  • Cuando un Juez o Tribunal de lo Contenciosoadministrativo hubiere dictado sentencia firme estimatoria por considerar ilegal el contenido de la disposición general aplicada, deberá plantear la cuestión de ilegalidad ante el Tribunal competente para conocer del recurso directo contra la disposición, salvo lo dispuesto en los dos apartados siguientes.

  • Cuando el Juez o Tribunal competente para conocer de un recurso contra un acto fundado en la invalidez de una disposición general lo fuere también para conocer del recurso directo contra ésta, la sentencia declarará la validez o nulidad de la disposición general.

  • Sin necesidad de plantear cuestión de ilegalidad, el Tribunal Supremo anulará cualquier disposición general cuando, en cualquier grado, conozca de un recurso contra un acto fundado en la ilegalidad de aquella norma.

Finalmente el Art. 28 ,Ley 29/1998, de 13 de julio señala que no es admisible el recurso contencioso-administrativo respecto de los actos que sean reproducción de otros anteriores definitivos y firmes y los confirmatorios de actos consentidos por no haber sido recurridos en tiempo y forma.

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Actividad administrativa
Actos expresos
Fondo del asunto
Indefensión o perjuicio irreparable
Interés legitimo
Vía de hecho
Inactividad de la Administración
Silencio administrativo
Recurso contencioso-administrativo contra la inactividad de la Administración.
Actos firmes
Cuestión de ilegalidad
Sentencia firme
Actos consentidos