La actividad aseguradora y las entidades aseguradoras: agentes, corredores de seguros y asegurador

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 03/12/2015

La actividad aseguradora comprende la otorgación de coberturas y la asunción de riesgos de personas naturales o jurídicas, incluyendo las propias entidades aseguradoras y de todo otro servicio que implique cubrir riesgos y el prepago de servicios de índole similar al seguro.

 

 

NOVEDADES:

Real Decreto 1060/2015, de 20 de noviembre, de ordenacion, supervision y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras. (Publicado BOE 2/12/2015)

Este real decreto tiene por objeto desarrollar la regulación de la actividad aseguradora y reaseguradora privada efectuada por la Ley 20/2015, de 14 de julio, así como completar la transposición al ordenamiento jurídico nacional de la Directiva 2009/138/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de noviembre de 2009, sobre el acceso a la actividad de seguro y de reaseguro y su ejercicio todo ello con el fin último de proteger los derechos de los tomadores, asegurados y beneficiarios, y de promover la transparencia y el desarrollo de la actividad aseguradora.

Este real decreto entrará en vigor el 1 de enero de 2016.

No obstante lo anterior, el apartado dos de la disposición final cuarta entrará en vigor el 1 de julio de 2016 relativo a la modificación del Real Decreto 304/2004, de 20 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de planes y fondos de pensiones.

Y la disposición adicional decimoséptima, entrará en vigor el día siguiente de su publicación (03/012/2015), es decir, entrará en vigor lo relativo a la cobertura de responsabilidad civil de las agencias de suscripción.

La Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación, supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras, deroga (salvo determinadas excepciones) el Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, con efectos a partir del 01/01/2016.

No obstante lo dispuesto en la DA 16ª, (“A partir de la publicación de esta Ley, las entidades aseguradoras y reaseguradoras podrán presentar a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones las solicitudes de aprobación relativas a un modelo interno completo o parcial, de conformidad con el artículo 75.1.b), o a un modelo interno de grupo, de conformidad con los artículos 146 y 147, siendo competencia del Ministro de Economía y Competitividad la decisión sobre estas autorizaciones”) entrará en vigor el 16/07/2015,  y lo dispuesto en la DT 10ª  (“Desde el 1 de septiembre hasta el 31 de diciembre de 2015, las entidades aseguradoras domiciliadas en España que no realicen actividades en régimen de derecho de establecimiento o de libre prestación de servicios en otros Estados miembros ni en terceros países, podrán acogerse al régimen especial de solvencia regulado en el capítulo VIII del título III, cuando lo soliciten a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones acreditando que cumplen todas las condiciones que reglamentariamente se establezcan durante el ejercicio anterior a la solicitud.”) entrará en vigor el 01/09/2015.

 

Esta actividad es la realizada por las entidades aseguradoras las cuales estipulan contratos de seguro.

Aquel contrato por el que el asegurador se obliga, mediante el cobro de una prima y para el caso de que se produzca el evento cuyo riesgo es objeto de cobertura, a indemnizar, dentro de los límites pactados, el daño producido al asegurado o a satisfacer un capital, una renta u otras prestaciones convenidas.

Para que una entidad pueda ejercer actividades aseguradoras es preceptiva la autorización administrativa (Art. 20 ,Ley 20/2015, de 14 de julio). Ese requisito está recogido en la Ley 20/2015, de 14 de julio, de ordenación , supervisión y solvencia de las entidades aseguradoras y reaseguradoras.

Esta actividad asegurada abarca las actividades de mediación de seguros y reaseguros privados, las cuales se encuentran reguladas en la Ley 26/2006, de 17 de julio, de mediación de seguros y reaseguros privados.

Son ejercidas estas actividades por agentes de seguros y corredores de seguros.

Son agentes de seguros las personas físicas o jurídicas que, mediante la celebración de un contrato de agencia con una o varias entidades aseguradoras y la inscripción en el Registro administrativo especial de mediadores de seguros, corredores de reaseguros y de sus altos cargos, se comprometen frente a éstas a realizar la actividad descrita en el artículo 2.1.”

“Son corredores de seguros las personas físicas o jurídicas que realizan la actividad mercantil de mediación de seguros privados definida en el artículo 2.1 sin mantener vínculos contractuales que supongan afección con entidades aseguradoras, y que ofrece asesoramiento independiente, profesional e imparcial a quienes demanden la cobertura de los riesgos a que se encuentran expuestos sus personas, sus patrimonios, sus intereses o responsabilidades.”

Estos agentes de seguros podrán celebrar contratos de agencia. El Art. 10 ,Ley 26/2006, de 17 de julio establece lo siguiente:

Para celebrar un contrato de agencia con una entidad aseguradora será preciso tener capacidad legal para ejercer el comercio en los términos previstos en la legislación mercantil y ser una persona con honorabilidad comercial y profesional.

El contrato de agencia de seguros tendrá siempre carácter mercantil, se consignará por escrito y se entenderá celebrado en consideración a las personas contratantes.

Este contrato será retribuido y especificará la comisión u otros derechos económicos que la entidad aseguradora abonará al agente de seguros por la mediación de los seguros durante la vigencia del contrato y, en su caso, una vez extinguido éste.

Las comunicaciones que efectúe el tomador del seguro al agente de seguros que medie o que haya mediado en el contrato surtirán los mismos efectos que si se hubiesen realizado directamente a la entidad aseguradora.

Los corredores de seguros por su parte, deberán informar a quien trate de concertar el seguro sobre las condiciones del contrato que a su juicio conviene suscribir y ofrecer la cobertura que, de acuerdo a su criterio profesional, mejor se adapte a las necesidades de aquél; asimismo, velarán por la concurrencia de los requisitos que ha de reunir la póliza de seguro para su eficacia y plenitud de efectos.

Es importante señalar que el pago del importe de la prima efectuado por el tomador del seguro al corredor no se entenderá realizado a la entidad aseguradora, salvo que, a cambio, el corredor entregue al tomador del seguro el recibo de prima de la entidad aseguradora.

El Art. 27 ,Ley 26/2006, de 17 de julio (1) establece la serie de requisitos que se deben de cumplir para poder ejercer la actividad de corredor de seguros.

Las relaciones con las entidades aseguradoras derivadas de la actividad de mediación del corredor de seguros se regirán por los pactos que las partes acuerden libremente, sin que dichos pactos puedan en ningún caso afectar a la independencia del corredor de seguros.

El corredor de seguros no podrá percibir de las entidades aseguradoras cualquier retribución distinta a las comisiones.

El Art. 33 ,Ley 26/2006, de 17 de julio señala las obligaciones a las que están sujetos los corredores de seguros:

  • deberán destacar en toda la publicidad y documentación mercantil de mediación en seguros las expresiones corredor de seguros o corredoría de seguros, según se trate de personas físicas o jurídicas.
  • tener concertado un seguro de responsabilidad civil u otra garantía.
  • disponer de la capacidad financiera.

El asegurador en su actividad aseguradora estará obligado a satisfacer la indemnización al término de las investigaciones y peritaciones necesarias para establecer la existencia del siniestro y, en su caso, el importe de los daños que resulten del mismo. En todo caso, deberá satisfacer dentro de los cuarenta días siguientes a la recepción de la declaración del siniestro, el pago del importe mínimo de lo que pueda deber.

Como señala el Art. 17 ,LCS: “Los gastos que se originen por el cumplimiento de la citada obligación, siempre que no sean inoportunos o desproporcionados a los bienes salvados serán de cuenta del asegurador hasta el límite fijado en el contrato, incluso si tales gastos no han tenido resultados efectivos o positivos. En defecto de pacto se indemnizarán los gastos efectivamente originados. Tal indemnización no podrá exceder de la suma asegurada.”

El asegurador por regla general, estará obligado al pago de la prestación, salvo en el supuesto de que el siniestro haya sido causado por mala fe del asegurado.

El Art. 20 ,LCS, regula los supuestos en que el asegurador puede incurrir en mora por incumplimiento de sus obligaciones, aunque establece que podrán entenderse válidas las cláusulas contractuales que sean más beneficiosas para el asegurado.

(1) El Art. 27 ,Ley 26/2006, de 17 de julio ha sido modificado en sus apartados 1.c y g) y 2,  con efectos a partir del 01/01/2016, por la Ley 20/2015, de 14 de julio.

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