El acto administrativo y su regulación por la Ley 39/2015, de 1 de octubre

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El acto administrativo es la "decisión atribuible a una administración pública ya sea resolutoria o de trámite, declarativa, ejecutiva, consultiva, certificante, presunta, o de cualquier otra clase, cuando ha sido adoptada en ejercicio de una potestad administrativa" (Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ) . Su eficacia, validez y régimen de nulidad y anulabilidad se regulan en el Título III de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

El Diccionario del Español Jurídico de la RAE y el CGPJ define el acto administrativo como la “decisión atribuible a una administración pública ya sea resolutoria o de trámite, declarativa, ejecutiva, consultiva, certificante, presunta, o de cualquier otra clase, cuando ha sido adoptada en ejercicio de una potestad administrativa”. Su régimen jurídico se encuentra en el Título III de la Ley 39/2015, de 1 de octubre,  rotulado “ De los actos administrativos” y dividido en tres capítulos:

 

 

ACTO ADMINISTRATIVO

 

 

Validez del acto administrativo:

 

 

Eficacia del acto administrativo:

 

 

Los actos administrativos son válidos y producen efectos desde la fecha en que se dicten, salvo que en ellos se establezca otra cosa.

 

 

Excepcionalmente, los actos administrativos pueden tener eficacia retroactiva en los casos siguientes:

- Cuando se dicten en sustitución de actos anulados

- Cuando produzcan efectos favorables al interesado, siempre que el supuesto de hecho existiera en la fecha a la que se retrotraiga la eficacia del acto y no lesione derechos o intereses legítimos de otras personas.

 

 

La validez hace referencia al contenido del acto, si se ha dictado siguiendo el procedimiento legalmente establecido: órgano competente, objeto lícito y demás requisitos que exige el ordenamiento.

 

 

La eficacia hace referencia a los efectos jurídicos del acto administrativo respecto de terceros, así pues, la eficacia del acto administrativo puede estar supeditada a su notificación, publicación o a culaquier otra condición que en ellos se disponga.

 

El incumplimiento de los requisitos de validez de los actos administrativos, determinará que estos devengan en nulos, o en su caso, anulables.

 

 

 

 

Todo acto administrativo es válido mientras no se demuestre su invalidez.

 

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