Actuación de la Policía Judicial en el sumario

El artículo 283 de la LECrim, referente a la composición, señala lo siguiente: "Constituirán la Policía judicial y serán auxiliares de los Jueces y Tribunales competentes en materia penal y del Ministerio fiscal, quedando obligados a seguir las instrucciones que de aquellas autoridades reciban a efectos de la investigación de los delitos y persecución de los delincuentes:

1. Las Autoridades administrativas encargadas de la seguridad pública y de la persecución de todos los delitos o de algunos especiales.
2. Los empleados o subalternos de la policía de seguridad, cualquiera que sea su denominación.
3. Los Alcaldes, Tenientes de Alcalde y Alcaldes de barrio.
4. Los Jefes, Oficiales e individuos de la Guardia Civil o de cualquier otra fuerza destinada a la persecución de malhechores.
5. Los Serenos, Celadores y cualesquiera otros Agentes municipales de policía urbana o rural.
6. Los Guardas de montes, campos y sembrados, jurados o confirmados por la Administración.
7. Los funcionarios del Cuerpo especial de Prisiones.
8. Los Agentes judiciales y los subalternos de los Tribunales y Juzgados.
9. El personal dependiente de la Jefatura Central de Tráfico, encargado de la investigación técnica de los accidentes."

Importante mencionar el Acuerdo de 14 de noviembre de 2003, elaborado por el Pleno no jurisdiccional de la Sala 2ª del TS. En el cual se establece en primer lugar que el artículo 283 requiere de una modificación en cuanto a su interpretación. Y, en segundo lugar funda un argumento en relación a que el Servicio de Vigilancia Aduanera constituye, en un sentido amplio del propio artículo, policía judicial. 

El procedimiento de realización de las actuaciones policiales durante el sumario

En ningún caso las actuaciones policiales podrán interrumpir o solapar a las judiciales, y menos llevarse a cabo de forma clandestina. Es por ello que el artículo 284Ley de Enjuiciamiento Criminal obliga a que en el momento en que exista un conocimiento por parte de la policía judicial de un delito público , o sean precisados para preparar la instrucción de diligencias por razón de algún delito privado, deberán trasladar a la Autoridad Judicial revestido en forma de atestado STS 423/2016, de 18 de mayo. Todo ello con predisponibilidad a hacerlo sin cesar en la práctica de las diligencias de prevención, ya que en ese caso, lo harán tan pronto las hubiesen terminado Complementariamente el artículo 286 LECrim indica que el Juez puede pedir en cualquier momento su entrega a la policía; y el artículo 295 de esta misma ley que, salvo fuerza mayor no podrán dejar transcurrir más de veinticuatro horas sin dar conocimiento a la autoridad judicial o al Ministerio Fiscal de las diligencias que hubieran practicado. En este sentido decir que nuestro sistema no admite una instrucción policial que tenga alguna intención clandestina, es por ello que todo debe llevarse a cabo atendiendo al precepto 2 de la LECrim  «... cuidarán, dentro de los límites de su respectiva competencia, de consignar y apreciar las circunstancias así adversas como favorables al presunto reo», no deriva de esa idea de  ocultación que pudiesen condicionar el desarrollo de la investigación. En consonancia con esto el art. 289 LECrim pone solución al problema que se le puede plantear al agente en no poner en conocimiento del Ministerio fiscal, del Juez de instrucción, del Juez municipal, o de la Autoridad o agente que hubiese prevenido las primeras diligencias la información debida; y es que deberá hacerlo inmediatamente al que haya hecho el requerimiento (STS 14/2018, de 16 de enero). 

Excepcionalmente, en el caso de que no existiere constancia del autor del delito, el atestado será conservado por la Policía quien no lo remitirá a la autoridad judicial, sin perjuicio de que se pueda poner a su disposición si ésta lo reclama. Sin embargo será remitido independientemente de que no se conozca el autor cuando se trate de delitos  contra la vida, la integridad física, libertad e indemnidad sexual o de delitos relacionados con la corrupción; también, cuando se practique cualquier diligencia después de transcurridas 72h desde la apertura del atestado. 

• El atestado

Existen múltiples definiciones de establezcan el concepto de atestado. La Instrucción 7/2007 de la Secretaría de Estado de Seguridad, de 12 de mayo, expresa que se trata de un soporte documental que refleja las actuaciones de las Fuerzas y Cuerpo de Seguridad. En definitiva, se puede deducir que se trata de un documento en el que se reflejan las diligencias que lleva a cabo la Policía Judicial. 

En cuanto a su contenido, el atestado puede comprender: denuncias, objetos de prueba, pruebas anticipadas (irresistibles), aprehensiones de objetos, medidas cautelares, diligencias relativas a cambios que estén fuera de la investigación o diligencias de informe.

Naturaleza jurídica del atestado:

1. No es un acto administrativo: no basta con que el atestado sea dictado por una Administración, sino que la materia sobre la que versa debería ser de carácter administrativo y no lo es. A parte de que si fuese un acto administrativo debería estar regulado por la Ley de Procedimiento Administrativo y por contra, no lo está.
2. Es un acto procesal: la nota característica de un acto procesal es su incidencia directa e inmediata en el proceso, requisito que cumple el atestado porque implica el inicio de la investigación judicial. Carece de carácter judicial según lo dispuesto en la STS de 26 de octubre de 1994: "el atestado aun incorporado al proceso, no tiene carácter judicial, pero las pruebas directas objetivas irrepetibles tienen valor convictivo per se, como sucede con el hallazgo de cadáveres o lesionados, huellas, etc. Dicho carácter denunciativo y no judicial no quiere decir que no tenga existencia procesal".
3. Es un documento público: cumple con los requisitos recogidos en el art. 1216 del Código Civil.
4. Es un documento de carácter secreto: este secreto del que se caracteriza se menciona en la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su artículo 301 según el cual: "Las diligencias del sumario serán reservadas y no tendrán carácter público hasta que se abra el juicio oral, con las excepciones determinadas en la presente Ley."

Para la elaboración del atestado se atenderán a los preceptos establecidos en la legislación procesal penal y a las normas establecidas por la Comisión Nacional de Coordinación de la Policía Judicial.

La LECrim establece lo siguiente:

1. "El atestado será firmado por el que lo haya extendido, y si usare sello lo estampará con su rúbrica en todas las hojas." (Art. 293)  si bien es cierto que se plantea la posibilidad de que únicamente por un agente, lo que se suele plantear es la participación de dos: uno que actúa como Instructor y otro en calidad de Secretario; "Las personas presentes, peritos y testigos que hubieren intervenido en las diligencias relacionadas en el atestado serán invitadas a firmarlo en la parte a ellos referente. Si no lo hicieren, se expresará la razón."  ninguna persona que se niegue a firmar cualquier declaración o informe,  podrá ser obligada ni coaccionada a hacerlo por alguno de los funcionarios.
2.  Artículo 294: "Si no pudiere redactar el atestado el funcionario a quien correspondiese hacerlo, se sustituirá por una relación verbal circunstanciada, que reducirá a escrito de un modo fehaciente el funcionario del Ministerio fiscal, el Juez de instrucción o el municipal a quien deba presentarse el atestado, manifestándose el motivo de no haberse redactado en la forma ordinaria."

3. "Los atestados que redactaren y las manifestaciones que hicieren los funcionarios de Policía judicial, a consecuencia de las averiguaciones que hubiesen practicado, se considerarán denuncias para los efectos legales."  Es por tanto que aunque se trate de un documento, se considerará denuncia si las tesis en las que se fundamenta la acusación residen en  el atestado (STS 610/2017, de 12 de septiembre; STS 799/2016, de 25 de octubre). Como consecuencia de su calificación como denuncia, el atestado se eleva a un objeto de prueba; es decir, que los hechos aportados en él por los funcionarios, testigos o imputados deben encajarse en el juicio oral a través de medios de prueba (STS 848/2014, de 9 de diciembre).

   "Las demás declaraciones que prestaren deberán ser firmadas, y tendrán el valor de declaraciones testificales en cuanto se refieran a hechos de conocimiento propio."  Esta parte del precepto hace referencia a los "delitos testimoniales", que tienen como característica común la percepción directa de su comisión por aquellos. Cuando ocurre esto la LECrim les otorga valor de declaración testimonial ( STS 364/2015 de 23 de junio de 2015).

   "En todo caso, los funcionarios de Policía judicial están obligados a observar estrictamente las formalidades legales en cuantas diligencias practiquen, y se abstendrán bajo su responsabilidad de usar medios de averiguación que la Ley no autorice." (Art. 297)

Por último, debemos mencionar la Instrucción 9/1991 de la Dirección de Seguridad del Estado, que recoge una serie de consideraciones basándose en jurisprudencia del Tribunal Supremos y Constitucional, referentes a la elaboración de los atestados. La redacción de éstos deberá ser detallada y minuciosa que refleje fielmente la realidad excluyendo cualquier cuestión irrelevante para el proceso. Cuando se redactan unas diligencias fruto de una detención deberán expresarse rigurosamente las causas que llevaron a esa actuación. En los dictámenes periciales se detallarán las técnicas empleadas omitiendo las descripciones analíticas.