Los administradores como miembros de los órganos de la Sociedad de Responsabilidad Límitada

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Mercantil
  • Fecha última revisión: 26/01/2016

El órgano de administración se encarga de realizar la gestión de la sociedad y representarla en sus relaciones jurídicas con terceros. El órgano de administración dispone de un amplio abanico de posibilidades para establecer su estructura organizativa.

 

 

Así, cabe la posibilidad de nombrar a:

  • Un administrador único (encargando la administración de la sociedad a una sola persona),
  • Varios administradores solidarios, con facultades individuales para ejercer por si solos las competencias propias de órgano de administración.
  • Varios administradores mancomunados, teniendo facultades conjuntas, tomándose las decisiones por un acuerdo de todos ellos.
  • Consejo de Administración, que adopta sus decisiones por la regla de la mayoría (lo que no es posible en la Sociedad Limitada Nueva Empresa).

A diferencia que en la Sociedad anónima, los estatutos pueden prever diferentes formas de organizar el órgano administrativo y es la Junta General quien puede optar, según los diferentes momentos, por la elección de estas diversas formas. Además de las facultades y deberes que la Ley les encomienda a los administradores, también tienen la facultad para realizar todas aquellas actividades que sean idóneas para desarrollar las actividades relativas al objeto social y no hubiesen sido reservadas por la Junta General. Así, los administradores tienen como funciones inalienables la representación de la sociedad y la gestión de la misma en todo lo relacionado con el objeto social.

Lo normal es que los nombramientos de los administradores se hagan en la Junta General. Los primeros administradores deben ser designados al constituirse la sociedad y figurar en la escritura fundacional. Así, después de los administradores nombrados al inicio de la sociedad, el resto deberán ser nombrados por la Junta General, lo que demuestra su carácter de órgano soberano. Además, para ser nombrado administrador no se exige ninguna condición especial, ni siquiera ser socio, salvo que los estatutos dispongan lo contrario. El administrador también puede ser una persona jurídica si lo permiten los estatutos. Para ser administrador únicamente es necesario no estar afectados por las prohibiciones e incapacidades establecidas en el Art. 213 ,Ley de sociedades de capital. La representación surte efectos desde la aceptación pero debe inscribirse en el Registro mercantil. También pueden nombrarse suplente si lo permiten los estatutos e inscribirlos en el Registro mercantil. La duración del cargo puede ser determinada o indefinida.

Los administradores pueden ser separados de su cargo en cualquier momento, con independencia del tiempo por el que hayan sido nombrados, si así lo decidiese la Junta General. No es necesario justificar causa alguna para realizar la separación ya que la relación entre el administrador y la sociedad es de mera confianza. Incluso, por tal hecho, puede proponerse la destitución de un administrador y el nombramiento de otro en una Junta General aunque ese asunto no se encuentre en el orden del día. Es posible establecer, en los estatutos, mayorías reforzadas para asegurar la estabilidad de los administradores, que no podrá ser superior a dos tercios de los votos.  Ahora bien, en caso de que los administradores realicen cualquier actividad compitiendo con la sociedad o estén generalmente en conflicto de intereses, la Ley obliga a remover a tales administradores de su cargo, salvo que la Junta lo permita, pudiendo ser instado por cualquier socio.

El cargo de administrador puede ser retribuido. Para ello es necesario que así lo establezcan los estatutos.

El sistema de remuneración establecido determinará el concepto o conceptos retributivos a percibir por los administradores en su condición de tales y que podrán consistir, entre otros, en uno o varios de los siguientes:

a) una asignación fija,

b) dietas de asistencia,

c) participación en beneficios,

d) retribución variable con indicadores o parámetros generales de referencia,

e) remuneración en acciones o vinculada a su evolución,

f) indemnizaciones por cese, siempre y cuando el cese no estuviese motivado por el incumplimiento de las funciones de administrador y

g) los sistemas de ahorro o previsión que se consideren oportunos.

El importe máximo de la remuneración anual del conjunto de los administradores en su condición de tales deberá ser aprobado por la junta general y permanecerá vigente en tanto no se apruebe su modificación. Salvo que la junta general determine otra cosa, la distribución de la retribución entre los distintos administradores se establecerá por acuerdo de éstos y, en el caso del consejo de administración, por decisión del mismo, que deberá tomar en consideración las funciones y responsabilidades atribuidas a cada consejero.

Deberá en todo caso guardar una proporción razonable con la importancia de la sociedad, la situación económica que tuviera en cada momento y los estándares de mercado de empresas comparables.

En el caso de que se establezca una remuneración mediante participación en beneficios, en las S.L., el porcentaje máximo de participación en ningún caso podrá ser superior al diez por ciento de los beneficios repartibles entre los socios.

Los administradores pueden representar a la sociedad en juicio, usar la firma social y vincular a la sociedad en sus relaciones con terceros.  Les corresponde la representación en todos los actos comprendidos en el objeto social que se encuentra en los estatutos, siendo inoponible frente a terceros de buena fe cualquier limitación de la representación de los mismos, teniendo sólo eficacia interna. Se intenta que las facultades de representación y de gestión de la sociedad se rijan por el mismo régimen de ejercicio (administrador único, varios mancomunados, solidarios o Consejo de Administración). En el Consejo de administración, además de ser éste quien representa a la sociedad, puede atribuirle facultades de representación a uno sólo de los administradores.

Cabe destacar, de entre todas las estructuras organizativas que puede adoptar el órgano de administración, el Consejo de Administración, que es un órgano colegiado que toma sus decisiones por la mayoría de sus miembros. Por tratarse de un órgano colegiado necesita unas reglas de organización y funcionamiento acordadas libremente por cada sociedad en sus estatutos.  Pero, a diferencia de la sociedad anónima, el Consejo de Administración es una de las varias posibilidades organizativas que puede optar la sociedad limitada. Es posible, como dijimos, que la sociedad delegue algunas de sus funciones a uno o varios administradores de la sociedad, bien a título de consejeros delegados (con facultades solidarias o mancomunadas) bien a título de comisión ejecutiva (que actúa de forma colegiada).

Así, el consejo se desprende de parte de sus facultades, pero siempre en una posición superior en el control de la gestión y administración de la sociedad. Por tanto, es el propio consejo quien decide de las facultades de las que se desprende, salvo la rendición de cuentas y la presentación de balances a la Junta General, que no pueden ser delegadas. Es necesario el voto favorable de dos terceras partes de los consejeros en el Consejo de Administración para la delegación permanente de facultades en algunos consejeros. Además, el Consejo de Administración puede otorgar apoderamientos generales. Por lo que se refiere a la impugnación de los acuerdos de los administradores rige lo establecido para la impugnación de las Juntas generales (ver parte final de Junta General en la sociedad de responsabilidad limitada).

Cuando los administradores no actúan con la diligencia debida y de su actuación se derivan unos daños, estos se encuentran sometidos a un especial régimen de responsabilidad que busca la restitución de las perdidas patrimoniales por tal forma de actuar. Es una responsabilidad civil, no administrativa ni penal. La responsabilidad de los administradores se vincula a los daños causados por su conducta contraria a la Ley, a los estatutos o por cualquier acto realizado sin la diligencia con la que deben realizar el cargo.

Así, deben desempeñar su cargo con dedicación y eficiencia y además prestar una especial fidelidad y lealtad que les prohíbe anteponer sus intereses al de la sociedad. Así, cualquier incumplimiento de este deber de diligencia generará una responsabilidad en el administrador y su consiguiente deber de restitución de las pérdidas sufridas. Pero ello no se deriva de meros actos que se puedan entender como inadecuados o ruinosos, sino haciendo un ejercicio abusivo o negligente de sus competencias y no sólo de las perdidas que se deriven de su gestión.

Serán responsables solidarios todos los miembros del Consejo de Administración que realizó el acto o adoptó el acuerdo lesivo, salvo que concurra causa legal de exoneración, es decir, demostrar que desconocían de la existencia del acto, que se opusieron de forma expresa al mismo o que hicieron todo cuanto estuvo en sus manos para evitar el daño (se invierte la carga de la prueba en la presunción de culpabilidad).

No es causa de exoneración que el acuerdo o acto fuese autorizado o ratificado por la Junta General. La responsabilidad no recae sobre el órgano administrador, sino de forma personal sobre los administradores, de forma individual. Y esta responsabilidad recae tanto sobre el administrador de hecho como de derecho. Para reclamar tales indemnizaciones podemos diferenciar dos acciones de responsabilidad:

  • Acción social de responsabilidad: La responsabilidad de los administradores puede exigirse a través de esta acción cuando sea la sociedad quien sufre las consecuencias lesivas de la conducta negligente o dolosa de los administradores, en la que se busca proteger el patrimonio de la sociedad a través del resarcimiento del daño sufrido. Están legitimados para ejercerla, de forma subsidiaria (cuando no se ejercita por el primero pueda ejercitarla el siguiente)  la sociedad a través de acuerdo de la Junta General, los socios titulares del 5% del capital social, los acreedores sociales cuando el patrimonio resulte insuficiente para el cobro de sus créditos y a los administradores concursales, cuando la sociedad está en concurso. Pero ninguno de estos legitimados, cuando ejerce la acción, no reclama para si, sino en interés de la sociedad.
  • Acción individual de responsabilidad: La responsabilidad de los administradores puede exigirse a través de esta acción cuando la conducta dolosa o negligente de estos dañe directamente los intereses de socios y acreedores. Están legitimados los socios y acreedores y reclaman para sí, no a favor de la sociedad.
  • La acción de responsabilidad contra los administradores, sea social o individual, prescribirá a los cuatro años a contar desde el día en que hubiera podido ejercitarse

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Órganos de administración
Consejo de administración
Sociedad de responsabilidad limitada
Objeto social
Registro Mercantil
Administrador único
Participación en beneficios
Administrador solidario
Administrador mancomunado
Sociedad limitada nueva empresa
Persona jurídica
Incapacidad
Sociedad de capital
Colegiado
Conflicto de intereses
Salario variable
Dietas
Componentes salariales/no salariales
Responsabilidad del administrador
Firma social
Buena fe del tercero
Administrador social
Responsabilidad civil
Pérdidas patrimoniales
Deber de diligencia
Ruina
Inversión de la carga de la prueba
Acuerdo lesivo
Responsable solidariamente
Administrador de hecho
Resarcimiento de daños y perjuicios
Patrimonio social
Resarcimiento del daño
Administrador concursal
Acreedor social
Capital social