Afectación, desafectación y mutación de los bienes y derechos de dominio público

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Del estudio de los Art. 65 a Art. 72 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, se extraen las normas relativas a la afectación, desafectación y mutación de los bienes y derechos de dominio público de la Administración general del Estado. Por cuanto ninguno de ellos tiene el carácter de legislación básica,  tendrán carácter supletorio, esto es: solo se aplicacarán en relación con los bienes de las Entidades Locales o de las CCAA, a falta de legislación especial o de las Comunidades Autónomas sobre la materia.

Los Art. 65 a Art. 72 de la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, se ocupan de la afectación, desafectación y mutación de los bienes y derechos de dominio público. Dado que ninguno de ellos tiene el carácter de legislación básica,  tendrán carácter supletorio, esto es: solo se aplicacarán a falta de legislación especial o de las Comunidades Autónomas sobre la materia.

Dicho lo anterior, el Art. 65 dispone que la afectación determina la vinculación de los bienes y derechos a un uso general o aun servicio público, y su consiguiente integración en el dominio público. En lo que se refiere a la forma de afectación, así se expresa el Art. 66 :

  • Salvo que la afectación derive de una norma con rango legal, ésta deberá hacerse en virtud de acto expreso por el órgano competente, en el que se indicará el bien o derecho a que se refiera, el fin al que se destina, la circunstancia de quedar aquél integrado en el dominio público y el órgano al que corresponda el ejercicio de las competencias demaniales, incluidas las relativas a su administración, defensa y conservación.

  • Sin perjuicio de lo señalado en el apartado anterior y de lo dispuesto en el Art. 73 , surtirán los mismos efectos de la afectación expresa los hechos y actos siguientes:

    • La utilización pública, notoria y continuada por la Administración General del Estado o sus organismos públicos de bienes y derechos de su titularidad para un servicio público o para un uso general.

    •  La adquisición de bienes o derechos por usucapión, cuando los actos posesorios que han determinado la prescripción adquisitiva hubiesen vinculado el bien o derecho al uso general o aunservicio público, sin perjuicio de los derechos adquiridos sobre ellos por terceras personas al amparo de las normas de derecho privado.

    • La adquisición de bienes y derechos por expropiación forzosa, supuesto en el que, de conformidad con lo dispuesto en el apartado 2 del Art. 24 de esta ley, los bienes o derechos adquiridos se entenderán afectados al fin determinante de la declaración de utilidad pública o interés social.

    • La aprobación por el Consejo de Ministros de programas o planes de actuación general, o proyectos de obras o servicios, cuando de ellos resulte la vinculación de bienes o derechos determinados a fines de uso o servicio público.

    • La adquisición de los bienes muebles necesarios para el desenvolvimiento de los servicios públicos o para la decoración de dependencias oficiales.

  • El departamento ministerial u organismo público que tuviese conocimiento de los hechos o realizase actuaciones de las previstas en los párrafos a) a d) del apartado 2 del Art. 66 deberá comunicarlo a la Dirección General del Patrimonio del Estado para su adecuada regularización, sin perjuicio del ejercicio de las funciones de administración, protección y defensa que le correspondan.

  • Los inmuebles en construcción se entenderán afectados al departamento con cargo a cuyos créditos presupuestarios se efectúe la edificación.

  • Una vez finalizada la obra se dará cuenta a la Dirección General del Patrimonio del Estado de su recepción y de la inscripción de la obra nueva. Este centro directivo procederá a dictar los actos de regularización necesarios.

  • Podrá acordarse la afectación a un departamento ministerial u organismo público de bienes y derechos que no vayan a dedicarse de forma inmediata a un servicio público, cuando sea previsible su utilización para estos fines tras el transcurso de un plazo o el cumplimiento de determinadas condiciones que se harán constar en la resolución que acuerde la afectación.

Por lo que respecta al procedimiento para la afectación de bienes y derechos habrá que estar a lo dispuesto en el Art. 68, y para la desafectación, tanto a lo dispuesto en el Art. 69 como en el Art. 70 .

Los Art. 71 y Art. 72 se ocupan de las mutaciones demaniales, esto es, los actos en virtud de los cuales se efectúa la desafectación de un bien o derecho del Patrimonio del Estado, con simultánea afectación a otro uso general, fin o servicio público de la Administración General del Estado o de los organismos públicos vinculados o dependientes de ella.

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Desafectación elementos patrimoniales
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