Ámbito, alcance y límites del orden Jurisdiccional Contencioso-Administrativo

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
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Tal y como se señala en el Preámbulo de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Aministrativa, de conformidad con el apartado 1 del Art. 106 ,Constitución Española, se le asigna el control de la potestad reglamentaria y de la legalidad de la actuación administrativa sujeta a Derecho Administrativo. Para conocer en detalle el ámbito, alcance y límites de este orden jurisdiccional se debe acudir a lo dispuesto en los Art. 1-5 ,Ley 29/1998, de 13 de julio.

De los Art. 1-5 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, preceptos encuadrados bajo el rótulo de "Ámbito" del orden jurisdiccional contencioso-administrativo, se pueden derivar los siguientes contenidos,

Respecto del ámbito propio de la jurisdicción contencioso-administrativa:

En el apartado 1 del Art. 1 ,Ley 29/1998, de 13 de julio se señala que los Juzgados y Tribunales del orden contencioso-administrativo conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con la actuación de las Administraciones públicas sujeta al Derecho Administrativo, con las disposiciones generales de rango inferior a la Ley y con los Decretos legislativos cuando excedan los límites de la delegación (vid. apartado 2 del Art. 82 ,Constitución Española).

De este apartado se deducen dos requisitos para que el orden contencioso-administrativo pueda conocer de las pretensiones deducidas por los ciudadanos; es decir:

  • Que tengan por objeto una actuación de las Administraciones Públicas

  • Que esta actuación de las Administraciones Públicas esté sujeta al Derecho Administrativo.

Esto es así, en la medida en que, como explica el Preámbulo la Ley 29/1998, de 13 de julio, “es evidente que a la altura de nuestro tiempo histórico el ámbito material de la Jurisdicción quedaría muy incompleto si aquélla se limitara a enjuiciar las pretensiones que se deduzcan en relación con las disposiciones de rango inferior a la Ley y con los actos y contratos administrativos en sentido estricto. (…) Por eso la nueva Ley somete a control de la Jurisdicción la actividad de la Administración pública de cualquier clase que esté sujeta al Derecho Administrativo, articulando para ello las acciones procesales oportunas".

En relación con todo lo anterior, el apartado 2 de dicho Art. 1 ,Ley 29/1998, de 13 de julio  señala que se entenderá, a estos efectos, por Administraciones públicas:

  • La Administración General del Estado.

  • Las Administraciones de las Comunidades Autónomas.

  • Las Entidades que integran la Administración local.

  • Las Entidades de Derecho público que sean dependientes o estén vinculadas al Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades locales.

Además, tal y como señala en el apartado 3 del Art. 1 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, conocerán de las pretensiones que se deduzcan en relación con:

  • Los actos y disposiciones en materia de personal, administración y gestión patrimonial sujetos al derecho público adoptados por los órganos competentes del Congreso de los Diputados, del Senado, del Tribunal Constitucional, del Tribunal de Cuentas y del Defensor del Pueblo, así como de las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas y de las instituciones autonómicas análogas al Tribunal de Cuentas y al Defensor del Pueblo.

  • Los actos y disposiciones del Consejo General del Poder Judicial y la actividad administrativa de los órganos de gobierno de los Juzgados y Tribunales, en los términos de la Ley Orgánica del Poder Judicial.

  • La actuación de la Administración electoral, en los términos previstos en la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.

En cuanto al alcance de la jurisdicción contencioso-administrativa:

El Art. 2 ,Ley 29/1998, de 13 de julio señala que el orden jurisdiccional contencioso-administrativo conocerá de las cuestiones que se susciten en relación con:

  • La protección jurisdiccional de los derechos fundamentales, los elementos reglados y la determinación de las indemnizaciones que fueran procedentes, todo ello en relación con los actos del Gobierno o de los Consejos de Gobierno de las Comunidades Autónomas, cualquiera que fuese la naturaleza de dichos actos.

  • Los contratos administrativos y los actos de preparación y adjudicación de los demás contratos sujetos a la legislación de contratación de las Administraciones públicas.

  • Los actos y disposiciones de las Corporaciones de Derecho público, adoptados en el ejercicio de funciones públicas.

  • Los actos administrativos de control o fiscalización dictados por la Administración concedente, respecto de los dictados por los concesionarios de los servicios públicos que impliquen el ejercicio de potestades administrativas conferidas a los mismos, así como los actos de los propios concesionarios cuando puedan ser recurridos directamente ante este orden jurisdiccional de conformidad con la legislación sectorial correspondiente.

  • La responsabilidad patrimonial de las Administraciones públicas, cualquiera que sea la naturaleza de la actividad o el tipo de relación de que derive, no pudiendo ser demandadas aquellas por este motivo ante los órdenes jurisdiccionales civil o social, aun cuando en la producción del daño concurran con particulares o cuenten con un seguro de responsabilidad.

  • Las restantes materias que le atribuya expresamente una Ley.

Por su parte, el Art. 4 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, señala que la competencia del orden jurisdiccional contencioso-administrativo se extiende al conocimiento y decisión de las cuestiones prejudiciales e incidentales no pertenecientes al orden administrativo, directamente relacionadas con un recurso contencioso-administrativo, salvo las de carácter constitucional y penal y lo dispuesto en los Tratados internacionales. La decisión que se pronuncie no producirá efectos fuera del proceso en que se dicte y no vinculará al orden jurisdiccional correspondiente.

Cabe traer a colación también en este apartado, la regla especial que contiene la DA7 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, que establece que "los juzgados y tribunales del orden contencioso-administrativo también conocerán de las cuestiones que se promuevan entre Sociedad Estatal Correos y Telegráfos, S.A., y los empleados de ésta que conserven la condición de funcionarios y presten servicios en la misma, en los mismos términos en que conocen las cuestiones que se plantean entre los organismos públicos y su personal funcionario, atendiendo a la naturaleza específica de esta relación".

Por lo que respecta a los límites de la jurisdicción contencioso-administrativa:

El Art. 3 ,Ley 29/1998, de 13 de julio señala que no corresponden al orden jurisdiccional contencioso-administrativo:

  • Las cuestiones expresamente atribuidas a los órdenes jurisdiccionales civil, penal y social, aunque estén relacionadas con la actividad de la Administración pública.

  • El recurso contencioso-disciplinario militar.

  • Los conflictos de jurisdicción entre los Juzgados y Tribunales y la Administración pública y los conflictos de atribuciones entre órganos de una misma Administración.

  • Los recursos directos o indirectos que se interpongan contra las Normas Forales fiscales de las Juntas Generales de los Territorios Históricos de Álava, Guipúzcoa y Vizcaya, que corresponderán, en exclusiva, al Tribunal Constitucional en los términos establecidos por la disposición adicional quinta de su Ley Orgánica.

Finalmente, el Art. 5 ,Ley 29/1998, de 13 de julio, dispone que la jurisdicción Contencioso-administrativa es improrrogable. (esto es, no puede ser ampliada  fuera de lo establecido en la ley, sin que quepa, en consecuencia, la sumisión expresa o "prorrogatio fori"). Los órganos de este orden jurisdiccional apreciarán de oficio la falta de jurisdicción y resolverán sobre la misma, previa audiencia de las partes y del Ministerio Fiscal por plazo común de diez días.

En todo caso, esta declaración será fundada y se efectuará indicando siempre el concreto orden jurisdiccional que se estime competente. Si la parte demandante se personare ante el mismo en el plazo de un mes desde la notificación de la resolución que declare la falta de jurisdicción, se entenderá haberlo efectuado en la fecha en que se inició el plazo para interponer el recurso contencioso-administrativo, si hubiere formulado éste siguiendo las indicaciones de la notificación del acto o ésta fuese defectuosa.

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