El ámbito espacial de la ley penal

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En la mayoría de los países para llevar a cabo la aplicación de la ley penal, va a regir como regla el denominado principio de territorialidad de la ley penal, es decir, que la ley penal se va a aplicar a los hechos que se cometen dentro del territorio de ese Estado, independientemente de la nacionalidad de aquellos sujetos que cometieran el delito.

 

Esto es así, porque el ius puniendi surge de la soberanía de cada Estado y es por eso que su derecho penal rige dentro de su territorio. Esto se observa ya en el 8.1 ,Código Civil donde se determina que “las leyes penales, las de policía y las de seguridad pública obligan a todos los que se hallen en territorio español”. Por tanto, hay que tener en cuenta que:

- El Derecho positivo del Estado, va a contener normas que reflejen su soberanía penal.

- El respeto de la soberanía del resto de Estados no permite que se impongan normas de derecho interno que sean intolerables para otro Estado.

- Hay que tener en cuenta, la posibilidad que existe en algunos casos de aplicar el derecho penal español fuera del territorio español, lo que no quiere decir que el asunto al que se le aplique tenga que ser resuelto por Tribunales españoles.

Para poder aplicar el principio de territorialidad de la ley penal, hay que considerar qué se va a entender por territorio, y más en concreto cuál es el territorio español.

Dentro de lo que se denomina como territorio del Estado tenemos:

- En el ámbito terrestre, el territorio está formado por el terreno (junto con las aguas interiores) de la Península Ibérica, además de las Islas Baleares, de las Islas Canarias, las ciudades de Ceuta y Melilla y otros territorios en los que España tiene soberanía en el norte de África.

Por otro lado, forman parte del territorio español los edificios de las sedes diplomáticas y consulares de países extranjeros.

- El mar territorial, o zona adyacente a las costas (refiriéndonos a las aguas, al lecho y al subsuelo), sobre la que tenga soberanía el Estado, que considera que dicha soberanía no puede exceder de doce millas contadas a partir de los puntos de la línea base (considerada como tal la línea de bajamar), según el artículo 3 de la Convención de la ONU sobre Derecho del Mar de 1982.

- En el ámbito aéreo, diremos que podemos fijar el espacio aéreo con facilidad una vez que ya tenemos fijado el mar territorial y el ámbito terrestre, ya que la soberanía del Estado español se va a extender sobre el espacio que se sitúa sobre el territorio español y el mar territorial, siguiendo lo recogido por el artículo 1 de la Convención de Chicago de 1944 sobre aviación civil.

- Hay que destacar que “el espacio ultraterrestre, incluso la Luna y otros cuerpos celestes, no podrán ser objeto de apropiación nacional por reivindicación de soberanía, uso u ocupación, ni de ninguna otra manera” siguiendo lo aprobado por la Asamblea General de la ONU de 1966.

- Siguiendo con las naves y aeronaves, en primer lugar hay que decir que el régimen de las mismas se basa en criterios distintos: importancia militar y mercante, el lugar en el que las mismas se encuentren, si existen Tratados que recojan dicha cuestión, si existe legislación especial.

Respecto a esto en el derecho español se encuentra el 23.1 ,LOPJ, donde se determina que se extiende la jurisdicción española a los “delitos que se cometen a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo dispuesto en los tratados internacionales en los que España sea parte”.

Lo que se hace es considerar que se tiene que aplicar la ley penal española a aquellos delitos que se cometen a bordo de cualquier nave o aeronave de pabellón español, independientemente del territorio en el que se encuentren.

La excepción a esto es la que determina que hay que respetar los tratados que España suscribe que va a diferenciar entre las naves y aeronaves militares (consideradas parte de su territorio independientemente de donde se encuentren, y por tanto, siempre se les aplica a las mismas la ley penal) y las aeronaves civiles y los buques mercantes que en algunos casos pueden tener que someterse a las leyes penales que existan en el Estado en el que las mismas se encuentren.

Sin embargo, frente a estas reglas generales, nos encontramos con excepciones a las cuales se les denomina como extraterritorialidad de la ley penal.

La extraterritorialidad de la ley penal (también denominada como ultraterritorialidad) se refiere a la posibilidad de aplicación de las leyes penales españolas a conductas que se realizan fuera del territorio español, según las características del hecho, el autor o lo relativo a la perseguibilidad procesal.

Este tema aparece regulado en nuestro ordenamiento jurídico dentro de la Ley Orgánica del Poder Judicial de 1985.

Hay que tener en cuenta que la extraterritorialidad de la ley penal se basa en ciertos principios, que son el principio personal o de la nacionalidad, el principio real o de protección de intereses, el principio de universalidad o de justicia universal o mundial y el principio de justicia supletoria o subsidiaria. Sin embargo, en el caso español, sólo podemos hablar de los principios personal, real y de justicia universal y no podemos hacer referencia al principio de justicia supletoria.

- El principio personal o de la nacionalidad: es el que se refiere a la condición personal del delincuente, que se le puede aplicar en otro Estado (aquel en el que cometa el delito), la ley penal del Estado del que tiene la nacionalidad. Dicho principio en nuestro ordenamiento jurídico viene recogido en el 23.2 ,LOPJ.

- El principio real o de protección de intereses: este principio se refiere a aquellos supuestos en los cuales, pese a estar el hecho cometido en el extranjero e independientemente de cual sea la nacionalidad de los delincuentes, le es aplicable la ley penal del Estado, por afectar a bienes jurídicos importantes para el mismo. En nuestro Derecho viene recogido este principio en el 23.3 ,LOPJ.

- El principio de universalidad o de justicia universal o mundial: actúa en aquellos casos en los que se puede aplicar la ley de un Estado a ciertos hechos, pese a que los mismos hubieran sido cometidos fuera del territorio de dicho Estado, aunque los delincuentes no sean nacionales y aunque los hechos no vayan a afectar a los bienes jurídicos esenciales de ese Estado. Tras la reforma introducida por la Ley Orgánica 1/2014, de 13 de marzo, en el 23.4 ,LOPJ se limita ostensiblemente el alcance del principio de justicia universal y se establece la exigencia de la previa interposición de querella por el agraviado o por el Ministerio Fiscal, impidiendo, por ejemplo la persecución a instancias únicamente de ONG's que actúen como acusación popular.

- El principio de justicia supletoria o de justicia subsidiaria: tiene sus efectos en aquellos casos en los cuales se puede aplicar la ley penal del Estado a determinados hechos que se cometen en un lugar fuera del ius puniendi de cualquier Estado, o bien en el territorio de otro Estado y sin embargo, no es necesario que el mismo solicite la extradición o incluso esto puede hacerse cuando no sea posible solicitar la misma. Este principio no existe dentro de nuestro ordenamiento jurídico.

Haciendo referencia ahora a lo que sería el lugar de comisión del delito, hay que decir que el mismo es importante para el tema de la aplicación espacial de la ley penal, pero también puede ser relevante como elemento objetivo en algunos delitos, ya que puede agravar los mismos y además sirve para determinar la competencia judicial, porque en muchos casos el juez o tribunal competente para el conocimiento de un caso determinado es el del lugar donde se haya cometido el delito.

Los problemas respecto al lugar de comisión del delito se producen en aquellos delitos en los cuales el comienzo de la ejecución se produce en el territorio de un Estado, pero la consumación de dicho delito, y por tanto el resultado del mismo, se produce en el territorio de otro Estado diferente. Para dar solución a este problema existen tres teorías:

- La teoría de la acción: considera como lugar de comisión del delito el Estado en el que se realiza la acción, o bien en el que se omite la acción que debería de ser llevada a cabo.

- La teoría del resultado: supone que el delito es cometido en el Estado en que el resultado de la acción se produce.

- La teoría de la ubicuidad: es la apoyada por la mayoría de la doctrina, que considera que el delito se comete tanto en el Estado donde se realiza el mismo, como en el Estado en el que se produce el resultado. De este modo, el delito puede castigarse como delito consumado, no sólo en el territorio en el que se produjo el resultado de la acción o bien de la omisión, que dio lugar a la producción del delito, sino también en el territorio en el cual se realizó dicha acción.

 

 

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Aeronaves
Mar territorial
Principio de territorialidad
Jurisdicción Universal
Ius puniendi
Buque
Lugar de comisión del delito
Querella
Agraviado
Acusación popular
Extradición
Delito consumado
Omisión