Asistencia jurídica gratuita. Requisitos para su concesión

La asistencia jurídica gratuita está regulada en las siguientes normas:

• Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita (LAJG).
• Real Decreto 141/2021, de 9 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de asistencia jurídica gratuita.

El derecho a la justicia gratuita tiene rango constitucional y es una consecuencia del derecho a la tutela judicial efectiva. Artículo 119 de la CE.

El derecho a la justicia gratuita no es un derecho absoluto. Su ámbito de aplicación de derecho se encuentra limitado, como hemos visto, a quienes acrediten insuficiencia de recursos en los términos que establece la ley.

A TENER EN CUENTA. El artículo 2 de la LAJG se ha visto modificado por la publicación de la Ley 16/2022, de 5 de septiembre, de reforma del TRLC, con efectos desde el 26/09/2022.

Tendrán este derecho:

• Los ciudadanos españoles.
• Los nacionales de los demás Estados miembros de la UE.
• Los extranjeros que se encuentren en España.

Pero solo cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar.

Siempre gozan del derecho a la justicia gratuita las entidades gestoras y servicios comunes de la Seguridad Social.

Aquí surgió una controversia porque la Constitución Española guarda silencio y no dice si este derecho es extensivo a las personas jurídicas (que pueden carecer de recursos para litigar, de hecho).

La LAJG lo resuelve reconociendo ese derecho a las personas jurídicas que acrediten insuficiencia de recursos para litigar y además sean (art. 2.c de la LAJG):

• Asociaciones de utilidad pública, previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Derecho de Asociación.
• Fundaciones inscritas en el registro público correspondiente.

Y, además, sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos, gozarán de este derecho (D.A. 2.ª de la LAJG):

• La Cruz Roja Española.
• Las asociaciones de consumidores y usuarios, en los términos previstos en el Real Decreto Legislativo 1/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias.
• Las asociaciones de utilidad pública que tengan como fin la promoción y defensa de los derechos de las personas con discapacidad (Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con discapacidad y de su inclusión social).

Además, el legislador reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita en algunos casos especiales.

Acreditando insuficiencia de recursos para litigar:

• A los ciudadanos extranjeros, en los procedimientos de extranjería (procedimientos que puedan llevar a la denegación de su entrada en España, a su devolución o expulsión del territorio español) y en todos los procedimientos en materia de asilo, tanto en el orden contencioso-administrativo, como en la vía administrativa previa.
• Ciudadanos de la Unión Europea o nacionales de terceros países que residan legalmente en uno de los Estados miembros, en los litigios transfronterizos en materia civil y mercantil de la Unión Europea. Deben acreditar insuficiencia de recursos o, al menos, probar que no puede hacer frente a los gastos por la diferencia en el coste de vida entre el Estado de su residencia y España.

Sin necesidad de acreditar insuficiencia de recursos:

• A los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social:
  • Para la defensa en juicio en la jurisdicción social.
  • Para el ejercicio de acciones para la efectividad de los derechos laborales en los procedimientos concursales.
  • Para los litigios que sobre esta materia se susciten ante el orden contencioso-administrativo.
• La legislación militar consagra la gratuidad de la justicia militar.
• Asimismo:
  •  En el ámbito concursal, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica gratuita, para todos los trámites del procedimiento especial, a los deudores personas naturales que tengan la consideración de microempresa en los términos establecidos en el texto refundido de la Ley Concursal, a los que resulte de aplicación el procedimiento especial previsto en su libro tercero, siempre que acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Igualmente, en el ámbito concursal, los sindicatos estarán exentos de efectuar depósitos y consignaciones en todas sus actuaciones y gozarán del beneficio legal de justicia gratuita cuando ejerciten un interés colectivo en defensa de las personas trabajadoras y beneficiarias de la Seguridad Social.
  • A las víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean consecuencia de su condición de víctimas.
  • Los menores de edad y personas con discapacidad necesitadas de especial protección que sean víctimas de delitos de homicidio, de lesiones de los artículos 149 y 150 del CP, en el delito de maltrato habitual previsto en el artículo 173.2 del CP, en los delitos contra la libertad, en los delitos contra la libertad e indemnidad sexual y en los delitos de trata de seres humanos.
  • A los causahabientes en caso de fallecimiento de la víctima, siempre que no fueran partícipes en los hechos.
• Quienes a causa de un accidente acrediten secuelas permanentes que les impidan totalmente la realización de las tareas de su ocupación laboral o profesional habitual y requieran la ayuda de otras personas para realizar las actividades más esenciales de la vida diaria, cuando el objeto del litigio sea la reclamación de indemnización por los daños personales y morales sufridos.
• Asociaciones de Víctimas del Terrorismo señaladas en la Ley 29/2011, de 22 de septiembre, de reconocimiento y protección integral a las víctimas del terrorismo.

Salvo excepciones, el derecho a la justicia gratuita exige la verificación de los medios económicos del solicitante: computar los recursos e ingresos económicos anuales y por unidad familiar.

Se reconocerá el derecho de asistencia jurídica gratuita a aquellas personas físicas que, careciendo de patrimonio suficiente, cuenten con unos recursos e ingresos económicos brutos, computados anualmente por todos los conceptos y por unidad familiar, que no superen los siguientes umbrales:

• Dos veces el IPREM (indicador público de renta de efectos múltiples) vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas no integradas en ninguna unidad familiar.
• Dos veces y media el IPREM vigente en el momento de efectuar la solicitud cuando se trate de personas integradas en alguna de las modalidades de unidad familiar con menos de cuatro miembros.
• El triple del IPREM cuando se trate de unidades familiares integradas por cuatro o más miembros o que tengan reconocida su condición de familia numerosa de acuerdo con la normativa vigente.

Para la determinación del concepto de unidad familiar en sus diversas modalidades se estará a lo dispuesto en la Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, equiparándose a los cónyuges no separados legalmente las parejas de hecho constituidas de conformidad con los requisitos que les fueran exigibles.

Asimismo, los medios económicos serán valorados individualmente cuando el solicitante acredite la existencia de intereses familiares contrapuestos en el litigio para el que se solicita la asistencia.

El derecho a asistencia jurídica gratuita solo podrá reconocerse a quienes litiguen en defensa de derechos o intereses propios, o ajenos cuando tengan fundamento en una representación legal. En este último caso, los requisitos para la obtención del beneficio vendrán referidos al representado.

En cuanto a las personas jurídicas, se les reconocerá el derecho cuando, careciendo de patrimonio suficiente, el resultado contable de la entidad en cómputo anual fuese inferior al triple del IPREM.

En todos los casos, los ingresos a computar son los existentes en el momento de hacer la petición. No obstante, por justicia material, cuando hay pérdida de empleo o de ingresos después de la solicitud, las comisiones y los juzgados (en vía de recurso) suelen acudir a los ingresos al momento de dictar la resolución.

También es posible solicitar el derecho a la justicia gratuita con posterioridad al comienzo del procedimiento judicial para el que se solicita, en el que se venía actuando hasta entonces con abogado y procurador particulares, si se acredita que las circunstancias y condiciones necesarias para acceder al derecho sobrevinieron con posterioridad. En este caso, el reconocimiento no tendrá carácter retroactivo y solo afectará a las actuaciones devengadas desde la solicitud.