Regulación de la audiencia previa a los delegados sindicales en caso de despido disciplinado de un trabajador afiliado a un sindicato

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  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 04/05/2020

En caso de despido disciplinario, si el trabajador afectado estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le constase, deberá dar audiencia previa a los delegados sindicales de la sección sindical correspondiente a dicho sindicato (Apdos. 3.3, art. 10 LOLS y 1, art. 55 ET)

El párrafo cuarto del art. 55.1 del Estatuto de los Trabajadores, dispone al regular los requisitos formales del despido disciplinario que cuando el trabajador despedido "... estuviera afiliado a un sindicato y al empresario le constase, deberá dar audiencia previa a los delegados sindicales de la sección sindical correspondiente a dicho sindicato". Y en el apartado 4 de ese mismo precepto recoge que el despido será improcedente "... cuando en su forma no se ajustara a lo establecido en el apartado 1". El derecho de audiencia es aplicable tanto al trabajador afiliado a un sindicato como al representante afiliado (1)STSJ Madrid Nº 533/2019, Sala de lo Social, Sección 3, Rec 98/2019 de 27 de Junio de 2019

En paralelo al texto estatutario, el art. 10.3 LOLS añade entre los derechos de los delegados sindicales, en el supuesto de que no formen parte del comité de empresa, el de "Ser oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter colectivo que afecten a los trabajadores en general y a los afiliados a su sindicato en particular, y especialmente en los despidos y sanciones de estos últimos".

La audiencia sirve para comunicar, de forma previa al despido, el proyecto de despido, en el que puede influir la información proporcionada por el delegado sindical al empresario sobre la conducta o situación del trabajador afectado.

a) SI EL EMPRESARIO TIENE CONSTANCIA DE LA AFILIACIÓN DE UN TRABAJADOR AL SINDICATO debe dar audiencia previa a los delegados sindicales de la sección sindical correspondiente a dicho sindicato. El art. 104 LJS, relativo a los requisitos de la demanda por despido, establece como requisito en el contenido de la demanda la constancia de que el trabajador ostenta, o ha ostentado en el año anterior al despido, la cualidad de representante legal o sindical de los trabajadores, así como cualquier otra circunstancia relevante para la declaración de nulidad o improcedencia o para la titularidad de la opción derivada, en su caso. Si el trabajador es afiliado y no lo ha indicado no es posible alegar posteriormente la improcedencia del despido por falta de audiencia.

b) SI EL EMPRESARIO NO TIENE CONSTANCIA DE LA AFILIACIÓN SINDICAL DEL TRABAJADOR es carga que recae sobre el empleado su prueba.

Debe igualmente traerse a colación que junto a la titularidad del derecho, que desde luego la ostenta el Sindicato en el ejercicio del derecho de libertad sindical y de ahí su presencia como parte cuando se pretenda adoptar medidas disciplinarias contra sus afiliados, también se ha señalado cual es la finalidad que tiene ese trámite o previsión normativa. Distintas sentencias han establecido que del tenor literal de los arts. 10.3.3 LOLS y 55.1. ET "se desprende con claridad que la función institucional del trámite preceptivo de audiencia a los delegados sindicales del despido o sanción de un trabajador sindicado no es la notificación de un acuerdo empresarial meramente pendiente de ejecución, sino la comunicación de un proyecto de sanción o despido en cuya decisión en firme puede influir la información proporcionada por el delegado sindical al empresario sobre determinados aspectos o particularidades de la conducta y de la situación del trabajador afectado" y que "como ha declarado esta Sala en sentencia de 23- mayo-1995, la razón de ser de este trámite de audiencia previa es "la conveniencia apreciada por el legislador de que los trabajadores sindicados tengan una protección reforzada frente al poder disciplinario del empresario, a cuyo riesgo de abuso pueden ser más vulnerables", por medio de una "defensa sindical preventiva del trabajador afiliado". Establece, además, la jurisprudencia unificadora un paralelismo entre esta garantía del trabajador afiliado y la garantía legal del expediente contradictorio de los representantes de los trabajadores del art. 68.a ;ET, pues en ambos supuestos "se trata de una protección reforzada de determinados trabajadores por razones sindicales", "de garantías legales que no tienen en principio un límite de vencimiento temporal preestablecido" y "una y otra garantía se articulan para una defensa preventiva de los intereses del trabajador que puede dar lugar a un cambio de la decisión proyectada por el empresario", debiendo invertirse en el mismo un plazo "razonable", pues se trata de un 'trámite destinado a influir de manera preventiva en la decisión disciplinaria proyectada, y sin cuyo cumplimiento el despido disciplinario es declarado improcedente, de acuerdo con el art. 55.4 del ET". (2)

¿Qué engloba la referencia a «delegados sindicales» contenida en el artículo 55.1 del ET? ¿Qué pasa si no existe representante sindical en la empresa?

Como ha puesto de relieve la STS Nº 483/2018, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3051/2016 de 9 de mayo de 2018, Ecli: ES:TS:2018:1806, la referencia a los «delegados sindicales» contemplada en el art. 55.1 del ET como protección frente al despido disciplinario, no viene acompañada de mayor precisión, lo que obligó al TS, a entender que la especificación, por tanto, de quiénes se engloban dentro del colectivo de «delegados sindicales» o «sección sindical correspondiente» ha buscarse en el art. 10.1 de la LOLS, donde este concepto no se identifica de manera automática con cualquier tipo de representante, portavoz, comisionado o mandatario.

Para la Sala IV se trata de trámite que debe activarse solo cuando exista delegado sindical con arreglo a la LOLS, dado que "Si la norma hubiera querido ser genérica, abarcando todos los supuestos de afiliados, cualquiera que sea el modo en que se organice el sindicato, no habría utilizado unos términos tan específicos como los de «secciones» y «delegados» sindicales. Si la norma hubiera querido abrir el trámite a favor de las personas afiliadas a cualquier sindicato, habría residenciado la audiencia en las secciones y no en los delegados de las respectivas secciones". En el caso enjuiciado el TS mantiene que,salvo previsión convencional, la empresa no viene obligada a dar esa audiencia al 'delegado sindical' que es mero portavoz o representante de cualquier sección sindical. 

¿Con qué plazo de antelación ha de comunicarse el despido de un trabajador afiliado para cumplir la exigencia de dar audiencia previa al sindicato?

La STS, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 2276/2005 de 12 de julio de 2006, Ecli: ES:TS:2006:5151, declara la improcedencia del despido del trabajador demandante afiliado a un determinado Sindicato cuyo cese es comunicado al correspondiente Delegado sindical con antelación de 24 hs., llegando a la conclusión de considerarse no cumplido el trámite de audiencia sindical dado que la defensa por la Delegada sindical se hizo inviable con el menguado plazo de audiencia que a la misma le fue concedido.

Un ejemplo analizado por la jurisprudencia de comunicación de despido disciplinario

El VII Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promocion de la autonomia personal, en relación con la tramitación de sanciones, en su art. 64 fija:

«Las sanciones se comunicarán motivadamente y por escrito a la persona interesada para su conocimiento y efectos, dándose notificación ala representación unitaria del personal en las graves y muy graves.

Para la imposición de sanciones por faltas graves y muy graves, el personal afectado tendrá derecho a formular alegaciones por escrito en un plazo de 5 días naturales.

Es absolutamente indispensable la tramitación de expediente contradictorio para la imposición de las sanciones, cualquiera que fuera su gravedad, cuando se trate de las personas pertenecientes al comité de empresa, delegados de personal, tanto si se hallan en activo de sus cargos sindicales como si aun se hallan en período reglamentario de garantías.»

La STS Nº 355/2018, Tribunal Supremo, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 1950/2016 de 03 de abril de 2018,  Ecli: ES:TS:2018:1355, interpreta el precepto convencional (originariamente art. 58 del V Convenio Colectivo aplicable en el momento de autos), de la siguiente forma:

«Este trámite no se cumple, como alega la recurrente, con la notificación a los trabajadores de la carta de despido pues, aunque con posterioridad a la recepción de dicha carta formularan alegaciones, la audiencia que prevé el artículo 58 del convenio es previa a la imposición de la sanción de despido, e independiente de la notificación de la carta de despido.

El artículo 58 del convenio diferencia claramente los dos trámites, en el párrafo primero dispone que todas las sanciones se comunicarán por escrito al interesado, exigencia contenido en el artículo 55.1 del Estatuto de los Trabajadores. Si son por faltas graves o muy graves el convenio prevé dos requisitos adicionales no contemplados en el Estatuto de los Trabajadores, a saber, que se notifique la sanción al comité de empresa o a los delegados de personal y que para la imposición de las mismas se concedan cinco días al trabajador para que pueda formular alegaciones por escrito.

La empresa ha cumplido el primer requisito, ya que ha comunicado los despidos al Comité de Empresa, sin embargo no ha cumplido el segundo pues, antes de la imposición de la sanción, no dió audiencia por cinco días a los trabajadores que iban a ser sancionados. Como anteriormente se ha señalado este último trámite, no está previsto en el Estatuto de los Trabajadores, sino que han sido los firmantes del Convenio los que, voluntariamente, han querido añadir nuevas exigencias formales a las previstas en el artículo 55.1 de dicha norma legal. Sin embargo, una vez fijadas estas exigencias devienen tan obligatorias como las contempladas en el precitado artículo 55.1 del Estatuto, acarreando su incumplimiento idénticas consecuencias.

En efecto, el apartado 4 de dicho artículo dispone que el despido será improcedente cuando en su forma no se ajustara a lo establecido en el apartado 1, que señala no solo los requisitos legalmente exigidos -notificación por escrito haciendo figurar los hechos que lo motivan y la fecha en que tendrá efectos- sino también la posibilidad de que por convenio colectivo se establezcan otras exigencias formales para el despido. Doctrina de aplicación al supuesto enjuiciado en que aún tratándose del VI Convenio Colectivo (no del V) la redacción y su exigencia del art. 60 (en relación con el art. 58 del anterior) es la misma, y su redactado no deja lugar a dudas de su significado al señalar que “Para la imposición de sanciones por faltas graves y muy graves, el trabajador afectado tendrá derecho a formular alegaciones por escrito en un plazo de cinco días naturales”, por lo que la empresa antes de imponer una sanción al trabajador por falta grave o muy grave lo tenía que comunicar concediéndole el plazo de cinco días de audiencia para que pueda formular las alegaciones que estime oportunas. La empresa lo comunicó, pero no concedió al trabajador el trámite de audiencia de cinco días para formular alegaciones. Dicho precepto de la norma convencional, por voluntad de los negociadores de la misma, establece una garantía de exigencias formales para acceder al despido superior a la prevista por el art. 55.1 ET. que cabe respetar».

Jurisprudencia

STS (Pleno) 14 junio 1988

Examinando si la infracción del trámite de audiencia al delegado sindical comporta la ilicitud del despido (entonces nulidad por razón de forma), concuerda el derecho de la representación unitaria ('ser informado') y el de la sindical (ser oídos'): De ahí que no sea ajeno a la literalidad del art. 10.3.3 pensar que cuando éste termina, «y especialmente los despidos y sanciones de estos últimos», el «y especialmente» con la coma que le precede, es un desafortunado modo de excluir el ser oídos en los despidos y sanciones del «previamente» exigido en los otros supuestos.

STS 25 junio 1990

Resolviendo recurso de casación por infracción de ley, examina el alcance de la audiencia conferida por la LOLS: "El artículo 10.3.3º de la Ley Orgánica de Libertad Sindical no establece la audiencia previa de cualquier organización sindical en los despidos de sus afiliados, sino la de los delegados sindicales que se designen en las condiciones previstas en el número 1 del artículo citado".

STS 19 septiembre 1990

Examinando el cumplimiento del trámite de audiencia contemplado en la LOLS señala lo siguiente: "Para que sea apreciable la exigencia de la audiencia del delegado del sindicato en los despidos de trabajadores afiliados es necesario que se haya acreditado que en la empresa ha sido designado tal delegado en las condiciones previstas en el precepto que se invoca y este dato no consta en la sentencia recurrida, ni ha sido objeto de la correspondiente prueba".

STS 23 mayo 1995 (rec. 2313/1994)

Examina en qué casos procede el trámite de audiencia de la LOLS y reflexiona así: "El precepto legal que establece la audiencia previa del delegado del sindicato al que está afiliado el trabajador despedido o sancionado constituye una garantía singular del trabajador sindicado que no tiene cualquier otro trabajador despedido o sancionado, y que encuentra su razón de ser en las conveniencia apreciada por el legislador de que los trabajadores sindicados tengan una protección reforzada frente al poder disciplinario del empresario, a cuyo riesgo de abuso pueden resultar más vulnerables. La defensa sindical preventiva del trabajador afiliado frente a tal facultad sancionadora no debe alcanzar a las extinciones derivadas de otras causas no disciplinarias...".

STS 10 noviembre 1995 (rec. 3123/1994)

Unificando la doctrina sobre incidencia del tiempo dedicado a solventar la audiencia al delegado sindical sobre la prescripción a efectos sancionadores, expone lo siguiente: "El precepto establece únicamente la exigencia de que el delegado sea oído previamente a los despidos de los afiliados y, aunque la finalidad de esta medida no es sólo el proporcionar una información general, sino permitir la adecuada protección del trabajador afiliado, tal protección no se realiza propiamente en ese trámite, que no se configura como un procedimiento disciplinario previo en sentido formal, sino en todas las actuaciones posteriores de impugnación del despido, en las que el sindicato, conociendo los hechos, puede ofrecer su apoyo al trabajador".

STS 11 abril 2001 (rec. 1672/2000)

Resume y unifica doctrina acerca de las competencias propias de quienes representan al sindicato cuando no se cumplen los requisitos del art. 10.1 LOLS:

"a) A falta de acuerdos específicos, la empresa solamente tiene la obligación de reconocer a los delegados sindicales las garantías y derechos «ex» art. 10.3 LOLS de concurrir los presupuestos del art. 10.1 LOLS y con relación a un número concreto de delegados en atención a la dimensión de su plantilla;

b) El art. 10.1 LOLS , en cuanto exige para la designación de delegados sindicales que la empresa o el centro de trabajo tenga un determinado número de trabajadores, no es contrario al derecho de libertad sindical, así como que el hecho de que determinadas Secciones Sindicales no pueden contar por imperativo legal con un delegado de los previstos en el art. 10 LOLS no impide en modo alguno el ejercicio de los derechos de los arts. 8 y 9 LOLS por sus respectivos titulares, lo que no ha sido negado o impedido en el presente caso por la empresa demandada;

c) Los derechos, facultades y garantías «ex» art. 10.3 LOLS son creación de la Ley y deben ser necesariamente ejercitados en el marco de su regulación legal, pudiendo la empresa controlar los presupuestos «ex» art. 10.3 en orden a la asunción de las cargas y costes que le suponen las correlativas ventajas y prerrogativas de determinados delegados sindicales [...]"

STS 7 junio 2005 (rec. 5200/2003).

Citando otras previas, aborda el tema referido a la duración del trámite de audiencia y repasa su finalidad: "Articular una efectiva defensa preventiva de los intereses del trabajador afiliado que pudiera dar lugar a un cambio de la decisión proyectada por el empresario o a adoptar medidas que pudieran influir de manera preventiva en la decisión disciplinaria proyectada y a suministrar información al empresario sobre determinados aspectos o particularidades de la conducta y de la situación del trabajador afectado".

STS 12 julio 2006 (rec. 2276/2005)

Examina las exigencias del artículo 55.1 ET respecto del punto de vista de su duración, hace balance de la doctrina sentada al respecto y reitera la que debe considerarse como unificada: "Es de apreciar un paralelismo entre esta garantía del trabajador afiliado y la garantía legal del expediente contradictorio de los representantes de los trabajadores [ art. 68.a ET ], pues en ambos supuestos «se trata de una protección reforzada de determinados trabajadores por razones sindicales», «de garantías legales que no tienen en principio un límite de vencimiento temporal preestablecido» y que «se articulan para una defensa preventiva de los intereses del trabajador que puede dar lugar a un cambio de la decisión proyectada por el empresario», debiendo invertirse en el mismo un plazo «razonable», pues se trata de un «trámite destinado a influir de manera preventiva en la decisión disciplinaria proyectada, y sin cuyo cumplimiento el despido disciplinario es declarado improcedente, de acuerdo con el art. 55.4 del ET»".

STS 31 mayo 2007 (rec. 640/2006)

Aborda un recurso de unificación en el que las dos sentencias enfrentadas contemplan supuestos muy semejantes de despido de un miembro de un Sindicato sin que en ninguno de los dos casos se produjera la audiencia previa al delegado sindical exigida por el art. 55.1 ;ET. Para declinar el examen de la cuestión, por falta de contradicción, razona así: "Dicha audiencia requiere que exista en el centro de trabajo ese delegado sindical al que hay que oír y dicho delegado no lo tienen todas las secciones sindicales sino solamente aquéllas que reúnan las exigencias del art. 10.1 de la ;LOLS, o sea con centro de trabajo superior a 250 trabajadores y tengan presencia en el comité de empresa, a salvo otras previsiones resultantes de mejoras derivadas de convenio colectivo pues son estos "delegados sindicales" y no cualquier otro "representante o vocero" de otras secciones con menor representatividad los que tienen reconocido el derecho a 'ser oídos por la empresa previamente a la adopción de medidas de carácter colectivo que afecten a...los afiliados a su sindicato...y especialmente en los despidos y sanciones de estos últimos' como específicamente se contempla en el art. 10.3.3º de la propia LOLS".

Considerando todas las anteriores, la STS Nº 483/2018, Sala de lo Social, Sección 1, Rec 3051/2016 de 9 de mayo de 2018, clarifica el contenido del art. 51.1 del Estatuto de los Trabajadores, para el Alto Tribunal, se trata de trámite que debe activarse solo cuando exista delegado sindical con arreglo a la LOLS. Salvo previsión convencional, la empresa no viene obligada a dar esa audiencia al "delegado sindical" que es mero portavoz o representante de cualquier sección sindical. De esta manera, y salvo que el convenio colectivo disponga otra cosa, la empresa no viene obligada a dar esa audiencia al delegado sindical que es mero portavoz o representante de cualquier sección sindical

STSJ Madrid, Nº 322/1999, Sala de lo Social, sec. 6ª, 3 de junio de 1999, Rec. 2332/1999.

“La garantía formal contenida en esos preceptos establece precisamente la audiencia del delegado o delegados sindicales, refiriéndose por tanto a la figura regulada en el art. 10 de la LOLS.

Ahora bien, aunque los trabajadores afiliados a un sindicato siempre tienen el derecho a constituir secciones sindicales, según el art. 8 LOLS, no toda sección sindical goza del derecho a estar representada ante la empresa, con el cúmulo de obligaciones y cargas que para la empresa conlleva, por uno o varios delegados sindicales. Esta posibilidad solamente se reconoce a los sindicatos con presencia en el comité de empresa, cuando la empresa o el centro de trabajo ocupe más de 250 trabajadores, según el art. 10.1 LOLS, que en el caso de las empresas de seguridad se reduce a 150, según el art. 48 de su convenio colectivo estatal (BOE. 11.6.98) en relación con el art. 10.2 LOLS.

Es claro, en consecuencia, que para que pueda exigirse la audiencia previa al despido de un trabajador afiliado a un sindicato, y declararse la improcedencia del despido por falta de ese requisito formal, es preciso que exista en la empresa, por tener el número de trabajadores necesario, un delegado sindical que haya sido nombrado como tal y cuyo nombramiento haya sido dado a conocer a la empresa para que ésta asuma las cargas y obligaciones que le corresponden en relación con este órgano de representación sindical (sentencias del Tribunal Constitucional 292/83 de 18 octubre y 84/89 de 10 mayo). No es exigible la audiencia previa a otras personas distintas del delegado sindical, como pretende el recurrente, que alude al secretario de la sección sindical, el cual podrá ser un cargo o puesto de la sección con relevancia interna, pero no es un delegado sindical que tenga las competencias y garantías que la ley reconoce al delegado sindical, a menos que así se hubiera demostrado. En los hechos probados de la sentencia no consta que exista un delegado sindical de UGT en la empresa, extremo que el propio actor no ha alegado tampoco en ningún momento, limitándose a invocar la exigibilidad del requisito formal sin acreditar el presupuesto de hecho que posibilitaría su cumplimiento. Por ello, y aunque por razones distintas a las de la sentencia de instancia, el motivo debe ser desestimado, por lo que -no habiendo más motivos que examinar- procede la total desestimación del recurso y la confirmación de aquella”.

STSJ Andalucía, Nº 2477/2009, Sala de lo Social, Sección 1, de 14 octubre 2009, Rec. 1915/2009, ECLI: ES:TSJAND:2009:16936

“En relación con el derecho aplicado, se alega en primer lugar infracción del art. 55.1 IV del Estatuto de los Trabajadores y del art. 10.3.3 de la Ley Orgánica de Libertad Sindical, al no haberse declarado la improcedencia del despido siendo así que no se oyó previamente a los delegados sindicales del sindicato al que estaba afiliada la actora.

La Magistrada de instancia niega que haya quedado demostrado por la actora que la demandada conociera su afiliación a CC.OO, convicción que obtiene de la valoración total de la prueba practicada, la cual que no puede quedar desvirtuada por el contenido de un documento privado emitido dos años antes de la comunicación del despido. Ahora bien, aun cuando el derecho a constituir secciones sindicales no depende en modo alguno de la representatividad que puedan tener los sindicatos en los respectivos ámbitos, el derecho a ser oídas en aplicación del derecho que se consagra en los preceptos citados, sólo se atribuye a las secciones sindicales debidamente constituidas que pertenezcan a los sindicatos más representativos o a los que tengan representación en los comités de empresa, es decir, a aquellas que se constituyen al amparo del art. 10.1 de la Ley Orgánica de 2 de agosto de 1985, según el cual “en las empresas o, en su caso, en los centros de trabajo que ocupen a más de 250 trabajadores, cualquiera que sea la clase de su contrato, las Secciones Sindicales que puedan constituirse por los trabajadores afiliados a los sindicatos con presencia en los comités de empresa o en los órganos de representación que se establezcan en las Administraciones públicas estarán representadas, a todos los efectos, por delegados sindicales elegidos por y entre sus afiliados en la empresa o en el centro de trabajo”.

STSJ Región de Murcia, Nº 878/2001, Sala de lo Social,  21 de junio de 2001, Rec. 485/2001, ECLI: ES:TSJMU:2001:1777

"Es claro, en consecuencia, que para que pueda exigirse la audiencia previa al despido de un trabajador afiliado a un sindicato, y declararse la improcedencia del despido por falta de ese requisito formal, es preciso que exista en la empresa, por tener el número de trabajadores necesario, un delegado sindical que haya sido nombrado como tal y cuyo nombramiento haya sido dado a conocer a la empresa para que ésta asuma las cargas y obligaciones que le corresponden en relación con este órgano de representación sindical ( Sentencias del Tribunal Constitucional 292/1993, de 18 octubre [RTC 1993292] y 84/1989, de 10 mayo [RTC 198984]). No es exigible la audiencia previa a otras personas distintas del delegado sindical, sin que la sentencia del TS de 1 de junio de 1992 (RJ 1992/4505) haya declarado que ante la falta de delegado sindical el trámite de audiencia previa al despido debe observarse con la sección sindical, cuya existencia en la empresa demandada, por otra parte, no ha resultado acreditada por el actor a quien incumbía la carga de la prueba sobre tal extremo.

Pero es que, se insiste, aunque la sección sindical hubiera llegado a constituirse, lo que en ningún caso podría tener al frente como portavoz o representante es un delegado sindical nombrado conforme a lo dispuesto en el artículo 10.3 LOLS, dado el reducido tamaño de la plantilla laboral de la empresa, de la que el actor es el único delegado de personal."

 

(1) Según STS, Sala de lo Social, de 16/10/2001, Rec. 3024/2000, que del tenor literal de los arts. 10.3.3 LOLS y 55.1, ET "se desprende con claridad que la función institucional del trámite preceptivo de audiencia a los delegados sindicales del despido o sanción de un trabajador sindicado no es la notificación de un acuerdo empresarial meramente pendiente de ejecución, sino la comunicación de un proyecto de sanción o despido en cuya decisión en firme puede influir la información proporcionada por el delegado sindical al empresario sobre determinados aspectos o particularidades de la conducta y de la situación del trabajador afectado" y que "como ha declarado esta Sala en sentencia de 23- mayo-1995, la razón de ser de este trámite de audiencia previa es 'la conveniencia apreciada por el legislador de que los trabajadores sindicados tengan una protección reforzada frente al poder disciplinario del empresario, a cuyo riesgo de abuso pueden ser más vulnerables', por medio de una 'defensa sindical preventiva del trabajador afiliado'". Establece, además, la jurisprudencia unificadora un paralelismo entre esta garantía del trabajador afiliado y la garantía legal del expediente contradictorio de los representantes de los trabajadores del art. 68.a ET, pues en ambos supuestos "se trata de una protección reforzada de determinados trabajadores por razones sindicales", "de garantías legales que no tienen en principio un límite de vencimiento temporal preestablecido" y "una y otra garantía se articulan para una defensa preventiva de los intereses del trabajador que puede dar lugar a un cambio de la decisión proyectada por el empresario", debiendo invertirse en el mismo un plazo "razonable", pues se trata de un "trámite destinado a influir de manera preventiva en la decisión disciplinaria proyectada, y sin cuyo cumplimiento el despido disciplinario es declarado improcedente, de acuerdo con el art. 55.4 del ET".

(2) STSJ Madrid Nº 941/2015, Sala de lo Social, Sección 4, Rec 822/2015 de 17 de Diciembre de 2015

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RDLeg. 2/2015 de 23 de Oct (Estatuto de los Trabajadores) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 255 Fecha de Publicación: 24/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 13/11/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

Ley 36/2011 de 10 de Oct (Jurisdicción social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 245 Fecha de Publicación: 11/10/2011 Fecha de entrada en vigor: 11/12/2011 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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