Autoridades administrativas independientes de ámbito estatal

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  • Orden: Administrativo
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Nótese que el 9  de marzo de 2018 entrará en vigor el grueso de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, lo que determina que tanto alguno de los contenidos del presente tema como alguna de las referencias normativas puedan dejar de ser correctas.

Las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal son entidades de derecho público que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, por requerir su desempeño de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de Ley. Se regulan en los Art. 109-110 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre.

Las autoridades administrativas independientes de ámbito estatal se definen, siguiendo el apartado 1 del 109 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, como “entidades de derecho público que, vinculadas a la Administración General del Estado y con personalidad jurídica propia, tienen atribuidas funciones de regulación o supervisión de carácter externo sobre sectores económicos o actividades determinadas, por requerir su desempeño de independencia funcional o una especial autonomía respecto de la Administración General del Estado, lo que deberá determinarse en una norma con rango de Ley”.

Conforme establece el apartado 2 del 109 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre, “las autoridades administrativas independientes actuarán, en el desarrollo de su actividad y para el cumplimiento de sus fines, con independencia de cualquier interés empresarial o comercial”.

Por otra parte, en cuanto a la nomenclatura de estas autoridades administrativas, el apartado 3 del 109 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre señala que “con independencia de cuál sea su denominación, cuando una entidad tenga la naturaleza jurídica de autoridad administrativa independiente deberá figurar en su denominación la indicación «autoridad administrativa independiente» o su abreviatura «A.A.I.»”.

Cabe apuntar que el régimen jurídico aplicable a las mismas será el que establezca su ley de creación, sus estatutos y la legislación especial de los sectores económicos sometidos a su supervisión y, supletoriamente y en cuanto sea compatible con su naturaleza y autonomía, por lo dispuesto en la propia Ley 40/2015, de 1 de octubre, en particular lo dispuesto para organismos autónomos, la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, la Ley 47/2003, de 26 de noviembre, el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, la Ley 33/2003, de 3 de noviembre, así como el resto de las normas de derecho administrativo general y especial que le sea de aplicación. En defecto de norma administrativa, se aplicará el derecho común (Apartado 1 del 110 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre).

Por último, estarán sujetas al principio de sostenibilidad financiera de acuerdo con lo previsto en la Ley Orgánica 2/2012, de 27 de abril (Apartado 2 del 110 ,Ley 40/2015, de 1 de octubre).

En otro orden de cosas, una cuestión que preocupa reiteradamente a la doctrina (y que la Ley 40/2015, de 1 de octubre, no resuelve) es la que se refiere al momento y a la razón de crearse este tipo de autoridades. Así, es importante apuntar que la conclusión a la que ha llegado la doctrina es que la “independencia” que caracteriza a esta figura no es tal, sino que se trata en realidad de una autonomía de gestión en orden al cumplimiento de valores constitucionales que se entiende que deben quedar al margen de la contienda partidista. En palabras del profesor García de Enterría, “solo en estos casos, esto es, cuando la "neutralización" inherente a la "separación" o "independización" características de esta figura venga exigida por la realidad y avalada por un apreciable consenso social y se sustente en algún valor constitucionalmente relevante cuyo mejor servicio la reclame, podrá considerarse constitucionalmente legítima la creación de estas entidades con autonomía reforzada, autonomía que, por lo demás, nunca podrá traducirse en una ruptura total de los vínculos de unión que siempre han de existir entre ellas y el Gobierno y el Parlamento”.

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