Capacidad procesal de las partes en el proceso laboral

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    PRIMERO.- Como primera cuestión de orden procede resolver la excepción de falta de legitimación pasiva alegada, con base, fundamentalmente, en que PATRICK OLIMPIC , S.L , desarrolla su actividad como comisionista con PATRICK PORTUGAL. Diciendo que, a tales efectos suscribió en fecha 25.05.2006 un contrato de agencia con la mercantil PATRICK PORTUGAL ARTIGOS DE DEPORTO, LDA. Sin que tenga dicha codemandada capacidad o decisión alguna, en cuanto a los productos del catálogo, dependiendo, en ...

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    MATERIAS NO ESPECIFICADAS

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 01/06/2016

En el proceso laboral podrán comparecer para la defensa de sus derechos e intereses legítimos quienes se encuentren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles (Art. 16 ,LJS).

 

En primer lugar, se refiere a la capacidad para poder comparecer en juicio y también de la representación.

Esa capacidad procesal la tendrán los trabajadores mayores de dieciséis años y menores de dieciocho, para la defensa de los derechos e intereses legítimos que deriven de sus contratos de trabajo y de la relación de la Seguridad Social, cuando legalmente no necesiten para la celebración de esos contratos autorización de sus padres, tutores o de la persona o institución que los tenga a su cargo o la hubieran obtenido  Sentencia TSJ Comunidad Valenciana, nº 1298/2013, de 30/05/2013, Rec. 785/2013.

Se reconoce de igual manera, capacidad procesal al trabajador autónomo económicamente dependientes mayores de dieciséis años.

Esto anterior también será de aplicación para la defensa de los derechos de naturaleza sindical y de representación, así como para la impugnación de los actos administrativos.

Quienes no se hallen en el pleno ejercicio de sus derechos civiles y por ello no gocen de la capacidad procesal requerida, podrán comparecer sus representantes legítimos.

En el caso de las personas jurídicas, comparecerán las personas que legalmente las representen, lo mismo para las entidades a las que la Ley reconozca esta capacidad.

Por las masas patrimoniales o patrimonios separados carentes de titular o si ha sido privado de sus facultades de disposición o administración, comparecerán quienes conforme a la Ley las administren.

Por las entidades que, no habiendo cumplido los requisitos legalmente establecidos para constituirse en personas jurídicas, estén formadas por una pluralidad de elementos personales y patrimoniales puestos al servicio de un fin determinado, comparecerán quienes de hecho o en virtud de pactos de la entidad, actúen en su nombre frente a terceros o ante los trabajadores. Y por las comunidades de bienes y grupos comparecerán quienes aparezcan, de hecho o de derecho, como organizadores, directores o gestores de los mismos, o en su defecto como socios o partícipes de los mismos y sin perjuicio de la responsabilidad que, conforme a la Ley, pueda corresponder a estas personas físicas.

Limitación de la capacidad procesal por razones de enfermedad o prodigalidad

En relación con la capacidad procesal de aquellas personas que la tengan limitada por razones de enfermedad o prodigalidad, rigen las reglas comunes que exigen una declaración judicial, de suerte que será la sentencia que declare la incapacitación la que determinará la extensión y los límites de ésta, así como el régimen de tutela o guarda a que haya de quedar sometido el incapacitado, y se pronunciará, en su caso, sobre la necesidad de internamiento, sin perjuicio de lo dispuesto en el apdo. 1, Art. 760 ,Ley de Enjuiciamiento Civil. En otras palabras, la medida en que las causas de incapacitación puedan incidir sobre la capacidad contractual laboral y en las acciones judiciales derivadas de ella es cuestión que en cada caso debe decidir la sentencia que declare la incapacitación, es al juez civil al que compete decidir si el trabajador puede contratar por si solo (Art. 267 ,Código Civil) o si precisa ser representado por el tutor o, como fue el caso, por quien ostente al patria potestad prorrogada.

En estos casos establece el apdo. 4, Art. 16 ,LJS que "por quienes no se hallaren en el pleno ejercicio de sus derechos civiles comparecerán sus representantes legítimos o los que deban suplir su incapacidad conforme a Derecho"; no obstante lo anterior esta regla no rige para el caso especifico de un trabajador incapacitado pues, conforme determina el aprt. b) del Art. 7 ,Estatuto de los Trabajadores, la autorización expresa o tácita para realizar un trabajo concedida por el representante legal de una persona de capacidad limitada, le autoriza también "para ejercitar los derechos y cumplir los deberes que se derivan de su contrato y para su cesación", en función de lo cual, hay que entender reconocida capacidad procesal de los derechos e intereses legítimos derivados del contrato de trabajo. Sentencia TSJ Asturias, Sala de lo Social, nº 418/2014, de 21/02/2014, Rec. 274/2014

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Capacidad procesal
Interés legitimo
Persona jurídica
Tutor
Comparecencia en juicio
Incapacitación
Comunidad de bienes
Responsabilidad
Persona física
Régimen de tutela
Internamiento
Causa de incapacitación
Patria potestad prorrogada
Incapacidad
Persona de capacidad limitada
Contrato de Trabajo