Características y validez de los convenios colectivos

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 08/07/2021

A pesar de no existir definición de convenio colectivo, podríamos calificarlo como un acuerdo entre los representantes de los trabajadores y de los empresarios que regula, mediante la previa negociación colectiva en materia laboral, las condiciones de trabajo y productividad, y las obligaciones recíprocas que generan la paz laboral.

¿Qué es un convenio colectivo?

Según la RAE, un convenio colectivo es un «acuerdo vinculante entre los representantes de los trabajadores y los empresarios de un sector o empresa determinados, que regula las condiciones laborales». Los convenios colectivos obligan a empresarios y trabajadores afectados dentro de su ámbito de aplicación y durante su periodo de vigencia.

Para la validez de los convenios colectivos estos han de:

  • Efectuarse por escrito.
  • Ser presentados ante la autoridad laboral competente dentro del plazo de 15 días a partir del momento de su firma, para su registro.
  • Ser remitido al órgano público de mediación, arbitraje y conciliación competente para su depósito.
  • Publicación obligatoria y gratuita, por la autoridad laboral, en el Boletín Oficial del Estado o en el Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma o en el Boletín Oficial de la provincia correspondiente, en el plazo máximo de veinte días desde la presentación del convenio en el registro.

El convenio entrará en vigor en la fecha en que acuerden las partes. No obstante, si la autoridad laboral estimase que algún convenio conculca la legalidad vigente, o lesiona gravemente el interés de terceros, se dirigirá de oficio a la jurisdicción competente, la cual adoptará las medidas que procedan al objeto de subsanar supuestas anomalías, previa audiencia de las partes.

Las discrepancias que surjan entre empresarios y trabajadores en relación con el ejercicio de los derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral reconocidos legal o convencionalmente se resolverán por la jurisdicción competente a través del procedimiento establecido en el 139 de la LJS, reguladora de la jurisdicción social.

A TENER EN CUENTA. Cuando la autoridad laboral se haya dirigido a la jurisdicción competente por entender que el convenio colectivo pudiera contener cláusulas discriminatorias, lo pondrá en conocimiento del Instituto de la Mujer o de los Organismos de Igualdad de las Comunidades Autónomas, según su ámbito territorial, sin perjuicio de lo establecido en el art. 95.3LJS.

Un convenio colectivo de ámbito estatal no puede prohibir la negociación de materias no excluidas legalmente, ni establecer reglas de concurrencia opuestas a las legales respecto a convenios colectivos de ámbito inferior al estatal pero superior al de empresa, según lo regulado en el Estatuto de los Trabajadores. (STSJ de Extremadura, de 21 de febrero de 2000, ECLI:ES:TSJEXT:2000:402).

CUESTIONES

1. ¿Qué validez tiene un convenio colectivo que no ha sido presentado ante la autoridad laboral competente ni registrado?

En aplicación del art. 90 del Estatuto de los Trabajadores, en relación con el artículo 86.3, un acuerdo que no ha sido presentado ante la autoridad laboral ni registrado tendrá el carácter de extraestatutario. Por ello, el mismo sólo podrá ser aplicado en aquellos centros de trabajo que se rijan por convenios que hayan perdido su vigencia o que no tengan incorporada regulación sobre la materia concreta objeto del acuerdo extraestatutario. (STS n.º 1057/2016, de 14 de diciembre de 2016, ECLI:ES:TS:2016:5725).

2. ¿Cómo se realiza la determinación del convenio colectivo aplicable a una empresa?

La determinación del convenio colectivo de aplicación se hará en función del sector en que desarrolle su actividad la empresa y del área geográfica de la misma determinadas, por lo general, en los ámbitos funcionales, territoriales y personales de los propios textos colectivos.

En caso de duda sobre el convenio a aplicar, puede consultarse a la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos; no obstante, sus dictámenes no son vinculantes y no es un órgano de respuesta inmediata.

De conformidad con lo establecido en el art. 14 del Real Decreto 1362/2012, de 27 de septiembre, estarán legitimados para dar respuesta a este tipo de consultas:

a) Las organizaciones sindicales y empresariales más representativas.

b) Cualquier órgano de representación unitaria de los trabajadores o entidad sindical o empresarial que, en virtud de su representatividad, acredite un interés legítimo en la consulta que formule.

c) Cualquier autoridad laboral o jurisdiccional que tenga competencia en asuntos relacionados, directa o indirectamente, con la aplicación o interpretación de un convenio colectivo.

3. ¿Qué supone la aplicación indebida de un convenio colectivo?

La aplicación de un convenio colectivo diferente al propio de la actividad desarrollada por la empresa, cuando las retribuciones contempladas en aquel son inferiores a las contempladas en el de pertinente aplicación, suponen un perjuicio económico para el trabajador, que vulnera el principio recogido en el artículo 3.3. del Estatuto de los Trabajadores, sobre aplicación de la norma pactada más favorable al trabajador.

Siguiendo el artículo 82.3 del Estatuto de los trabajadores: «los convenios colectivos regulados por esta ley obligan a todos los empresarios y trabajadores incluidos dentro de su ámbito de aplicación y durante todo el tiempo de su vigencia», por lo que ante la falta de su cumplimiento los trabajadores podrán demandar judicialmente a la empresa.

Existe un procedimiento específico recogido en la Ley 36/2010, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social, que versa sobre la aplicación e interpretación de convenios colectivos («Capítulo VIII. Del proceso de conflictos colectivos») en que los sujetos legitimados pueden instar que se dicte una sentencia en un plazo sumario de tres días obligando al empresario a la aplicación de un convenio colectivo.

La reclamación judicial podrá interponerse para exigir el derecho a la aplicación del convenio colectivo correcto o para el resarcimiento de los derechos que no han sido respetados, en cuyo caso será necesario previamente haber realizado el intento de conciliación. La posible reclamación por el cobro de cantidades se retrotraerá a 12 meses e implicará la cotización con efectos retroactivos.

La  Administración laboral puede imponer a los empresarios sanciones administrativas por incumplimiento del convenio (infracciones graves en materia de relaciones laborales reguladas en los arts. 5, 7, 8 y 10 de la LISOS), sin perjuicio de poder promover simultáneamente el llamado «procedimiento de oficio» ante la jurisdicción, con el fin de defender los intereses de los trabajadores perjudicados.

Si se ha aplicado indebidamente un convenio colectivo, el salario del trabajador es el que resulte de aplicar el convenio colectivo correcto.

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Convenio colectivo
Autoridad laboral
Representación de los trabajadores
Condiciones de trabajo
Autoridad laboral competente
Validez del convenio colectivo
Obligaciones recíprocas
Negociación colectiva
Arbitraje
Convenio colectivo aplicable
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
Centro de trabajo
Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos
Sindicatos
Representación unitaria
Interés legitimo
Perjuicios económicos
Perjuicio económico
Conflicto colectivo laboral
Sanciones administrativas
Retroactividad
Procedimiento de oficio

RDLeg. 2/2015 de 23 de Oct (Estatuto de los Trabajadores) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 255 Fecha de Publicación: 24/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 13/11/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

Ley 36/2011 de 10 de Oct (Jurisdicción social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 245 Fecha de Publicación: 11/10/2011 Fecha de entrada en vigor: 11/12/2011 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Real Decreto 1362/2012 de 27 de Sep (se regula la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 234 Fecha de Publicación: 28/09/2012 Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

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