Carga de la prueba en responsabilidad ante indemnización por daños y perjuicios en los accidentes de trabajo

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 22/03/2021

Toda empresa, en caso de accidente, ha de probar que adoptó todas las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo.

¿A quién corresponde la carga de la prueba en los accidentes de trabajo?

Determinar sobre quien recae la carga de la prueba en casos accidentes de trabajo ante una relación de indemnización por daños y perjuicios ha sido objeto de polémica en los distintos órdenes desde antiguo.

En la actualidad, el art. 96 de la LRJS establece una inversión de la carga de la prueba, en el sentido de que toda empresa, en caso de accidente, ha de probar que adoptó todas las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo (lo que es cuestión muy distinta a probar la propia producción del accidente, es decir, que estamos ante un accidente de trabajo). En concreto la LRJS fija:

“2. En los procesos sobre responsabilidades derivadas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales corresponderá a los deudores de seguridad y a los concurrentes en la producción del resultado lesivo probar la adopción de las medidas necesarias para prevenir o evitar el riesgo, así como cualquier factor excluyente o minorador de su responsabilidad...”

Completando lo anterior, la norma establece que “No podrá apreciarse como elemento exonerador de la responsabilidad la culpa no temeraria del trabajador ni la que responda al ejercicio habitual del trabajo o a la confianza que éste inspira”.

También viene indicándose que en relación a la carga de la prueba ha de destacarse la aplicación - analógica- del art. 1183 CC, del que deriva la conclusión de que el incumplimiento de la obligación ha de atribuirse al deudor y no al caso fortuito, salvo prueba en contrario; y la del art. 217 LECiv, tanto en lo relativo a la prueba de los hechos constitutivos [secuelas derivadas de AT] y de los impeditivas, extintivos u obstativos [diligencia exigible], cuanto a la disponibilidad y facilidad probatoria [es más difícil para el trabajador acreditar la falta de diligencia que para el empresario demostrar la concurrencia de ésta]. Entre otras, destacamos la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, N.º 128/2016, de 2 de febrero de 2016. ECLI:ES:TSJICAN:2016:368 .

¿Qué debe probarse y cómo?

Completando lo especificado a modo introductorio al inicio de la PARTE II. Consecuencias legales derivadas de un accidente laboral: clases de responsabilidad, para poder imputar el resarcimiento de los daños al empleador es preciso probar, además de que los perjuicios causados exceden de las previsiones legales, la concurrencia de los requisitos previstos para su exigencia que han de referirse a la demostración, junto a la existencia de una conducta culposa, de una relación concatenada de causa a efecto entre la misma y el daño originado. Y esta relación se construye en cada caso bajo el principio de la causalidad adecuada, por lo que se impone la exigencia de valorar en cada caso concreto si el antecedente se presente como causa necesaria del efecto lesivo producido, de tal manera que el cómo y el por qué se produjo dicho efecto lesivo constituyen elementos definitorios del contenido de aquella relación causal. Sentencia TSJ Asturias, Sala de lo Social, nº 1009/2014, de 09/05/2014, Rec. 795/2014.

Atendiendo al origen de las posibles reclamaciones, podemos definir tres elementos probatorios básicos en estos procesos:

  • Existencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional. La laboralidad del accidente suele reconocerse por la empresa en un primer momento, bien vía comunicaciones administrativas necesarias como parte de accidente, relación de accidentes de trabajo ocurridos sin baja médica o relación de altas o fallecimientos de accidentados, bien mediante la pertinente baja de índole profesional por los servicios médicos actuantes. En caso de falta de reconocimiento de la contingencia profesional hemos de recurrir a los arts. 156 y 157 de la LGSS donde encontramos sus conceptos y presunciones, tratados en la Parte I. Las contingencias profesionales y su incidencia en las relaciones laborales y en el Esquema 8. Procedimiento para la determinación de la contingencia común o profesional causante de los procesos de incapacidad temporal. A los efectos que nos ocupa, no obstante, la existencia de accidente o enfermedad de trabajo pasa a un segundo plano en relación al siguiente punto, la existencia de un incumplimiento por parte empresarial de las medidas de prevención.
  • Incumplimiento por parte empresarial de las medidas de prevención. La LPRL, la LGSS, la LISOS, el ET y demás normas de desarrollo, regulan las obligaciones y responsabilidades en materia  preventiva para todas las partes implicadas en la relación laboral. El empresario como responsable de la seguridad y salud de los trabajadores a su servicio, asume por mandato legal una serie de obligaciones en esta materia, entre las que podemos citar:
    • Protección de sus trabajadores garantizando la salud y seguridad de los trabajadores, adoptando las medidas necesarias para prever los riesgos y eliminarlos.
    • Evaluación de los riesgos.
    • Dotar a los trabajadores de equipación y medios de protección adaptados a la necesidad productiva.
    • Facilitar información a los trabajadores y fomentar la participación de los mismos consultando a trabajadores y representantes sobre las medidas adoptadas.
    • Formación.
    • Fijar medidas de emergencia.
    • Vigilancia de la salud.
    • Coordinación de actividades empresariales para que aquellos otros empresarios que desarrollen actividades en su centro de trabajo reciban la información y las instrucciones adecuadas, en relación con los riesgos existentes en el centro de trabajo y con las medidas de protección y prevención correspondientes, así con sobre las medidas de emergencia a aplicar, para su traslado a sus respectivos trabajadores.
    • Sobre prevención en relación a las relaciones de trabajo temporales, de duración determinada y en empresas de trabajo temporal.
    • Protección de trabajadores especialmente sensibles a determinados riesgos, maternidad y menores, etc.
  • Daños y cuantía de reparación de estos. Completando los aspectos tratados sobre la determinación del importe indemnizatorio, añadir que tanto los daños causados como la razonabilidad de la cuantificación de los mismos ha de ser probada por quien los solicita, en base a los arts. 1.101 y 1.106 del CC. En este caso no se aplicará la inversión de la carga de la prueba predicada por el art. 96 de la LRJS.

Todo lo anterior, a juicio de la jurisprudencia, se concentra en el deber de la empresa de velar por el cumplimiento de las medidas de seguridad, el deber de extremar la diligencia que le incumbe o el deber de proporcionar la suficiente información preventiva entre otras. Como punto de partida para demostrar que el empresario ha cumplido/incumplido con el deber general de prevención previsto en el artículo 14 LPRL, podemos recurrir al análisis de los siguientes principios generales fijados por el art. 15 del citado texto:

Recurribilidad de la sentencia 

Como ya hemos tratado, la fijación de la indemnización por daños y perjuicios es misión del órgano de instancia y sólo resulta fiscalizable en vía de recurso extraordinario cuando se han aplicado los criterios de forma incorrecta, arbitraria o desproporcionada. La revisión de la cuantía indemnizatoria fijada en sentencia en términos que se consideren por la parte afecta «más razonables», requiere la existencia de:

  • Suplicación: superación de una cuantía litigiosa de 3.000 euros.
  • Casación: a fin de acreditar la existencia de contradicción doctrinal conforme al art. 219 ;LJS, se necesita, como es sabido, la existencia de sentencias contradictorias entre sí, lo que en estos supuestos es difícil dada la gran cantidad de casuística existente. No obstante, teniendo en cuenta las cuestiones meramente jurídicas que rodean la indemnización tratada se han venido estimando recursos de casación partiendo de la responsabilidad civil que tiene el empresario en estos casos en relación a la deuda de seguridad derivada del deber de prevención que el mismo ostenta “relajando”, en cierto modo, la existencia de contradicción. En este sentido, destaca la Sentencia del Tribunal Supremo, Rec. 4123/2008, de 30 de junio de 2010. ECLI:ES:TS:2010:4801 .

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Maternidad
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Responsabilidad civil

Ley 1/2000 de 7 de Ene (Enjuiciamiento civil) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 7 Fecha de Publicación: 08/01/2000 Fecha de entrada en vigor: 08/01/2001 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RDLeg. 8/2015 de 30 de Oct (TR. Ley General de la Seguridad Social -LGSS-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 261 Fecha de Publicación: 31/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/01/2016 Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

RDLeg. 2/2015 de 23 de Oct (Estatuto de los Trabajadores) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 255 Fecha de Publicación: 24/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 13/11/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

Ley 36/2011 de 10 de Oct (Jurisdicción social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 245 Fecha de Publicación: 11/10/2011 Fecha de entrada en vigor: 11/12/2011 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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