Casos exceptuados de conciliación laboral

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Laboral
  • Fecha última revisión: 21/09/2020

La Ley Reguladora de la Jurisdicción Social exceptúa expresamente de la obligatoriedad del acto de conciliación o mediación previos.

Estarían excluidos de conciliación laboral (mediación), los procesos:

  • Que exijan el agotamiento de la vía administrativa.
  • Sobre Seguridad Social.
  • De impugnación del despido colectivo por los representantes de los trabajadores.
  • De disfrute de vacaciones.
  • En materia electoral.
  • De movilidad geográfica.
  • De modificación sustancial de las condiciones de trabajo.
  • De suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor.
  • De derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral.
  • Iniciados de oficio.
  • De impugnación de convenios colectivos.
  • De impugnación de los estatutos de los sindicatos o de su modificación.
  • De tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas.
  • De anulación de laudos arbitrales.
  • De impugnación de acuerdos de conciliaciones, de mediaciones y de transacciones.
  • En que se ejerciten acciones laborales de protección contra la violencia de género.
  • En los que se demanda al Estado u otro ente público y a personas privadas.
  • En los que fuera necesario dirigir o ampliar la demanda frente a personas distintas de las inicialmente demandadas.

Procesos que exigen reclamación previa en vía administrativa

(Artículos 69 y 70 de la Ley de la Jurisdicción Social)

Para demandar a las siguientes entidades públicas, se exige agotar la vía administrativa previa (reclamación previa) conforme al procedimiento administrativo aplicable:

  • Estado.
  • Comunidades autónomas.
  • Entidades locales o entidades de Derecho público con personalidad jurídica propia vinculadas o dependientes de los mismos.

Una vez agotada la vía administrativa el interesado podrá formalizar la demanda en el plazo de dos meses ante el juzgado o la Sala competente, salvo en acciones derivadas de despido y demás acciones sujetas a plazo de caducidad, en que el referido es de veinte días hábiles o el especial que sea aplicable, contados a partir del día siguiente a aquél en que se hubiera producido el acto o la notificación de la resolución impugnada, o desde que se deba entender agotada la vía administrativa.

Ahora bien, de forma similar a lo que ocurría con la conciliación previa, la Ley reguladora de la jurisdicción social establece excepciones al agotamiento de la vía administrativa cuando se trate de interponer demanda de tutela de derechos fundamentales y libertades públicas frente a actos de las Administraciones públicas en el ejercicio de sus potestades en materia laboral y sindical, en cuyo caso el plazo para interponer directamente la demanda será de veinte días desde el día siguiente a la notificación del acto o al transcurso del plazo fijado para la resolución, sin más trámites.

Conciliación previa y reclamación administrativa previa son mecanismos alternativos previos a la vía judicial y, en principio, el error en la interposición de reclamación previa en vez de conciliación o a la inversa, no tiene relevancia ni, por tanto, produce efectos jurídicos en cuanto a la suspensión de la caducidad o la interrupción de la prescripción. Ahora bien, en ocasiones la jurisprudencia ha otorgado tales efectos a dicha interposición errónea, cuando la situación es dudosa.

JURISPRUDENCIA:

Sentencia del TSJ Madrid, Rec. 27/2005, de 10 de mayo. Núm. Ecli: ES:TSJM:2005:5295

"La jurisprudencia admite la posibilidad de entender cumplido el trámite de conciliación previa cuando se interpone reclamación previa por existir dudas sobre el acto previo procedente: Hemos de estar a la voluntad impugnatoria de la trabajadora que, aunque procediera la interposición de la papeleta de conciliación y no de la reclamación previa, la demandada tuvo conocimiento del cumplimiento trámite previo, aún cuando lo fuera de forma inadecuada, y pudo actuar en consecuencia, si hubiera sido su interés, evitando el subsiguiente pleito y, si no lo hizo, fue porque no tenía intención de llegar a un acuerdo extrajudicial, dejando expedita la vía del proceso y siendo perfectamente eficaz la citada reclamación, que ha de producir, consecuentemente los efectos legalmente prevenidos de suspensión del plazo de caducidad".

Procesos sobre Seguridad Social

(Artículo 71 LJS; Artículo 24 Ley 39/2015, de 1 de octubre)

A la reclamación administrativa previa en materia de Seguridad Social se le otorga un tratamiento distinto y diferenciado del resto de procesos que requieren agotar la vía administrativa, por la materia de la que se trata: todos los procesos en que se demanda en materia de prestaciones de Seguridad Social.

Se exceptúan los procedimientos de impugnación de las resoluciones administrativas expresas en las que se acuerda el alta médica emitidas por los órganos competentes de las Entidades gestoras de la Seguridad Social al agotarse el plazo de duración de trescientos sesenta y cinco días de la prestación de incapacidad temporal.

El plazo para interponer reclamación previa es de 30 días (11 días en los procesos de impugnación de altas médicas no exentos de reclamación previa), a contar desde la notificación de la resolución de la solicitud inicial por el órgano competente o desde la fecha en que deba entenderse producido el silencio administrativo.

Una vez formulada reclamación previa, la entidad deberá contestar expresamente a la misma en el plazo de 45 días (7 días en los procesos de impugnación de altas médicas no exentos de reclamación previa). En caso contrario se entenderá denegada la reclamación por silencio administrativo.

Posteriormente, la demanda habrá de formularse en el plazo de 30 días, a contar desde la fecha en que se notifique la denegación de la reclamación previa o desde el día en que se entienda denegada por silencio administrativo (Excepción: 20 días en los procesos de impugnación de altas médicas que, cuando no sea exigible reclamación previa, se computará desde la adquisición de plenos efectos del alta médica o desde la notificación del alta definitiva acordada por la Entidad gestora).

Procesos de impugnación de despido colectivo por los representantes de los trabajadores

Se trata de aquellos procedimientos en que los representantes de los trabajadores impugnen el despido colectivo por alguna de estas causas:

  • No concurre la causa legal indicada en la comunicación empresarial.
  • No se ha llevado a cabo el preceptivo periodo de consultas o entregado la documentación preceptiva, o no se haya respetado el procedimiento establecido para la extinción por fuerza mayor.
  • La decisión extintiva empresarial se ha adoptado con fraude, dolo, coacción o abuso de derecho.
  • La decisión extintiva se ha efectuado con vulneración de derechos fundamentales y libertades públicas.

Se regulan en el artículo 124 de la Ley reguladora de la jurisdicción social.

Procesos de disfrute de vacaciones

Se refiere a los procesos de fijación, individual o plural, de la fecha de disfrute de las vacaciones, regulados en los artículos 125 y 126 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.

Y es que se trata de un procedimiento urgente y de tramitación preferente, contra cuya sentencia no cabe recurso.

Procesos relativos a materia electoral

Se trata de los procedimientos de impugnación de laudos arbitrales en las elecciones a representantes de los trabajadores del artículo 76 del Estatuto de los Trabajadores, y de la resolución administrativa que deniegue el registro y de la certificación de la representatividad sindical, regulados en los artículos 127 a 136 de la Ley reguladora de la jurisdicción social.

Como en el caso del apartado anterior, los motivos de urgencia justifican la excepcionalidad de celebración del acto de conciliación.

Procesos sobre movilidad geográfica

Estamos de nuevo ante procesos urgentes y de tramitación preferente, lo que justifica la no obligatoriedad del acto de conciliación previo.

Procesos sobre modificación sustancial de las condiciones de trabajo

Se regulan igual que los anteriores, en el artículo 138 de la Ley reguladora de la jurisdicción social.

Procesos sobre suspensión del contrato y reducción de jornada por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o derivadas de fuerza mayor

Reiteramos los dos apartados anteriores.

Procesos sobre derechos de conciliación de la vida personal, familiar y laboral

Además de tratarse de procedimientos urgentes y de tramitación preferente, en la demanda puede acumularse la acción de daños y perjuicios causados al trabajador derivados de la negativa del derecho o de la demora en la efectividad de la medida.

Se regulan en el artículo 139 de la Ley reguladora de la jurisdicción social.

Procesos iniciados de oficio

La conciliación previa deviene imposible, al tratarse de procedimientos iniciados de oficio como consecuencia:

  • De certificaciones de las resoluciones firmes que dicte la autoridad laboral derivadas de las actas de infracción de la ITSS en las que se aprecien perjuicios económicos para los trabajadores afectados.
  • De acuerdos de la autoridad laboral que aprecie apreciara fraude, dolo, coacción o abuso de derecho en los acuerdos de suspensión, reducción de la jornada o extinción por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción o por fuerza mayor,
  • De las actas de infracción o comunicaciones de la ITSS que constaten una discriminación por razón de sexo, raza, religión y convicciones, discapacidad, edad u orientación sexual u otros.
  • De las comunicaciones de la autoridad laboral cuando cualquier acta de infracción o de liquidación de la ITSS haya sido impugnada.

Se trata de los regulados en los artículos 148 a 150 de la Ley reguladora de la jurisdicción social.

Procesos de impugnación de convenios colectivos

Son procesos de impugnación de los convenios colectivos negociados por los representantes de los trabajadores con los empresarios, o de los laudos arbitrales sustitutivos de éstos, por considerar que conculca la legalidad vigente o lesiona gravemente el interés de terceros.

Se escapan, pues, de la posibilidad de transacción al afectar a terceros que no participarían en la misma.

Se regulan en los artículos 163 a 166 de la Ley reguladora de la jurisdicción social.

Procesos de impugnación de los estatutos de los sindicatos o de su modificación

Se refiere, tanto a la impugnación de la resolución administrativa que deniegue el depósito de los estatutos presentados para su publicidad, como a la impugnación de los estatutos mismos, de los sindicatos o de las asociaciones empresariales.

Se trata de los procedimientos regulados en los artículos 167 a 176 de la Ley procesal social, en los que estamos ante cuestiones que afectan a la libertad sindical.

Procesos de tutela de los derechos fundamentales y libertades públicas

Estamos ante derechos y libertades constitucionales y los procesos, además, tienen carácter urgente y preferente, que proceden cuando se consideren lesionados los derechos de libertad sindical, huelga u otros derechos fundamentales y libertades públicas, incluida la prohibición de tratamiento discriminatorio y del acoso.

Se regulan en los artículos 177 a 184 de la Ley reguladora de la jurisdicción social.

Procesos de anulación de laudos arbitrales

Son procesos que se tramitación con carácter urgente, lo que justifica la ausencia de conciliación previa.

Procesos de impugnación de acuerdos de conciliación, mediación y transacción

Se excluye la conciliación previa por razones obvias, ya que ha existido un acuerdo previo y el acto de conciliación resultaría redundante.

Merece un comentario específico la impugnación de un acuerdo transaccional de despido, en el que las partes pactan la extinción de la relación laboral tras un despido conflictivo, de forma privada. El empresario abona una cantidad en concepto de indemnización al trabajador y este renuncia a reclamar el despido judicialmente.

¿Hasta qué punto tal acuerdo es válido y tiene efectos jurídicos si, por ejemplo, la indemnización acordada es inferior a la cantidad que correspondería en caso de un despido improcedente u objetivo?

Los requisitos que debe cumplir tal acuerdo para tener plena validez vienen dados por la normativa general sustantiva, concretamente por los artículos 1254 y siguientes del Código Civil, y son los siguientes:

  • Aceptación expresa y clara por parte del trabajador de la extinción del contrato por causa de despido, en las condiciones acordadas.
  • No existen vicios del consentimiento (dolo, error o intimidación) para celebrar el acuerdo, principalmente por parte del trabajador.
  • Aporta alguna ventaja o mejora para el trabajador respecto al derecho que ya tiene reconocido legalmente.
  • Consta de forma expresa y clara la renuncia del trabajador a impugnar el despido judicialmente.
  • El acuerdo es válido para las dos partes y no está sujeto a la voluntad de una de ellas.

Nada obsta a que las partes pacten que el acuerdo transaccional sea ratificado ante la autoridad laboral mediante acto de conciliación previo e incluso sea homologado judicialmente. Lo cual es conveniente a fin de evitar la tributación de la indemnización en caso de despido improcedente.

Y ello porque, conforme establece el artículo 7 e) de la Ley 35/2006, de 28 de noviembre, están exentas del IRPF Las indemnizaciones por despido o cese del trabajador, en la cuantía establecida con carácter obligatorio en el Estatuto de los Trabajadores, en su normativa de desarrollo o, en su caso, en la normativa reguladora de la ejecución de sentencias, sin que pueda considerarse como tal la establecida en virtud de convenio, pacto o contrato. Y, en todo caso, con el límite de 180.000 euros; cantidad cuya exención del impuesto es muy importante.

Es decir, que la exención, total o parcial, de la indemnización acordada, no tendrá lugar si el acuerdo se queda inter partes, sin trascendencia y reconocimiento por el órgano administrativo o judicial.

Tal reconocimiento administrativo o judicial es asimismo relevante a fin de interrumpir la prescripción del plazo de un año para reclamar la indemnización al FOGASA.

Procesos en que se ejerciten acciones laborales de protección contra la violencia de género

Se refiere básicamente a los procesos en que se dirimen cuestiones relativas a los derechos laborales y de Seguridad Social contemplados en la Ley 1/2004 de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, y concordantes del Estatuto de los Trabajadores y la Ley General de la Seguridad Social.

Se tramitan conforme a lo establecido en el artículo 138 de la Ley reguladora de la jurisdicción social.

Procesos en los que se demanda al Estado u otro ente público y personas privadas

Se exceptúan de la celebración del acto de conciliación previo aquellos procesos en los que, además de demandarse al Estado u otro ente público, se demanda también a personas privadas, siempre que la pretensión hubiera de someterse al agotamiento de la vía administrativa y en ésta pudiera decidirse el asunto litigioso.

Supuestos en que es necesario dirigir o ampliar la misma frente a personas distintas de las inicialmente demandadas

De conformidad con lo establecido en el artículo 64.2 b) de la Ley reguladora de la jurisdicción social, cuando, una vez iniciado el proceso, fuera necesario dirigir la demanda frente a personas distintas de las inicialmente demandadas, se excepciona la preceptividad del acto de conciliación por motivos de eficacia procesal.

Se trata de supuestos de ampliación de la demanda, defectos u omisiones o similares.

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Agotamiento de la vía administrativa
Alta médica
Acto de conciliación
Derechos fundamentales
Tutela
Representación de los trabajadores
Fuerza mayor
Causas económicas, técnicas, organizativas y de producción
Silencio administrativo
Impugnación del despido colectivo
Plazo de caducidad
Reclamación administrativa previa
Reducción de jornada por causas económicas
Impugnación de convenios colectivos
Estatutos sindicales
Autoridad laboral
Entes públicos
Violencia de género
Modificación sustancial de las condiciones de trabajo
Dolo
Movilidad geográfica
Anulación de laudos arbitrales
Conciliación de la vida personal, familiar y laboral
Inspección de trabajo y Seguridad Social
Vía administrativa previa
Personalidad jurídica
Días hábiles
Abuso de derecho
Coacciones
Fraude
Interrupción de la prescripción
Caducidad
Papeleta de conciliación
Prestación de incapacidad temporal
Entidades Gestoras de la Seguridad Social
Finalización del período de consultas
Despido colectivo
Período de consultas
Libertad sindical
Vulneración de derechos fundamentales

RDLeg. 8/2015 de 30 de Oct (TR. Ley General de la Seguridad Social -LGSS-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 261 Fecha de Publicación: 31/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/01/2016 Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

Ley 35/2006 de 28 de Nov (IRPF -Impuesto sobre la renta de las personas físicas-) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 285 Fecha de Publicación: 29/11/2006 Fecha de entrada en vigor: 01/01/2007 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

RDLeg. 2/2015 de 23 de Oct (Estatuto de los Trabajadores) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 255 Fecha de Publicación: 24/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 13/11/2015 Órgano Emisor: Ministerio De Empleo Y Seguridad Social

Ley 39/2015 de 1 de Oct (Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 236 Fecha de Publicación: 02/10/2015 Fecha de entrada en vigor: 02/10/2016 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

Ley 36/2011 de 10 de Oct (Jurisdicción social) VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 245 Fecha de Publicación: 11/10/2011 Fecha de entrada en vigor: 11/12/2011 Órgano Emisor: Jefatura Del Estado

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