Causas de extinción de la responsabilidad criminal

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 10/06/2021

Las causas de extinción de la responsabilidad criminal son independientes de la perfección del delito y de sus elementos, lo que acontece es que:
  • El Estado da por realizada su misión en cuanto que da la sanción penal por cumplida o que ésta es de imposible cumplimiento (como serían los casos de cumplimiento de condena en el primer caso y de muerte del reo en el segundo).
  • También porque el particular perjudicado por el delito perdona al autor (aunque el perdón del ofendido no puede operar en todos los delitos).
  • O bien por particulares sentimientos del Estado a través de sus instituciones que perdona u olvida el hecho (estaríamos hablando del indulto).
  • También se extingue la responsabilidad criminal cuando transcurre el período de tiempo desde la comisión del hecho o la imposición de la pena, suficiente, de tal modo que desaconsejan, por innecesaria, la persecución del delito o la ejecución de la condena (prescripción del delito o de la pena).

Motivos de extinción de la responsabilidad criminal 

Cada una de las causas que se han mencionada tiene su fundamento propio, pero tienen en común su naturaleza técnica (persecución del delito y de la pena) y que ninguna cuestiona la perfección del delito cometido.

Los supuestos de extinción de responsabilidad criminal se enumeran el Título VII del Libro I del Código Penal (artículos 130 y siguientes).

1- Muerte del reo (130.1 Código Penal)

La extinción de la responsabilidad criminal por muerte del reo es consecuencia del principio de personalidad de las penas que inspira a todo el derecho penal. No es baladí hacer las siguientes precisiones:

  • El concepto de reo no puede confundirse con los de procesado, acusado o detenido. El reo es aquella persona cuya conducta ya ha sido definitivamente calificada como delictiva en una sentencia condenatoria firme.
  • Los delitos ocasiones consecuencias en el ámbito civil (responsabilidad civil ex delicto). La responsabilidad civil derivada del delito cometido por una persona que ha fallecido antes de responder por ella, es transmisible a los herederos. La muerte del reo no puede afectar a la responsabilidad civil, ya que podrá ser exigida por los perjudicados, ante la jurisdicción civil, contra los herederos del responsable (siempre siguiendo las normas contenidas en el Código Civil al respecto).

2- Cumplimiento de la condena (130.2 Código Penal)

El cumplimiento de la condena es el modo más normal y habitual de satisfacer la responsabilidad deriva de la comisión de un delito, y con la satisfacción de la responsabilidad criminal, ésta se da también por extinguida. Pero estamos hablando solo del ámbito penal, ya que las penas accesorias del ámbito civil que se hayan podido imponer no se verán en modo alguno satisfechas por el mero cumplimiento de la condena. El cumplimiento de la condena se hará en los extremos que se determinen en la sentencia. En ocasiones la condena consistirá en el pago de días-multa, en la privación de libertad durante un período de tiempo concreto, etc. Hay que destacar en este punto que para el cálculo del tiempo transcurrido de condena se tomará en cuenta el tiempo que el penado haya cumplido en libertad condicional, que constituye el último período de ejecución de la condena de acuerdo con el sistema penitenciario vigente.

3- Por la remisión definitiva de la pena, conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 87 del C.P. (130.3 Código Penal)

"1. Transcurrido el plazo de suspensión fijado sin haber cometido el sujeto un delito que ponga de manifiesto que la expectativa en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida, y cumplidas de forma suficiente las reglas de conducta fijadas por el juez o tribunal, éste acordará la remisión de la pena.

2. No obstante, para acordar la remisión de la pena que hubiera sido suspendida conforme al apartado 5 del artículo 80, deberá acreditarse la deshabituación del sujeto o la continuidad del tratamiento. De lo contrario, el juez o tribunal ordenará su cumplimiento, salvo que, oídos los informes correspondientes, estime necesaria la continuación del tratamiento; en tal caso podrá conceder razonadamente una prórroga del plazo de suspensión por tiempo no superior a dos años."

4- El indulto y la amnistía (130.4 Código Penal)

El indulto, y también la amnistía, son manifestación del antiguo derecho de gracia. El derecho de gracia aparece como un instrumento que administrado correctamente puede servir para la realización de la justicia material en aquellos casos en que la estricta aplicación del derecho dé lugar a resoluciones materialmente injustas o inadecuadas.

Nuestra vigente Constitución atribuye al Rey, como Jefe del Estado, de acuerdo con la ley, es decir, respetando los términos que sean previstos en la normativa concreta, así que, por lo tanto, no estamos ante un Jefe del Estado que puede usar el derecho de gracia a su antojo.

La Constitución además, introdujo otra novedad, que es la prohibición de indultos generales (que son aquellos que se conceden a la totalidad de los penados). Los indultos particulares, que son los únicos autorizados por la Constitución, son recomendados por los propios Tribunales, al menos cuando se dan cuenta de la incapacidad de evitar el fallo injusto. El indulto posee sus propios trámites y sus propios cauces, lo que hace que deba informarse al órgano judicial que corresponda dentro de su tramitación (STS, n.º 1239/2011, de 15 de noviembre.  ECLI:ES:TS:2011:7680 ).

La amnistía es la otra manifestación del derecho de gracia. Es mucho más extraordinaria que el indulto, y aunque teóricamente puede referirse a cualquier clase de delitos, normalmente se orienta a delitos de carácter político y se concede con ocasión de cambios políticos en el Estado. La amnistía borra el delito como si éste nunca hubiera existido. Una ley de amnistía, que excluya la responsabilidad penal, puede ser considerada como una actuación que restringe e impide a la víctima el recurso efectivo para reaccionar frente a la vulneración de un derecho. Ahora bien, las exigencias del principio de legalidad a los que nos venimos refiriendo, hacen que estos derechos sean exigibles frente a las vulneraciones sufridas con posterioridad a la entrada en vigor del Pacto y el Convenio, y así lo ha interpretado el Comité encargado de su vigilancia en sus decisiones  (STS 211/2019, de 23 de abril. ECLI:ES:TS:2019:1245 ; STS 101/2012, de 27 de febrero. ECLI: ES:TS:2012:813).

5- El perdón del ofendido (130.5 Código Penal)

El perdón del ofendido, como extinción de la responsabilidad criminal, es posible solo en aquellos delitos perseguibles mediante denuncia o querella del agraviado, y cuando la ley prevea expresamente tal efecto del perdón, lo que no sucede en otros delitos, como el de agresiones sexuales, ya que en ellos el perdón del ofendido o del representante legal no extingue la acción penal o la responsabilidad criminal.

Así mismo, en los delitos cometidos contra personas menores de edad o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que afecten a bienes jurídicos eminentemente personales, el perdón de la persona ofendida no extingue la responsabilidad criminal.

A TENER EN CUENTA. El artículo 130, apartado 5, del C.P. se redacta conforme a la última modificación establecida en la Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia (en vigor en fecha 25/06/2021).

En relación al delito leve de lesiones contenido en el artículo 147.2 CP, que exige denuncia (es un presupuesto imprescindible, que de no cumplirse impide la iniciación del procedimiento y la posibilidad de imponer una pena) de la persona agraviada, existe jurisprudencia mayoritaria, según la cual, una aplicación de las normas completas de la legislación anterior y posterior en esta materia, lleva a la conclusión de que para todo acusado de este tipo penal también se proyecta sobre la eficacia de perdón sobre la eficacia del perdón, que extingue ahora la responsabilidad criminal en todo tipo de delitos leves (STS, n.º 195/2017, de 24 de marzo. ECLI:ES:TS:2017:1196 ; STS 809/2016, de 28 de octubre. ECLI:ES:TS:2016:4651 ).

Por último, mencionar que, en lo referente a los casos del artículo 198 CP sentencias como la STS, nº 534/2015, de 23 de septiembre. ECLI:ES:TS:2015:3892 han establecido que "se ha excluido la posibilidad del perdón cuando el hecho afecte a intereses generales, casos en los que es preciso incluir aquellos previstos en el artículo 198, en los que el delito es cometido por una autoridad o funcionario público prevaliéndose de su cargo, pues es claro que tal clase de conductas afectan a intereses generales concretados en la necesidad de un comportamiento correcto y respetuoso con las leyes por parte de los servidores públicos. Estas consideraciones explican también que cuando así ocurre no sea precisa la denuncia del agraviado o de su representante legal, según el artículo 201.2 del Código Penal".

6- Prescripción del delito (130.6 Código Penal y 131 Código Penal)

La prescripción consiste en que por transcurso del tiempo (de determinados períodos de tiempo que dependerán del tipo de delito cometido) se invalidará el valor que había tenido determinada conducta contemplada en la ley como delito. 

La jurisprudencia solo admite la apreciación  de la prescripción en el trámite de resolución de las cuestiones previas,  cuando de forma clara y manifiesta no existe justificación para celebrar el juicio oral porque desde el punto de vista fáctico no resulte necesaria la práctica de prueba alguna para adoptar una decisión sobre la cuestión previa planteada y desde el punto de vista jurídico no resulte necesario realizar una argumentación o motivación específica para rechazar en el Auto previo la calificación jurídica sostenida por las partes acusadoras que impide la prescripción (STS, n.º 583/2013, de 10 de junio. ECLI:ES:TS:2013:3776 ), pues en caso de ser necesario este análisis jurídico previo las partes deben tener la oportunidad de defender su calificación de forma contradictoria en el acto del juicio oral (STS, n.º 112/2017, de 22 de febrero. ECLI:ES:TS:2017:680 ).

La prescripción del delito se produce en el momento en que se cumplió el plazo con independencia de que la constatación judicial de que es así pueda llegar después (STS, n.º 704/2016, de 14 de septiembre. ECLI:ES:TS:2016:4082 ).

La regulación legal de la prescripción destacan dos problemas, los plazos y la interrupción de los mismos:

  • Los plazos varían dependiendo de la gravedad del hecho tomado como pauta para determinar la pena. Estos plazos están contenidos en el 131 Código Penal. Para la determinación de los plazos de prescripción se atenderá a la pena en abstracto señalada al delito correspondiente. También se prevé para los supuestos de concurrencia de un concurso de delitos  "se tomará en consideración el delito más grave declarado cometido por el Tribunal sentenciador para fijar el plazo de prescripción del conjunto punitivo enjuiciado" (STS, n.º 15/2017, de 20 de enero. ECLI:ES:TS:2017:104 ).                                                                                                                                                                                            
  • La interrupción del plazo de prescripción contenida su regulación en el 132.2 Código Penal, que dispone que la prescripción se interrumpirá, quedando sin efecto el tiempo transcurrido, cuando el procedimiento se dirija contra la persona indiciariamente responsable del delito, comenzando a correr de nuevo desde que se paralice el procedimiento o termine sin condena de acuerdo con las reglas siguientes:
    • Se entenderá dirigido el procedimiento contra una persona determinada desde el momento en que, al incoar la causa o con posterioridad, se dicte resolución judicial motivada en la que se le atribuya su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito.
    • No obstante lo anterior, la presentación de querella o la denuncia formulada ante un órgano judicial, en la que se atribuya a una persona determinada su presunta participación en un hecho que pueda ser constitutivo de delito, suspenderá el cómputo de la prescripción por un plazo máximo de seis meses a contar desde la misma fecha de presentación de la querella o de formulación de la denuncia. Si dentro de dicho plazo se dicta contra el querellado o denunciado, o contra cualquier otra persona implicada en los hechos, alguna resolución judicial, en la que se le atribuya la participación en un hecho, la interrupción de la prescripción se entenderá retroactivamente producida, a todos los efectos, en la fecha de presentación de la querella o denuncia. Por el contrario, el cómputo del término de prescripción continuará desde la fecha de presentación de la querella o denuncia si, dentro del plazo de seis recae resolución judicial firme de inadmisión a trámite de la querella o denuncia o por la que se acuerde no dirigir el procedimiento contra la persona querellada o denunciada.

La continuación del cómputo se producirá también si, dentro de dichos plazos, el Juez de Instrucción no adoptara ninguna de las resoluciones previstas en el 132 Código Penal. La persona contra la que se dirige el procedimiento deberá quedar suficientemente determinada en la resolución judicial, ya sea mediante su identificación directa o mediante datos que permitan concretar posteriormente dicha identificación en el seno de la organización o grupo de personas a quienes se atribuya el hecho.

7- Prescripción de la pena (130.7 Código Penal y 133 Código Penal)

Según el 133 Código Penal, las penas impuestas por sentencia firme prescriben:

  • A los 30 años, las de prisión por más de 20 años.
  • A los 25 años, las de prisión de 15 o más años sin que excedan de 20.
  • A los 20, las de inhabilitación por más de 10 años y las de prisión por más de 10 y menos de 15.
  • A los 15, las de inhabilitación por más de seis años y que no excedan de 10, y las de prisión por más de cinco años y que no excedan de 10.
  • A los 10, las restantes penas graves.
  • A los cinco, las penas menos graves.
  • Al año, las penas leves.

Las penas impuestas por los delitos de lesa humanidad y de genocidio y por los delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, salvo los castigados en el artículo 614 del Código Penal, no prescribirán en ningún caso.

Tampoco prescribirán las penas impuestas por delitos de terrorismo, si estos hubieren causado la muerte de una persona.

Contra los autos de dictados en ejecución de sentencia relativos a la prescripción de la pena la jurisprudencia (STS, n.º 1364/2011 de 15 de diciembre. ECLI:ES:TS:2011:9137 ) tiene declarado que no procede recurso de casación.

8- La cancelación de los antecedentes delictivos (136 Código Penal)

El 136 Código Penal recoge la institución de la cancelación de los antecedentes penales. Por medio de la cancelación se consigue la extinción definitiva de todos los efectos de la pena. Sus características legales son las siguientes, en redacción dada por la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo:

1. Los condenados que hayan extinguido su responsabilidad penal tienen derecho a obtener del Ministerio de Justicia, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de sus antecedentes penales, cuando hayan transcurrido sin haber vuelto a delinquir los siguientes plazos:

a) Seis meses para las penas leves.

b) Dos años para las penas que no excedan de doce meses y las impuestas por delitos imprudentes.

c) Tres años para las restantes penas menos graves inferiores a tres años.

d) Cinco años para las restantes penas menos graves iguales o superiores a tres años.

e) Diez años para las penas graves.

2. Los plazos a que se refiere el apartado anterior se contarán desde el día siguiente a aquel en que quedara extinguida la pena, pero si ello ocurriese mediante la remisión condicional, el plazo, una vez obtenida la remisión definitiva, se computará retrotrayéndolo al día siguiente a aquel en que hubiere quedado cumplida la pena si no se hubiere disfrutado de este beneficio. En este caso, se tomará como fecha inicial para el cómputo de la duración de la pena el día siguiente al del otorgamiento de la suspensión.

3. Las penas impuestas a las personas jurídicas y las consecuencias accesorias del artículo 129 se cancelarán en el plazo que corresponda, de acuerdo con la regla prevista en el apartado 1 de este artículo, salvo que se hubiese acordado la disolución o la prohibición definitiva de actividades. En estos casos, se cancelarán las anotaciones transcurridos cincuenta años computados desde el día siguiente a la firmeza de la sentencia.

4. Las inscripciones de antecedentes penales en las distintas secciones del Registro Central de Penados y Rebeldes no serán públicas. Durante su vigencia solo se emitirán certificaciones con las limitaciones y garantías previstas en sus normas específicas y en los casos establecidos por la ley. En todo caso, se librarán las que soliciten los jueces o tribunales, se refieran o no a inscripciones canceladas, haciendo constar expresamente esta última circunstancia.

5. En los casos en que, a pesar de cumplirse los requisitos establecidos en este artículo para la cancelación, ésta no se haya producido, el juez o tribunal, acreditadas tales circunstancias, no tendrá en cuenta dichos antecedentes.

El cómputo del plazo deberá determinarse desde la firmeza de la propia sentencia, en caso de no ser así se practicará un cómputo del plazo de rehabilitación favorable al reo (STS, n.º 694/2017, de 24 octubre. ECLI:ES:TS:2017:3740 ; STS, n.º 640/2017, de 28 de septiembre. ECLI:ES:TS:2017:3528 ; STS, n.º 538/2017, de 11 de julio. ECLI:ES:TS:2017:2893 ; STS, n.º 259/2017, de 6 de abril. ECLI:ES:TS:2017:1406 ; STS, n.º 145/2017, de 8 de marzo. ECLI: ES:APB:2017:2634; STS, n.º 812/2016, de 28 de octubre. ECLI:ES:APB:2016:10014 ; STS, n.º 395/2016, de 10 de mayo. ECLI:ES:TS:2016:2131 ).

Cuando hablamos de cancelación de antecedentes y reincidencia, es necesario que para apreciar esta última se requiere que conste la fecha de la firmeza de la sentencia condenatoria, el delito por el que se dictó la condena, la/s pena/s impuesta, y la fecha en las que el penado las dejó extinguidas. - Este último dato solamente será innecesario en aquellos casos en los que el plazo de cancelación no haya podido transcurrir entre la fecha de la sentencia condenatoria y la fecha de ejecución del hecho por el que se realiza el enjuiciamiento actual- por cuanto la aplicación "contra reo" de cualquier precepto solo será correcta, legitima y constitucional cuando a la vez se preste el más exquisito acatamiento a los Derechos Fundamentales del art. 24 C.E. (STS 259/2017, de 6 de abril.  ECLI:ES:TS:2017:1406 ; STS 812/2016, de 28 de octubre.  ECLI:ES:APB:2016:10014 ).

Para la cancelación de antecedentes en los casos de suspensión de la pena, se tomará como fecha inicial el día siguiente al del otorgamiento de la suspensión. Luego, la  pena se ha de tener por iniciada a cumplir al día siguiente del otorgamiento de la suspensión. 

 

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