Celebración del juicio oral

TIEMPO DE LECTURA:

  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 14/02/2020

La celebración del juicio oral se regula en los artículos 680 y siguientes de la LECrim.

 

Celebración pública

Los debates del juicio oral serán públicos, bajo pena de nulidad, conforme a lo establecido en el artículo 680 de la LECrim; ello sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 681 de la LECrim. En cuanto al citado precepto, este dispone lo siguiente:

"El Juez o Tribunal podrá acordar, de oficio o a instancia de cualquiera de las partes, previa audiencia a las mismas, que todos o alguno de los actos o las sesiones del juicio se celebren a puerta cerrada, cuando así lo exijan razones de seguridad u orden público, o la adecuada protección de los derechos fundamentales de los intervinientes, en particular, el derecho a la intimidad de la víctima, el respeto debido a la misma o a su familia, o resulte necesario para evitar a las víctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso. Sin embargo, el Juez o el Presidente del Tribunal podrán autorizar la presencia de personas que acrediten un especial interés en la causa. La anterior restricción, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 707, no será aplicable al Ministerio Fiscal, a las personas lesionadas por el delito, a los procesados, al acusador privado, al actor civil y a los respectivos defensores.

Asimismo, podrá acordar la adopción de las siguientes medidas para la protección de la intimidad de la víctima y de sus familiares:

a) Prohibir la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de la víctima, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección.

b) Prohibir la obtención, divulgación o publicación de imágenes de la víctima o de sus familiares.

Queda prohibida, en todo caso, la divulgación o publicación de información relativa a la identidad de víctimas menores de edad o víctimas con discapacidad necesitadas de especial protección, de datos que puedan facilitar su identificación de forma directa o indirecta, o de aquellas circunstancias personales que hubieran sido valoradas para resolver sobre sus necesidades de protección, así como la obtención, divulgación o publicación de imágenes suyas o de sus familiares".

Destaca como jurisprudencia la STS núm. 775/2016, de 19 de octubre, la cual expresa lo siguiente: 

"Con amparo en los artículos 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos y 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos , encuentra acogida en nuestro ordenamiento jurídico el principio a un proceso público establecido en el artículo 120.1 de la CE y recogido en el artículo 232 de la LOPJ . El principio atiende, por un lado, a la finalidad de proteger a las partes de una justicia sustraída al control público y, por otro, a la de mantener la confianza de la colectividad en los Tribunales y en su normal funcionamiento. El principio constituye una de las premisas esenciales para la consecución de un proceso con todas las garantías, pilar esencial del Estado de Derecho, hasta el punto de que el art. 24.2 de la Constitución ha otorgado a los derechos vinculados a la exigencia de la publicidad el carácter de derechos fundamentales, lo que abre para su protección la vía excepcional del recurso de amparo ( STC 96/1987 , de 10- 6). En los mismos términos se encuentra reconocido el derecho a un proceso público en el art. 6.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos , habiendo sostenido al respecto el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que « la publicidad del procedimiento de los órganos judiciales, establecida en el art. 6.1 del referido Convenio, protege a las partes contra una justicia secreta que escape al control público; por lo que constituye uno de los medios de preservar la confianza en los Jueces y Tribunales» ( sentencia en el caso «Pretto y otros», de 8 de diciembre de 1983 ; asimismo en la del caso «Axen», de la misma fecha).

Es evidente también, como se recoge en el art. 120.1 de la Constitución, que la publicidad del proceso puede conocer excepciones expresadas en la ley, destacando en nuestro ordenamiento jurídico la que con carácter general se recoge en el artículo 233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (' Las deliberaciones de los Tribunales son secretas. También lo será el resultado de las votaciones, sin perjuicio de lo dispuesto en esta Ley sobre la publicación de los votos particulares') o la previsión de exclusión que -condicionada a la concurrencia de una serie de presupuestos- fija el párrafo segundo del artículo 232 de la LOPJ , al indicar que « Excepcionalmente, por razones de orden público y de protección de los derechos y libertades, los Jueces y Tribunales, mediante resolución motivada, podrán limitar el ámbito de publicidad y acordar el carácter secreto de todas o parte de las actuaciones». Ya en el seno del proceso penal, son supuestos de restricción de esta publicidad, la reserva con la que ha de llevarse la investigación sumarial del artículo 301 de la LECRIM o el secreto temporal de tales indagaciones respecto de las partes ( art. 302). En cuanto a la fase de enjuiciamiento, si bien el artículo 680 LECRIM recuerda la regla de publicidad analizada y establece la sanción de nulidad para los supuestos de su contravención, el artículo 681 excepciona que el juicio pueda desarrollarse a puerta cerrada para todos o parte de los actos o sesiones de juicio « cuando así lo exijan razones de seguridad u orden público, o la adecuada protección de los derechos fundamentales de los intervinientes, en particular, el derecho a la intimidad de la víctima, el respeto debido a la misma o a su familia, o resulte necesario para evitar a las víctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso»; restricción que -expresamente se dice-, no será aplicable al Ministerio Fiscal, a las personas lesionadas por el delito, a los procesados, al acusador privado, al actor civil y a los respectivos defensores.

No obstante ello, es la exclusión de la publicidad la que se regula y la que es objeto de especial restricción y sanción, en atención a la transcendencia constitucional de los derechos que se vinculan al seguimiento público del funcionamiento del Poder Judicial, sin que una singularizada limitación a que determinadas personas estén presentes durante una declaración testifical específica pueda ser equiparada a la negación del principio de publicidad que el recurso sostiene. Por más que el principio de publicidad tienda -entre otras finalidades y como se ha dicho- a proteger a las partes de una justicia sustraída al control público, y por más que el derecho de la víctima a la información y al seguimiento del proceso deban ser derechos de singular protección (de lo que son expresión no sólo el artículo 681 de la LECRIM , sino la Directiva 2012/29/UE de normas mínimas sobre los derechos, el apoyo y la protección de las víctimas de delitos; la ley 4/2015 de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito o el artículo 785.3 de la LECRIM ), la exclusión puntual de la víctima de determinadas declaraciones testificales no supone una negación del principio constitucional de publicidad, pues como expresamente indicaba el Tribunal Constitucional en su sentencia 30/1986, de 20-2 , « lo más importante aquí es que no ha habido vista a puerta cerrada, sino tan sólo medidas de seguridad que, aun aceptando que trajeron consigo la prohibición del acceso a la Sala de determinadas personas, no desvirtúan el carácter público del acto del juicio»".

El Juez o Tribunal, previa audiencia de las partes, podrá restringir la presencia de los medios de comunicación audiovisuales en las sesiones del juicio y prohibir que se graben todas o alguna de las audiencias cuando resulte imprescindible para preservar el orden de las sesiones y los derechos fundamentales de las partes y de los demás intervinientes, especialmente el derecho a la intimidad de las víctimas, el respeto debido a la misma o a su familia, o la necesidad de evitar a las víctimas perjuicios relevantes que, de otro modo, podrían derivar del desarrollo ordinario del proceso. A estos efectos, podrá:

a) Prohibir que se grabe el sonido o la imagen en la práctica de determinadas pruebas, o determinar qué diligencias o actuaciones pueden ser grabadas y difundidas.

b) Prohibir que se tomen y difundan imágenes de alguna o algunas de las personas que en él intervengan.

c) Prohibir que se facilite la identidad de las víctimas, de los testigos o peritos o de cualquier otra persona que intervenga en el juicio.

 

Las facultades del Presidente

De acuerdo con lo establecido en el artículo 683 de la LECRIM, el Presidente dirigirá los debates cuidando de impedir las discusiones impertinentes y que no conduzcan al esclarecimiento de la verdad, sin coartar por esto a los defensores la libertad necesaria para la defensa.

Por su parte, la STS núm. 721/2015, de 22 de octubre, dispone lo siguiente: "Es cierto que en materia de imparcialidad del Juzgador las apariencias son importantes, ya que lo que está en juego es la confianza que los Tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática. Pero ello no significa que deba primar la subjetividad de una de las partes a la que le resulte suficiente para excluir al Juez predeterminado por la Ley, con levantar unas sospechas carentes de fundamento objetivo, y que no resulten razonables para un observador externo, pues ello conduciría a un sistema de Juez a la carta. En todo caso debe partirse de que en un Estado de Derecho, en el que los Tribunales están organizados sobre la base de un criterio de ajenidad a la causa, la imparcialidad se presume como regla de principio, por lo que es a la parte que alega su ausencia a la que le corresponde acreditar la base fáctica que fundamente su pretensión.
Durante el Juicio el Juez o Presidente del Tribunal debe adoptar una actitud neutra respecto de las posiciones de las partes en el proceso, como un tercero ajeno a los intereses en litigio y, por tanto, a sus titulares y a las funciones que desempeñan, situándose por encima de las partes acusadoras e imputadas".

El artículo 684 de la LECrim dispone que el Presidente tendrá todas las facultades necesarias para conservar o restablecer el orden en las sesiones y mantener el respeto debido al Tribunal y a los demás poderes públicos, pudiendo corregir en el acto con multa las infracciones que no constituyan delito, o que no tengan señalada en la Ley una corrección especial.

El Presidente llamará al orden a todas las personas que lo alteren, y podrá hacerlas salir del local si lo considerare oportuno, sin perjuicio de la multa a que se refiere el artículo anterior.

Podrá también acordar que se detenga en el acto a cualquiera que delinquiere durante la sesión, poniéndole a disposición del Juzgado competente.

Todos los concurrentes al juicio oral, cualquiera que sea la clase a que pertenezcan, sin excluir a los militares, quedan sometidos a la jurisdicción disciplinaria del Presidente. Si turbaren el orden con un acto que constituya delito, serán expulsados del local y entregados a la Autoridad competente.

En relación con dicho precepto, cabe mencionar la STS núm. 1406/2011, de 29 de diciembre: "el acta de la vista del juicio oral (y el visionado de su grabación en DVD) no revela ninguna reclamación, ni en su comienzo, ni durante su transcurso, ni a su conclusión , deduciéndose del desarrollo de la Vista un ejercicio normal por parte del Presidente del tribunal de sus facultades de dirección del proceso y de policía de estrados, en los términos previstos por los arts 684 y ss de la LECr .

De cualquier modo, la conducción del ahora recurrente, esposado, a diferencia del otro coacusado , se explica perfectamente por la diferente situación del primero, prisión, frente a la de libertad provisional del segundo. Su permanencia en tales condiciones, con grilletes, no siendo nunca grata, ni recomendable -no revistiendo la torturante postura de manos atrás- no puede tampoco calificarse de medida de seguridad extraordinaria o desproporcionada, en los términos previstos en el art 525 LECr, y es acorde con la responsabilidad de conducción y custodia encomendada a las Fuerzas de Seguridad del Estado, conforme a la LO.2/86 de 13 de marzo , Arts 5.1.e ): art 5.6 y art 12.b ).

Resulta pueril pretender que el aspecto, de preso esposado, ante un Tribunal profesional-cosa distinta pudiera tal vez pensarse de un Jurado popular-pudiera determinar una impresión desfavorable ante los Juzgadores, que pudiera poner en entredicho la presunción de inocencia del acusado y su Derecho de defensa.

La propia Sentencia de esta Sala que cita el recurrente (STS 21-7-2003, nº 1098/2003), lo que viene a decir, no es lo que pretende, sino que, viniendo al caso reafirma el rechazo de su motivo , puesto que dice : "establece el art. 684 L.E.Cr . que el Presidente del Tribunal tendrá todas las facultades necesarias para conservar o restablecer el orden en las sesiones..... y si, como admite el motivo , la negativa del Tribunal a liberar de los grilletes a los acusados fue consecuencia de la opinión contraria de los funcionarios policiales recabada por el Presidente del Tribunal, es obvio que no se infringe el precepto constitucional invocado al tratarse del ejercicio racional, proporcional y fundado de las facultades que la ley le atribuye. El motivo debe ser desestimado, máxime cuando la cuestión suscitada en el motivo en nada afecta a los hechos enjuiciados , a la calificación jurídica de los mismos, a la participación del acusado en ellos y a la actividad probatoria de cargo que fundamenta el pronunciamiento de la culpabilidad de aquél".

 

No hay versiones para este comentario

Derechos humanos
Derecho a la intimidad
Protección de los derechos fundamentales
Acusación privada
Actor civil
Derechos fundamentales
Menor de edad
Discapacidad
Recurso de amparo
Medidas de seguridad
Declaración del testigo
Ajenidad
Poderes públicos
Grabación
Libertad provisional
Presunción de inocencia
Derecho de defensa
Actividad probatoria
Funcionarios públicos

Real decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal. VIGENTE

Boletín: Boletín Oficial del Estado Número: 260 Fecha de Publicación: 17/09/1882 Fecha de entrada en vigor: 15/10/1882 Órgano Emisor: Ministerio De Gracia Y Justicia

Incluídos en este concepto

Documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
  • Derecho a la intimidad de la persona trabajadora

    Orden: Laboral Fecha última revisión: 04/05/2020

    Se analizan las posibles incidencias que las nuevas tecnologías, o su uso, tienen sobre el derecho a la intimidad de las personas trabajadoras. Para lo que abordaremos temas de actualidad como la regulación y uso de los datos obtenidos por geoposic...

  • El derecho a la intimidad en el proceso penal

    Orden: Penal Fecha última revisión: 14/08/2019

    Este derecho se reconoce en el artículo 18.1 de la Constitución Española y está desarrollado por la Ley orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Solo las ...

  • El derecho a un Juez imparcial en el proceso penal

    Orden: Penal Fecha última revisión: 14/08/2019

    El artículo 6 del Convenio Europeo de Derechos Humanos reconoce el derecho a ser juzgado por un Tribunal independiente e imparcial establecido por la ley, en similares términos, se pronuncia el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Ci...

  • Derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica

    Orden: Civil Fecha última revisión: 13/12/2019

    Con la aprobación de la Ley 41/2002, de 14 de noviembre, básica reguladora de la autonomía del paciente y de derechos y obligaciones en materia de información y documentación clínica, se procede a regular alguna de las cuestiones esenciales den...

  • Utilización de dispositivos o medios técnicos de seguimiento y localización dentro del proceso penal

    Orden: Penal Fecha última revisión: 16/08/2019

    Como regulan los apartados 1 y 2 del artículo 588.quiquies.b de la LECRIM, la autorización del juez deberá acreditar que haya razones de necesidad para la utilización de la medida, y que esta resulte proporcionada, debiendo especificar el medio t...

Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados
Ver más documentos relacionados

Libros y cursos relacionados