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Última revisión
12/06/2026

Claves de la Estrategia Española de Seguridad y Salud 2023-2027

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Orden: laboral

Fecha última revisión: 12/06/2026


Resumen práctico de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027: objetivos, prioridades y líneas clave de actuación.

Claves de la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027

La Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2023-2027 constituye el marco de referencia de las políticas públicas de prevención de riesgos laborales en España para este periodo. Fue aprobada por el Consejo de Ministros el 14 de marzo de 2023 y publicada en el BOE de 28 de abril de 2023, como resultado del acuerdo entre la Administración General del Estado, las comunidades autónomas y los interlocutores sociales. Su diseño se alinea con el Marco Estratégico de la UE en materia de salud y seguridad en el trabajo 2021-2027 y parte de un diagnóstico claro: la necesidad de reducir de forma sostenida la siniestralidad laboral y adaptar la prevención a los cambios tecnológicos, climáticos, demográficos y organizativos del trabajo. 

A TENER EN CUENTA. La Estrategia no se limita a formular principios generales, sino que ordena objetivos, prioridades y líneas de actuación concretas, previendo además su desarrollo mediante dos planes de acción: 2023-2024 y 2025-2027. El primer plan fue aprobado por la CNSST con 106 medidas

La Estrategia persigue avanzar hacia entornos de trabajo seguros, saludables e inclusivos, colocando la salud física y mental de las personas trabajadoras en el centro del sistema preventivo. Desde esa premisa, combina un enfoque clásico de reducción de accidentes y enfermedades profesionales con otro de anticipación frente a riesgos emergentes: digitalización, trabajo a distancia, plataformas digitales, cambio climático, envejecimiento de la población trabajadora y nuevos factores psicosociales. 

Su lógica interna responde a tres ideas-fuerza: reducir los daños a la salud, integrar mejor la prevención en las empresas —especialmente en las pymes— y fortalecer las instituciones y la coordinación pública. A ello se añade un enfoque transversal de género, vulnerabilidad y sostenibilidad organizativa. 

Los seis objetivos estratégicos

1. Mejorar la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales

El primer objetivo concentra las medidas dirigidas a reducir la siniestralidad laboral y a reforzar la prevención de las enfermedades relacionadas con el trabajo. La Estrategia insiste en laidentes, la mejora de los sistemas de información, la intensificación de actuaciones de asistencia técnica, vigilancia y control, y el refuerzo de campañas específicas en actividades con alta incidencia de accidentes graves y mortales. 

Dentro de este bloque cobra especial relevancia la prevención del cáncer de origen profesional, con atención singular al amianto, al polvo respirable de sílice cristalina y al polvo de madera, así como la mejora de la identificación, diagnóstico, notificación y registro de las enfermedades profesionales. La Estrategia prevé además una Agenda Nacional para la Prevención del Cáncer de origen Profesional y la actualización del listado de agentes cancerígenos y de los valores límite de exposición conforme a la evolución del marco europeo. 

También se incluye una línea específica de protección frente al amianto, con la revisión del Real Decreto 396/2006, la actualización de metodologías y guías técnicas, el refuerzo del PIVISTEA y la mejora de la coordinación administrativa para la retirada segura de materiales con amianto.

2. Gestionar los cambios derivados de las nuevas formas de organización del trabajo, la evolución demográfica y el cambio climático

El segundo objetivo se dirige a anticipar y gestionar riesgos nuevos o emergentes. La Estrategia prevé revisar normas clave sobre lugares de trabajo y pantallas de visualización, analizar la adecuación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y del Reglamento de los Servicios de Prevención a los nuevos entornos laborales, e impulsar investigación aplicada sobre teletrabajo, desconexión digital, inteligencia artificial, robotización, tecnoestrés, empleos verdes, cambio climático y diversidad generacional.

En este eje adquieren especial importancia los riesgos psicosociales y ergonómicos. La Estrategia contempla mejorar los indicadores sobre estos factores, promover estudios epidemiológicos y desarrollar herramientas para que las empresas, especialmente las pymes, gestionen adecuadamente el estrés laboral, la carga mental, los trastornos musculoesqueléticos y los efectos de la digitalización. 

Asimismo, prevé campañas inspectoras sobre teletrabajo y trabajo a distancia, atención a la gestión algorítmica en plataformas digitales y medidas específicas frente a la exposición a temperaturas extremas y otros riesgos asociados al cambio climático. 

3. Mejorar la gestión de la seguridad y salud en las pymes

La Estrategia identifica a las pequeñas y medianas empresas como un ámbito prioritario, dada su elevada presencia en el tejido productivo y sus mayores dificultades para integrar eficazmente la prevención. Por ello prevé reva facilitar su aplicación, reducir cargas documentales sin utilidad preventiva, mejorar la calidad de la documentación y potenciar un equilibrio más eficaz entre recursos propios y ajenos en la organización preventiva. 

Entre las medidas destacadas figuran el refuerzo de la formación de empresarios, personas designadas y plantilla; la adaptación de herramientas como Prevencion10.es; la mejora de la calidad de la vigilancia de la salud y de las evaluaciones de riesgucional y de las mutuas a la integración real de la prevención en la gestión empresarial. 

4. Reforzar la protección de las personas trabajadoras en situación de mayor riesgo o vulnerabilidad

El cuarto objetivo introduce un enfoque selectivo hacia colectivos especialmente expuestos o con peores indicadores de salud laboral. La Estrategia menciona de forma expresa a personas trabajadoras jóvenes, menores de edad, autónomas, personas del sector sanitario y sociosanitario, personal asistencial a domicilio, empleadas del hogar, personas con discapacidad, población trabajadora móvil o migrante y personas que se reincorporan tras bajas prolongadas. 

En este bloqón del marco preventivo aplicable a los autónomos, el desarrollo de criterios orientativos para la asistencia domiciliaria y el empleo del hogar, la mejora de la prevención en el sector sociosanitario y la elaboración de protocolos para el retorno al trabajo tras incapacidad temporal prolongada, enfermedades crónicas, cáncer o secuelas post-COVID.

5. Introducir la perspectiva de género en la seguridad y salud en el trabajo

La perspectiva de género se configura como una prioridad transversal de toda la Estrategia. No se limita a una declaración programática, sino que se proyecta sobre la revisión normativa, la producción y análisis de datos, la evaluación de riesgos, la planificación preventiva, la formación, la vigilancia de la salud y las actuaciones inspectoras. 

Entre las medidas concretas figuran la revisión de la LPRL y de su normativa de desarrollo para incorporar expresamente la perspectiva de género; la actualización de contenidos formativos del Reglamento de los Servicios de Prevención; la revisión de los anexos sobre embarazo y lactancia; la mejora de la protección en sectores feminizados; y la elaboración de criterios, guías y herramientas para integrar esta dimensión en la gestión preventiva, incluyendo violencia, acoso sexual y acoso por razón de sexo.

6. Fortalecer el sistema nacional de seguridad y salud para afrontar futuras crisis

El último objetivo pretende reforzar la resiliencia institucional del sistema preventivo. Para ello prevé mecanismos estables de coordinación entre administraciones laborales y sanitarias, fortalecimiento de la CNSST, del INSST, de la ITSS, de los órganos técnicos autonómicos, de las mutuas y de los servicios de prevención, así como una mejora general de la formación y capacitación de todos los agentes implicados. 

La experiencia de la pandemia actúa aquí como referencia directa. La Estrategia apuesta por protocolos de coordinación para futuras crisis, por una mejor integración entre salud pública y salud laboral y por el impulso de la negociación colectiva como instrumento de adaptación preventiva a sectores y empresas.

Materias transversales especialmente destacadas

Salud mental y riesgos psicosociales

Una de las novedades más relevantes del texto es la centralidad que adquiere la salud mental. La Estrategia contempla una acción especial en esta materia, prevé estudiar la influencia de los factores psicosociales en el riesgo para la salud mental, impulsar guías de identificación, evaluación y prevención y reconocer buenas prácticas empresariales en salud emocional.

Digitalización y nuevas formas de trabajo

La Estrategia trata la digitalización no solo como fuente de eficiencia, sino también como generadora de nuevos riesgos: trabajo en remoto, plataformas digitales, gestión algorítmica, hiperconectividad y tecnoestrés. De ahí la previsión de campañas específicas, revisión normativa y elaboración de criterios sobre desconexión digital y evaluación de riesgos psicosociales y ergonómicos vinculados a estos entornos. 

Cáncer profesional, sílice, radón y amianto

El texto otorga una importancia singular a la exposicintes peligrosos. La prevención del cáncer laboral se articula mediante la Agenda Nacional específica y mediante actuaciones sobre sílice cristalina respirable, gas radón, sustancias reprotóxicas, medicamentos peligrosos y amianto, con clara vocación de adaptación normativa y mejora de la vigilancia de la salud. 

Desarrollo y seguimiento de la Estrategia

La ejecución de la Estrategia se articula a través de planes de acción sucesivos. La propia Estrategia prevé un primer plan para 2023-2024 y un segundo para 2025-2027, con medidas concretas, responsables, plazos e indicadores de seguimiento. 

A TENER EN CUENTA. Desde una perspectiva práctica, la Estrategia no crea por sí sola nuevas obligaciones empresariales inmediatas equivalentes a una norma reglamentaria, pero sí fija el marco que orienta futuras reformas, campañas inspectoras, criterios técnicos, guías del INSST, programas autonómicos y actuaciones de interlocutores sociales y mutuas. Por ello resulta un instrumento clave para interpretar hacia dónde evoluciona la política pública de prevención de riesgos laborales en España.

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