Competencias legislativas en materia de ordenación del territorio

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De la consideración conjunta del punto 3 del apdo. 1 del Art. 148 ,Constitución española, el apdo. 1 del Art. 149 ,Constitución española y la asunción de competencias que han realizado los diversos estatutos de autonomía, resulta que la ordenación del territorio, junto con el urbanismo y la vivienda, es una competencia legislativa exclusiva de las Comunidades Autónomas, reduciéndose la competencia estatal no a la legislación básica en la materia, como ocurriría de estar ante una competencia compartida, sino a través de algunos títulos competenciales residuales (nada desdeñables en cuanto al "fondo", como se verá) con incidencia en la cuestión, como acabó por perfilar la trascendental sentencia 61/1997, de 20 de marzo, del TC: "El orden constitucional de distribución de competencias ha diseccionado ciertamente la concepción amplia del urbanismo que descansaba en la legislación anterior a la Constitución de 1978, pues no es posible desconocer, como se ha dicho, que junto a la atribución de la competencia urbanística a las Comunidades Autónomas, el art. 149.1 C.E. reconoce al Estado la competencia, también exclusiva, sobre las condiciones básicas de ejercicio de los derechos constitucionales o la legislación sobre expropiación forzosa, o el sistema de responsabilidad o el procedimiento administrativo común, por citar algunos de los instrumentos de los que el urbanismo, con esa u otra nomenclatura, suele hacer uso. Pues bien, expuesto lo anterior, ha de afirmarse que la competencia autonómica exclusiva sobre urbanismo ha de integrarse sistemáticamente con aquéllas otras estatales que, si bien en modo alguno podrían legitimar una regulación general del entero régimen jurídico del suelo, pueden propiciar, sin embargo, que se afecte puntualmente a la materia urbanística (establecimiento de las condiciones básicas que garanticen la igualdad en el ejercicio del derecho de propiedad urbana, determinados aspectos de la expropiación forzosa o de la responsabilidad administrativa). Pero ha de añadirse, a renglón seguido, que no debe perderse de vista que en el reparto competencial efectuado por la C.E. es a las Comunidades Autónomas a las que se ha atribuido la competencia exclusiva sobre el urbanismo, y por ende es a tales Entes públicos a los que compete emanar normas que afecten a la ordenación urbanística".

"Descendiendo" ya al plano práctico, estas son las normas "básicas" en Ordenación del Territorio en las distintas Autonomías:

 

 

 

 

 

 

 

 

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