Concepto de acto administrativo

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 04/01/2017

El acto administrativo, según el Diccionario del español jurídico de la RAE y el CGPJ, es una "decisión atribuible a una administración pública ya sea resolutoria o de trámite, declarativa, ejecutiva, consultiva, certificante, presunta, o de cualquier otra clase, cuando ha sido adoptada en ejercicio de una potestad administrativa". Tal definición -como muchas otras posibles- debe completarse con su delimitación respecto del reglamento.

El diccionario del español jurídico de la RAE y el Consejo General del Poder Judicial, define el acto administrativo como la “decisión atribuible a una administración pública ya sea resolutoria o de trámite, declarativa, ejecutiva, consultiva, certificante, presunta, o de cualquier otra clase, cuando ha sido adoptada en ejercicio de una potestad administrativa”.

No puede, sin embargo, definirse el acto administrativo sin establecer su diferenciación respecto del Reglamento, en la medida en que el Reglamento no es ni una Ley ni un acto administrativo:

  • Mientras el Reglamento forma parte del ordenamiento jurídico, el acto administrativo es simple aplicación del mismo; el Reglamento completa el ordenamiento, pero el acto se limita a aplicarlo.

  • Por lo general, el Reglamento, al igual que otras normas generales como puede ser la Ley, utiliza un lenguaje impersonal y abstracto; por otro lado, el acto administrativo se dirige a un destinatario concreto. No obstante, cabe decir que esta regla de "general-singular" no siempre se cumple, puesto que pueden aplicarse Reglamentos de forma singular a un destinatario concreto e incluso existir un acto dirigido a una pluralidad de personas.

  • A tenor de lo anterior, cuando dicha distinción no sea posible, sí es ineludible que un Reglamento, ya general, ya singular, una vez aplicado no se extingue, sino que sigue formando parte y completando el Ordenamiento Jurídico; sin embargo, el acto administrativo, una vez aplicado, se agota.

  • La titularidad de la potestad reglamentaria viene circunscrita a determinados órganos constitucional y legalmente establecidos; por el contrario, el acto administrativo, puede ser dictado por cualquier órgano Administrativo.

  • El Reglamento puede ser revocado por la Administración, los Tribunales e incluso instada tal revocación por el ciudadano en cualquier momento, pero el acto administrativo no, en cuanto que su revocación puede venir limitada por una Ley en protección de derechos a los que el acto ha podido dar lugar.

  • La ilegalidad del Reglamento se encuentra sancionada (solamente) por la nulidad de pleno derecho tal y como bien explica Hutchinson: “los reglamentos ilegales son nulos de pleno derecho y no podría ocurrir de otra manera, por cuanto si ellos fueran solamente anulables, significaría que dicha anulabilidad podría hacerse valer dentro de un plazo, lo que determinaría que por el mero transcurso del tiempo se haría inatacable, supuesto totalmente inadmisible pues ello introduciría una nueva causa de derogación de las leyes: la producida por un reglamento que a ella se opone, por el sólo hecho de haber dejado transcurrir los plazos sin impugnarlo”.

  • El acto no puede ser contrario al Reglamento, ello determinaría su ilegalidad, pero la contradicción de un acto con otro anterior no siempre da lugar a tal ilegalidad.

 Los requisitos de validez y eficacia de los actos administrativos constituyen el ámbito objetivo de aplicación de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común.

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