Concepto de delito en Derecho Penal español

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En el Derecho penal positivo español, la definición legal del delito se encuentra contenida en el Art. 10 ,Código Penal, pues con ello se sigue la tradición de contar con un concepto legislativo del delito, algo que no es habitual en otros Códigos europeos.

 

La doctrina penal española ha visto siempre en la definición legal de delito el fundamento positivo del que debe partir la elaboración del concepto dogmático de delito; aunque uno y otro concepto no coincidan exactamente, pues ello depende de la interpretación que se realice del mismo.

Tal concepto legal dispone que los delitos son “acciones u omisiones”  (es decir, actos realizados por el ser humano de forma consciente) “penadas por la ley” (expresión que hace referencia al requisito de tipicidad de los delitos y a la exigencia de señalamiento legal de pena, aunque la misma no llegue a ser impuesta). Además, en virtud de lo dispuesto por el referido artículo, los delitos únicamente pueden consistir en  acciones u omisiones dolosas o culposas (proscripción de la responsabilidad objetiva).

La exclusión de la responsabilidad objetiva en el concepto de delito no se apreciaba en el artículo 1 del antiguo Código Penal de 1973, no obstante, tras la reforma de 1983, la cláusula definitoria del delito se destinó a excluir la responsabilidad objetiva, mediante la exigencia del dolo o la culpa, y desde entonces, tanto la doctrina penal española como la jurisprudencia, han proclamado de forma reiterada tal exclusión de la responsabilidad objetiva.

Así, los penalistas del siglo XIX consideraban que los delitos debían ser acciones y omisiones “voluntarias”, es decir, espontáneas decididas libremente por el autor y no de forma forzada. Sin embargo, tal interpretación tradicional, abría el camino hacia una fundamentación de la responsabilidad criminal tanto de las conductas voluntarias llevadas a cabo con conocimiento y voluntad (dolo) o sin el cuidado debido (imprudencia), como de aquellos actos voluntarios no gobernados por el conocimiento ni por la posibilidad del mismo más allá del primer acto impulsor de los acontecimientos.

En el Derecho penal español, la prohibición legal de la responsabilidad objetiva no tuvo lugar hasta 1983, cuando se entendió que tal responsabilidad, que surge de resultados ocurridos de mera manera fortuita, era incompatible con los postulados del Derecho Penal propio de un Estado social y democrático de derecho como es el proclamado por el 1.1 ,Constitución Española.

Por todo lo expuesto, podemos afirmar que la responsabilidad objetiva en el Derecho Penal español es una institución del pasado.

Retomando la definición que el Art. 10 ,Código Penal nos aporta a cerca del delito, diferenciaremos a continuación los “actos” y las “omisiones” que pueden ser constitutivas de los mismos.

El concepto de acción, prescindiendo de que el mismo se entienda como “fuerza causal” o como “orientación a un fin” es un concepto normativo, creado por el derecho positivo, de modo que no hay una “acción” en sentido abstracto, sino únicamente las acciones que puedan incluirse en las descripciones hechas por la ley.

Además de la acción, es constitutiva de delito, según nuestro Código Penal, la omisión, de modo que tendrán la consideración de delictivos los comportamientos de aquellas personas que no han hecho formalmente nada.

La construcción de la responsabilidad criminal en las conductas omisivas requiere incluir diversos elementos adicionales (deberes, posibilidades de actuar, dominio de situación, etc); que nos permiten imputar la responsabilidad a los individuos mediante descripciones específicas (los delitos de omisión pura) o reglas generales (delitos imprudentes y de riesgo).

Para poder hacer una enumeración de los elementos constitutivos del delito es necesario atender al concepto dogmático del mismo, en virtud del cual tales elementos son: la acción u omisión, la tipicidad, la antijuridicidad y la culpabilidad; aunque para algunos, es también elemento del delito la punibilidad.

 

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