Concepto y clases de potestades administrativas

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El Diccionario del español jurídico de la RAE y Consejo General del Poder Judicial define la potestad administrativa como “la facultad de actuación reconocida por el ordenamiento jurídico a los órganos de las Administraciones Públicas”. Existen diferentes formas de clasificar las potestades administrativas; sin embargo, las más comunes son las que diferencian entre potestades de supremacía general y de supremacía especial, potestades regladas y discrecionales y, por último, la que diferencia entre potestades innovativas y conservativas. 

A falta de una definición "legal", el Diccionario del español jurídico de la RAE y el Consejo General del Poder Judicial entiende la potestad administrativo  como “la facultad de actuación reconocida por el ordenamiento jurídico a los órganos de las Administraciones Públicas”. Se trata del ejercicio de un poder que la ley, de forma previa, atribuye a una Administración concreta, habilitándola para actuar y ejercer ese poder pero siempre bajo los límites establecidos por aquélla. Puesto que el apartado 1 del Art. 103 ,Constitución Española señala que “la Administración Pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al Derecho”, se puede sostener que éstos son los límites bajo los cuales ha de ejercer sus facultades-potestades la Administración Pública.

Sentado lo anterior, existen preceptos que otorgan potestades concretas a concretas Administraciones, pero que permiten determinar en mayor o menor medida en qué consisten estas. Así, por ejemplo, el apdo. 1 del Art. 4 ,Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, que señala lo siguiente:

En su calidad de Administraciones públicas de carácter territorial, y dentro de la esfera de sus competencias, corresponden en todo caso a los municipios, las provincias y las islas:

a) Las potestades reglamentaria y de autoorganización.

b) Las potestades tributaria y financiera.

c) La potestad de programación o planificación.

d) Las potestades expropiatoria y de investigación, deslinde y recuperación de oficio de sus bienes.

e) La presunción de legitimidad y la ejecutividad de sus actos.

f) Las potestades de ejecución forzosa y sancionadora.

g) La potestad de revisión de oficio de sus actos y acuerdos.

h) Las prelaciones y preferencias y demás prerrogativas reconocidas a la Hacienda Pública para los créditos de la misma, sin perjuicio de las que correspondan a las Haciendas del Estado y de las comunidades autónomas ; así como la inembargabilidad de sus bienes y derechos en los términos previstos en las leyes.

En cuanto a la clasificación de las potestades administrativas, podría estarse a lo que se deriva de los siguientes criterios:

1. De supremacía general y de supremacía especial:

  • De supremacía general: Son aquellas potestades que vinculan o afectan a la totalidad de los ciudadanos.

  • De supremacía especial: Sólo afectan a un destinatario o generalidad concreta e individualizada.

2. Regladas y discrecionales:

  • Regladas: Son aquellas potestades cuyo ejercicio viene totalmente delimitado por una norma sin que quepa la posibilidad de que la Administración realice de forma subjetiva la facultad o poder que se le confiere.

  • Discrecionales: aquí la potestad de la Administración, puede ser ejercida de forma "libre" (dicho sea esto con todas las reservas) por parte de la Administración que la tiene conferida.

3. Potestades innovativas y conservativas:

  • Innovativas: facultan a la Administración para crear, modificar o extinguir relaciones jurídicas.

  • Conservativas: facultan a la Administración para ejercer la tutela o preservación de una relación jurídica.

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Potestades administrativas
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