Las condiciones objetivas de la penalidad y de la procesabilidad

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  • Orden: Penal

Las condiciones objetivas de punibilidad son la contrapartida de las causas personas de exclusión de la pena. Ambas instituciones se diferencian en cuanto en que en las causas personas de exclusión de la pena el hecho típico es generalmente punible a excepción de aquellos supuestos especiales en que determinadas personas resultan excluidas del castigo penal, mientras que en las condiciones objetivas de punibilidad el hecho típico, no es punible para nadie salvo en el caso de que concurra alguna condición objetiva.

 

En nuestro ordenamiento jurídico no hay referencia alguna sobre las condiciones objetivas de punibilidad, siendo una concepción doctrinal la que existe sobre ellas, y que además es negada por algunos autores. La concepción de condición objetiva de punibilidad se emplea como categoría que abarca todo lo que, perteneciendo a los presupuestos materiales de la punibilidad, se halla fuera del injusto. Un sector minoritario de la doctrina, emplea la concepción de las condiciones objetivas de punibilidad para explicar la función propia del desvalor del resultado (lesión o puesta en peligro del bien jurídico) con respecto a la fundamentación del injusto. Por otro lado, los partidarios de una concepción absolutamente subjetiva del injusto estiman que el desvalor de la intención (o de la acción), permite construir ya el injusto, ya sea para delitos dolosos como imprudente. Así, el desvalor de resultado sería una simple condición objetiva de punibilidad que solo significaría la necesidad de pena.

Sí hay un acuerdo doctrinal mayoritario en el concepto amplio de las condiciones objetivas de punibilidad, según el que se comprenden que todos los elementos pertenecientes a los presupuestos materiales de la pena se comprenden en el margen de la culpabilidad del agente.

En los tipos de condiciones objetivas de punibilidad tenemos que diferenciar las condiciones propias de las impropias. El fundamento de las condiciones propias está en consideraciones político-criminales similares a las de las excusas absolutorias o las causas personales de exclusión de la pena, que no afectan a la culpabilidad del agente y que tampoco afectan al contenido de la antijuridicidad del hecho. Cuando estamos en presencia de una conducta en la que concurren los elementos del injusto y la culpabilidad (elementos esenciales) y es, por tanto, una conducta merecedora de la pena, pero si la conducta resulta no ser castigada es porque el legislador ha decidido otorgarle la necesidad de un requisito ulterior, que se denomina necesidad (político criminal) de la pena. Así, las condiciones propias se fundamentan en criterios de utilidad que no afectan al merecimiento de la pena, sino que solo se refieren a su necesidad político-criminal, y que, por tanto, restringirán la punibilidad, siendo compatibles con el principio de culpabilidad.

Por lo que respecta a las condiciones impropias, su fundamento político-criminal es de naturaleza diferente al de las condiciones propias, desempeñando, por tanto, una función completamente opuesta. En las condiciones impropias objetivas de la punibilidad, las consideraciones político-criminales pretenden desvincular los elementos que desde la perspectiva material pertenecen al tipo de injusto, de las exigencias del dolo y de la culpa. Así, dichos elementos no desempeñan una función limitadora de la punibilidad, sino que, por el contrario, fundamentan la imposición de una pena ampliando la punibilidad al margen de la imputación subjetiva.

En el Código Penal y en la Ley Orgánica del Poder Judicial podemos encontrar las siguientes condiciones objetivas de punibilidad.

A. La imposibilidad de persecución de ciertas personas en los delitos que se cometan utilizando medios o soportes de difusión mecánicos.

El 30.3 ,Código Penal dispone que cuando por cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad penal, incluso la declaración de rebeldía o la residencia fuera de España, no pueda perseguirse a ninguna de las personas comprendidas en alguno de los números del apartado anterior (los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate, y quienes les hayan inducido a realizarlo; los directores de la publicación o programa en que se difunda; los directores de la empresa editora, emisora o difusora; los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora), se dirigirá el procedimiento contra las mencionadas en el número inmediatamente posterior.

La finalidad del Art. 30 ,Código Penal es limitar la punibilidad de los delitos que se cometan empleando medios o soportes de difusión mecánicos. La condición objetiva de punibilidad que este artículo contiene es la consistente en que solo podría responder penalmente el sujeto si no fuera posible perseguir, por cualquier motivo distinto de la extinción de la responsabilidad penal, incluso la declaración de rebeldía o la residencia fuera de España, a ninguna de las personas que se contienen en el apartado segundo, según este orden:

- Los que realmente hayan redactado el texto o producido el signo de que se trate, y quienes les hayan inducido a realizarlo.

- Los directores de la publicación o programa en que se difunda.

- Los directores de la empresa editora, emisora o difusora.

- Los directores de la empresa grabadora, reproductora o impresora.

En este sistema de sustitución de responsabilidades, la Ley se satisface con penar a uno solo de los que estima culpables, con lo que el castigo de uno de ellos libera a los demás.

B. La exigencia de reciprocidad en los delitos de homicidio, lesione, violación de la inmunidad personal y otros cometidos contra el Jefe de un Estado extranjero u otra persona internacionalmente protegida por un Tratado.

El 606.2 ,Código Penal establece que cuando los delitos comprendidos en este artículo y en el anterior (delitos contra el derecho de gentes) no tengan señalada una penalidad recíproca en las leyes del país a que correspondan las personas ofendidas, se impondrá al delincuente la pena que sería propia del delito, con arreglo a las disposiciones de este Código, si la persona ofendida no tuviese el carácter oficial mencionado en el apartado anterior.

Que se exija reciprocidad es ajeno a la culpabilidad del autor de las infracciones del Código Penal, ya que no afecta al injusto. Son, otra vez, exigencias político-criminales las que llevan al legislador a restringir la punibilidad del autor en los delitos cometidos contra aquellos sujetos pasivos especialmente protegidos.

C. La exigencia de suspensión del juicio oral en el delito de obstrucción a la justicia.

El Art. 463 ,Código Penal dispone que:

"1. El que, citado en legal forma, dejare voluntariamente de comparecer, sin justa causa, ante un juzgado o tribunal en proceso criminal con reo en prisión provisional, provocando la suspensión del juicio oral, será castigado con la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 24 meses. En la pena de multa de seis a 10 meses incurrirá el que, habiendo sido advertido, lo hiciera por segunda vez en causa criminal sin reo en prisión, haya provocado o no la suspensión.

2. Si el responsable de este delito fuese abogado, procurador o representante del Ministerio Fiscal, en actuación profesional o ejercicio de su función, se le impondrá la pena en su mitad superior y la de inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión u oficio, por tiempo de dos a cuatro años.

3. Si la suspensión tuviera lugar, en el caso del apartado 1 de este artículo, como consecuencia de la incomparecencia del juez o miembro del tribunal o de quien ejerza las funciones de secretario judicial, se impondrá la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 24 meses y, en cualquier caso, inhabilitación especial por tiempo de dos a cuatro años"

 

D. Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución para la aplicación del principio de personalidad de la Ley penal ex 23.2 ,Ley Orgánica del Poder Judicial

Corresponderá a la jurisdicción española, por lo que al orden penal se refiere, el conocimiento de aquellas causas por delitos cometidos en territorio español o cometidas a bordo de buques o aeronaves españoles, sin perjuicio de lo previsto en aquellos tratados internacionales en los que España sea parte.

Asimismo conocerá de los hechos previstos en las Leyes penales españolas como delitos, aunque hayan sido cometidos fuera del territorio nacional, siempre que los criminalmente responsables fueren españoles o extranjeros que hubieren adquirido la nacionalidad española con posterioridad a la comisión del hecho y concurrieren los siguientes requisitos:

- Que el hecho sea punible en el lugar de ejecución, salvo que, en virtud de un Tratado internacional o de un acto normativo de una Organización internacional de la que España sea parte, no resulte necesario dicho requisito.

- Que el agraviado o el Ministerio Fiscal denuncien o interpongan querella ante los tribunales españoles.

- Que el delincuente no haya sido absuelto, indultado o penado en el extranjero, o, en este último caso, no haya cumplido la condena. Si solo la hubiere cumplido en parte, se le tendrá en cuenta para rebajarle proporcionalmente la que le corresponda.

E. No dar razón del paradero de la persona detenida.

El Art. 166 ,Código Penal dispone

"1. El reo de detención ilegal o secuestro que no dé razón del paradero de la persona detenida será castigado con una pena de prisión de diez a quince años, en el caso de la detención ilegal, y de quince a veinte años en el de secuestro.

2. El hecho será castigado con una pena de quince a veinte años de prisión, en el caso de detención ilegal, y de veinte a veinticinco años de prisión, en el de secuestro, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la víctima fuera menor de edad o persona con discapacidad necesitada de especial protección.

b) Que el autor hubiera llevado a cabo la detención ilegal o secuestro con la intención de atentar contra la libertad o la indemnidad sexual de la víctima, o hubiera actuado posteriormente con esa finalidad"

 

F. La sentencia condenatoria como consecuencia del testimonio falso.

Se trata de una condición objetiva de la punibilidad impropia, ya que amplía la punibilidad al margen de la imputación subjetiva, dado que el dolo del sujeto no puede abarcar el hecho de que recaiga una sentencia condenatoria, pues muchos factores condicionarán el sentido del fallo.

El Art. 458 ,Código Penal establece que:

"1. El testigo que faltare a la verdad en su testimonio en causa judicial, será castigado con las penas de prisión de seis meses a dos años y multa de tres a seis meses.

2. Si el falso testimonio se diera en contra del reo en causa criminal por delito, las penas serán de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce meses. Si a consecuencia del testimonio hubiera recaído sentencia condenatoria, se impondrán las penas superiores en grado.

3. Las mismas penas se impondrán si el falso testimonio tuviera lugar ante Tribunales Internacionales que, en virtud de Tratados debidamente ratificados conforme a la Constitución Española, ejerzan competencias derivadas de ella, o se realizara en España al declarar en virtud de comisión rogatoria remitida por un Tribunal extranjero."

 

 

 

 

 

 

 

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Punibilidad
Declaración en rebeldía
Extinción de la responsabilidad penal
Residencia
Extinción de la responsabilidad criminal
Responsabilidad
Delito doloso
Desvalor de resultado
Dolo
Excusa absolutoria
Antijuridicidad
Principio de culpabilidad
Suspensión del juicio oral
Secuestro
Culpa
Detenciones ilegales
Inmunidad
Delitos contra el Derecho de Gentes
Delito de homicidio
Violación
Paradero
Delito de obstrucción a la justicia
Sentencia de condena
Inhabilitación especial para cargo público
Comisiones
Inhabilitación especial
Querella
Buque
Nacionalidad española
Aeronaves
Falso testimonio
Agraviado
Persona incapaz
Menor de edad
Comisión rogatoria
Indemnidad sexual