El consentimiento del interesado en la entrada y registro en lugar cerrado

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Penal
  • Fecha última revisión: 14/08/2019

El interesado no tiene porque ser necesariamente el investigado, sino que el interesado será el titular del domicilio que se pretende registrar. La prestación del consentimiento por el interesado o imputado, esté o no detenido, deberá consignarse de manera clara y expresa en el acta, si bien la mera falta de oposición a la intromisión domiciliar, salvo casos excepcionales, no podrá entenderse como un consentimiento tácito.

cuando el interesado se encuentre detenido debe estar presente durante la diligencia de entrada y registro, pero además, para que su consentimiento sea válido, es preciso que consienta con asistencia de su abogado.

La persona que presta el consentimiento autorizante debe ser una persona capaz, debe otorgar la autorización consciente y libremente, y debe otorgarse expresamente y para un asunto concreto.

En los casos de entrada y registro de un lugar cerrado, el interesado no tiene porque ser necesariamente el investigado, sino que el interesado será el titular del domicilio, esto es, quien tiene la posesión de la vivienda por cualquier título legítimo, incluso el ocupante material con tal de que se trate de una posesión lícita, y cuyo consentimiento actúa como fuente de legitimación constitucional de la injerencia en la inviolabilidad del domicilio, el cual puede ser expreso o tácito.

La prestación del consentimiento por el interesado o imputado, esté o no detenido, deberá consignarse de manera clara y expresa en el acta que al efecto extienda la fuerza actuante, si bien la mera falta de oposición a la intromisión domiciliar, salvo casos excepcionales, no podrá entenderse como un consentimiento tácito.

La sentencia del Tribunal Supremo nº953/2010 (Sección 1, Rec.447/2010), de 27 de octubre de 2010, dicta que cuando el interesado se encuentre detenido debe estar presente durante la diligencia de entrada y registro, pero además, para que su consentimiento sea válido, es preciso que consienta con asistencia de su abogado, si bien no es necesaria la presencia del citado letrado en la práctica de la diligencia de entrada y registro, aunque puede representar al investigado, si es designado por este.

La autoridad pública o los terceros pueden realizar actuaciones válidas que impliquen una restricción de este derecho, siempre y cuando estén autorizados por su titular, pero el consentimiento debe ser prestado en condiciones que excluyan cualquier clase de coacción o presión psicológica que le pudieran conducir a una renuncia indebida de las garantías constitucionales. A esto hace referencia la sentencia del Tribunal Supremo nº296/2011 (Sección 1, Rec.11021/2010), de 18 de abril de 2011, aclarando que el consentimiento que da el interesado para que se efectúe el registro de su domicilio debe estar exento de todo elemento susceptible de provocar o constituir error, violencia, intimidación o engaño, ya que se estas exigencias se requieren para las relaciones contractuales, con mas razón se aplicaran cuando se trate de renunciar a un derecho fundamental.

La sentencia del Tribunal Supremo nº312/2011 (Sección 1, Rec.10626/2010), de 29 de abril de 2011, aporta los requisitos que deben tenerse en cuenta para el consentimiento autorizante del registro domiciliario, y estos son:

  1. Debe de ser otorgado por una persona capaz, ósea, mayor de edad y sin ninguna restricción en su capacidad de obrar. En los supuestos de minusvalía psíquica aparente, ya sea declarada judicialmente o no, no se será válido el consentimiento prestado. No obstante, la sentencia del Tribunal Supremo se 10 de octubre de 2000 (Rec.143/1999) considera correcta la entrada y registro autorizada por la hija del inculpado, deficiente mental afectada de una minusvalía del 62 por cien, porque no existen datos que permitan sostener que padecía una incapacidad total para conocer las consecuencias del acto. Además, se notificó por razones de urgencia, a la moradora ocasional, subsanándose las posibles deficiencias de tal diligencia de notificación de forma inmediata, al detenerse al acusado enseguida y trasladarlo al lugar donde se estaba realizando el registro, lo que le permitió tomar conocimiento del mismo y hacer cuantas observaciones hubiere estimado pertinentes.
  2. Debe ser otorgado consciente y libremente, lo que supone: a) que no esté invalidado por error, violencia o intimidación de cualquier clase; b) que no se condicione a circunstancia alguna periférica, como promesas de cualquier actuación policial, del signo que sean; c) que si el que va a conceder el consentimiento se encuentra detenido, no puede válidamente prestar tal consentimiento si no es con asistencia de letrado, lo que así se hará constar por diligencia policial.
  3. Puede prestarse oralmente o por escrito, pero debe reflejarse documentalmente para su constancia indeleble.
  4. Debe otorgarse expresamente, si bien la Ley de enjuiciamiento criminal en su artículo 551 autoriza el consentimiento presunto, el cual ha de interpretarse restrictivamente, pues el consentimiento tácito ha de constar de modo inequívoco mediante actos propios tanto de no oposición cuanto, y sobre todo, de colaboración, pues la duda sobre el consentimiento presunto hay que resolverla en favor de la no autorización, en virtud del principio in dubio libertas y el criterio declarado por el Tribunal Constitucional de interpretar siempre las normas en el sentido más favorable a los derechos fundamentales de la persona, en este caso del titular de la morada, por tanto, si el consentimiento no se produce en las condiciones de serenidad y libertad ambiental necesarias no se considerará suficiente –qui siluit cum loqui debuit, et notint, consentire de videtur--, pues consiente el que soporta, permite, tolera y otorga, que ese acto tenga lugar de forma inequívoca.
  5. Debe ser otorgado por el titular del domicilio, titularidad que puede provenir de cualquier título legítimo civilmente, sin que sea necesaria la titularidad dominical.
  6. El consentimiento debe ser otorgado para un asunto concreto, del que tenga conocimiento quien lo presta, sin que se pueda aprovechar para otros fines distintos.
  7. No son necesarias en ese caso las formalidades recogidas en el artículo 569 de la Ley de enjuiciamiento criminal, respecto de la presencia del Secretario judicial.

Como así declara la sentencia del Tribunal Constitucional nº54/2015 (Rec.2603/2013), de 16 de marzo de 2015, en los casos en los que haya varios moradores en el domicilio que se quiere registrar, será suficiente con el consentimiento de uno de ellos para la práctica de la diligencia de entrada y registro. Este se debe a que la convivencia presupone una relación de confianza recíproca, lo que implica aceptar que aquel con quien vivas pueda llevar a cabo actuaciones respecto del domicilio común, del que es cotitular, que deben asumir todos cuantos habitan en él y que en modo alguno determinan la lesión del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Aunque lo cierto es que en el caso que la sentencia trata se otorga el amparo debido a que la víctima que autorizó el registro tenía intereses contrapuestos con su marido.

La entrada en el domicilio de las personas jurídicas debe ser autorizada por el titular del órgano de administración o por quien tenga poderes suficientes para ello, sin tener que tomar la decisión conforme a las reglas para la adopción de acuerdos. El consentimiento prestado por quien no está facultado para ello implica la invalidez de la entrada, de forma que las pruebas eventualmente obtenidas con el registro serían ilícitas, salvo que haya ruptura de la conexión de antijuridicidad, si bien en caso de discrepancia entre los administradores debe prevalecer la voluntad de excluir sobre la voluntad de permitir el acceso al domicilio.

La ya tratada sentencia del Tribunal Constitucional nº54/2015 (Rec.2603/2013), de 16 de marzo de 2015, otorgó el amparo, en un supuesto en que los Inspectores de la Hacienda Foral de Navarra acudieron al domicilio social de una empresa, acompañados de un sargento de la policía foral y portando una autorización administrativa, la cual no fue necesario exhibir puesto que el acceso y posterior registro les fue facilitado por los socios administradores, pero sin que a ninguno de ellos se le informara del derecho que les asistía a oponerse a la entrada. La referida sentencia, antes de entrar en el fondo del asunto, nos recuerda:

  1. El derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio es extensivo a las personas jurídicas, si bien no existe una plena correlación entre el concepto legal de domicilio de las personas jurídicas establecido por la legislación mercantil, con el del domicilio constitucionalmente protegido, ya que este es un concepto “de mayor amplitud que el concepto jurídico privado o jurídico administrativo”.
  2. Las personas jurídicas gozan de una intensidad menor de protección, por faltar una estrecha vinculación con un ámbito de intimidad en su sentido originario, esto es, el referido a la vida personal y familiar, solo predicable de las personas físicas. De suerte que ha de entenderse que en este ámbito la protección constitucional del domicilio de las personas jurídicas y, en lo que aquí importa, de las sociedades mercantiles, solo se extiende a los espacios físicos que son indispensables para que puedan desarrollar su actividad sin intromisiones ajenas, por constituir el centro de dirección de la sociedad o de un establecimiento dependiente de la misma o servir a la custodia de los documentos u otros soportes de la vida diaria de la sociedad o de su establecimiento que quedan reservados al conocimiento de terceros.
  3. El consentimiento eficaz tiene como presupuesto el de la garantía formal de la información expresa y previa, que debe incluir los términos y alcance de la actuación para la que se recaba la autorización injerente.

La estimación de la demanda de amparo se basa en los siguientes argumentos: “la entrada en las dependencias de la empresa se hizo sin advertencia de derechos al interesado, por lo que, en el contexto de esa normativa, los funcionarios actuantes no podían considerar que la falta de oposición del obligado tributario fuera suficiente, pues su Reglamento de actuación les obligaba a despejar toda duda mediante la instrucción de derechos al interesado, advirtiéndole de la posibilidad de oponerse a la entrada en el domicilio para llevar a cabo la actuación inspectora.

Junto a ello, también ha de tenerse en cuenta que los actuarios portaban una autorización administrativa para la entrada que no fue necesario exhibir al ser facilitado el acceso por los socios administradores. Este dato es relevante en este caso pues la advertencia de derechos lógicamente debía incluir este dato, esto es, que portaban una autorización administrativa para el caso de negativa u oposición del obligado tributario, lo cual nos sitúa en una hipótesis de información manifiestamente insuficiente para recabar el consentimiento, pues la autorización administrativa en modo alguno habilita la entrada en los espacios físicos que constituyen el domicilio de la persona jurídica objeto de protección constitucional.

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