La Constitución

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  • Estado: Redacción actual VIGENTE
  • Orden: Administrativo
  • Fecha última revisión: 04/01/2017

La Constitución es la norma suprema, de aplicación directa por parte de los Jueces y Tribunales, que velarán, junto con el Tribunal Constitucional, por la adecuación a la misma del resto de las normas que componen el Ordenamiento Jurídico, tanto respecto de su literalidad, como respecto de los principios que la informan. 

La importancia de la Constitución no radica tanto en la materia que regula sino en su posición en el Ordenamiento Jurídico en relación con el resto de normas. La Constitución es la norma suprema, tal y como se desprende, de algún modo, del apdo.1 del Art. 9 ,Constitución Española cuando establece que los ciudadanos y los poderes públicos están sujetos a la misma. Más explícito es el apartado 1 del Art. 5 ,Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio: “La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los reglamentos según los preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos”.

Ya es usual señalar que este valor normativo superior implica, fundamentalmente, dos cosas: por un lado los casos de  eficacia directa de la misma, y, por otro, su condición de elemento básico de interpretación del resto de las normas que forman parte del ordenamiento jurídico.

En lo que respecta a los supuestos en los que la Constitución posee eficacia directa, cabe distinguir, como hace normalmente la doctrina, los siguientes:

  • La aplicación directa (y posibilidad de invocación por parte de los ciudadanos) de los derechos fundamentales, en base a lo dispuesto en los apdos. 1 y 2 del Art. 53 ,Constitución española.

  • La aplicación directa de su parte orgánica.

  • La aplicación directa de su Disposición derogatoria en cuanto establece que "quedan derogadas cuantas disposiciones se opongan a lo establecido" en ella.

En lo que concierne a su condición de elemento básico de interpretación, esto supone que ha de entenderse como punto central de referencia en la interpretación de todas las normas. Así corresponde al Juez decidir si la norma que pretende aplicar es acorde con la Constitución, o no, y todo ello, en base a lo siguiente:

  • En el caso de que la norma a examen carezca de fuerza de ley, será de aplicación el Art. 6 ,Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, que dispone: “Los Jueces y Tribunales no aplicaran los reglamentos o cualquier otra disposición contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa”.

  • Si la norma tiene fuerza de ley, se atenderá a lo dispuesto en el Art. 163 ,Constitución Española: “Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos”.

Por otro lado, cabe insistir en que a mayores de la "literalidad" de la Constitución, también ha de someterse a examen la interpretación de la misma. En este caso, corresponderá a los Tribunales ordinarios y Jueces el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad cuando, apartado 3 del Art. 5 ,Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, “por vía interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional”.

Respecto del conflicto entre las Leyes y los principios informadores de la Constitución, el Tribunal Constitucional ha dicho lo siguiente (Vid. Tribunal Constitucional, nº 4/1981, de 02/02/1981, Rec. Recurso de inconstitucionalidad 186/1980):

Pues bien, entendemos que los principios generales del Derecho incluidos en la Constitución tienen carácter informador de todo el Ordenamiento jurídico - como afirma el apartado 4 del art. 1 del Título Preliminar del Código Civil- que debe así ser interpretado de acuerdo con los mismos. Pero es también claro que allí donde la oposición entre las Leyes anteriores y los principios generales plasmados en la Constitución sea irreductible, tales principios, en cuanto forman parte de la Constitución, participan de la fuerza derogatoria de la misma, como no puede ser de otro modo. El hecho de que nuestra norma fundamental prevea, en su art. 53.2, un sistema especial de tutela de las libertades y derechos reconocidos -entre otros- en el art. 14 que se refiere al principio de igualdad, no es sino una confirmación de carácter específico del valor aplicativo -y no meramente programático- de los principios generales plasmados en la Constitución.

 

 

 

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